Luego de la intervención de Elizabeth, dependerá del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela la apertura del debate para el tratamiento del femicidio de María Belén. De ser el caso, los legisladores pondrán en discusión alguna resolución.

Así también, el miércoles 28 de septiembre se tiene prevista la comparecencia del exministro del Interior, Patricio Carrillo; el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas; secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez; secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; y, la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

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Carrillo fue convocado para dar cuenta de las acciones que el Gobierno y su Cartera de Estado están desarrollando para combatir la inseguridad, la violencia y las muertes violentas en el cantón Durán, en la provincia del Guayas y en el resto del país.

Sin embargo, Carrillo no solventó ninguna de las preguntas de los legisladores ya que, como dispone el procedimiento parlamentario, una vez presentada su intervención el compareciente puede retirarse del Pleno y el debate puede abrirse sin su presencia.

Inconformidad de los legisladores

Para la asambleísta de UNES, Alexandra Arce, la intervención de Carrillo solo dejo dudas, pues el crimen organizado sigue incrementándose en el país.

“Que pena que, una vez más, el Pleno de la Asamblea Nacional sea tomado como una burla. La resolución es clara, el señor ministro del Interior tuvo que quedarse para que pueda responder a las preguntas que tenemos todos los legisladores en cuanto a materia de inseguridad”, expresó Arce.

Así también, el asambleísta por la Revolución ciudadana, Blasco Luna reiteró que Carrillo dejó más dudas que certezas.

Además, invitó a los legisladores a no olvidar que el ministro del Interior estuvo involucrado en la represión de octubre de 2019 y que en su contra pesa un proceso sobre la entrega de bombas lacrimógenas para la represión en Bolivia.

¿Qué está haciendo el Gobierno por la seguridad del país?

Carrillo aseguró que el Gobierno ha decido invertir UDS 1.200 millones en la seguridad, aunque dijo que el trabajo no solo debe radicar en la Policía Nacional, sino también en los ciudadanos y municipios para poder entender sus conflictos.

Según el ministro del Interior, los perfiles delictivos de los involucrados en delitos, oscilan entre los 22 y 23 años.

“El perfil de las personas que están privadas de libertad, en su mayoría, son jóvenes que nacieron aproximadamente a finales de los 90 a inicios de los 2000 y que hoy, a sus 22 y 23 años están ya envueltos en esto problemas y están perdiendo la vida”, dijo Carrillo.

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El ministro debía comparecer este miércoles en la Comisión y responder las inquietudes de algunos de sus miembros. Bermeo no apareció en el lugar, por lo que los legisladores debatieron la posibilidad de un juicio político en su contra.

El asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES) expresó en la sesión. “Debe quedar sentado que la no comparecencia del ministro de Energía se encasilla perfectamente dentro de los procesos de fiscalización. Debe quedar constancia que no ha comparecido y es una causal para un juicio político”.

Por su parte, Viviana Veloz también criticó la ausencia de Bermeo, quien debe presentar informes semestrales sobre el Yasuní ITT. “Se configuran los requisitos de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa para proceder con el enjuiciamiento político contra el ministro”.

El inicio del proceso de juicio político nació de la Comisión de Biodiversidad por la facultad de fiscalización y control que tienen los asambleístas. La solicitud para el inicio del juicio se dirigió a la presidenta de la Asamblea Nacional para que la califique. MIB

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“Hay un antecedente que sucedió esta semana previo al amotinamiento en Turi y es la amenaza de bomba que sufrió el SNAI. Una amenaza que obligó a evacuar todo el edificio y que terminó en un intento de homicidio por parte de un sujeto. Estamos investigando para ver si todos estos mecanismos de desorden tienen una articulación. El tratamiento ha sido igualitario y respetuoso en los centros”, dijo el funcionario.

Sobre si la vigilancia permanente que han colocado sobre el vicepresidente es una cuestión de seguridad o persecución, el ministro reiteró que no es su competencia el seguimiento de los reos con medidas sustitutivas a la prisión sino de la Policía Nacional. Sobre si el caso de Glas es especial Carrillo expresó:

“La opinión pública se ha pronunciado al respecto. El Gobierno nacional, a través del presidente también se ha pronunciado. Creo que es un tema que afecta a la fe pública y que hay que demostrar la transparencia. Que el sistema justicia demuestre no solamente la legalidad, sino la legitimidad de este caso (…) Nosotros somos demócratas, creo en los valores y no vamos a cruzar las líneas actuaremos en los principios de legalidad”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez explicó que el abogado del Ministerio, Iván Pozo solo acudió a la audiencia en Manglaralto como parte técnica para asegurar el traslado de Glas de Latacunga a Santa Elena que finalmente no se realizó. MIB

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“Al respecto, debo respetuosamente ratificar los términos de mi comunicación entregada el 20 de octubre del 2021, sin que sea necesario abundar en nuevos argumentos”, esta fue la respuesta del presidente.

El presidente de la Comisión, José Cabascango, solicitó por segunda vez a Lasso su presencia en el Legislativo que él rechazó. “De forma respetuosa me permito informar que la normativa no permite su amable invitación de trasladar su comparecencia al Palacio de Gobierno”.

El rechazo

El 20 de octubre, el presidente indicó su negativa de comparecer en la Comisión. «La respuesta que dirijo respetuosamente a usted presidente de la Comisión, la remito con el fin de contribuir a la investigación, pero expresamente manifiesto que ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son órganos competentes para investigar estas causas», dice parte del comunicado.

En la misiva, el mandatario explica que las empresas que están presentes en la investigación fueron disueltas en el pasado y que esa verdad no se ya contradicho. Agrega que no tiene que ver con los fondos de inversión en los Estados Unidos con los que se lo relaciona.

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“Es imposible que con dos copas de vino yo no recuerde absolutamente nada. Y que al día siguiente, porque he sido el único que se practicó un examen toxicológico, aparezca que no tengo siquiera un grado de alcohol. Es imposible”, señaló.

Además, dijo que se debe tomar en cuenta que Falconí es médico y sabe lo que puede hacer. Esto con referencia al examen médico legal. “Que no se refleje nada ya es para una sospecha”, indicó.

Aseguró que todo es parte de una trampa, porque denunció los delitos de lesa humanidad del Gobierno de Lenín Moreno; y porque develaría una trama de corrupción en relación con el robo de vacunas.

“Él (Falconí) pidió una reunión, el día 13 de mayo. Conforme consta, lo recibí en mi oficina y me empezó a hablar de una serie de actos de corrupción empezando por una perdida o robo de miles de vacunas del COVID. Recuerden que él fue ministro de Salud. Le acusaba directamente a la exvicepresidenta de la República, que había dispuesto la sustracción de varios lotes de vacunas”, explicó.

Recalcó que Falconí le aseguró que tenía el listado de las vacunas VIP. También que existía corrupción en el Sercop, por parte de un amigo cercano del entonces presidente de la República, Lenin Moreno, que manejaba todo lo referente a medicamentos.

También que la exministra de gobierno, María Paula Romo, y la Fiscalía se mantenían en contacto y disponían lo que se iniciaba o no, en cuanto a materia penal.

“El objetivo era yo. Textualmente me dijo: hay que bajarse al defensor del pueblo porque no le vamos a perdonar que haya puesto una denuncia por delitos de lesa humanidad contra el presidente”, aseveró.

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La propuesta

Alberto Arias, asambleísta de Alianza País, propuso la resolución para que el Pleno de la Asamblea pida la comparecencia de las representantes del sistema financiero. Según Arias, aunque la Ley Humanitaria motiva la reprogramación de las deudas, “la gran mayoría de instituciones financiera, publicas y privadas, quieren hacer caso omiso de la ley”.  De los 2.919 casos de irregularidades en el cobro de deudas, 1.935 corresponden a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y más de 700 a la Superintendencia de Bancos.

“Esto muestra que se está haciendo lo contrario a lo que dice la ley” mencionó Arias. Su solicitud está orientada a que la comparecencia de las superintendentas brinde respuestas a los transportistas. Según Arias, ellos son las principales víctimas del sistema financiero.

El debate

Marcelo Simbaña, asambleísta por Imbabura, apoyó la resolución de Arias. Sin embargo, insistió en no limitar el tema al gremio de los transportistas. Simbaña propuso abarcar a todos los sectores sociales. Javier Cadena, asambleísta del Carchi, criticó la Ley Humanitaria y su contenido. “Lindo, pero mentira”, criticó Cadena. Además, propuso la comparecencia de todos los miembros de la Junta Monetaria y Bancaria. Otras voces sumaron su petición de pedir la comparecencia del Ministro de Finanzas, Richard Martínez.

Pabel Muñoz, en nombre de la Revolución Ciudadana, afirmó su apoyo a la resolución. Sin embargo, manifestó su extrañeza al respecto de la propuesta, pues, a decir de Muñoz, resulta extraño que sea un asambleísta gobiernista quien pida frenar los beneficios que el Gobierno da a la banca. También reconoció que las irregularidades en las tasas de interés se amparan en la misma Ley Humanitaria, cuya base para la reprogramación de deudas era el libre acuerdo entre partes. “No miren para otro lado, eso es parte de los que ustedes aprobaron” reclamó Muñoz.

¿Qué dice la Ley Humanitaria?

Además de la fuerte reforma laboral, orientada a la desregularización de las relaciones de trabajo en beneficio del empresariado, la Ley Humanitaria propone, en su artículo 12, la reprogramación de pagos pendientes con las entidades del sistema financiero. Esta ley, publicada en el Registro Oficial el 22 de junio, exige que las entidades del sistema financiero nacional “efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia”. (JEB).

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Una exposición de la trama de escándalos en torno al Hospital de Pedernales, fue preludio de las exigencias de Naranjo. Así, sentada frente a su monitor, blandiendo un papel con su solicitud impresa, la asambleísta soltó los nombres: Lenín Moreno, Presidente de la República, Santiago Cuesta, exsecretario de gobierno y Diana Salazar, Fiscal General del Estado. Aquellos fueron los funcionarios públicos cuya comparecencia solicitó Naranjo.

Adicionalmente, la legisladora pidió que se tramite una petición al SNAI para que permita comparecer, vía telemática, a los procesados Daniel Mendoza, exjefe de bancada de Moreno, y José Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras (SECOB).

Antecedentes

Presuntas redes delictivas y tramas de corrupción habrían sido el nido donde se definió el destino del Hospital de Pedernales. De ese modo, el Consorcio Pedernales Manabí se benefició de la adjudicación irregular del contrato en febrero del 2020. Ello le permitió recibir más de USD 8 millones como anticipo, sin retención impositiva alguna. Sin embargo, las raíces de la corrupción parecen sumergirse más profundo.

El 13 de julio del 2020, Fiscalía determinó indicios de responsabilidad penal contra el asambleísta Eliseo Azuero. Este, junto con el oficialista Daniel Mendoza, habría coordinado una red delictiva para desviar los fondos destinados a la construcción del Hospital de Pedernales. Para sus própositos, Azuero habría solicitado que José Tamayo se hiciese cargo del Servicio de Contratación de Obras (SECOB). Tamayo es un hombre cercano a Azuero. Según Mendoza, María Paula Romo habría accedido a la petición de Azuero y, con esto, abierto camino al delito. (JBS)

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Según Holguín, este proyecto “podría estar incumpliendo el artículo 55 del Código del Trabajo” además de que ya “ha generado preocupación en los trabajadores de los medios públicos, pero también en los trabajadores de la comunicación a nivel nacional”.

El artículo 55 del Código del Trabajo se refiere a la remuneración por horas suplementarias y extraordinarias. Donde se explica que, la jornada de trabajo podrá exceder por una hora más, con la remuneración y los recargos correspondientes. Así como también que, la jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento.

Por lo tanto, el proyecto del que se habla estaría infringiendo este artículo en la medida en que pretende que los empleadores de los medios públicos cumplan turnos con horas extra, jornadas nocturnas y fines de semana, por el mismo pago.

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