La mesa parlamentaria solicitó las comparecencias requeridas por los asambleístas interpelantes y del Jefe de Estado acusado por presunto peculado.

Para este 18 de abril, la mesa legislativa presidida por Fernando Villavicencio convocó al exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto; al exgerente de Petroecuador, Hugo Aguiar; al exsecretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo; y el periodista del medio digital La Posta, Andersson Boscán, quien comunicó que no asistirá al llamado.

»Agradezco la invitación a comparecer ante la comisión de Fiscalización en el juicio político. Debo excusarme. De todas formas, mucho de lo que publiqué lo ha guardado durante meses Fernando Villavicencio», dijo en un tuit.

¿Quiénes darán su testimonio?

El 12 de abril, las asambleístas solicitantes del juicio político, Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (PK-r) entregaron a la Comisión de Fiscalización las 958 fojas que probarían la responsabilidad política del presidente en el presunto delito de peculado. Además, solicitaron 11 pruebas documentales y 12 testimoniales.

El 16 de abril, el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz envió las pruebas testimoniales y documentales. El representante del mandatario pidió que se llame a comparecer al exgerente general de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), Jaime de Jesús Condoy y la exsecretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico, Andrea Poveda.

Fiscalización informó que para el 19 de abril están prevista 13 comparecencias entre ellas la del actual gerente general de FLOPEC, Luis Lavayen y los exgerentes de la empresa pública, Oswaldo Rosero, Pilar Ferri, Jaime Condoy y Johnny Estupiñán.

El rol de Fiscalización

Para el abogado constitucionalista, Ramiro Aguilar hay que tener claro el rol de la comisión legislativa, pues su función es sustanciar el proceso de juicio político contra el mandatario, es decir, que se haga efectivo el derecho a la defensa.

En un plazo de 45 días, que ya están en marcha, tanto el acusado como los interpelantes deben presentar las respectivas pruebas. Después del proceso, la mesa parlamentaria emite un informe no vinculante para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, quienes toman una resolución definitiva. Para que el juicio político sea aprobado se necesitan 92 votos.

Sin embargo, en el caso de que no todos los miembros aprueben las resoluciones, existe la posibilidad de que el Pleno de la Asamblea reciba dos informes, uno de minoría y otro de mayoría (el primero en ser leído de acuerdo a la ley).

Actualmente, la Comisión de Fiscalización la preside Fernando Villavicencio (Independiente) y Ana Belén Cordero (BAN). Los otros asambleístas que conforman la mesa son Roberto Cuero (UNES), Gabriela Molina (UNES), Comps Córdova (UNES), Bruno Segovia (Independiente), Marco Troya (BAN), Pedro Velasco (BAN) y Pablo Muentes (PSC).

¿Juicio político y muerte cruzada al mismo tiempo?

Una pregunta muy recurrente en la ciudadanía es si puede activarse el mecanismo de la muerte cruzada durante el proceso de juicio político. En este sentido, Aguilar señaló que teóricamente es posible, sin embargo, no podría ejecutarse en la práctica.

Para dar paso a este proceso, también se necesitaría la autorización de la Corte Constitucional (CC). Recalcó que en el momento en el que el Tribunal autorizó el juicio político contra el presidente, lo lógico sería que espere el pronunciamiento de la Asamblea para admitir el trámite de la muerte cruzada.

»No podría la CC dar dos trámites contradictorios, mientras los dos están vigentes», dijo en entrevista a Radio La Calle.

¿Por qué la Corte admitió el delito de peculado contra Lasso?

La CC descartó las dos acusaciones por concusión al presidente Lasso. Los casos estaban relacionados con irregularidades en Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). El órgano de justicia encontró incoherencias y un mínimo de verosimilitud en los argumentos de los interpelantes.

La tercera causal se aloja en el delito de peculado y en la solicitud emitida desde la Asamblea Nacional se le acusa al mandatario de “distraer dineros públicos en favor de la Compañía Amazonas Tanker Pool”, a través de Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO y principal sospechoso en el caso “El Gran Padrino”.

En este sentido, explican que el mandatario actuó en ejercicio de sus funciones y consintió la celebración de contratos de transportes petrolero en FLOPEC, presidida por EMCO. También habría existido un informe de Contraloría en contra de esas negociaciones. (A.G.M).

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“Denunciamos estos protocolos que Lasso ha dispuesto para encubrir a funcionarios y bloquear nuestro trabajo fiscalizador. El país no da más, duele cada vida inocente perdida”, informó la legisladora en su cuenta de Twitter.

La parlamentaria difundió fotografías de un documento titulado “Protocolo comparecencias y pedidos de información Asamblea Nacional”, donde constan las presuntas disposiciones del mandatario. El llamado protocolo está divido por subtítulos que explican las acciones o posibles respuestas para cada caso.

Según se indica en el apartado de las comparecencias, los funcionarios podrán delegar a otras personas para asistir a la diligencia convocada.  “No existe artículo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el que se determine que las comparecencias sean indelegables o intransferibles”, señala el documento.

Pierina Correa recalcó que dichas acciones se tratarían de un boicot en contra del proceso de fiscalización que debe realizar el primer poder del Estado.  

“Quieren convertir a la Asamblea en el patio trasero de Carondelet”

Durante una sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, el asambleísta Ronny Aleaga señaló que las asistencias de los ministros carecen de compromiso.

“Yo creo que ha quedado más que evidenciado que la comparecencia de los funcionarios públicos al Pleno de la Asamblea es un lavado de cara, es un paseo (…). Quieren convertir al Legislativo con la venia de muchos legisladores, en el patio trasero de Carondelet. Nosotros no lo podemos permitir”, aseguró Aleaga.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, Ferdinan Álvarez aseguró que existe una resolución aprobada por el Pleno, donde establece que las comparecencias son de carácter indelegable debido a los compromisos que deben adquirir.(P.C.V)

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“Al respecto cumplimos manifestarle que, no siendo funcionarios públicos, no estamos obligados a atender la antedicha invitación, de conformidad con lo establecido en los artículos 120, numeral 9 de la Constitución y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. […] Sin embargo, pese a que en su citado oficio se ha establecido, sin razón aparente, que la invitación que se nos ha hecho es ‘indelegable’ , estamos dispuestos a que comparezca nuestro abogado Eduardo Carmigniani en nuestro nombre”, dice la misiva.

Comparecencias

Las comparecencias de Alcívar y Lasso estaban previstas para el 20 de octubre, sin embargo, unos días antes los integrantes de la Comisión discutían sobre estas comparecencias.

El asambleísta por Santo Domingo, Gruber Zambrano, solicitó que se elimine de la lista de comparecientes, por la misma razón que alegaron, no ser servidores públicos sujetos a fiscalización, por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la moción fue negada con cuatro votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

Sobre este pedido, el presidente de la comisión, Fernando Cabascango, aclaró que el llamado a la primera dama y al hijo de Guillermo Lasso no es una cita para comparecer, sino un llamado para que los familiares del jefe de Estado contribuyan con información que pueda servir para avanzar con esta indagación.

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Eliseo Azuero, quien tiene orden de prisión preventiva y está prófugo de la justicia, decidió enviar un vídeo como prueba de descargo. Así mismo, pidió que su abogado se presente en su lugar para rendir versión. Ante esto los asambleístas cuestionaron el accionar del funcionario, porque la comisión indica que las comparecencias son indelegables y personales.

El proceso de investigación contra el asambleísta Eliseo Azuero, que debió continuar en rebeldía debido a la ausencia del acusado en la comparecencia, convocada por la Comisión Multipartidista terminó hace minutos. Con la misma tónica de las anteriores reuniones los citados para rendir versión se abstuvieron. De los cinco comparecientes, tan solo Danilo Fabricio Veliz respondió a las preguntas de la Comisión. Los vinculados quienes están privados de su libertad manifestaron que no responderán las preguntas sin la presencia de sus abogados.

Versión de Danilo Veliz

Danilo Veliz, la única persona que respondió a las preguntas de la Asambleístas Amapola Naranjo dijo que su hermano José Veliz era el responsable de los procesos administrativos de la empresa Roselvec S.A. Esta empresa fue implicada en la trama de la construcción del Hospital de Pedernales. Veliz aceptó que su hermano manejaba información sobre los valores y hacía quiénes iban dirigidos por su fuero de Gerente en la empresa.

Los llamados a declarar su versión sobre la investigación de Azuero son procesados por el Caso Fortuner. Ese fue el nombre que dieron las autoridades a la investigación sobre la construcción del Hospital de Pedernales, donde según las investigaciones operaba una organización delictiva. (AB)

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