La ausencia de los abogados en la audiencia del 18 de diciembre fue determinante para esta resolución, ya que argumentaron no haber recibido la documentación necesaria para una defensa efectiva.

Argumentos de la defensa de Carrera

Calixto Vallejo, abogado de Carrera, llegó al Complejo Judicial Norte en Quito, pero no ingresó a la sala de audiencia. Alegó haber presentado un documento solicitando la postergación de la diligencia, argumentando que no habían recibido la documentación de la audiencia de formulación de cargos celebrada el 24 de noviembre. Vallejo afirmó que se les negó el acceso a los medios necesarios para una defensa adecuada.

Acusaciones de la Fiscalía

La fiscal encargada de la investigación, Luzmila Lluglla, identificó a Danilo Carrera y al fallecido Rubén Chérres Faggioni como líderes de un «grupo criminal» estructurado por funcionarios públicos y particulares.

Según Lluglla, este grupo planeaba obtener beneficios económicos indebidos al influir en instituciones públicas como CNEL EP, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas.

Apelaciones de Hernán Luque y Gabriel Massuh

A pesar del abandono declarado para el recurso de Carrera, la diligencia continuó para las apelaciones de Hernán Luque, exgerente de la EMCO, y Gabriel Massuh.

Sus abogados solicitaron al Tribunal que les permitiera una presentación periódica como medida cautelar durante los 90 días de instrucción fiscal. La fiscal Lluglla respondió alegando que existen pruebas suficientes que respaldan la prisión preventiva definida para los apelantes.

Mientras la defensa de Danilo Carrera alega un limitado acceso a la información correspondiente, la fiscalía argumenta la suficiencia de pruebas para las medidas cautelares.

El futuro legal de los acusados, incluidas las apelaciones de Luque y Massuh, promete revelaciones adicionales en este caso de delincuencia organizada.

JR

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La audiencia de acceso a la información pública se realizó hoy a las 15h30 en el Complejo Judicial Norte. Los actores ofendidos que presentaron la acción constitucional son Angélica Porras Velasco y Nelly Schettini Castillo.

Las ciudadanas ya habían conseguido que se citara a Karen Sichel, en condición de Subsecretaria de Asuntos Regulatorios, y a Fabián Pozo, en condición de Secretario Jurídico de la Presidencia, con el fin de entregar testimonios y sustentos.

Sin embargo, Schettini y Velasco, apoyadas en la organización Acción Jurídica Popular, anunciaron en redes que ganaron la acción constitucional. Es decir, el Juez otorgó el recurso de acceso de información.

Se veía venir

El 15 de marzo, el juez Byron Vallejo admitió la legalidad de la acción de acceso a la información pública. Además, dispuso que se realice la audiencia del 22 de marzo y se exponga pruebas y documentos.

Sichel y los USD 650

El 27 de febrero, se pudo conocer que la exvocera del referéndum del Gobierno, Karen Sichel, solo reportó USD 650 en viáticos.

El monto se calcularía desde que Sichel se popularizó en redes sociales promoviendo el «SÍ» hasta el 19 de febrero, día de su renuncia al cargo como subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia, según el portal web de la Institución. (B.T. R.)

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Luego de su hallazgo, se activaron los protocolos pertinentes para su traslado y posterior detonación controlada. De igual forma, los servidores judiciales fueron evacuados.

El hecho ocurrió justo antes de instalarse la audiencia de los implicados en el asesinato de Harrison Salcedo, abogado del exvicepresidente Jorge Glas. Con este suceso, el temor en la ciudadanía se incrementa.

“La Policía ha detonado hoy unas granadas encontradas en el Complejo Judicial Norte en Quito. Hoy fueron encontradas (felizmente) pero y ¿mañana? Estamos a un paso de un atentado terrorista y que una Corte sea volada en pedazos. El país se le fue de las manos a Guillermo Lasso”, expresó Alejandro Rodríguez en su red social, uno de los muchos ciudadanos quiteños consternados frente al hecho.

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