«Este delito lo está realizando y liderando el Gobierno Nacional invadiendo y pretendiendo desplazar del territorio porque ya comenzó, como ya es de conocimiento del país, los trabajos del proyecto de construcción de cárcel. Nosotros como comunidad conocemos los linderos de nuestros territorios. Hemos sido dirigentes, somos defensores históricos del territorio y la naturaleza», dijo en rueda de prensa, Donald Cabrera, miembro de la comuna.

Agregó que «el gobierno le miente al país cuando dice que es propiedad de Estado recuperado de la banca privada porque nosotros les hemos hecho llegar como comunidad indígena de la Bajada de Chanduy a los medios de comunicación, al mismo gobierno nuestra documentación». Insistió en que desde el primer anuncio le pidieron al presidente de la República y al gobernador de Santa Elena que atiendan el pedido, pero los ignoraron.

Presencia militar

Militares a bordo de camionetas llegaron el pasado 26 de junio a la comuna, en el predio donde se construirá el centro de reclusión social. Guiaban la maquinaria que empezó los trabajos ya que no existe un camino de primer orden en esta zona.

La retroescavadora empezó la deforestación del lugar, un bosque seco en el que no se han hecho exploraciones previas, tampoco estudios que determinen el tipo de fauna y flora que se encuentra allí, indica un reporte de Ecuavisa.

No se sabe a ciencia cierta en qué punto de las 16,8 hectáreas, ya que el proceso consta como reservado. No consta de agua potable, ni conectividad celular o internet. El costo de la cárcel es de USD 52 millones. (MIB)

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Los ciudadanos se reunieron en la noche del 10 de mayo tras la aparición de un documento en donde los dirigentes daban su aprobación al proyecto Echo que busca construir un complejo de edificios en una zona considerada como bosque protector.

¿Qué pasó?

Las cosas en Olón subieron de tono cuando los comuneros se enteraron que parte de los dirigentes, sin consultarlos, firmaron una carta de apoyo para las operaciones que Vinazin planea hacer en Esterillo Oloncito.

Los miembros de la comuna recriminaron que la vicepresidenta Tomasa Suárez y cuatro personas más firmaran en apoyo a la empresa, donde la esposa del presidente es accionista mayoritaria. «Pensamos que iba a llamar realmente a una comisión. Esto es una burla para el pueblo, es decepcionante porque desde el inicio hemos estado aquí, con miedo, pero hemos estado aquí dando respaldo», le increpó uno de los ciudadanos.

Asimismo en la tarde, se reunieron exigiendo una Asamblea extraordinaria para destituir a una directiva que sería afín a los proyectos de la familia Noboa. No se sabe a ciencia cierto porque, dos días después de oponerse a la construcción en un bosque protegido, ahora apoyen el proyecto inmobiliario.

El primer documento

En el documento se redacta que la actual dirigencia de la comuna de Olón «no se apone al desarrollo de nuestra comunidad y al proyecto denominado Echo. (…) Saludamos gustosamente la decisión de la constructora de mantener su proyecto en la comunidad y estaremos atentos a que se cumplan con todas las normas ambientales y de construcción conversadas hoy en la Casa comunal de Olón». Los vecinos de la comuna se preguntan quiénes conversaron aquello porque ellos no fueron tomados en cuenta.

De los firmantes destacan los nombres de Jhon Reyes, presidente de la comuna, la vicepresidenta Tomasa Suárez y un abogado llamado Gilberto Pino. Éste último es nada más y nada menos que el representante del presidente en el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito.

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