Quito, 30 ago (La Calle).- Las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba entregaron un manifiesto que exige a la comisión de Garantías Constitucionales se cumpla con la resolución 2018-008, misma que pide respuestas por parte de la empresa Hidrotambo S.A

Yasmín Calva, abogada de las 140 comunidades afectadas por la empresa Hidrotambo S.A dió lectura del manifiesto y a su vez entregó el documento a Fernando Cabascango, presidente de la comisión.

Cabascango expresó que “no puede ser justo que habiendo una resolución de autoridad competente la hidroeléctrica siga funcionando, y que no haya habido seguimiento para el control y la sanción”. Con ello comprometió a los miembros de la comisión a tomar cartas sobre el asunto y discutir el caso entre los primeros puntos de las órdenes del día en la Asamblea Nacional.

El acto simbólico inició con un recorrido desde Yagüi Grande, lugar donde es posible apreciar los pequeños y escasos afluentes de donde nace el Dulcepamba. El recorrido finalizó en la parroquia de San Miguel de Amalí con una inspección a las obras de captación y desviación del río, por parte de la comisión de Garantías Constitucionales.

17 años de lucha

Desde hace 17 años, 140 comunidades de la provincia de Bolívar se encuentran en una lucha constante por el agua. Además, han luchado por una vida digna, soberanía alimentaria, un ambiente sano y los derechos a la naturaleza.

En el año 2004 la Secretaria del Agua autorizó a la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A un caudal del río Dulcepamba para la generación de energía eléctrica.

Resolución 2018-008

En octubre de 2019, la Secretaria del Agua emitió una resolución a favor de las 140 comunidades y la naturaleza, y expresa lo siguiente:

• Rediseñar su construcción en los próximos dos años.
• Puede operar su central únicamente entre diciembre y julio de cada año. En los otros meses no existe suficiente agua en la cuenca del río Dulcepamba para abastecerla.
• Respetar el caudal ecológico con un mínimo de 1,46 m³/seg
• Instalar una estación hidrométrica en el río Dulcepamba aguas arriba del lugar de captación.

Sin embargo, Hidrotambo S.A no ha cumplido con la resolución desde que fue emitida.

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«Como parte de las medidas de hecho anunciadas por organizaciones sociales, indígenas y campesinas de la provincia de Imbabura, al momento se reporta el cierre de la vía Panamericana. Exigen la derogatoria de los decretos 1054, 1158 y 1183», indicó la Conaie en sus redes sociales.

El pasado 23 de mayo, la Federación de Pueblos Kichwa del norte del país convocó la movilización. “Se acordó realizar concentraciones en los puntos estratégicos en cada uno de nuestros territorios el día martes 25 de mayo, desde las 06:00 a 12:00”, explicaron en un comunicado.

Hace un año, el Gobierno sustituyó el sistema de precios de combustibles. Ahora los precios del diésel y gasolina se calculan con base en el precio del barril de petróleo a precios del mercado internacional.

Pedidos al Gobierno

• No eliminar los subsidios de los combustibles y abstenerse de seguir tomando medidas económicas que pongan en riesgo el bienestar social de la población.
• Exigir la derogatoria de los decretos 1054, 1158, 1183 y dejar sin efecto los que permiten el incremento de los precios del diésel y gasolina.
• Armar una comisión técnica con profesionales de sus comunidades para trabajar la agenda legislativa para eliminar, reformar y proponer nuevas leyes y ordenanzas.
• Solicitar dentro de los COE locales que sean tomados en cuenta los sectores productivos y sociales.  No más confinamientos o decretos de estado de excepción, que afecten al desarrollo económico.
• Exigir al Gobierno Nacional el congelamiento de la deuda pública y privada.

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Santa Rosa de Manduriacu, Guayabillas, Río Verde y El Corazón, en la provincia de Imbabura, Pachijal, Mashpi y Santa Rosa, en Pichincha: son territorios carecen de servicios básicos.

Polibio Pérez, presidente del GAD parroquial de García Moreno dijo que «las obras se construyeron a medias y eso afectó a muchas comunidades. Los acuerdos firmados con la Corporación Eléctrica son solo ofrecimientos y nada más».

Marcelo Reinoso, gerente de la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair, aseguró que se realizará una reunión presencial con los representantes de las comunidades, el próximo lunes 28 de septiembre. De no concretarse nada, como resultado «el proyecto hidroeléctrico será paralizado», aseguró Polibio.

Carencias

Estos territorios tienen un deficiente sistema de agua potable, pésimo diseño de captación de aguas y tratamiento de limpieza y purificación. Aún con la presencia de una central hidroeléctrica, las comunidades sufren de cortes de luz.

Incumplimientos

En septiembre de 2018, Marcelo Reinoso, gerente de la Unidad de Negocio de Coca Codo Sinclair, firmó un convenio con los presidentes de los Cabildos de Cielo Verde y Santa Rosa de Manduriacu. El acuerdo comprendía sistema de alcantarilado, agua potable, luz, conectividad vial, entre otras obras, ya que los ciudadanos aún viven con sas carencias.

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El ministro compareció ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Allí comunicó que realizará visitas a los lugares afectados el próximo 8 de octubre. Esto con el objetivo de constatar el trabajo de reparación ambiental y para compensar a las comunidades afectadas.

Los gerentes de Petroecuador y Petroamazonas, el presidente del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) . Así como autoridades del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, señalaron que se establecieron 189 puntos de limpieza y remediación en las zonas del río Machacuyacu, Puerto Madero y Providencia en la Amazonía. La inversión fue, según las autoridades, de USD 20 millones.

René Ortiz mencionó que la ruptura del sistema de oleoducto fue fortuita y tuvo atención inmediata tanto en lo físico como en lo social. El funcionario de Moreno dijo que 108 comunidades tuvieron atención, 30 de ellas en la provincia de Sucumbíos y 78 en la provincia de Orellana.

Abandono del Gobierno Central

Sin embargo, las autoridades locales no están de acuerdo con la versión del ministro. Darwin Camacho, presidente del GAD San José de Guayusa, y Jaime Bedón, director de riesgos del Cantón Orellana, mencionaron que las autoridades no se preocuparon por prevenir el derrame de petróleo.

Ambos citaron que, tras el hundimiento de la cascada de San Rafael, las entidades correspondientes debieron anticiparse a lo que iba a suceder después con el sistema de oleoducto.

De igual forma, las autoridades locales desmintieron los logros que el Gobierno y las empresas petroleras confesaron haber realizado en favor de las comunidades.

Camacho y Bedón expresaron que a las comunidades solo les entregaban 4 botellones de 6 litros de agua para 8 días. El gobierno no tomó en cuenta que la población en cada comunidad es numerosa.

Para la entrega de kits de alimentos, según los directivos locales, los pobladores del sector debían firmar un documento. En este renunciaban a poner cualquier denuncia en contra de los responsables del daño ambiental.

Respuesta de la Comisión

Al finalizar la comparecencia en la Comisión de la Asamblea, los legisladores Edy Peñafiel, Juan Cárdenas, Fredy Alarcón y Alberto Zambrano señalaron que la denuncia expuesta por las autoridades locales tiene plena validez.

Peñafiel dijo que la postura del ministro y de los gerentes de las petroleras es válida, pero que cuando se contrasta con el dolor y sufrimiento de las comunidades, ambos lados distan mucho entre sí. (DR).

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