En el video publicado por la legisladora se puede observar como la vicealcaldesa de Milagro, Diana Sierra, cuestiona las acciones del servidor público y él le responde que »es una actividad que también está haciendo el gobierno». La alerta de este hecho vino de una denuncia ciudadana.

Los ciudadanos que acudieron a la brigada no tenían conocimiento de esta actividad catalogada como »proselitismo político». Luego de que el servidor público fuera interrogado por la autoridad desapareció del establecimiento.

Edison Martínez, coordinador del evento, informó que el objetivo de la brigada consistía en que las personas con discapacidad puedan acceder a la cedulación gratuita. Además aseguró que no tenía conocimiento respecto a la existencia de los formularios de afiliación a ADN y que tomaría las medidas pertinentes en contra del funcionario identificado como César Prado.

La asambleísta Ana Raffo señaló que fiscalizará esta situación y solicitará información sobre el rol que tenía Prado durante este evento impulsado por el Gobierno de Noboa y la Alcaldía de Milagro. (AGM).

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La medida surge ante el hecho de que el 49% de las personas con discapacidad en el país aún no ha actualizado su cédula de identidad como requisito para certificar su condición, como establece la ley.

Esta falta de actualización implica que, para trámites, deben presentar múltiples documentos en lugar de solo la cédula, según lo estipulado por la Ley Orgánica de Discapacidades.

Ecuador cuenta actualmente con 480,776 personas con discapacidad, aproximadamente el 2.67% de la población. Cerca de la mitad de este grupo aún posee su carnet de discapacidad y no ha obtenido la cédula como único documento identificativo de su condición.

El siguiente paso

Ahora, los ciudadanos tendrán 12 meses para renovar la cédula, y el servicio está disponible en las 82 agencias del Registro Civil a nivel nacional, sin necesidad de agendar cita y de forma gratuita.

El Conadis destaca que existen diversos tipos de discapacidad en Ecuador, como auditiva, física, intelectual, de lenguaje, psicosocial y visual, cada una con manifestaciones diversas.

JR

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Esta medida será atendida el 17 de marzo de 2023. El exjefe de Estado y sus familiares formarían presuntamente parte del entramado de corrupción en Sinohydro, también conocido como Ina Papers.

En esta medida solicitaron la presencia del extitular del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres por tener conocimiento de todos los procesos y desventajas de las personas con discapacidad. Además, participará un grupo de abogados con un amicus curiae.

El Tribunal de la CNJ llamó al juez Adrián Rojas para que conozca y explique la medida cautelar para Moreno y su cónyuge. La Fiscalía ordenó que Moreno y su esposa se presenten periódicamente a la Sala Penal de la Corte. Su primer llamado sería el 20 de marzo.

Moreno en la embarrada

Luego de dos años, finalmente, la Fiscal General Diana Salazar, acusó a Moreno, su esposa, una de sus hijas y 30 personas más por el caso Sinohydro. Según la autoridad, la familia del exmandatario habría recibido USD 660 mil en sobornos distribuidos de la siguiente manera.

Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostiene que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

Sin embargo, Moreno aseguró que durante su cargo como vicepresidente del Ecuador solo estuvo a cargo del manejo de los sectores estratégicos, por lo que repitió que nunca mantuvo una relación con la empresa china.

No obstante, la fiscal Mayra Moreno sospecha que el exmandatario aprovechó su cargo para actuar como intermediario ante la Embajada China para favorecer a Sinohydro, según Radio Pichincha.

Le cancelaron la prisión preventiva

Moreno, a través de su cuenta de Twitter, agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Además, tildó de «arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales.

Mi hija se ganó el dinero pintando

Moreno aseguró que los USD 50 mil que habría recibido su hija fueron por un contrato que realizó con la familia Macías y no por los presuntos sobornos de los que se la acusa por el caso Sinohydro.

Mencionó que su hija firmó un contrato para retratar familiares en formato pequeño y grande. «Mi hija no pinta garabatos, mi hija pinta precioso. Los cuadros fueron entregados a Xavier Macías y a su esposa, y pagaron por ellos», comentó en Ecuavisa.

¿Se va o no a Paraguay?

El exjefe de Estado confirmó, el pasado 7 de marzo, que solicitaría asilo político a Paraguay. Según él, esta petición la realizaría por su condición médica y resaltó lo crítica que es su situación de salud, por lo que el maltrato de viajar en un avión puede perjudicar su estado.

Sin embargo, en otras declaraciones comentó que no pedirá asilo político en ese país, pues cooperará con la justicia. También, remarcó que le «gustaría» regresar a Ecuador y dar la cara ante estas acusaciones.

Pero todo es culpa de Correa…

Moreno responsabilizó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas por la presunta red de corrupción en este caso de corrupción.

El exmandatario indicó que quien tomaba las decisiones en los contratos era Correa y quien se encargaba de los sectores estratégicos era Glas. El exmandatario se deslindó de todas las acusaciones que la Fiscalía General del Estado realizó en su contra.

«Todas mis transferencias, los pocos bienes que tengo hipotecados son investigados. Por esto me sorprende todo este entramado», refirió. (N.J.C)

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Fenasec rechazó la participación de los intérpretes en los debates a través de sus redes sociales. Enfatizaron que el servicio prestado no cumple ni con los mínimos requisitos de interpretación como “Exactitud, Claridad y Naturalidad”.

“Llegamos a la conclusión que las personas que aparecen allí desconocen del idioma y menos la cultura sorda”, reza el documento.

De la misma manera, exigió al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) vigilar el cumplimiento de la política pública y que se deje por sentado la violación al derecho a la comunicación e información en su lengua.

Ante este comunicado, el CNE emitió una disculpa y aseguró que en las provincias que se detectó este problema existió una deficiencia en el desempeño de los intérpretes. Indicó que para los próximos debates validarán en todas las provincias la información del personal que interpretará el debate.

También, manifestó que las empresas a cargo de la interpretación de los debates se encargaron de esta contratación. Además, solicitarán la asistencia técnica del Conadis y que se garantice un buen desempeño en los debates.

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La cédula de identidad será el único documento con el que se identificará a las personas con discapacidad. El Ministerio de Salud (MSP) indicó que los ciudadanos podrán acercarse a los 185 establecimientos del Registro Civil para renovar esta identificación, pues las especies del Conadis estarán vigentes hasta diciembre de 2023.

La coordinadora de Servicios del Registro Civil, Ericka Guadamud, informó que la institución elaboró una planificación de atención de acuerdo con el último dígito de la cédula. Es decir, atenderán de la siguiente manera: lunes 0-1, martes 2-3, miércoles 4-5, jueves 6-7 y viernes 8-9. Además, indicó que este proceso es gratuito para las personas que presenten igual o más del 30 % de discapacidad.

“Es mejor tener un solo documento a tener dos, unificado de esta manera. En la cédula van a constar todos los datos que antes estaban en el carné”, afirmó para TC Televisión, Katherine Franco, ciudadana que adquirió este nuevo documento de identificación.

También, la secretaria técnica de Conadis, Tatiana Escobar indicó que esta opción simplifica los trámites de las personas con discapacidad. “Se facilita la realización de las diferentes acciones afirmativas que estable la ley en Ecuador al presentar en la misma cédula el tipo y porcentaje de discapacidad”, comentó. (N.J.C)

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“El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades ofrece una cordial bienvenida al asambleísta Ricardo Xavier Vanegas Cortázar como representante de la Función Legislativa ante el Pleno del Conadis y al Dr. Julio César Sarango en calidad de suplente, conforme a la designación enviada mediante Oficio No. PAN-VZG-2021-033”, señala el texto.

Los antecedentes

Ricardo Vanegas se opone al proyecto de Ley de aborto por violación y presentó otro que no incluye la opinión de mujeres. Para Vanegas el proyecto de Ley atenta contra el sistema jurídico ecuatoriano. “Le pusieron en ese proyecto nuevas funciones que no corresponden a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, demostrando un desconocimiento total de lo que es el sistema procesal”, dijo.

Además, sostiene que la interrupción del embarazo debe hacerse siempre y cuando sea antes de la quinta semana. Para el legislador, implementar la interrupción del embarazo hasta el octavo mes sería «un feticidio”.

Recientemente, en el marco del debate de la Ley de aborto por violación, Vanegas deslegitimó la intervención de la experta en estudios críticos de la discapacidad, Karina Marín, quién al enterarse de la designación cuestionó: “¿Premio por agredirme y discriminarme o por haber presentado un informe de ley que deja en desprotección a las mujeres con discapacidad? Este es el descaro de la politiquería más asquerosa”.

El año pasado, el asambleísta de Pachakutik, también fue vinculado con el consorcio Oro Negro, señalado por sus irregularidades en 2016, cuando obtuvo un contrato con Petroecuador por USD 38 millones. El legislador aseguró que “lanzan basura” porque les disgusta su lucha frontal contra la corrupción.

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Un frío llamado indiferencia, incomprensión e impotencia como la que le expresaron sus profesores de la Universidad de Cuenca. Nunca entendieron sus necesidades como estudiante con discapacidad en el lenguaje. “Un abogado debe hablar bien, me decían”, cuenta con los voz repleta de un fuego a punto de apagarse.

Este jueves es uno de los pocos días de agosto en los que Quito no escandaliza con su sol. Por las calles Tamayo y García, donde se ubica la Corte Constitucional, dos carpas rompen la rutina de la mirada.

Se asientan en las destrozadas aceras del lugar, reventadas por las raíces de los arbustos de ficus del sector. Aquí está Henry: Henry y su fortaleza,  Henry y su coraje, como el de otros compañeros suyos con discapacidad dispuestos a estar día y noche en los exteriores de este edificio blanco hueso, en huelga de hambre. “Estaré aquí hasta que la Corte entregue su sentencia frente al recurso que presentamos sobre el derecho de las personas con discapacidad en las universidades del país”.

Quiere estudiar 

Son seis años de lucha que empezaron cuando Mark Crespo, otro exestudiante de Leyes de la Universidad de Cuenca, dejó a la mitad sus estudios.

“No pudimos terminar. yo tengo discapacidad intelectual, Mark tenía el 95 por ciento de discapacidad visual  y, sin embargo, no recibimos ningún apoyo o comprensión de parte de la universidad pública”.

Intentó Henry convalidar materias…no lo logró, así que fue por la vía legal para dejar asentada su lucha. Paulatinamente fue ganando procesos, que empezaron en instancias como la Defensoría del Pueblo, Cortes locales, nacionales, hasta  llegar aquí a inicios de agosto.

 No está solo, lo acompañan  11 compañeros. Han agregado a su plataforma de lucha, la necesidad de que Tatiana Escobar deje el Consejo Nacional de Discapacidades.

Hoy visitó a los manifestantes, la defensora del pueblo subrogante, unas preguntas sobre la salud de todos, un video y el resto solo silencios. Un mirlo de alas negras voló sobre este nido humano abandonado entre las calles.

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La Comisión del Derecho a la Salud, en oficio planteó cuestionamientos puntuales a Xavier Torres, de Conadis. La falta de control en la emisión de carnés y los pedidos de extensión, validez y caducidad de los documentos fueron los ejes del documento. Ante ello, Torres respondió ambiguamente. Una extensa lectura de la Constitución y la Ley Órganica de Consejos Nacionales para la Igualdad fueron la base de su discurso que tardó dos horas.

Sobre la corrupción en torno a los carnés de discapacidad, Torres se excusó diciendo que “los hechos irregulares denunciados en la calificación y acreditación de personas con discapacidad, no constituyen errores del CONADIS, sino delitos cometidos a título personal”. Así, el presidente del CONADIS se deslindó de responsabilidades para culpar a quienes acceden al documento.

Torres reconoció los problemas en la emisión de carnés, sin embargo, no los asumió como una responsabilidad del CONADIS. “Nos toca hacer de todo, ahí incomplementamente, pero es lo que nos toca hacer”, sostuvo Torres en defensa de sus insuficientes esfuerzos en la gestión pública.

Confrontaciones

Rosa Verdezoto, asambleísta del Partido Juntos Podemos, confrontó a Torres. Sostuvo que, en pretexto de los principios de confidencialidad, la Asamblea Nacional tiene impedimentos para cumplir su rol en la fiscalización del tema de los carnets de discapacidad.

Pablo Ruiz, veedor del proceso de investigación sobre los carnets de discapacidad, criticó las declaraciones de Torres. Según Ruiz, el CONADIS  no cumple con sus responsabilidades administrativas y pone trabas a las veedurías ciudadanas que, en ejercicio de un derecho legítimo de denuncia, intentan vigilar las irregularidades en la emisión de los carnets. “Por principio de transparencia, ustedes deberían retirarse, renunciar o dar un paso al costado” señaló Ruiz. (JBS)

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Las cifras

Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), entre 2008 y 2015, se registró un promedio anual de 465 vehículos importados con excepciones tributarias para personas con discapacidad. Sin embargo, solo en 2019, SENAE registró un aumento del 951.83 %%, con la importación de 4.426 vehículos de este tipo.  

El problema se enmarca en múltiples denuncias sobre el uso doloso de carnets de discapacidad emitidos irregularmente. Personas sin discapacidad alguna se habrían beneficiado de este proceso. Según el CONADIS, solo en el Estado de excepción, se emitieron 2.900 carnets. El Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoce el problema y, según su registro, hasta ahora más de 2.800 carnets existen de modo ilegítimo.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo

Frente a la Asamblea Nacional, Freddy Carrión, defensor del pueblo, presentó su posición. Manifestó el rol de la Defensoría del Pueblo como organismo defensor de los derechos humanos y de la inclusión de las personas con discapacidad. Para Carrión, “el punto fundamental es: ¿quiénes entregaron los carnés de discapacidad? La corrupción está enquistada en el propio MSP, que entregó los carnets a personas que no representaban el grado de discapacidad que aparece en el documento”.

Además, según Carrión, la respuesta del gobierno, con el decreto 1097, es insuficiente. Pues el Ejecutivo restringe los derechos de las personas con discapacidad mediante la suspensión, de modo general e indiferenciado, de todos los principios normativos otorgados por los carnets. Para Carrión, este decreto resulta en una estigmatización y linchamiento contra las personas que realmente tienen condiciones de discapacidad y merecen los beneficios que la ley les otorga para su inclusión e igualdad de derechos. (JBS)

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