Los señalamientos surgen tras un incidente ocurrido la tarde del lunes 18 de agosto en la comunidad de San Ignacio, en Latacunga, donde Iza afirmó que fue víctima de un hostigamiento que escaló hasta un intento de atropello. Según su testimonio, sujetos que se identificaron como agentes policiales realizaban labores de vigilancia y filmación sin autorización frente a su domicilio, en una clara vulneración de la jurisdicción comunitaria reconocida por la Constitución.

“Al increparlos, el vehículo arrancó a alta velocidad directamente hacia mí. De no haber sido por mi reacción, en este momento estaría muerto. Esto no es un accidente, es un intento de eliminación”, declaró Iza con crudeza durante una conferencia de prensa, asegurando que evidencias en los teléfonos intervenidos revelan un seguimiento constante desde inicios de año.

Respaldo del movimiento indígena

El MICC, en un comunicado oficial, elevó la gravedad de la denuncia, calificando los hechos como un “intento de asesinato” y una “persecución política” dirigida a amedrentar no solo a Iza, sino a todo el movimiento indígena. “Responsabilizamos directamente a Daniel Noboa y a su Gobierno por cualquier atentado contra la vida e integridad de nuestros dirigentes”.

La denuncia encontró eco inmediato en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que emitió un pronunciamiento en solidaridad. La organización matriz denunció el uso del aparato de inteligencia estatal para la “criminalización” de los líderes sociales y alertó que estas prácticas represivas, lejos de aislarse, configuran una “política de Estado” para debilitar la organización popular y silenciar las voces críticas.

El silencio del Palacio de Carondelet pesa sobre la crisis. La falta de un desmentido oficial o de cualquier pronunciamiento por parte de las carteras de Gobierno o del Interior deja flotando una peligrosa incertidumbre.

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Según la organización, la normativa presentada como herramienta contra el crimen organizado podría convertirse en un mecanismo de «persecución política, financiera y social» que vulnera derechos fundamentales.

En un comunicado, la CONAIE denunció que la iniciativa otorga facultades «desproporcionadas» a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), permitiéndole congelar cuentas sin orden judicial previa y presumir culpabilidad sin pruebas, lo que violaría la presunción de inocencia y el debido proceso.

«Esta ley podría usarse para criminalizar la oposición y silenciar a quienes defendemos la vida y los territorios», sostuvo la confederación, señalando que afectaría especialmente a organizaciones indígenas, juntas de agua y colectivos que manejan fondos comunitarios.

¿Qué dice la ley?

El proyecto, dirigido a ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, exige nuevos estándares de transparencia financiera, auditorías obligatorias y registro en el Sistema Unificado de Información (SUIOS) bajo amenaza de disolución. Además, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) tendría facultades para intervenir entidades, mientras que la UAFE podría inmovilizar fondos por ocho días sin autorización judicial —con validación posterior— e identificar a sus analistas mediante voz e imagen distorsionadas.

La CONAIE rechazó la iniciativa al considerarla parte de un patrón de «medidas autoritarias» que, bajo discursos de seguridad, limitan derechos. A esto sumó su preocupación por más de cinco mil despidos en el sector público, que calificó como un golpe a familias e instituciones. «La lucha contra el crimen no puede convertirse en persecución de los pueblos», afirmó el texto, exigiendo el archivo del proyecto y llamando a la comunidad internacional a mantenerse vigilante.

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Vargas obtuvo 617 votos, superando al expresidente Leonidas Iza, quien recibió 540 apoyos en su intento de reelección. Oriundo de Capahuari (Pastaza, Amazonía), el nuevo dirigente presidió anteriormente la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) en los períodos 2016 y 2023, y fue responsable de Comunicación de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE). La Conaie destacó en un comunicado su rol en la «unificación y consolidación» de dicha nacionalidad, además de revitalizar la Confeniae, que calificó como «una organización moribunda» antes de su gestión.

Promesas

Tras su elección, Vargas enfatizó su compromiso con la «unidad férrea y contundente» del movimiento, rechazando vínculos con partidos políticos: «Somos una candidatura de los territorios de la selva», declaró.

Entre sus prioridades mencionó la defensa de los territorios ancestrales, la protección del agua, el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, la salud ancestral y el impulso a la economía indígena. «No seré un dirigente que solo hace ruedas de prensa cuando nuestros territorios sufren», aseguró, prometiendo evitar «discursos discriminatorios» que dividan a las bases.

Leonidas Iza en la otra cancha

Por su parte, el líder de la CONAIE, Leonidas Iza, defendió su postura radical anti-derecha y señaló que la verdadera defensa de los territorios viene de un dirigente verdaderamente comprometido.

«Hemos repetido el relato de la derecha ecuatoriana de que la CONAIE está dividida (…) Como pueden decir que quieren venir a liberar a los territorios cuando tienen apoyo de la gente que esta acabando nuestros territorios con la minería», detalló.

Resoluciones del Congreso

El Congreso ratificó 12 resoluciones, incluyendo solicitudes de inconstitucionalidad contra cuatro leyes promovidas por el gobierno del presidente Daniel Noboa, catalogadas como parte de una «agenda neoliberal»: Ley de Solidaridad, Ley de Inteligencia, Ley de Áreas Protegidas y Ley de Integridad Pública.

En paralelo, la Conaie expulsó a seis legisladores de Pachakutik —su brazo político— por alinearse con el bloque oficialista ADN. Los asambleístas sancionados son Cecilia Baltazar, Carmen Tiupul, Manuel Choro, Fernando Nantipia, José Luis Nango y Edmundo Cerda, la mayoría representantes de regiones amazónicas.

Vargas sucede a Leonidas Iza, quien lideró la organización entre 2021-2025 y fue candidato presidencial en las elecciones de este año. Su elección marca un giro hacia la consolidación de liderazgos emergentes desde la Amazonía, con énfasis en la cohesión interna frente a las políticas gubernamentales.

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Nayra Chalán, exvicepresidenta de la Ecuarunari, vincula el operativo con un intento de imponer a David Tankamash —presuntamente cercano al gobierno de Daniel Noboa— como presidente de la FICSH. Resaltó que el desalojo «obedecería a intereses políticos» para controlar la organización.

La CONAIE denunció complicidad estatal con la minera canadiense Lowell-Solaris, operadora en la Cordillera del Cóndor, acusando al gobierno de promover una «estrategia deliberada» para dividir a las organizaciones indígenas que resisten proyectos extractivos. El comunicado enfatiza que la acción vulnera derechos colectivos y autodeterminación amparados por la Constitución y tratados internacionales, constituyendo un «delito grave».

El organismo responsabilizó al gobierno nacional por posibles conflictos derivados de lo que define como «provocación«, llamando a la unidad del movimiento indígena para defender «dignidad, principios y territorios«. La intervención habría causado consternación en comunidades shuar, históricamente afectadas por conflictos territoriales.

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Los militares, pertenecientes al Batallón de Selva «Pastaza», fueron emboscados el 9 de mayo en una zona limítrofe entre Napo y Orellana, durante un intento por destruir campamentos mineros ilegales. Según fuentes castrenses, los atacantes —vinculados a disidencias de las FARC y bandas locales— usaron armamento de guerra, incluyendo fusiles AK-47. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Sin embargo, también subrayó que este hecho confirma una realidad denunciada históricamente por los pueblos originarios. Amplias zonas de la Amazonía han sido copadas por estructuras criminales que operan con impunidad, desplazan comunidades y destruyen ecosistemas, bajo la indiferencia o complicidad de autoridades locales y nacionales.

Amenaza a los pueblos amazónicos

Según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y la Fundación Ecociencia, la minería ilegal en el río Punino multiplicó por cuatro su impacto en solo un año. Pasó de deforestar 185 hectáreas en 2022 a 784 en 2023, con un 90% de esta actividad realizada fuera de concesiones legales. Esta expansión no solo amenaza áreas protegidas como el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras y la Reserva El Chaco, sino que también ha facilitado la infiltración de grupos armados.

Testimonios recogidos por Mongabay Latam confirman que estos grupos operan en la zona desde al menos 2024, generando un clima de terror que se suma a la contaminación por mercurio, cuyos efectos en la salud de las poblaciones indígenas —especialmente en niños y mujeres— son cada vez más críticos.

A pesar de los operativos militares, como el Manatí 3 de mayo de 2023 en el que participaron 1.500 efectivos y se destruyeron 34 máquinas, la minería ilegal persiste gracias a tácticas de evasión. Eduardo Rojas, exdelegado de la Defensoría del Pueblo en Napo, denuncia que en la provincia operan más de 78 frentes mineros, muchos de ellos usando maquinaria oculta en concesiones legales o dividida en grupos pequeños para evadir detectores.

Desafíos

Las comunidades indígenas, por su parte, enfrentan un doble desafío: además de resistir la invasión de sus territorios. El 46% de la minería ilegal en Ecuador afecta áreas ancestrales. Kevin Zuñiga, comunicador kichwa, destaca que el uso indiscriminado de mercurio ha contaminado ríos enteros, afectando a familias que dependen de estos afluentes para su supervivencia.

“El agua que antes era fuente de vida ahora es veneno”, afirma, citando casos de neuropatías y enfermedades crónicas en niños de comunidades como Sinangoe.

Mientras el gobierno insiste en respuestas militares, organizaciones indígenas y ambientales exigen medidas integrales. La CONAIE reclama acciones urgentes para frenar el modelo extractivista, garantizar derechos colectivos y desmantelar las redes de crimen organizado. Propuestas como la declaratoria de emergencia ambiental, la militarización focalizada y la creación de comisiones internacionales de investigación han ganado fuerza, pero su implementación enfrenta obstáculos políticos y económicos.

El panorama se complica con el auge económico de la minería ilegal: Ecuador pasó de exportar USD 120 millones en oro en 2015 a USD 1.200 millones en 2023, según el Banco Central y al menos el 70% de este oro vinculado a actividades ilícitas. Esta bonanza, alimentada por la demanda global y cadenas de lavado de dinero, ha convertido a la Amazonía en un botín donde confluyen intereses criminales.

En medio de este escenario, la masacre de Alto Punino no es un hecho aislado, sino un síntoma de un colapso estructural. Mientras las balas callan voces y la selva sigue desapareciendo. La pregunta que resuena es si Ecuador podrá revertir esta crisis antes de que la Amazonía —y sus pueblos— alcancen un punto de no retorno.

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Iza explicó que su postura se basa en el proyecto de la CONAIE de 1994, el cual sostiene que el movimiento indígena tiene raíces en la izquierda. Por ello, aseguró que nunca apoyarán a la derecha, aunque respetan a quienes tienen una opinión distinta.

«Políticamente, ideológicamente e históricamente el movimiento indígena nació en la izquierda y nunca estará dispuesto a ceder a la derecha», recalcó el presidente de la Conaie.

¿Cuáles son los pedidos para Luisa González?

Tras varias horas de sesión, la Asamblea Plurinacional de Organizaciones Sociales decidió presentar una serie de demandas a la candidata del correísmo, Luisa González, en el marco de la segunda vuelta electoral.

Entre sus principales posturas destacan el rechazo a una nueva Constituyente, la oposición a la privatización de sectores estratégicos, la reducción del IVA al 12%, la desmilitarización de los territorios, así como evitar la privatización del campo Sacha.

El organismo enfatizó que, aunque estas exigencias serán enviadas a González, la respuesta final queda en sus manos.

Iza reacciona a la alianza de Noboa con Blackwater

El presidente Daniel Noboa anunció una alianza estratégica con Blackwater, ahora conocida como Academi, una empresa militar privada estadounidense, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo y proteger las aguas ecuatorianas de la pesca ilegal.

«El crimen organizado ha sembrado miedo y ha creído que puede operar con impunidad. Se les acaba su hora. Empieza la ayuda internacional en el Ecuador», afirmó Noboa al revelar el acuerdo tras reunirse con Erik Prince, fundador de Blackwater.

La empresa fue creada en 1997 por Erik Prince y Al Clark como una compañía de seguridad privada, enfocada en la capacitación de fuerzas del orden en EE.UU. Sin embargo, su historial ha sido ampliamente cuestionado. Un artículo publicado en Foreign Policy (FP) en 2014 señala que el nombre Blackwater es «sinónimo de algunos de los peores excesos de la guerra de Irak», destacando que la empresa ganó más de mil millones de dólares protegiendo instalaciones y personal estadounidense durante el conflicto.

El anuncio generó reacciones inmediatas, y durante su intervención de hoy, el líder de la CONAIE, Leonidas Iza, se dirigió a los generales, coroneles de las Fuerzas Armadas y de la Policía, cuestionando su postura frente al acuerdo con Blackwater. «¿Cuándo perdieron el honor, el patriotismo, que ahora se arrodillan cuando un Presidente de la República dice que van a venir mercenarios a dirigirles a ustedes?», expresó Iza en respuesta a la alianza de Noboa con Erik Prince.

IF

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Inicialmente, las elecciones internas estaban programadas para el 10 de agosto con la supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero se ha decidido cambiar la fecha al miércoles 14 de agosto, en un horario de 08:00 a 17:00.

¿Una alianza de izquierdas será posible?

Este aplazamiento parece estar relacionado con la espera de los resultados de la convención nacional de la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa. La misma se efectuó este sábado 10 de agosto y designó a su binomio presidencial encabezado por Luisa González y Diego Borja.

En el transcurso de las últimas semanas, PK, junto con la RC, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Centro Democrático (CD) y Renovación Total (RETO), exploran la posibilidad de una alianza electoral.

Si no logran concretar una coalición, planean desarrollar un plan de gobierno conjunto como parte de una plataforma política denominada «unidad de las izquierdas». Las conversaciones entre estos grupos se intensificarán en los siguientes días con el objetivo de consolidar un proyecto político común o, incluso, formar una bancada unida en la Asamblea después de las elecciones del 9 de febrero de 2025.

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Desde el PSE

El presidente del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Gustavo Vallejo, sostuvo en una entrevista que, pese a las posiciones divergentes que existen en los distintos cuadros, se busca llegar a acuerdos frente a las grandes problemáticas que enfrenta actualmente el país.

Con el afán de unificar listas, el PSE planteó cinco ejes de convergencia: el pos-estractivismo, la economía, el feminismo, la inversión social para educación, salud y seguridad; y la corrupción, impunidad y crimen organizado.

Vallejo indicó que esperan formar una unidad antes del 30 de agosto, fecha en la que se celebran los procesos de democracia interna de las organizaciones y el registro de las alianzas. A su vez, el presidente del PSE afirmó no tener problema con llegar a acuerdos con el partido Revolución Ciudadana, no obstante, también criticó el accionar del expresidente de la república, Rafael Correa. «Que el expresidente Correa deje de torpedear los esfuerzos de la unidad (…) tiene que permitir que haya una dinámica desde la gente que está en el Ecuador», sostuvo Gustavo Vallejo.

La manzana de la discordia

El Director de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, por medio de una entrevista, indicó que impulsarán alianzas con varios cuadros como Pachakutik y el PSE, sin embargo lanzó fuertes críticas al movimiento Revolución Ciudadana. «Lo que se trata es superar el pasado de quienes ya gobernaron (…) y tener una tendencia que pueda derrotar tanto a Daniel Noboa, como a Rafael Correa», declaró Atarihuana.

Pese a que, en el debate, el director de UP, recalcó su accionar en la oposición a gobiernos pasados, también aseguró que, en el contexto de 2017, el apoyo a la candidatura de Guillermo Lasso fue lo correcto. “Nosotros pensamos que una opción correcta es cerrar el paso a 10 años de un gobierno autoritario y corrupto como el correísmo”, agregó.

Un frente amplio

El presidente de la CONAIE, por el contrario afirmó que “No es necesario profundizar en el correísmo y anticorreísmo cuando el país se está cayendo a pedazos”, de este modo reafirmó su precandidatura por Pachakutik, pese a esto no hizo público el nombramiento de un binomio.
Los ejes de debate que señaló Iza se sustentan en la seguridad, la generación de empleo, la reactivación productiva y la problemática de la educación en la costa. Desde estos puntos de convergencia, no cierra la posibilidad de consignar un frente más amplio. (MIB)

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Cada representante habló sobre su visión de unidad y la necesidad de crear un plan nacional no solo por las elecciones generales 2025, sino para lograr una unidad a largo plazo. El presidente de Centro Democrático, Jimmy Jairala, apuesta por las mesas de diálogo, donde deben lograr acuerdos mínimos.

«Creo que cada partido debe poner sobre la mesa cuáles son sus dos o tres temas centrales para lograr estos acuerdos. Las mesas de diálogo nos dan un resultado inmediato para poder presentar un binomio de la unidad porque el eje central es el Ecuador», dijo.

Por su parte, Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista expresó que a la parte de democracia interna de cada partido se debe tener en cuenta que tienen hasta el 13 de agosto para anunciar alianzas. «Hay una realidad que juega en contra por los tiempos. Yo diría que hay que instalar un equipo de trabajo, es un tema de voluntad. Esto se resuelve con un trabajo metodológico ¿Qué pasa si no nos ponemos de acuerdo? Tenemos que ser lo suficientemente maduro para decir en esta elección no nos entendemos, pero que sea el principio de un proceso de largo aliento».

En el caso de la Unidad Popular, su representante Natasha Rojas objetó que el camino de la unidad y la salida del neoliberalismo se realice «con quien tiene un discurso de izquierda y aplica políticas de derecha o quien trajo la gran minería e inició la explotación del Yasuní ITT», lo que provocó un rechazo de los militantes de los otros movimientos.

¿Qué dicen la Revolución Ciudadana y Conaie?

Tras la críticas de otros partidos, la presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González invitó a la autocrítica y al respeto entre organizaciones. «Si vamos a observar quien hizo qué empezamos dinamitando el diálogo. Desde cada organización sí pido que al interior todos hagamos la reflexión de los aciertos, errores y procesos traumáticos para nuestra patria. De qué lado estuvimos en ese momento y de qué lado estamos hoy».

Agregó que no se puede refundar al país cada cuatro años sino que exista un proyecto de país que no toque la institucionalidad. «Acuerdos mínimos que nos lleven como país hacia un futuro digno lleno de esperanza y progreso (…) Estas mesas de trabajo son para nosotros un compromiso serio y delegamos como RC a Andrés Arauz para que forme parte de estas mesas de construcción de gobierno».

El coordinador nacional de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, apeló ala existencia de dos comisiones: una de acuerdos mínimos y otra electoral. «Nos ponemos de acuerdo o no lo hacemos. Vamos a tener dificultades, convergencias en el tema de candidaturas. Propongo dos comisiones en un lapso de ocho días o menos. Si hay voluntad política se puede resolver».

Por su parte, Leonidas Iza apoyó la unidad y la voluntad de los partidos a reunirse. «A la derecha del Ecuador y el continente seguramente le está dando urticaria ver que estemos unidos. Con la misma fuerza debemos ser críticos. Por más difícil que significó cuando tuvimos que luchar hace 10, 15 años nunca nos fuimos apoyar a la derecha». El dirigente apeló a la creación de un proyecto de país a largo alcance, hacer un pacto de no agresión en el proceso electoral y si uno de ellos llegara a segunda vuelta, que reciba el apoyo de los demás. (MIB)

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«Es hora de dejar atrás el odio instalado en los grupos de poder, debatir y superar nuestras diferencias, enfocarnos en el bienestar de nuestro pueblo y en la construcción de un futuro más justo y solidario», dice parte del documento.

¿Qué dicen los partidos?

Hasta el momento, tres partidos han confirmado su presencia en el evento que desarrolla este 31 de julio en la Casa de las Culturas en Quito. Centro Democrático, Revolución Ciudadana y Conaie con su brazo político Pachakutik.

Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, confirmó su presencia junto al secretario del partido, Andrés Arauz. «Cuenten con la RC y nuestra presencia junto a Andrés Arauz para la construcción de ese Ecuador que todos y todas anhelamos».

De igual forma, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, confirmó que asistirá al evento. «En respuesta a la convocatoria de las organizaciones sociales a la Convención de la Unidad de los sectores de izquierda y progresistas del Ecuador, confirmo mi asistencia, con dirigentes de mi estructura organizativa».

El presidente del Centro Democrático, Jimmy Jairala se desplazó vía aérea desde Guayaquil para asistir a la convención. Así lo mostró el movimiento en su cuenta de X. Lo acompaña el director general de la organización.

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La noticia la dio el miembro de la Conaie y coordinador de Pachakutik, Apawki Castro en su cuenta de X.

Las direcciones y bases de la nacional y las regionales Ecuarrunari y Confeniae se reunieron en Conocoto para definir al candidato para las próximas elecciones presidenciales, posibles alianzas e incluso eventuales movilizaciones por la decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio de las gasolinas en el país. El anuncio llega cuando todavía no hay nombres oficiales en los demás partidos, los contendientes de Iza llegarán en agosto, según el calendario electoral. (MIB)

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»No ha sido más que una quema de ocho llantas porque fundamentalmente lo que buscan es una reacción atolondrada y violenta del gobierno que no se va a dar (…) irán los grupos que siempre protestan y caotizan las cosas», dijo en entrevista a Visionarias.

Asimismo el funcionario manifestó que desde el gobierno tuvieron un »diálogo muy productivo» con líderes del sector indígena del Chimborazo, quienes descartaron asistir a las próximas movilizaciones.

De igual manera, mencionó que el diálogo previo y las mesas técnicas impidieron que las protestas se incrementen y radicalicen. Por ejemplo, resaltó que la compensación monetaria a los transportistas por la focalización de los subsidios, en realidad es una medida para beneficiar a los usuarios y que no suba el valor de los pasajes.

La advertencia de la Conaie

Este 2 de julio, la Conaie convocó una movilización en el Parque El Arbolito, en Quito, para entregar a la Asamblea un proyecto de ley relacionado a la consulta libre e informada para el consentimiento de obras en los territorios de las comunidades indígenas. El llamado congregó a más de un centenar de personas.

“Las estructuras populares no saldremos para una o dos horas sino hasta tener resultados como siempre se ha hecho”, advirtió el presidente del movimiento indígena, Leonidas Iza, frente a los cuestionamientos de su participación en la jornada del 4 de julio.

Iza indicó que posiblemente algunas delegaciones provinciales se sumen a las manifestaciones. También anunció que la segunda semana de julio la asamblea del movimiento indígena tomará decisiones frente a las acciones del gobierno de Daniel Noboa. (AGM).

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»Mientras la presidenta de un movimiento (Luisa González) llama a un diálogo, al siguiente día cae a dinamitar el expresidente Correa», dijo el líder indígena en entrevista a Primera Hora.

Agregó que la RC no es una »verdadera izquierda» y que la dicotomía política entre »correísmo» y »anticorreísmo» se mantiene por el mismo exmandatario y la oposición.

El pasado 21 de mayo presidenta de la RC, Luisa González, señaló que no descarta la posibilidad de sentarse a hablar con el líder de la Conaie, Leonidas Iza, para una alianza en las elecciones presidenciales del 2025.

“Creo que coincidimos en la gran mayoría de planteamientos y una unidad de izquierda”, dijo González en entrevista para Ecuavisa.

Asimismo resaltó que la elección del binomio presidencial se llevará a cabo en las primarias del movimiento político. Hasta el momento descartó ser la precandidata de la RC y que por ahora cumple la función de recorrer el país e invitar a la ciudadanía a unirse a la organización política.

El mensaje de Noboa

Por otro lado, Iza calificó de falacia a los »datos inexactos» que el presidente Daniel Noboa dio en el informe a la nación el pasado 24 de mayo. Resaltó que el mandatario no ha dicho nada sobre “los negociados que ha servido el gobierno” y sobre la militarización de territorios indígenas como Las Pampas, Palo Quemado, incluso, Olón. (AGM).

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“El presidente Noboa es un ignorante, no conoce la realidad de este país”, señaló Leonidas Iza presidente de la CONAIE, durante un plantón en los exteriores de la Embajada de Canadá, en Quito.

Las protestas por la minería ilegal en los territorios indígenas han trascendido con el paso del tiempo sin la respuesta favorable de los gobiernos de turno. Hoy la situación no es diferente y empeora con el decreto conflicto armado interno emitido por el presidente Daniel Noboa a inicios de enero del 2024.

El conflicto en Palo Quemado

El pasado 19 de marzo se desató la represión militar y policial en la zona. El movimiento indígena denunció un violento ataque a los comuneros y familias que se oponen a las actividades mineras de Atico Mining, una empresa canadiense.

Videos en redes sociales expusieron a un ciudadano herido por el impacto de una bomba lacrimógena que habrían lanzado las fuerzas del orden. La herida se presentó en su pierna izquierda. Moradores del sector alertaron la llegada de 500 efectivos para resguardar la consulta ambiental que pretenden imponer las autoridades por el proyecto La Plata.

Acciones jurídicas

El mismo día la CONAIE acudió a los exteriores de la Corte Constitucional (CC) para interponer una demanda de inconstitucionalidad al manual emitido por el Ministerio del Ambiente. El objetivo del Estado con este documento era aparentemente regular el derecho a la consulta previa e informada ante las concesiones mineras.

Iza detalló que esta acción es mínima, pues un manual o un decreto no se asemeja al valor de una ley. Enfatizó el respeto a los derechos ciudadanos.

También solicitó a la entidad la suspensión provisional de la consulta ambiental en Palo Quemado, pedido que fue admitido por el juez de Sigchos, Darwin Paredes. El alcalde del cantón, Óscar Monge, presentó una acción de protección y pidió el retiro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La audiencia se realizará el próximo 2 de abril a las 10h00.

Vuelven los ataques

Después de la resolución jurídica, el movimiento indígena reportó nuevos ataques y más refuerzo militar y policial en la zona minera. Según las publicaciones de redes sociales, varios campesinos resultaron heridos, incluso, un ciudadano recibió un disparo en el rostro y los trasladaron de urgencia a un hospital, de acuerdo al Frente Nacional Antiminero.

El líder de la Conaie no ha ocultado su enojo frente a esta situación y sostuvo que este Gobierno es ignorante, pues no conoce la realidad del país y resaltó que un manual no es lo adecuado para una consulta ambiental.

También señaló que el Grupo Nobis, perteneciente a la familia del presidente Noboa, participa de capitales mineros en el país y que el manejo político del actual gobierno tiene la intención de garantizar las ganancias del grupo económico del mandatario.

La respuesta de las FF.AA.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, detalló que »un grupo organizado fuertemente armado» hirió al personal de las fuerzas del orden y destruyó propiedad privada.

»Este ataque me obliga a recordarle a la ciudadanía que un ataque terrorista es aquel que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona», resaltó. (AGM).

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«Esta es la respuesta del Gobierno de Daniel Noboa para imponer con violencia la megaminería en Ecuador», expresó la Conaie.

Videos que circulan en redes sociales muestran a un ciudadano herido por el impacto de una bomba lacrimógena que habrían lanzado las fuerzas del orden. La herida se presentó en su pierna izquierda. Moradores del sector alertaron la llegada de 500 efectivos para resguardar la consulta ambiental que pretenden imponer las autoridades por el proyecto La Plata.

«Estamos resistiendo porque tenemos derecho a nuestro territorio», dijo una de los afectados.

Una lucha que no para

Martha Masapanta, habitante de Las Pampas, resaltó su derecho a la resistencia, por lo que luchan por un territorio libre de minería. Alegó que esas actividades solo destruirían las prácticas agrícolas que se realizan en el sector. Hizo un llamado al presidente Daniel Noboa para que no envíe más uniformados al sector.

«No dé más alas (…) Ellos nos agreden y después la gente reacciona, ellos tienen corazón y les duele que quieran destruir nuestras naturaleza», comentó.

«Criminalizaron la protesta social»

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, comentó que las medidas contra la minería ilegal se radicalizarán. Reprochó que las autoridades pretendan confundir la «lucha legítima y apegada a los derechos» con terrorismo o narcotráfico.

«Hay que defender nuestros territorios (…) Existe una lucha real contra la minería ilegal y el narcotráfico», dijo.

Iza mencionó que el Grupo Nobis, perteneciente a la familia de Noboa, tendría capitales mineros en el país. Anticipó que el manejo político del gobierno pretendería garantizar a este grupo económico. Debido a las constantes amenazas, el colectivo presentó una demanda de inconstitucionalidad al manual del Ministerio de Ambiente para regular la consulta previa e informada.

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El presidente de Conaie, Leonidas Iza, ha expresado que esta consulta no atiende los problemas reales del país, sino que más bien parece ser una estrategia política para promover la reelección del presidente en 2025.

Leonidas Iza ha señalado que la consulta propuesta por Noboa no solo carece de soluciones efectivas para los ecuatorianos, sino que también representa una regresión en términos de derechos laborales y soberanía jurídica.

«Rechazamos rotundamente la intención de utilizar esta consulta popular para incorporar el contrato por horas, pues significa una regresión de derechos y una precarización laboral. También busca reconocer los tribunales de arbitraje internacional que presenta», enfatizó Iza.

El análisis del líder indígena

Iza ha criticado abiertamente las políticas neoliberales implementadas por el gobierno, las cuales incluyen ajustes económicos, aumento del IVA, eliminación de subsidios, privatizaciones y reformas laborales que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la población.

Esta postura de Conaie promete intensificar el debate político y social en Ecuador, así como movilizar a diversos sectores de la sociedad en contra de las políticas propuestas por el gobierno de Noboa.

El resultado de esta disputa entre el gobierno y Conaie no solo determinará el rumbo político del país en los próximos años, sino que también influirá en el debate sobre el modelo económico y social que prevalecerá en Ecuador en el futuro cercano.

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El colectivo alertó sobre la presencia de paramilitares armados en el sector. De la misma manera, señaló que los «vigilantes» atacaron a los campesinos de Las Pampas, un sector de Sigchos. En imágenes que circulan en redes sociales, se observa a uno de los afectados con golpes en su cabeza y mano.

«Responsabilizamos a Daniel Noboa de las consecuencias de su política minera», resalta el tuit del colectivo.

De la misma manera, la Conaie detalló que, el 7 de marzo de 2024, individuos armados paramilitares, identificados con la «Junta de Defensa del Campesinado», que se vincula con empresas mineras desde el 2021 se reunieron en Palo Quemado. Según el movimiento, el grupo armado realizó controles de carretera no autorizados, solicitaron documentación a los transeúntes y portaban armamento pesado.

Posterior a eso, el 9 de marzo, cerca de 20 campesinos fueron intimidados cuando se dirigían a una asamblea comunitaria. Además, ingresaron a sus domicilios y amenazaron a todos sus familiares.

«Todo eso a los opositores a la empresa canadiense y su subsidiaria La Plata. Todo eso en complicidad del Estado», reza el comunicado.

También acusó al gobierno y al presidente Daniel Noboa por incrementar el riesgo de enfrentamientos civiles violentos. En el comunicado, detalla que todos los procesos serían para beneficiar a las empresas mineras.

Una consulta inconstitucional

El Ministerio de Ambiente realizó una consulta ambiental en julio de 2023. El proceso fue calificado de ilegítimo por la población y declarado inconstitucional por la Corte Constitucional (CC). La Conaie enfatizó que esta acción se desató en medio de una represión hostil que dejó a seis campesinos lesionados, dos de ellos de gravedad.

Yasunidos también se pronunció al respecto y se solidarizó con sus compañeros de Sigchos, quienes sufrieron agresiones por resistirse a la minería. De la misma manera, responsabilizó al gobierno de los futuros actos y hechos que se desaten.

«Es su gobierno el que ha decidido de manera ilegal dar respaldo a proyectos mineros a pesar de la clara resistencia y oposición de las poblaciones en territorios», detalla el documento.

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«Eso es porque está protegiendo a los de su clase. Él (Noboa) conoce bien las supuestas relaciones de los albaneses con el anterior gobierno», dijo en Radio Pichincha.

Además, aludió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) busca a «personas oxigenadas» como Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa para continuar con su política neoliberal. Apuntó que las políticas económicas del presidente son la consecución de las acciones firmadas por Moreno en su periodo.

Alertó que en aquel documento ya se hablaba de una «flexibilización laboral, eliminación de los subsidios, privatizaciones e implementación de la minería en el país». Reprochó que el jefe de Estado haya firmado un contrato por más de USD 4.800 en Canadá, pese a la respuesta y negativa de los ecuatorianos.

«La pregunta es de dónde van a sacar tantas tierras para entregarles a las empresas mineras. Eso deberían preguntar a los productores, a los que viven de la tierra», expresó.

Sobre la reelección de Noboa

Iza argumentó que Noboa utilizó la violencia y la guerra contra el narcotráfico para «elevar su referencia política». Explicó que la consulta popular es la prueba más clara de este entramado, pues hay varios puntos que no necesitan tratarse en las urnas, sino que tienen la validación en la Asamblea Nacional o la Constitución.

«Lo que quiere es regresar los derechos laborales, la mayoría de trabajadores todavía siguen pensando que todo se va a solucionar y eso no es así», comentó.

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«Contra los pobres. que son víctimas del sistema económico, no tienen pena para humillarlos. La lucha aquí solo es contra los pobres», dijo en entrevista con La Calle.

Argumentó que quienes «deberían arrimar el hombro para el bienestar del país» son los 500 grupos económicos que se han beneficiado de las políticas del Estado entre 2010-2024. Puntualizó que estos sectores se beneficiaron en más de USD 58 mil millones entre remisiones y exenciones tributarias. De la misma manera, juzgó que el mandatario aproveche la delicada situación de Ecuador para «aplicar leyes en contra de los ecuatorianos».

«No meta la mano en la clase media. El 70 % de productos de primera necesidad gravan IVA y eso solo agravaría la situación. Debe recaudar los recursos de quienes sí se aprovecharon de esos beneficios», expresó.

El IVA solo afecta a la clase pobre

Iza apuntó que el incremento al IVA -en términos de pobreza- es una situación letal para los ciudadanos. Recalcó que con la propuesta del IVA, automáticamente sube el precio del combustible y por ende de todos los productos.

«La consecución es más pobreza. Esto solo hará que los jóvenes sean el punto fijo para ser reclutados por el crimen organizado», aludió.

Repitió que una de las alternativas es aplicar el artículo 165 de la Constitución del Ecuador, que permite cobrar por adelantado el impuesto a la renta. Según Iza, de aplicar esta resolución podrían recaudar USD 600 millones o USD 700 millones aproximadamente.

¿Eliminación o focalización de Subsidios?

Sobre las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre la posibilidad de un paro nacional, Iza comentó que no construyen «pretextos o eventos» para salir a las calles. Asimismo, enfatizó que deberían tomar en cuenta los acuerdos de las mesas de diálogo que se formaron con el exmandatario Guillermo Lasso.

En aquellas mesas propusieron una «focalización inversa», que establecía que los grupos económicos con un capital formidable paguen ese valor. Según el líder indígena, con eso se podría recuperar más del 25 % que pretenden hacerlo. Detalló que este impuesto será aplicado al capital neto de las utilidades de bancos o empresas; mas no al capital de trabajo.

«Estos sectores deben pagar combustibles sin subsidios. Da vergüenza que los bancos digan que se empobrecen, cuando son los que más se han beneficiado en los últimos años», dijo.

Sobre la moratoria al ITT

Iza mencionó que en términos jurídicos la moratoria que quieren implementar Noboa carece de sustento. Comentó que solo Orellana y Sucumbíos aportan al país USD 13 mil millones al año con la explotación petrolera. Sin embargo, de ese capital ni las comunidades indígenas ni la propia Amazonía se han beneficiado.

«Fue la voluntad popular que decidió esto. Se cubren para sí mismo y para sus beneficios, pero piden sensibilidad al país», cuestionó.

Reprochó que se pretenda seguir extrayendo dinero de la Amazonía para construir las nuevas cárceles que ofreció el presidente y seguirla contaminando. Alegó que si pretenden obtener más recursos deberían volteara a ver a los poderosos y no a la clase media.

«Quieren seguir sacando plata, construir cárceles y seguir contaminando nuestro territorio. Eso no parece lógico», afirmó.

Reestructuración puertas adentro

El líder indígena señaló que Guillermo Churuchumbi, coordinador electo de Pachakutik (PK), realiza cambios desde las estructuras provinciales del movimiento. Recalcó que en el periodo pasado, muchos exasambleístas de PK se «refugiaron en las políticas neoliberales» por el discurso correísmo- anticorreísmo que se forjó.

«Muchos compañeros se chumaron y se fueron a cualquier espacio. Algunos acabaron en el espectro de las políticas neoliberales», refirió.

Apuntó que la proyección del país no puede estar reducido a ese discurso, porque quienes aprovechan esos estamentos son los grupos de poder. De la misma manera, mencionó que participarán en los próximos espacios electorales, con candidatos nacionales y provinciales.

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«Está bravo porque quiere que imponga una mesa de diálogo para contarme cómo manejar la economía del país. El sentimiento de imposición no es adecuado», reprochó.

Mencionó que es absurdo hacer un paro en pleno estado de excepción, pues eso significaría enfrentarse al ejército. Sin embargo, el presidente del movimiento indígena hasta el momento no ha mencionado o anticipado alguna acción ante las medidas económicas del primer mandatario.

Apoyo internacional

Noboa aseguró que la delegación estadounidense que llegó al país brindará equipamiento, inteligencia, protección en fronteras y puertos. Además, generará estrategias para identificar las fuentes de financiamiento de los grupos delictivos. Añadió que se reunió con más de 30 embajadores que trabajan de manera conjunta para evitar que el narcotráfico se enfrasque en las arcas del Estado.

«Soy un presidente que está en guerra, es un riesgo que asumimos para acabar con los grupos narcoterroristas. Esto lo asumo con el apoyo de la Policía Nacional«, expresó en entrevista con La Posta.

No obstante, el presidente no estuvo tan de acuerdo con la cooperación que Nicolás Maduro pretendía brindar ante la crisis de seguridad que vive el país. Según él, ya tiene suficientes problemas en el país como para generar otras disputas a nivel internacional.

«Gracias, pero no gracias. No tengo una pelea con Maduro, pero no puedo generar más conflictos«, aludió.

Sobre el conflicto armado interno mencionó que las autoridades siguen las leyes internacionales de derecho. Aclaró que si no hay un «rendición» por parte del «grupo objetivo» se confronta con la fuerza.

«Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) hacen un trabajo extraordinario y devolvemos la paz a ciertas zonas donde perdieron la esperanza», apuntó.

«La cátedra de Ordóñez»

Noboa calificó como «un buen chiste» las declaraciones del exsecretario de Seguridad de Guillermo Lasso, Diego Ordóñez, sobre la labor de seguridad que se realiza en el país. Según el exfuncionario, el actual mandatario realiza las mismas actividades que Lasso.

«Hay una gran diferencia y creo que la mayoría del Ecuador se ha dado cuenta de las acciones que tomamos», dijo.

Ordóñez resaltó que pese a que Lasso decretó una serie de estados de excepción los niveles de violencia en el país no bajaron, por lo que «recomendó» que el gobierno actual no aplique soluciones reactivas.

La mano del FMI

Para el jefe de Estado, lo más atractivo para un multilateral es una situación económica adecuada y para ello se debería llegar a un IVA mixto. Es decir, «con un punto permanente y dos fijos«, mencionó. De la misma manera no descarta la posibilidad de focalizar los subsidios de manera que no afecte a la clase media o baja.

De acuerdo a sus declaraciones, solo los subsidios reflejan USD 4 millones (el monto del déficit fiscal) y lo óptimo sería reducir en un 25 % a los segmentos que sí pueden pagar.

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