Además, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, solicitó el desarrollo de la hoja de ruta del proyecto a la Secretaría de Ambiente. El objetivo del burgomaestre es que los diferentes planes de la ordenanza «sean implementados lo antes posible«.

A fin de gestionar el territorio, también se pretende hacer frente a los posibles desastres naturales relacionados al cambio climático o por efecto antrópico. Además, se busca mantener los servicios ambientales, reducir riesgos y conservar la biodiversidad de la ciudad.

La decisión fue tomada con 23 votos a favor, este martes 4 de julio. Asimismo, incluyó el mecanismo «silla vacía», es decir, se toma la voz y pronunciamiento de los ciudadanos.

Esta medida tiene el propósito de generar una economía verde-azul, ya que la economía verde consiste en que empresas y consumidores inviertan más para satisfacer sus necesidades sin afectar al medio ambiente. Sin embargo, la idea resulta insostenible a largo plazo pues pocos pueden costear ese tipo de modelo de vida.

Por otro lado, la economía azul utiliza los residuos como recursos para tener beneficios económicos sostenibles. Así, la norma aprovecharía los servicios relacionados a la recreación y salud valiéndose de los servicios del ecosistema.

La ordenanza busca generar responsabilidad y presupuesto para el cuidado de fuentes hídricas, como cuencas, quebradas y relativos.

Antecedentes de la ordenanza de infraestructura

El pasado 19 de enero de 2022, la Corte Constitucional (CC) emitió la sentencia Nro. 2167-21-EP/22, que estipula las acciones que debía implementar el Municipio en base a la normativa ambiental.

La Corte dictaminó acciones de corto y mediano plazo que se resuelven en tres medidas concretas de reparación enfocadas en la no repetición y rehabilitación:

1. Expedición de una ordenanza verde-azul.
2. Proteger la casa Hacienda Patrimonial ejecutando obras que estabilicen el cauce del río en el tramo La Esperanza.
3. Definición de una política pública que aterrice un plan complementario del río Monjas, el cual contemple medidas a corto, mediano y largo plazo. (S.B.)

Crecimiento poblacional complica el abastecimiento de agua en Quito

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“Lamentamos profundamente la decisión del Concejo de rechazar la comisión fiscalizadora del Metro de Quito pero seguiremos trabajando incansablemente para recuperar la confianza de la ciudadanía”, dijo Wilson Merino, proponente de la iniciativa.

El principal apoyo a este proceso de control fue por parte del alcalde de Quito, Pabel Muñoz quien manifestó que es importante cuidar cada centavo invertido en este proyecto de movilidad para la capital.

Debate

Existieron varios puntos sobre la mesa, por ejemplo el concejal Darío Cahueñas manifestó su posición en contra de la iniciativa ya que argumentó que la fiscalización es facultad de los 21 concejales y no de una sola comisión.

Uno de los problemas centrales en el debate sería el presunto conflicto de intereses de los miembros que lleguen a conformar esta comisión. Sin embargo, el concejal Andrés Campaña dijo que la idea sería construir diálogos y consensos para construir una comisión multipartidista a cargo del control de los contratos del Metro de Quito.

»Tenemos que entender que el Metro de Quito es la obra más significativa que se ha llevado a cabo en nuestra ciudad. Ha significado una inversión de USD 2.100 millones», dijo en su intervención.

También Bernardo Abad expresó su respaldo a esta fiscalización, sin embargo, cuestionó si un grupo de delegados serían capaces de hacer esta labor. Además pidió al burgomaestre que la Contraloría realice un examen especial a esta obra. Más tarde, se abstuvo de la votación.

Los votos

Los ocho votos a favor vinieron de parte del alcalde Pabel Muñoz, el concejal Andrés Campaña por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y los concejales por la Revolución Ciudadana (RC5):

• Emilio Uzcátegui
• Wilson Merino
• Blanca Paucar
• Diana Cruz
• María Fernanda Racines
• Adrián Ibarra

Por otro lado, los votos en contra fueron disparejos en cuanto a la representación de partidos y alianzas políticas:

• Ángel Vega (ID)
• Cristina López (Alianza UIO)
• Darío Cahueñas (ID)
• Estefanía Grunauer (Juntos por la Gente)
• Fidel Chamba (Alianza UIO)
• Juan Baez (Juntos por la Gente)
• Sandra Hidalgo (Alianza UIO).

A la sesión faltó la concejal Analía Ledesma (ID) y Joselyn Mayorga (Juntos por la Gente). En cuanto a las abstenciones se registró lo siguiente:

• Bernardo Abad (Va por ti)
• Diego Garrido (Quito Vuelve)
• Gabriel Noroña (Juntos por la Gente)
• Gabriela Quiroga (Alterna)
• Michael Aulestia (Va por ti)

La propuesta

El 31 de mayo el concejal Wilson Merino propuso al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, crear una comisión que fiscalice los contratos y el funcionamiento del Metro de Quito.

El objetivo era observar los contratos de construcción, fiscalización y gerenciamiento del metro. Además, vigilar el contrato de material rodante, entrega de recepción de la obra, equipos auxiliar, cierres y liquidaciones.

También, planteó revisar las actividades para la operación de la línea de transporte, fases de implementación de servicios, inauguración, sistema de recaudación y los medios para que la obra se entregue de manera correcta.

“Sugiero la conformación de una comisión con cinco concejales o concejalas en observancia”, detallaba el documento. (A.G.M).

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El Concejo Metropolitano de Quito aprobó esa resolución con 18 votos a favor y cuatro abstenciones, el pasado 24 de mayo. Según Merino, los servidores que no votaron tendrán que rendirle cuentas a la ciudadanía.

«Hay que ser coherentes con lo que se propone en campaña y cuando se toma acciones. Ya es hora de que los concejales dejen de recibir beneficios innecesarios», mencionó en entrevista para Radio La Calle.

Además, enfatizó que uno de los propósitos del Municipio es reactivar una economía con empleos dignos. Detalló que a partir de esa iniciativa se trabajará en una imagen internacionalizada con una imagen que reúna todos los símbolos de la capital.

Merino apuntó que es necesario reducir el número de comisiones en la institución. Manifestó que las 21 mesas técnicas que existen retrasan la revisión de los proyectos pendiente.

Sobre el accidente de Guayllabamba

El concejal indicó que la entidad solicitó toda la información sobre el siniestro y los implicados en el caso. Apuntó que señalaron de manera injusta al conductor del vehículo.

«La responsabilidad también recae sobre la empresa para la que trabajaba el señor, salud ocupacional, gestión de riesgos, revisión vehicular. Además, fiscalizaremos el tema de las vías de igual manera», finalizó.

La ordenanza

El alcalde Pabel Muñoz, en entrevista con Radio La Calle, recalcó que los servidores no tienen el papel de administrar sino fiscalizar. ”En campaña me decía la gente del sector privado que no se saca nada teniendo a los concejales en los directorios de las empresas pública. Tienen toda la razón”, dijo. (N.J.C)

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La propuesta se aprobó con 18 votos a favor y cuatro abstenciones, en una sesión instalada el 24 de mayo. Antes de la resolución, las estatales administradas por el Municipio estaban conformadas por dos concejales, dos delegados del Alcalde y el gerente de la empresa.

Tras la decisión del Concejo, los directorios estarán conformados por el Burgomaestre o su delegado, el secretario de Planificación y el titular de la Secretaría a cargo de la estatal.

Se prevé que en los próximos días se designen a los gerentes que estarán al frente de las diferentes empresas.

¿La razones?

En entrevista con Radio La Calle el alcalde de Quito, Pabel Muñoz aclaró que no tiene nada en contra de los concejales actuales. No obstante, recalcó que su función es fiscalizar, más no administrar.

»En campaña me decía la gente del sector privado que no se saca nada teniendo a los concejales en los directorios de las empresas pública. Tienen toda la razón», dijo.

Planes de seguridad

Desde la Alcaldía se tendrán reuniones periódicas con el coronel del Municipio de Quito para mejorar el ámbito de seguridad en la capital. “En esta última semana han bajado los niveles de inseguridad, no a los niveles que quisiéramos, pero no han subido”, agregó.

El compromiso de la cabecera cantonal es conocer la situación de los UPCs de Quito para analizar cuales son los que funcionan y así construir otros idénticos. “Vamos a adecuar 44 UPCs hasta el 15 de junio e incorporar a 1126 policías, a los cuales les dotaremos de motocicletas”, declaró. (A.G.M).

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“Vance es alguien que viene de las minorías, representando a la causa GLBTIQ. Es alguien que nos va a ayudar a seguir sosteniendo una visión progresista”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Merino comentó que no alcanzaron las firmas necesarias para que el movimiento sea una organización política, pero representaron a 200 mil ciudadanos que firmaron los formularios.

“Nos quedamos con 30 mil adherentes y se necesitan 34 mil para tener el registro», detalló el dirigente.

La alianza con RC

Además, manifestó que tuvieron una asamblea y se tomó la decisión de ir con alguien que pueda adoptar su agenda centrada en cuatro ejes: equidad, feminismo, ambientalismo y finalmente innovación.

“Nos hemos puesto de acuerdo con Pabel Muñoz en esos 4 elementos para construir un Quitos sostenible”, aseveró Merino.

El promotor destacó que Pabel Muñoz es un técnico que tiene amplia experiencia en la política, conoce muy bien temas de planificación y además es alguien que ha participado en el diseño e implementación de políticas públicas.

“Una de las opciones también es que yo lidere la lista de concejales por el Distrito Centro, que es donde hemos centrado gran parte de nuestros esfuerzos. Mi rol es acompañar desde la integralidad”, afirmó Merino.

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“Las normas dice que se debe presentar esta moción con 48 horas de anticipación, pero existe un tratamiento excepcional cuando el tema es coyuntural y emergente. ¿No es coyuntural y emergente aclarar en qué se encuentra implicada la autoridad de la ciudad?», se preguntó en entrevista con Radio La Calle.

Reina recalcó que la Contraloría aceptó la denuncia presentada el 2 de febrero y en la Fiscalía también existe una denuncia presentada el 9 de febrero. El concejal presentó documentos de la Superintendencia de Compañías que evidencian que Guarderas es accionista de Coppa & Pi Inmobiliaria S. A. Esta empresa tiene sus bienes en paraísos fiscales.

El concejal reiteró que la denuncia presentada en la Fiscalía es por perjurio, debido a que Guarderas habría omitido esos bienes en la Declaración Juramentada, que debe presentar todo funcionario público. Asimismo, existe una denuncia que se encuentra en la Contraloría la presunción de tener bienes en paraísos fiscales.

 “Todos los quiteños necesitamos respeto, transparencia y eso es lo que estoy exigiendo. ¿Alguien puede estar por encima de la ley? ¿El alcalde puede estar por encima de la ley?”, cuestionó el concejal.

Reina sostuvo que Guarderas debería presentar la documentación respectiva y demostrar que no tiene ninguna vinculación con paraísos fiscales.

“No hay documento público, nosotros lo hemos invitado a desvanecer las denuncias en las que está implicado”, aseguró Reina.

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Una investigación a Guarderas no le compete al Concejo Metropolitano, dice Brith Vaca.

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La moción obtuvo 11 votos en contra, 6 a favor y 4 abstenciones. Entre los 11 que negaron la moción se encontraban concejales como Brith Vaca, Bernardo Abad, Luz Elena Coloma y además el mismo alcalde, Santiago Guarderas.

Abad señaló que ‘crear una comisión de la verdad que investigue los vínculos del alcalde con empresas offshore no es factible’. A estas declaraciones se sumaron las del alcalde. Guarderas manifestó que organismos como la Fiscalía y la Contraloría deberían investigarlo, ‘no el concejo metropolitano’.

La empresa de Guarderas: Coppa y Pi S.A

El nombre del alcalde que reemplazó a Jorge Yunda, figuraría en los accionistas de una empresa domiciliada en Panamá. Esta misma empresa guarda relación con la inmobiliaria a cargo del proyecto «Urkupamba». Cabe recordar que desde la consulta popular del 2017, ningún funcionario público puede poseer algún tipo de empresa en paraísos fiscales.

La empresa extranjera Quevedo Ponce Incorporated es la principal accionista de la inmobiliaria Coppa y Pi S.A. perteneciente a Santiago Guarderas. Esta, lleva funcionando desde 1996 y en 2010 estos datos se difundieron. Guarderas, junto con su hermano aún aparecen en los datos tributarios públicos de su empresa. Versión contraria a la que expresó el alcalde donde estipulaba que se desprendió de ella antes de ejercer cargo público.

Un dato llamativo es que Guarderas poseía un estudio jurídico Quevedo y Ponce ubicado precisamente en la misma dirección que la empresa extranjera Quevedo Ponce Incoporated: Av. 12 de octubre y Lincoln. El estudio fue develado en como un intermediario de empresas offshore. El consorcio internacional de periodistas a cargo del caso Pandora Papers reveló este dato en 2016.

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Quito, 20 de oct, (La Calle).- Descontento entre los concejales tras la aprobación del día de ayer de las nuevas comisiones del Concejo Metropolitano.
El Alcalde Santiago Guarderas, convocó el día de ayer a una sesión ordinaria de Concejo para definir la reestructuración de las comisiones, directorios de empresas municipales y delegados para el Concejo.

De los 21 votos que se cuentan en el Concejo Metropolitano, trece estuvieron a favor, dos en contra y seis se retiraron de la sesión. Lo que muestra una división en el Concejo y discrepancias entre los ediles.
El descontento de los concejales se debe a que el listado de los nuevos grupos de trabajo se informó en la mañana, sin ninguna antelación. María Paula Izurieta nombró a la distribución como un «reparto de la gente», así lo mencionó en su cuenta de Twitter.

La vicealcaldesa Brith Vaca en una entrevista en Radio Sonorama, explicó que “Aparentemente se podría decir que hay un nuevo reparto, por eso mencioné que se suspenda el punto por un tiempo, que se socialice la lista, porque el listado fue entregado ese momento, previo al tratamiento del punto”.

Según recogió el Universo, la concejala Andrea Hidalgo enfatizó que no se ha realizado una mesa de trabajo para la conformación de las comisiones.

A opinión de la vicealcaldesa las comisiones no han sido reestructuras, sino, que más bien ciertas personas se han movido. “Los cambios no han sido ni técnicos, ni políticos, no sé de qué índole sean, pero si nos hubiese gustado armar una mesa de trabajo” enfatizó Brith Vaca.

El concejal Luis Reina, miembro de la comisión de salud, también manifestó su descontento por la nueva reestructuración del Concejo.

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«Denuncio públicamente amenazas contra mi vida, espero se investigue y se proteja a una autoridad electa en las urnas, la violencia no es el camino para hacerse de mi cargo», escribió el primer personero de la ciudad en sus redes sociales.

El mensaje habla del vehículo en el que se moviliza el alcalde capitalino a la vez que presupone que debería conocer quién dio la orden de asesinarlo.

Después de asegurar que por el pago de USD 3.000 le darían seguridad, el mensaje anuncia que el pago deberá hacerse en México o Colombia. Además, termina con una tétrica amenaza: «Estos son los últimos mensajes; caso contrario despues (sic) no acepto negociaciones».

Denuncio públicamente amenazas contra mi vida, espero se investigue y se proteja a una autoridad electa en las urnas, la violencia no es el camino para hacerse de mi cargo. pic.twitter.com/I4VmLVewM4

— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) September 7, 2021

El alcalde capitalino enfrenta un proceso de investigación por la compra de pruebas PCR durante la pandemia, además de un proceso de remoción que inició en el propio Concejo Metropolitano. Por ahora, Yunda se mantiene en el cargo tras una decisión de la Corte Provincial de Pichincha, que le otorgó medidas de protección.

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De este concejal de apellido Morales, del que no se conoce ni el nombre ni el partido, ni la comisión a la que pertenece, ni su breve biografía, ni nada; nunca oí ni leí un aporte profundo ni algo que le haya dado relevancia previa o como edil. Pero si la solución a los conflictos pasa por el insulto, la amenaza o la agresión, dice mucho de quién será este señor.

Nunca he callado ante el sr. Yunda sino que lo he cuestionado y lo he criticado con frontalidad. Peor aún el emporio mediático de frecuencias levantado pero rechazo el golpe, el lafware, el racismo subyacente y la agresión contra cualquiera.

Los torcidos métodos solo traerán torcidas consecuencias, nunca soluciones. Y quien aplauda o justifique la agresión, es tanto o peor que el agresor.

La gente (cualquiera) que usa la fuerza física en lugar de la razonada reflexión crítica, al estilo irracionalidad troll de la red social, solo puede ofrecerte esto, a la ciudad y al país: violencia, agresión, escándalo, odio, mal ejemplo y agresividad social.

El escalamiento de la fuerza, como resolución a un conflicto, solo traerá más virulencia. ¿No hay argumentos? Es un edil. No es un activista.

Jamás se me ocurrió lanzar en 30 años de lucha de DDHH contra nadie, ni siquiera contra Rumsfeld o los chacales del caso Restrepo, ceniceros dahikianos o vasazos bucaramecos o agua o lo que fuese. Aplaudí al irakí que le lanzó un chancletazo a Bush en la Bagdad bombardeada, pero porque era un padre de familia humilde que sabía que sería detenido y procesado torturado y desaparecido apenas lo aprehendieran.

Pero este edil sabe de su poder apellido y clase social impune. No será ni siquiera arrestado. Tiene fuero es decir inmunidad. Pero toda acción trae siempre reacción. No se veía este tipo de agresividad y actitud matonil en Quito sino en los municipios socialcristianos o bucaramistas.

¿»El gobierno del encuentro» y el presidente que fue agredido con su esposa en el 2017 en el Estadio Atahualpa, con quienes me solidaricé de inmediato, se pronunciará a favor de la civilizada discusión de las diferencias, o justificará la violencia al alza en las redes y en el municipio de Quito?

No me siento representado ni por Yunda, ni Guarderas, ni Luz Elena Coloma, ni Sevilla, y peor aún por Abad.

Ninguno de ustedes me representa. Dejen de mangonear la ciudad a su antojo.

Diálogo, paz y respeto a la diferencia. Eso fue Quito un día.

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En medio del discurso del alcalde sobre la gesta heroica del 10 de agosto, el concejal Morales se acercó a la tarima y le lanzó un vaso de agua al burgomaestre diciendo “eres un sinvergüenza, renuncia. Ten un poco de decencia, Quito no merece lo que estás haciendo”.

Tras la agresión, Yunda respondió: “estos ataques son los que sufrimos todos los días”.

En horas de la tarde grupos a favor y en contra de Jorge Yunda marcharán hasta la Corte Constitucional. Allí mostrarán su posición sobre su remoción y posterior regreso a la alcaldía de la Capital.

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Quito, 4 Ago (La Calle).- Eduardo Del Pozo, concejal de Quito, mencionó que si es necesario presentar una renuncia del Consejo Metropolitano, lo harán, con la finalidad de que Jorge Yunda presente su renuncia.

Entre las diversas soluciones, el funcionario habló de una posible renuncia de parte del Concejo metropolitano de Quito, dejando de lado la elección popular. El propósito sería presionar al alcalde Jorge Yunda para que también emita su renuncia.

Del Pozo mencionó que no se está aferrando al cargo, pues está comprometido con la ciudadanía y por ello se mantiene en lucha por la transparencia. Dice querer erradicar la corrupción de la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito.

Crisis en el Municipio

El caso Yunda tiene dos sentencias, la del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Corte Provincial. De manera que Quito se mantiene con dos alcaldes y aún no se existe una solución clara para esta crisis.

Tras la resolución de la Corte Provincial de Pichincha, Jorge Yunda se ha mantenido en el cargo, mientras que Santiago Guarderas se niega a admitir aquella resolución.

El TCE está tratando de tomar acciones para que se haga cumplir su sentencia. Llegar a una solución podría tomar al menos tres o seis meses, pero la ciudad no puede mantenerse en zozobra durante tanto tiempo, indicó Del Pozo.

A las calles

Para el concejal, otras soluciones bordean la posibilidad de que los ciudadanos salgan a las calles a hacer efectiva la sentencia del TCE.

Mientras se encuentra una solución jurídica, los concejales han recibido convocatorias por parte de Yunda y Guarderas. No obstante, las convocatorias de Guarderas no tienen ni pies ni cabeza, pues el mismo  Del Pozo comentó que las puertas se les han cerrado, además de que ni el propio Santiago Guarderas asiste.

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La Secretaria de Salud obtendrá las pruebas PCR del Ministerio de Salud Publica (MSP) para detectar la inminente llegada de la variante Delta y la subvariante Delta Plus. “Se realizará con una entrevista previa, porque lo interesante de la variante Delta es que no presenta síntomas conocidos como la pérdida del olfato. Hemos visto que se presentan síntomas como abundante congestión nasal, dolor de garganta, de cabeza y fiebre. Y en la temporada actual de Quito puede confundirse como un catarro o resfriado”, dijo Catalina Yépez, directora metropolitana de políticas de Salud.

“Todo es COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario”

Catalina Yépez, directora metropolitana de políticas de Salud.

Variante Delta no identificada

El Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) informó, al medio día, que la variante Delta del COVID-19 aún no se ha identificado en Quito.

Las muestras fueron enviadas por diferentes laboratorios y hospitales de la ciudad. Desde la semana anterior, la Secretaría de Salud tomó muestras de hisopado nasal en las 10 parroquias con más casos notificados de coronavirus, a fin de que el laboratorio de la USFQ identifique en la secuenciación genómica si se trataba de una de las variantes de riesgo.

La variante delta y la subvariante delta plus del SARS-CoV-2 se caracterizan particularmente por ser entre un 30 y un 60 por ciento más transmisibles que otras. En un tuit, publicado este 17 de julio del 2021, el Instituto Microbiología USFQ asegura que en Quito no se ha identificado la variante Delta en la capital, pero que el Municipio no enviado sus 50 muestras para en análisis.

La variante delta y la subvariante delta plus del SARS-CoV-2 se caracterizan particularmente por ser entre un 30 y un 60 por ciento más transmisibles que otras. En un tuit, publicado este 17 de julio del 2021, el Instituto Microbiología USFQ asegura que en Quito no se ha identificado la variante Delta en la capital, pero que el Municipio no enviado sus 50 muestras para en análisis.

Riñas en el Municipio

La remoción del alcalde, Jorge Yunda, sigue siendo el tema de varios concejales. Bernardo Abas criticó la gestión municipal y el accionar de la Secretaria de Salud, ya que “desde el 24 de junio, el COE metropolitano no se reúne con el COE Nacional”.

El concejal Marco Collaguazo realizó un llamado de atención a Abad para que respetara las normas de bioseguridad en la sesión y se pusiera su mascarilla. La respuesta Abada fue: “Con mascarilla, pero no con la boca tapada”, acto seguido, se fue de la reunión.

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Quito, 6 de jul (La Calle).- El alcalde Jorge Yunda presentó un pedido de ampliación y aclaración al Tribunal Contencioso Electoral sobre su remoción aprobada en la sesión del Concejo Metropolitano del 3 de junio del 2021.

Sin quórum en la sesión del Concejo

La reunión del Concejo Metropolitano convocada por el alcalde de Quito no se realizó por falta de quórum. Solo 7 de 21 concejales asistieron a la cita en el sur de Quito, en el parque principal de la Cdla. El Ejercito 1.

Siendo las 09h21, el alcalde anunció la cancelación de la reunión del  Consejo Metropolitano. Los propósitos de la reunión eran presentar el Informe de la Secretaria de Salud, el Informe de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, y  tratar el Informe de Secretario de Movilidad, respecto al concurso de rutas y frecuencias.

“En el orden del día estaba previsto tratar el informe de Salud en una situación tan dura y difícil, con la amenaza de nuevas cepas del COVID-19. Lo que llama la atención es que, por pedido del vicealcalde y los concejales que no asistieron a la sesión se puso en el orden del día presentar el informe de movilidad respecto al concurso de rutas y frecuencias”, explicó Yunda.

La concejala por el sur urbano Blanca Paucar, expresó su molestia por la inasistencia del resto de concejales. “Me apena muchísimo que esta sesión no se realice. Hay temas tan importantes a tratar como el tema de la basura que nos ha afectado tanto durante décadas, el tema de movilidad, los temas de la salud respecto a la COVID-19”. “Solo a 8 miembros (incluyendo al alcalde) les importa el sur de Quito, ¿y los demás?”, añadió.

El concejal Marco Collaguazo, expresó que “si una sesión ha sido convocada  legalmente, tenemos la obligación de asistir. Donde convoque el alcalde legalmente elegido y posicionado, ahí estaré. Me convenga o no políticamente, ahí estaré”.

Manifestación en los exteriores

Finalizada la sesión, el alcalde buscaba reunirse con su mesa de trabajo. No obstante, en los exteriores del Parque Principal de la Cdla. El Ejercito, varios ciudadanos procedentes de Calderón manifestaron su malestar respecto a la crisis política en el Municipio de Quito y sobre el problema que tienen con los “invasores del bloque A36”.

Jonathan Jácome, uno de los líderes del Frente Pro Mejoras de Calderón afirmó que “hay más de 6000 vecinos en Calderón que se ven afectados por los invasores”. “Nos han amenazado de muerte. Incluso, entraron a mi casa para machetaerme. Si el Municipio no toma acciones pronto, saldremos a las calles”, aseguró el dirigente.   

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La entrada 14 Concejales faltaron a sesión convocada por Yunda se publicó primero en La Calle.

Los funcionarios presentes fueron: Soledad Benítez de la Revolución Ciudadana (RC), Luis Reina (RC), la concejalas alternas Marcia Méndez y Josselin Delgado (RC), Orlando Nuñez (RC), Blanca Paucar (RC), y Marco Collaguazo (Unión Ecuatoriana).

“Cada concejal tiene la conciencia de responder a los temas de la ciudad. El alcalde lo único que cumplir es en convocar. Soy legítimamente alcalde, a mí nadie me ha regalado nada. Se trata de intereses políticos y de reparto. Una jueza provincial dice que e violaron mis derechos en el proceso de remoción”, dijo Yunda a la prensa.

Un grupo de vecinos de la parroquia Calderón “Comité Pro Mejoras” se manifestaron en contra del vicealcalde Santiago Guarderas en las afueras de la Ciudadela Ejército 1. También le pidieron al burgomaestre solucionar las invasiones en su territorio.

En la otra orilla

Los 14 concejales y el vicealcalde “La sesión carece de legitimidad. La resolución de remoción fue ratificada por el TCE y es una pérdida de tiempo”, dijo la concejal Analía Ledesma.

Por su parte, el concejal Bernardo Abad indicó que “no hemos acudido a la convocatoria del exalcalde Jorge Yunda, porque es ilegítima, y no podemos validar esos actos irresponsables del Alcalde removido”.

En un tuit también denunció actos de corrupción en la Empresa Municipal de Agua Potable. “Denuncio públicamente que desde la Empresa de Agua se pretendería adjudicar procesos de contratación que el actual gerente, en su anterior administración, no pudo hacerlo. En caso de concretarse, procederé con las denuncias correspondientes ¡No permitiremos más corrupción!”.

Un nuevo recurso

El alcalde presentó en el Tribunal Contencioso Electoral un pedido de ampliación y aclaración de la resolución que ratificó la legalidad de la actuación del Concejo Municipal en su remoción. El Tribunal tendrá dos días para resolver esta acción.

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“Presentamos ante el Concejo Cantonal la denuncia para el proceso de remoción del Alcalde de Quito con dos causales establecidas en el COOTAD: incumplimiento de Ley expresa y malos manejos y despilfarro de fondos del Cabildo quiteño”, expresó en entrevista con Notimundo.

Hallo explicó que Yunda tenía el 75% de rechazo hace más de un mes. Ahora el proceso legal que enfrenta por presunto peculado y los supuestos negocios de su hijo Sebastián Yunda con el Municipio de Quito “le está costando el puesto”, señaló.

La Plataforma además presentó una denuncia formal por delitos de delincuencia organizada, asociación ilícita y tráfico de influencias respecto a las personas que mencionan en los chats de los teléfonos celulares del Alcalde Yunda y su hijo, así como por las irregularidades presentadas al interior de Empresas y Secretarías Municipales.

Proceso de remoción

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece que el proceso será atendido por la Comisión de Mesa. Esta normativa expresa que entre sus funciones, la Comisión “recibirá y calificará las denuncias de remoción de la Alcaldesa o Alcalde así como de las concejalas y concejales en los términos establecidos en la normativa nacional vigente”.

La Comisión de Mesa estará conformada por dos concejalas o concejales designados por el Concejo Metropolitano, por la primera Vicealcaldesa o Vicealcalde, y la Alcaldesa o Alcalde quien la presidirá. ESte grupo estará conformado por: el Alcalde, el vicealcalde Santiago Guarderas y los concejales Fernando Morales y Mónica Sandoval.

El proceso de remoción se efectuará a través del Concejo Metropolitano de Quito y finalizará luego de un juicio con el voto de las dos terceras partes de los 21 Concejales, es decir 14 votos.

Sesión del Concejo Municipal se suspendió

La mañana del 30 de marzo, la Sesión Ordinaria No. 132 del Concejo Metropolitano de Quito se suspendió debido a la falta de quórum, toda la bancada de la Revolución Ciudadana no se presentó.

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Al momento, Yunda ha emitido cerca de seis respuestas en Twitter, tres dirigidas tanto al exalcalde de Quito Roque Sevilla, el presentador de televisión, Carlos Vera como al Concejal de Quito por el Movimiento Izquierda Democrática, Bernardo Abad. Los tweets restantes fueron para los medios de comunicación FM Mundo y Teleamazonas.

El sociólogo, Edgar Vega explicó que “esa apelación se produce porque la sociedad en la que vivimos es estructuralmente racista y clasista. El episodio político actual revela que se articulan dos variables de opresión; por un lado perspectivas racistas de la sociedad y, por otro, estructuras altamente clasistas”.

Estas perspectivas están latentes en los dos casos, asegura Vega, tanto en el Alcalde de Quito, como en los personajes públicos que se han pronunciado sobre el proceso legal que enfrenta Yunda por presunto peculado en la compra de pruebas Covid-19.

En palabras del experto, en esta confrontación surgen tres procesos: judicial, sociocultural y político, que, en las circunstancias actuales se conectan y no permiten que la sociedad cuente con procesos transparentes.

El Concejo Metropolitano de Quito

El Concejo Metropolitano de Quito es un espectador privilegiado sobre el proceso legal que enfrenta el Alcalde Jorge Yunda. Al respecto algunos concejales ofrecieron sus posturas frente al tema.

Al momento, se conoce que el proceso investigativo durará 30 días, mientras tanto, el burgomaestre deberá continuar con sus funciones. Para mañana, se prevé que se produzca la primera sesión del Concejo Metropolitano de Quito, después de la sentencia judicial.

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El pasado 16 de febrero, la Corte Provincial de Justicia emitió medidas cautelares para Yunda: presentación periódica, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país. Tres días después, el grillete fue colocado. En ese lapso, el panorama se resume en “un derroche mediático innecesario y, posiblemente, una plataforma política para las personas que quieran utilizarlo”, según manifestó a Radio La Calle, la concejal de la Izquierda Democrática, Analía Ledesma.

La Concejala señaló que no es algo idóneo lo que están viviendo tanto la prefecta Paola Pabón, como el Alcalde Jorge Yunda. “Ellos tienen que ejercer sus funciones (…) todas las personas tenemos derecho a la legítima defensa y presunción de la inocencia mientras no existe una sentencia ejecutoriada”, añadió.

Ledesma aseguró que no votará a favor frente a alguna iniciativa de destitución del Alcalde por parte del Concejo de Quito. «Yo no me prestaré para supuestas destituciones del poder del señor Alcalde, no contarán con mi voto».

¿Remoción del cargo?

En este último punto, coincide la Concejala Mónica Sandoval. “Ningún miembro del Concejo Metropolitano de Quito tiene facultades jurisdiccionales, por lo tanto, no podemos juzgar si hubo o no delito”. Aseguró que en las medidas de sus capacidades, emitirán alguna resolución sobre el caso.

Sandoval argumentó que, según el artículo 332 del Cootad (Código orgánico de Organización Territorial), una remoción del cargo del Alcalde no estaría enmarcado dentro de la causal. La causal establecida en el artículo 333, numeral a, refiere que debe existir una sentencia ejecutoriada; “en este caso no existe porque el proceso e investigación están en su fase incipiente”, finalizó la Concejala.

El caso del exsecretario Mantilla

Entre los Concejales que cuestionan el caso está Omar Cevallos del Movimiento Concertación. Meses atrás, Cevallos cuestionó la presencia del exsecretario de Salud, Lenin Mantilla.

“Me parecía que había excesos en los gastos. En la compra de pruebas no se tuvo ninguna planificación. Ahora hay un cuestionamiento grave porque se compró una cosa y se entregó otra. Esto llamó a Fiscalía a empezar la investigación del caso. Como el Alcalde es el personero mayor de la ciudad, lo han vinculado en este caso”, dijo.

Cevallos mostró “preocupación” por la administración de la ciudad. Aseguró que el mismo Alcalde deberá decidir las actividades que podrá cumplir. Hizo un llamado a que este caso y los pendientes “tengan celeridad”. Al momento, se conoce que el proceso investigativo durará 30 días, mientras tanto deberá continuar con sus funciones. Para mañana, se prevé que se produzca la primera sesión del Concejo Metropolitano de Quito, después de la sentencia judicial.

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“Se ha trabajado durante un año y ocho meses en una alianza estratégica y en cinco días se cambia del modelo de contratación. Se tendrá que trabajar en eso y presentar al Concejo Metropolitano la forma como se impulsará la operación del Metro”, señaló el concejal Fernando Morales.

Yunda dijo que pedirá los pronunciamientos de la nueva Gerenta de la Empresa Metro de Quito, Andrea Flores.

El burgomaestre reiteró que “prefiere” que se pronuncie la gerencia del Metro de Quito, al tratarse de un “tema técnico”. El concejal Juan Carlos Fiallo exigió que se elija una autoridad única que cumpla con varias actividades:

1) Definir las rutas y frecuencias.

2)Ampliar el sistema hacia Calderón.

3) Determinar el sistema de recaudo.

Fiallo aclaró que estos procesos deben definirse antes del 31 de marzo del año en curso.

La concejala Mónica Sandoval, solicitó la intervención de la empresa fiscalizadora Quito Honesto en el tema de la contratación de la empresa operadora del Metro. Además exigió que el Alcalde presida el directorio del Metro, “hay que tomar las riendas del proyecto más importante que tiene Quito”, finalizó.

La vicealcaldesa Gissela Chalá dijo que el Pleno del Concejo debe tomar decisiones y que” no sea privilegio de cinco personas”.

Chalá también solicitó a Yunda que presida el directorio para que no le cuenten las decisiones que se toman porque además le han “contado mal”.

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En medio de la sesión, el Alcalde Jorge Yunda salió a atender una llamada telefónica y ya no se reintegró a la sesión. El vicealcalde Santiago Guarderas tomó su lugar y dispuso un receso de 10 minutos para que el Alcalde se reintegre, sin resultados.

El concejal Fernando Morales se pronunció: les pido a los compañeros y compañeras concejales que exijamos la presencia del señor Alcalde.

No es posible que cada vez que cada vez que hay un tema conflictivo siempre se salga corriendo y se le saque el cuerpo a las responsabilidades de la ciudad”.

La sesión no se concretó, se canceló y reprogramó para las 10h00 de este martes 12 de enero.

El docente Fernando Carrión asegura que entre el Concejo Metropolitano de Quito y el alcalde Jorge Yunda hay «un problema de carácter estructural porque el Alcalde llega al cargo con el 21.35%, una cantidad muy pequeña, y eso le da la posibilidad de tener un bloque en el Concejo Metropolitano de tres Concejales».

Otra candidata Luisa Maldonado llegó con el 9%. Esto hace que el Alcalde Yunda tenga un Consejo de minoría (bloque de 3, de un total de 21) y haya un segundo bloque de mayoría con 9. «Este panorama hace que sea muy complejo construir mayoría y establecer políticas de gobernabilidad», aseguró Carrión.

La delgada línea roja: las relaciones entre los Concejales

El Concejo está compuesto por 21 Concejales agrupados en seis bloques políticos, esto hace imposible que cualquier fuerza política pueda construir una mayoría para decidir temas de gobernabilidad, según el análisis del experto.

«Me da la impresión de que los concejales están pensando mucho más en la política que en la ciudad», señala Carrión.

En 2017, Jorge Yunda fue elegido asambleísta por Pichincha por el Movimiento Alianza País. Dos años más tarde, en 2019, fue electo alcalde de Quito por el Partido Unión Ecuatoriana.

Afectación a la sociedad quiteña   

Los confrontamientos entre el Concejo Metropolitano y el burgomaestre de Quito afecta a la sociedad quiteña porque no se pueden aprobar los proyectos fundamentales. El experto especifica que no se pudo aprobar el estatuto autonómico de la ciudad; no hay todavía un consenso alrededor de cómo generar una administración del Metro, el Alcalde y la empresa tienen una propuesta pero los Concejales aún no aprueban.

Al respecto, Carrión explicó: “en un tema como el Metro de Quito, que es de alto interés, el alcalde no puede interponer sus necesidades, por muy urgentes que hayan sido. Lo que podía haber hecho es atender esa llamada y volver, o atender esa llamada después”.

Los Concejales y la política

Carrión asegura que los Concejales hacen política justamente en sus enfrentamientos con la autoridad, en este caso el Alcalde de la capital.

En torno al Metro de Quito, tres temas están en la incertidumbre: la tarifa del transporte y la cantidad de pasajeros, la empresa que se encargará de la operatividad y la construcción del sistema multimodal para que el Metro se convierta en el eje del transporte municipal.

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