“Lean bien”

La ministra de Energías respondió al comunicado de la Asamblea Nacional y al pronunciamiento de la candidata Luisa González, indicando que la firma del contrato aún no estaría consumada. La respuesta al Legislativo fue que la privatización no contraviene a la Ley de Hidrocarburos y que lo harán “pensando en lo que necesitan los ecuatorianos: producción e inversión social”; sin embargo, este domingo 2 de marzo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea publicó un documento oficial entregado por la Superintendencia de Compañías donde denuncian que la empresa privada Petrolia Ecuador S.A. no tiene experiencia y que apenas registra un capital de 2.000 dólares.

Mientras que, a la publicación de la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, la ministra Inés Manzano señaló de “cínica e ignorante” e increpó cuente lo de Auca y Shushufindi.

La discusión en redes sociales, entre simpatizantes de ADN y RC, se dio alrededor de la firma de concesión que aún no estaría hecha. Pero también hubo reacciones de varios sectores y actores sociales que rechazan la posibilidad de vender el campo petrolero de mayor aporte al Estado ecuatoriano. Según los acuerdos de participación del Consorcio, el 87,5% será para la privada, es decir que, 80 de cada 100 barriles producidos en el Bloque 60 pasarán a manos del Consorcio subsidiario español y chino.

Reacciones de rechazo a la privatización

El excandidato presidencial por Pachakutik, Leonidas Iza, fue el primero en rechazar que Daniel Noboa entregue directamente el Campo “entre gallos y medianoche y aprovechando un feriado”. Aseguró que esta adjudicación sería ilegítima y anunció acciones para frenar lo que calificó como “intento de saqueo a la Patria”.

Por su parte, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) advirtió que esta decisión, de objetivos eleccionarios, reducirá los ingresos económicos del país para atender requerimientos fundamentales de los ecuatorianos. Asimismo, la Central sindical de trabajadores públicos y privados (CEOSL) condenó la decisión del gobierno de Noboa de concesionar a la “joya de la corona” que en el 2024 produjo un promedio de 77.191 barriles diarios, lo que representa aproximadamente el 20% de la producción nacional. Señalan, además, que esta es una medida grave de traición a los intereses nacional porque se entrega una de las principales fuentes de riqueza del país a intereses extranjeros por sobre los derechos de los trabajadores ecuatorianos.

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La Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de Energía y el Petróleo del Ecuador (ANTEP) ha sido la principal organización en denunciar esta concesión, desde el año pasado, cuando su secretario general, David Almeida, hizo pública esta intención del Gobierno Nacional. Estas denuncias públicas le costaron su puesto de trabajo en Petroecuador y persecución política, incluso amedrantamientos en su contra y de su familia. La Asociación manifestó su rechazo por la pérdida de USD 1.044 millones para el país, durante los próximos 20 años.

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El paquete se divide en dos tipos de aeropuerto: dos, con intenso movimiento de aeronaves y otros dos con actividad menor. “Tenemos 21 aeropuertos. De ese total, tres se hallan bajo concesión con el sector privado: el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito; el José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil; y Seymour, en las Galápagos. También hay un aeropuerto que fue delegado al Municipio de Cuenca. Eso significa que existe una red de 17 aeropuertos en manos del Gobierno, la mayoría funciona. Pero en ellos no operan líneas aéreas comerciales, sino aviación menor como vuelos privados puntuales”, dijo el viceministro de Transporte, José Luis Aguilar a Primicias.

El funcionario también explicó el modelo de paquetes para la concesión. “Este tipo de plan fue exitoso en Uruguay, Chile y Perú y significa que los aeropuertos se licitarán en grupos. La decisión obedece a que muchas veces los inversionistas apuntan solo a la concesión de la infraestructura que tiene más movimiento. Y ha pasado que el Gobierno se queda con los aeropuertos pequeños y con poco movimiento aéreo”.

Por el momento los operadores extranjeros mostraron interés en las terminales de Latacunga, San Cristóbal, Manta y Santa Rosa. Los empresarios son de Estados Unidos, Colombia, México y Corea del Sur. A mediados de año terminarán de armar los paquetes y después, el Gobierno empezará la licitación. MIB

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La idea del esta multinacional es construir una línea férrea entre los puertos marítimos de Puerto Bolívar, Guayaquil, Posorja y Esmeraldas, a través de una concesión pública – privada. La propuesta es que el 75% de su utilidad se destine a tareas de carga, un 20% para pasajeros y otro 5% será turístico.

Según los representantes de esta empresa, el objetivo es «realizar viajes cortos» y «generar empleos en el Ecuador».

Anteriormente, el expresidente Lenín Moreno liquidó Ferrocarriles del Ecuador. Una de las promesas de campaña de Guillermo Lasso fue rehabilitar esta empresa.

La concesión de Ferrocarriles forma parte de la planificación que el Gobierno de Lasso anunció para las empresas públicas en liquidación. Bajo la cortina de la rehabilitación, el Estado remató bienes de la empresa antes del proceso de concesión.

Pese a que el costo de inversión es de más de USD 2.000 millones, el Gobierno no ha tomado una decisión. Este tipo de construcciones tomarían cerca de cinco años. Una de las tareas pendientes es rehabilitar más de 1.600 kilómetros de línea férrea que siguen en el abandono estatal.

El ministro Cabrera destacó que a través de concurso, se deberá seleccionar a la empresa encargada de la concesión.

La subasta

La empresa pública Ferrocarriles del Ecuador invitó en 2021 al remate de bienes inmuebles de la institución, en las ciudades de Ibarra, Quito y Ambato.

Los artículos estarán en venta desde el 18 de agosto hasta el 20 de septiembre del 2021. Si bien las locomotoras y vagones no se rematarán porque la Constitución prohíbe la venta los activos patrimoniales; los terrenos, equipos tecnológicos y bienes inmuebles son parte de los procesos de subasta.

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En esa fecha, las empresas internacionales podrán participar en la licitación para la concesión de la administración de la Refinería de Esmeraldas. Las empresas interesadas y precalificadas deberán hacer una inversión de USD 2.400 millones. Cifra que el Estado cancelará a la organización durante los próximos 25 años.

Versión del ministro René Ortiz

Según el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, el acto no pueden considerarlo como una privatización porque el bien solo permanecerá privado por 25 años y regresará a manos estatales una vez concluya el plazo. Ademas, indicó que el contrato incluye la reparación, mejoramiento de la calidad de combustibles y emisiones, e implementación del proceso de alta conversión en la Refinería de Esmeraldas, con financiamiento total de la empresa adjudicataria.

Para el ministro, la cifra de los USD 2.400 millones es la mayor inversión de la historia del país.

De acuerdo al cronograma, el 12 de febrero de 2021 el Ministerio espera adjudicar la Refinería. Así mismo, en los 19 días posteriores continuará con la negociación de contratos.

En el modelo de negocio se indica que es el Estado quien entregará el petróleo al gestor privado y los derivados que resulten, serán de propiedad estatal, por lo que Petroecuador tendrá que comercializarlos. De existir controversias con la adjudicataria, se podrán dirimir en tribunales internacionales, siempre y cuando se cuente con el aval de la Procuraduría del Estado.

De acuerdo a los pronósticos gubernamentales, aún restan varios activos del Estado por privatizar, o concesionar. Entre ellos el Banco del Pacífico y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, además de las hidroeléctricas.

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Además, el ex consejero presidencial Santiago Cuesta, en junio de 2019 reveló la necesidad de privatizar la Refinería de Esmeraldas. A fin de “mejorar la calidad de la industria y disminuir la contaminación ambiental”.

La Refinería de Esmeraldas, con 42 años de operación, es la más grande de las 3 que existen en Ecuador. Produce combustibles como gasolinas, diésel, jet fuel, GLP, entre otros. Actualmente laboran 654 funcionarios y opera desde 1977 en la planta.

El anuncio de privatización no es del agrado de los más de mil trabajadores de ese complejo. El secretario nacional de los Trabajadores de Petro Ecuador, Dick Borja Quiñónez, dice que el Gobierno ahora aduce que por falta de personal con experiencia pretende privatizar a la Refinería de Esmeraldas.

SL/EC

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