«Se ejecutan órdenes de detención contra 7 agentes de Tránsito, que habrían exigido dinero a cambio de no sancionar infracciones como el incumplimiento de la medida de pico y placa. Además, otras 2 personas son detenidas con fines investigativos», explicó la Fiscalía en su cuenta de X.

Entre los indicios se encontraron teléfonos, equipos portátiles, dinero, licencias, matrículas y tarjetas con el número de cuenta de ahorros para realizar el chantaje. En otra investigación sobre el mismo caso se detuvo a los agentes de tránsito Cristian C., Segundo J. y Geovanny M., quienes habrían exigido pagos para no reportar presuntas infracciones de tránsito relacionadas con el plan de restricción vehicular “Pico y Placa” o con circulación de vehículos con llantas lisas. En total se realizaron tres investigaciones y más de diez allanamientos.

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Los implicados solicitaron USD 20 mil a una ciudadana a cambio de incluir a más personas en una instrucción fiscal. La víctima entregó el dinero a Jaime H., y dio aviso a las autoridades.

En mayo de 2021, la Fiscalía junto a la Policía Nacional iniciaron un operativo y aprehendieron al sujeto. En el transcurso de la investigación, los agentes descubrieron que Byron también estuvo involucrado en el acto, por lo que fue vinculado al proceso en junio de ese mismo año.

Los elementos de convicción que presentaron fueron: testimonio anticipado de la víctima, testimonio de los agentes, informe del reconocimiento del lugar, levantamiento de evidencias, perfil criminal, cotejamiento de la voz de la víctima, mensajería de los implicados, entre otras.

Según el Código Integral Penal (COIP), este delito se sanciona con una pena de tres a cinco años de prisión a funcionarios públicos o personas con potestad estatal, que abusan de su cargo para exigir bienes o dinero.

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En la denuncia presentada a la Fiscalía General del Estado, los asambleístas reseñan que, el pasado 13 de septiembre, le hicieron llegar un disco al jefe de Bancada de la ID, Alejandro Jaramillo.

Ahí se encontraron dos notas de voz. En la primera se escucha el diálogo que mantienen tres personas, un hombre y dos mujeres. El hombre pide a las otras participantes aportar dinero.

El documento señala que se escucha textualmente: “Yo voy a poner 500, usted 200 Alexandra, y usted Carmita 200. La tesorera va ser la señora Carmita”. Carmen Calderón trabajaría en el despacho de Recalde.

Se manifiesta que ese dinero serviría para abrir una sede política en el sur de la ciudad de Quito. El interlocutor de voz masculina dice: “Mi solidaridad con ustedes tres y nadie nos va a mover de aquí, es bastante dinero para los tres”.

Una de las interlocutoras, luego le pregunta: ¿Cuánto es del Xavier? y él responde: «500».

Según lo expuesto en la denuncia, las participantes en la conversación piden al hombre que los cobros no sean desde junio, sino desde julio. Incluso, en un pasaje de la conversación entre ellas, refieren que desean pedir que les cobren menos

El hombre fue identificado como Darwin Guayaquil Cortez, quién se desempeña como Asesor Nivel 1, en la Asamblea Nacional, vinculado al despacho de Recalde.

Respecto a la segunda grabación, la denuncia indica que se escucha a otro hombre, quién sería el asambleísta, Eckenner Recalde. Él dice: “Patricio ya me dio para que cubra un asunto de la campaña (…) lo de la central del sur debe ir porque debe ir (…) independientemente de que se dé o no se dé, hay que empezar a cobrar”.

A través de un comunicado, emitido este martes, la ID anunció que, ante este hecho, actuarán de acuerdo al código de ética y al estatuto del partido.

También informó de la suscripción de un documento en el que se autorice el levantamiento del sigilo bancario y de los procesos de investigación que existan, de ser el caso, en la Contraloría General del Estado. La intención, según la ID, sería demostrar que sus asambleístas no tienen nada que esconder a la ciudadanía.

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Jiménez habría incurrido en la prohibición del artículo 127 numeral 3 de la Constitución, que señala que los asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos.

También incumpliría los numerales 3 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe a los legisladores gestionar nombramientos de cargos públicos, y percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta.

El expediente pasará al Comité de Ética de la Asamblea Nacional, que se encargará de investigar y recabar información sobre las denuncias.

El pasado 20 de agosto, La Historia reveló que Jiménez estaba involucrada en una trama de corrupción, en la que gestionó cargos públicos a cambio de coimas.

La legisladora se justificó argumentando que existían infiltrados en su equipo de asesores, que usaron sus celulares y correos electrónicos, como parte de una campaña de desprestigio.

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“Acogiendo el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Un Tribunal de la Corte Nacional desecha los recursos de apelación y ratifica la sentencia de 6 y 3 años en contra de Calos P. y John P., como autor y cómplice, respectivamente, del delito de concusión”, escribió la institución en un tuit.

Los Hechos

En 2017, la Fiscalía inició las investigaciones contra Polit y su hijo John por recibir dinero a cambio de desvanecer glosas de la empresa brasileña Odebrecht.

“En el año 2010 el señor doctor Carlos Pólit Faggioni, en su condición de Contralor le solicita al Superintendente de la Compañía Odebrecht del Ecuador, señor José Conceição Santos Filho la entrega de USD seis millones. Esta suma a cambio de desvanecer USD 70 millones en glosas”, indica la institución.

Asimismo, la Procuraduría General del Estado denunció a Carlos Pólit, por el delito de concusión, al encontrarse indicios relacionados al pago de gratificaciones económicas.

Dichas gratificaciones se exigen a cambio del levantamiento de las glosas imputadas a Odebrecht, respecto del Proyecto “San Francisco”. También por la emisión de informes limpios en los demás contratos adjudicados a la constructora.

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