La Corte Suprema de Justicia chilena ha declarado a los exmilitares como autores del secuestro calificado y homicidio calificado de Jara, quién fuera liquidado a balazos y golpes el 16 de septiembre de 1973 en el estadio Chile, hoy llamado Víctor Jara.

Al cantautor lo asesinaron junto a Littré Quiroga, director del Servicio Nacional de Prisiones durante el gobierno de Allende. Ambos murieron apartados del grupo de prisioneros, agonizando en un camerino.

Los hechos

A Víctor Jara lo detuvieron el 12 de septiembre del 73, un día después del golpe liderado por el general Augusto Pinochet y trasladado al estadio, donde encerraron y torturaron aproximadamente 2.000 partidarios de Allende.

Los militares se ensañaron de forma cruel con Jara y Quiroga. El cantautor tenía 56 fracturas óseas y 44 balas en su cuerpo y su compañero, 47 fracturas y 23 balazos. Arrojaron sus cadáveres a un lote baldío cerca de la línea férrea en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano, el 16 de septiembre.

Los condenados

De acuerdo con el fallo, que fue unánime, fueron condenados los exmilitares Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día de presidio en calidad de autores de los homicidios. Además, a 10 años y un día como autores de los secuestros calificados. En tanto, el exoficial Rolando Melo Silva fue sentenciado a 5 años y un día, y a otros 3 años y un día de cárcel, como encubridor de los homicidios y los secuestros, respectivamente, informó diario El País.

La sentencia con respecto a Víctor Jara indica: «las agresiones tuvieron como principal aliciente la actividad artística, cultural y política del mismo, estrechamente vinculada al recién derrocado Gobierno”. El artista sufrió “torturas físicas, siendo los golpes más severos, aquellos que recibió en la región de su rostro y en sus manos. Ambas víctimas fueron objeto de patadas, golpes de puño y golpes de culata con armas”. (MIB)

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El juicio contra los nueve presos políticos del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL) recién concluyó. La resolución dicta una condena de 16 años de cárcel para Omar Campoverde, 13 para Carlos Carguachi y 5 para Gabriela Gallardo. El resto de los implicados quedan absueltos por falta de evidencia.

El Caso de Gabriela G. es particular, pues no irá a prisión gracias a un habeas corpus por su grave condición de salud. Si los condenados logran apelar, Carguachi y Campoverde no serán trasladados a la penitenciaría de Latacunga y permanecerán en la cárcel “El Inca”.

Durante el proceso, el abogado defensor preguntó a los policías testigos en los allanamientos cuáles eran las pruebas que fueron decomisadas para imputar a los guevaristas. Estos contestaron que se trataba de libros, folletos y panfletos “de color rojo”. Uno de los testigos de la Fiscalía alegó no conocer los nombres de los implicados hasta que la Interpol se los facilitó.

El Movimiento “Hijos e hijas de mayo” denunció en su cuenta de Twitter la presencia de funcionarios de la embajada de los Estados Unidos durante la deliberación del jurado. Dichos funcionarios permanecieron en la público durante las audiencias. El MGTL denunció la injerencia extranjera en este caso.

Por otro lado, los policías participantes de las escuchas telefónicas ilegales en la que se les imputa a los guevaristas haberse organizado para el tráfico de armas y personas, así como de entrenarse en la región de la Marquetalia para ser una guerrilla armada en Ecuador, declararon que en las conversaciones no se mencionan viajes a Colombia o Venezuela como lo sostiene Fiscalía. Todos los policías que hicieron el seguimiento del caso durante nueve meses informaron bajo juramento no haber presenciado ninguna actividad ilícita.

Por demás, dentro de las pruebas principales de Fiscalía se encontraban tuits de páginas trolles y audios de un medio de comunicación digital. La testigo principal de la Fiscalía fue una supuesta víctima del tráfico de personas perpetrado por los imputados. Esta se contradijo en su declaración juramentada, pues no pudo sostener el relato de su huida por la selva por tres días y dos noches, sin provisiones, ni elementos para pernoctar.

El caso de los Guevaristas ha sido tergiversado por diversos medios de comunicación, entre ellos Código Vidrio, que, tras manipular imágenes relacionadas con el proceso, tuvo que disculparse por sus errores. La prensa en general reforzó desde el momento del arresto en mayo de 2022, los planteamientos de la Fiscalía sin dar derecho a réplica a los implicados.

En su cuenta de Facebook el MGTL expresó: “Omar, Gaby y Carlos, la lucha por su libertad no ha terminado, seguimos firmes y combativos hasta tenerlos en las calles, luchando por los derechos del pueblo”.

La investigación del Caso Guevaristas inició en octubre de 2019 y tomó tres años llegar a las detenciones que se ejecutaron en la madrugada del 19 de mayo de 2022. No obstante,  las declaraciones de la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, el 26 de octubre del año pasado, señalan a los guevaristas por supuestamente haber generado actos de violencia durante de la marcha de movimientos sociales en Quito. Esta acusación devino en una cacería de brujas para la organización como parte de la política de criminalización de la protesta impulsada por el gobierno de Guillermo Lasso.

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