Compensación económica a las fuerzas del orden

Mediante los decretos ejecutivos 584 y585, ambos de caracter extraordinario, el Ministerio de Economía y Finanzas será el responsable de entregar los recursos a las instituciones y el Ministerio de Defensa se encargará de que la disposición presidencial se cumpla. El Gobierno Nacional entregará esta compensación económica denominada «Plan Legado de Honor» como retribución al esfuerzo y riesgo en el marco del
conflicto armado interno, decretado en enero de 2024.

Los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Jean Carlo Loffredo, aparecieron en un video de redes sociales juntos para enaltecer la decisión del presidente-candidato. Reimberg dijo que «aunque no hay forma de compensar ese nivel de sacrificio (…) tanto policías como miliatres merecen estar mejor».

Decisiones electorales de Noboa

La decisión del Ejecutivo respondería a las críticas de la candidata Luisa González en el tercer eje del debate, donde aseguró que el primer mandatario «dice que trayendo mercenarios nos va a traer seguridad». Dijo, además, que es una manera de humillar a las Fuerzas Armadas del país. Asimismo, la candidata se refirió a la reunión que el primer mandatario tuvo con Erik Prince, fundador de la empresa rivada internacional Blackwater, organización paramilitar que ha generado polémica por posibles denuncias de violaciones a derechos humanos.

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Sin embargo, no es la única medida de apoyo económica que el presidente-candidato ha prometido durante su campaña. Mediante el Decreto 576 oficializó el Programa de Incentivo Emprende, que promete la entrega de USD 1.000 a actores de la Economía Popular y Solidaria del IEPS. A su vez, el Ejecutivo impulsó la actualización del Registro Social para el acceso al Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Un día antes del inicio de la campaña electoral, el 22 de marzo, Noboa lanzó el plan “Ecuatorianos en Acción” que busca la entrega de 800 dólares en dos pagos a causa de la emergencia por lluvias, a personas de entre 30 y 64 años de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Los Ríos, provincias en las que la candidata Luisa Gonzales había generado mayoría en primera vuelta.

Previo a la primera vuelta electoral, también dispuso la entrega de hasta USD 1.410 a ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos por las políticas externas de Donald Trump.

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«El 9 de enero de 2024 recibimos con preocupación el anuncio por parte de su gobierno sobre la existencia de un “conflicto armado interno” en el país, una afirmación que parece carecer de sustento legal y que podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos», dice el inicio de la misiva.

¿Existe conflicto armado interno?

La organización se pregunta si existe realmente un conflicto armado interno en Ecuador. Indican que esta denominación no debe venir de la denominación que haga el gobierno o un presidente sino que debe sustentarse en pruebas con base en los criterios establecidos en el derecho internacional. En este sentido un conflicto a la interna de un país es «la violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre esos grupos». Tiene dos características: 1) cierto nivel de organización de los grupos armados. 2) cierto nivel de intensidad de las hostilidades.

Con el «conflicto armado interno» viene la ampliación del uso de la fuerza, un arma de doble filo cuando no existe el contexto debido. «La decisión de permitir que las Fuerzas Armadas apliquen normas de combate con arreglo al derecho internacional humanitario, aun cuando no se han cumplido objetivamente los criterios para tal decisión, abre la puerta a violaciones de derechos humanos».

 «Su gobierno no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada. Del mismo modo, la Corte Constitucional ha determinado que su gobierno “no ha brindado información suficiente para justificar la existencia de uno o más CANI (conflicto armado no internacional)”, le dice HRW a Noboa.

Medidas de seguridad

La misiva recalca que si bien el número de muertes violentas disminuyó un 27 % hasta abril de 2024. El aumento de casos de extorsión, secuestro y el asesinato de asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión indican que todavía existe una grave situación de inseguridad.

El sistema de justicia deja mucho que desear, ya que de los 9.000 detenidos a finales de febrero, la Fiscalía General del Estado dijo sólo haber recibido 494 noticias del delito. «Aparentemente muchas personas nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez, una práctica que genera preocupación por posibles abusos, así como por la falta de una investigación eficaz».

Recomendaciones al respecto

De manera que para tener políticas de seguridad efectivas es necesario fortalecer el sistema de justicia. La organización recomienda:

• Tomar medidas para crear una unidad de investigación bien capacitada y dotada de recursos en la Fiscalía General, de modo que los fiscales no tengan que depender de la policía para llevar a cabo las investigaciones.

• Aumentar el número y la capacidad de investigadores forenses, fiscales y jueces que investigan y procesan casos de delincuencia organizada y corrupción, incluyendo mediante capacitación especializada en delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero y entrenamiento para garantizar los derechos humanos durante estas investigaciones.

• Aumentar la financiación del mecanismo de protección de fiscales y jueces y garantizar una revisión periódica de su situación de riesgo.

• Trabajar con la Fiscalía General para desarrollar una estrategia que dé prioridad a la investigación y persecución de los casos relacionados con la corrupción de alto nivel y el lavado de dinero con el fin de ayudar a desmantelar los grupos de delincuencia organizada, incluyendo a sus aliados en posiciones de poder.

• Adoptar medidas para reforzar la investigación y el procesamiento de los casos relacionados con corrupción, incluyendo la aprobación de una legislación respetuosa de los derechos para incautar los bienes de los grupos de delincuencia organizada, teniendo en cuenta el resultado de la votación de la pregunta 6 en el referéndum del 21 de abril de 2024.

• Restablecer el Ministerio de Justicia, que se cerró en 2018, para que pueda supervisar el sistema penitenciario y coordinar los esfuerzos en el sector justicia entre el poder judicial, la Fiscalía General, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.

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Según los comerciantes esta medida gubernamental está causando estragos económicos y desempleo en el sector. A pesar de sus esfuerzos, el toque de queda se mantendrá durante al menos otro mes, según la extensión del estado de excepción anunciada por el primer mandatario Daniel Noboa.

Las medidas causan inconformidad

El toque de queda, establecido en respuesta a la conmoción interna y el conflicto armado interno, ha generado controversia en todo el país. Mientras que en algunos cantones se ha levantado completamente la restricción, en otros, como Quito, aún prevalece, limitando la libertad de tránsito desde la medianoche hasta las 5 de la mañana.

La protesta de los propietarios de bares y discotecas solicitan a las autoridades encontrar un equilibrio efectivo entre priorizar la seguridad pero también promover a estas economías en los actuales tiempos de crisis.

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