«Uno ha hecho lo que ha hecho en su vida y esto es un tema temporal. Yo no voy a cambiar mi vida por una cosa que puede durar entre un día o seis años. Esto es un tema temporal. Yo no tengo ningún conflicto de intereses», dijo en entrevista con Carlos Vera.

¿Qué dice la ley?

El artículo 152 numeral 2 de la Constitución de la República indica que:

Art. 152.- No podrán ser ministras o ministros de Estado:

2. Las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual.

Según la Superintendencia De Compañías, Sebastián Corral tiene un capital de USD 2’518.557 como accionista en el CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. la empresa a la que pertenece Teleamazonas. Es el segundo mayor accionista, el primero es la empresa peruana La República Internacional (USD 3’865.683) a quien Fidel Egas, exdueño de este canal, vendió las acciones.

Su nombre aparece también en la lista de beneficiarios finales de la empresa.

En la ley de Servicio Público, también está la prohibición de mantener relación directa o indirecta con una empresa que tenga contratos con el Estado.

Art. 24: Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- Prohíbese a las
servidoras y los servidores públicos lo siguiente:

i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o
indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos. (MIB)

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El diario informó que no tenía forma de corrobar lo que la entrada del blog decía. Radio La Calle revisó las páginas de la Superintendencia de Compañías y otras entradas para informarles qué hay de cierto en el caso Villavicencio. Esto es lo que sabemos hasta ahora

Conflicto de interés

Tres candidatos para asambleístas de la Alianza Honestidad conocían o tenían relación con Fernando Villavicencio. Bryan García Andagama, presidente de la empresa Biotecnología y medicina BIOAMIGA fue candidato a asambleísta nacional.

Su hermana Nicole García es accionista de la compañía, mientras que Celia Andagama Cadena, la accionista es hermana de Sandra Andagama, quien fue candidata suplente para asambleísta nacional. Adriana Mateus fue candidata a asambleísta nacional y es key account manager (KAM) institucional de Bioamiga.

La relación de Villavicencio con Bioamiga, según el artículo, se remontaría a que Villavicencio tuvo información de casos de corrupción de farmaceúticas a través de Bioamiga y ADNFARMA y cuando ya obtuvo su curul en el Legislativo, habría denunciado a otras farmaceúticas de la competencia para beneficiar a los dos empresas conocidas. Si bien esta parte que señala el artículo no se puede probar. Lo cierto es que Bioamiga y ADNFARMA si se beneficiaron en las compras públicas y engañaron al sistema.

Compras públicas y sobreprecios

En octubre de 2019, el Centro de Salud tipo A de El Coca del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) realizó un concurso de adquisición de fármacos en la modalidad de subasta electrónica inversa, es decir cuando el pujante ofrece una cifra menor al límite.

El Centro de Salud otorgó el concurso a ADNFARMA por USD 20.050. Según la Superintendencia de Compañías, el gerente general de la empresa es Bolívar Duque, el mismo gerente general de Bioamiga. Además, ambas se encuentran en el Pinar Bajo en la misma calle y con el mismo número de domicilio.

Por lo que, en la subasta, no importaba el resultado, ya que ambas empresas, relacionadas entre sí, fueron las únicas que postularon. Sin competidores se crearía un perjuicio al Estado.

En otra subasta para adquisición de fármacos para la Dirección Distrital 07D04 Balsas – Marcabeli – Piñas, participó Bioamiga y Tepro. En este caso para asegurarse el puesto, el gerente Duque envió una proforma con precio y Osiris Farma envió otra con un presupuesto referencial sustancialmente más alto.

Osiris es el nombre comercial de la señora Sofía Araceli Baldeón Moreno, y tiene como actividad comercial “Venta al por Mayor de Productos de Limpieza” Baldeón es gerente de Marketing de Bioamiga, lo que demuestra otro perjuicio al Estado en la adjudicación de la subasta.

Sobre si Villavicencio recibió el 6% por estos negociados y si su familia está involucrada en este posible delito no hay certeza total. Puede leer todo el artículo aquí:

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De manera que, en la audiencia de acción de protección en el caso del superintendente de Bancos designado existió un conflicto de intereses. También se vulneraron los derechos de Raúl González, quien fue elegido superintendente, ya que no le notificaron sobre la audiencia. “Vamos a pedir a la Corte del Guayas que declare error inexcusable, esta jueza ya ha sido cuestionada por sus acciones dentro de la Unidad a su mando”, dijo Ronald Friend, abogado de González a FM Mundo.

Las irregularidades son evidentes en este proceso en el que ya Ulloa ha pedido al presidente Lasso que envíe una terna. “Lo que nos causa sorpresa es que presentaron dos acciones de protección idénticas en su totalidad. Lo único que cambia es el nombre de quien presenta el pedido. Cesar Cabezas el 25 de julio y el 26 de julio fue Michelle Guerra. El 3 de agosto vamos a presentar una denuncia para asociación ilícita por la obstaculización de la posesión de Raúl González”, añadió.

Proceso de elección

Friend dijo que el proceso de elección de integrantes de la terna pasa por una investigación hacia quienes la integran. “El presidente dio su confianza para que esas tres personas participen. Se entiende que hubo un proceso de investigación para mirar si tienen los requisitos establecidos. En la primera etapa una de las candidatas no cumplía, en la etapa de impugnación, la candidata fue impugnada tres veces”, explicó.

Para el jurista, en la etapa final, la inoperancia del operador político creó un problema que llevó a que calumnien a González. “Lo tacharon de correísta, lo vincularon al caso Sucre, dijeron que tenía un contrato con el Estado. Todo era mentira y nosotros supimos sortear. La ciudadanía puede entrar al SERCOP y mirar que no existe dicho contrato. No existe ningún impedimento para ejercer el cargo”, expresó. MIB

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Esteban Torres (PSC) es accionista en El Heraldo CA y Humberto Alvarado (UNES) es el gerente general de Queveradio S.A. De acuerdo con el Observatorio, esto denotaría un posible conflicto de intereses al momento de votar.

Según la Ley de la Función Legislativa, quienes tengan conflictos de interés en la aprobación de leyes o resoluciones, deberán abstenerse en las votaciones.

¿Qué dicen los legisladores?

El asambleísta Torres dijo a Radio La Calle que no existe ningún conflicto de interés ya que no es la única empresa en la que tiene acciones y su porcentaje de participación no supone un problema. «Tengo (si no me equivoco) 6 acciones de un paquete de miles de acciones», expresó. En El Heraldo, Torres tiene el 0.081, es decir, 81 acciones de un total de 100.000.

Según la información de la Superintendencia de Compañías, el legislador tiene acciones en seis empresas: El Heraldo, Corporación Favorita, Holcim Ecuador, Cervecería Nacional, Mercantil Torresco y Huayra Investment.

Por otro lado, el asambleísta Alvarado respondió que no votará en esta ley. «Primero, Yo no tengo ninguna acción ni representación legal en ningún medio de comunicación. Segundo, no participaré en debate ni en la votación de la ley».

Sin embargo, la Superintendencia indica que el legislador es el gerente general y accionista de Queveradio S.A. Al respecto dijo «Es una compañía que se creó para el concurso de frecuencia, que lamentablemente no fue otorgada».

La derogación del reglamento de la ley de Comunicación y el envío de un nuevo proyecto fueron las primeras actividades de Guillermo Lasso a la presidencia. Han transcurrido un año para que esta ley llegue a un término. MIB

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