El caso Danubio llegó a la Comisión presidida por Fernando Villavicencio. Las autoridades investigan el presunto delito de tráfico de influencias en sectores claves del Estado, como la Aduana. Los involucrados mencionan a varios funcionarios y exfuncionarios de Gobierno.

Gottifredi Pozo, la firma involucrada

Fiscalización encontró algunos nombres de funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Entre ellos están Francisco Gottifredi, conocido de la directora Nacional de Aduanas, Carola Ríos, desde hace 12 años.

Según Teleamazonas ambos trabajaron en una de las empresas importadoras más grandes del país como socios directos. Ella como directora de una de las marcas del grupo y él como parte de la firma jurídica que trata los asuntos legales y aduaneros.

Gottifredi Pozo es la marca jurídica que presta los servicios. Fabián Pozo, secretario jurídico de Lasso, es el fundador y actual accionista. Esta asociación de abogados trabaja con algunas marcas, entre ellas la que fue directora Carola Ríos.

Al estar implicado el esposo de Ana Belén Cordero quién investiga el caso, expertos alertan un posible conflicto de intereses.

¿Qué dice la normativa legal?

Según el artículo 232 de la Constitución, los servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios.

Además, dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en el artículo 162, se establece que no se debe usar el beneficio propio de parientes o de terceros, la información reservada y privilegiada a la que tengan accedo en razón de la función que desempeñan.

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En 2009, cuando manejaba el Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso ya manisfestó al expresidente Correa su interés en adquirir todas las acciones del Grupo Financiero Banco del Pacífico. Arauz señaló que con la venta del Banco, Lasso «quiere concentrar más poder económico y político, es un interés que tiene ya varias décadas y que nada ha cambiado su visión de hombre de negocios con respecto a este banco«.

Tomo como ejemplo el caso del Banco Banisi, la entidad financiera offshore en Panamá con la que Lasso ocultaba su patrimonio y presuntamente ayudaba a otros ecuatorianos a fugar capitales. Arauz mencionó que Lasso deslindó su vinculación de Banisi poniendo la propiedad a nombre de sus hijos. Y de esta forma, ya no tendría conflicto de interés. «Ocurre exactamente lo mismo en el caso de Banisi, evidente conflicto de interés», afirmó.

Atenti Ecuador

El excandidato también expresó que en caso de que el directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), compuesta por algunos ministros y gente nombrada por el propio Guillermo Lasso, llegue a autorizar la venta del Banco, estarían incurriendo en una violación del artículo 232 de la Constitución de la República.

La norma estipula que de existir conflicto de interés, las partes negociantes no pueden decidir. Y continúa, «si llega a materializarse ese conflicto se considera como delito de peculado», aseguró Arauz.

Valoración del Banco del Pacífico

Arauz describió que la valoración del banco va más allá de su valor patrimonial. Para su transacción económica se deben medir los flujos futuros y los intengibles. Por ejemplo, la marca del banco que es reconocida a nivel nacional e internacional, la presencia a través de sucursales, cajeros, tarjetas de créditos y la fidelidad de sus usuarios. Todos estos factores hacen que el banco sea de «alta recordación» y de «alto impacto» en el mercado ecuatoriano.

Arauz enfatizó que en el Gobierno de Lasso no debe darse esta venta. Y en el caso de que ocurra en cualquier otro escenario, el valor del Banco debe estar «por lo menos tres veces más de su valor patrimonial».

Bank of America, entidad financiera estadounidense, es la firma que realiza la valoración del Pacífico. Cuando tenga listo los resultados, los ecuatorianos podrán ver si «nos quieren estafar vendiendo a precio de gallina enferma como en el caso de la venta del avión presidencial».

¿De quién es la decisión?

El expresidenciable aclaró que no hay dónde perderse: vender ese banco es una decisión de Guillermo Lasso y hay un gran riesgo de violación constitucional por conflicto de interés.

«Lasso dirá que «la decisión la tomaron mis ministros». Hay mucha evidencia para desmentir eso. Además, sus ministros están representándolo a él en el directorio de la CFN. En el mismo directorio salen como representantes del Presidente de la República», acotó.

La entrevista completa (aquí).

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CELEC y CENACE establecieron un convenio a principios de 2020 con el objetivo de mejorar la administración del sector eléctrico. El acuerdo, firmado por Gonzalo Uquillas, funcionario de CENACE abre la posibilidad de que los recursos de las empresas públicas no sean fiscalizados.

CELEC

La Empresa Pública Estratégica, Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) se constituyó mediante Decreto Ejecutivo 220, el 14 de enero del 2010. Su responsabilidad principal es, de acuerdo con su estatuto, “la generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de energía eléctrica”.

CENACE

El Operador Nacional de Electricidad CENACE actúa como el único operador técnico del Sistema Nacional Interconectado y administra las transacciones comerciales de bloques energéticos, responsables del abastecimiento de energía eléctrica en el país. Esta entidad adscrita al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables interviene en la red de generación, transmisión y distribución junto con las empresas del Estado responsables del sector eléctrico. Hasta 2015, era una corporación de derecho civil privado. Sin embargo, pasó a ser una empresa pública mediante la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

Convenio

CELEC EP y CENACE habrían iniciado un convenio de cooperación interinstitucional que, según el informe, pretende fortalecer los procesos de la administración técnica y comercial. Dentro de este acuerdo CENACE se haría cargo de la coordinación mercantil de la región Andina. El convenio fue firmado por Gonzalo Uquillas Vallejo, representante legal de CELEC EP -nombrado Gerente General Subrogante por el Directorio el 20 de julio de 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno- y Gabriel Argüello Ríos, Director Ejecutivo de CENACE. Los dos funcionarios en 2018 ya participaron de un proceso de contratación pública, en el que CENACE adjudicó USD 71.244,30 a la empresa Tecnoplus Cia Ltda, por concepto de actualización de licencias VMWARE . En esa ocasión, Gonzalo Uquillas conformó la mesa técnica que supervisó el proceso de contratación. 

Problema del cargo

Entre las irregularidades del convenio, se destaca el manejo del presupuesto y financiamiento. La cláusula novena resuelve que «se utilizarán los recursos económicos conforme a lo establecido en la Resolución No. 036-02-2020 del 04 de febrero de 2020», resolución firmada por el propio Gonzalo Uquillas.

La jugada de Uquillas permite que los recursos económicos del convenio no estén sujetos a control y fiscalización, pues, según su excusa, “el saldo de USD 2´008.552,00 en las cuentas bancarias de CENACE, corresponde a remanentes de la administración del Mercado Eléctrico Mayorista, por parte de la Corporación CENACE en el período abril 1999 – septiembre 2003”. Es decir, son recursos obtenidos cuando era una entidad privada y, en pretexto de aquello, podrán ser administrados sin control estatal alguno.

Gonzalo Uquillas

Gonzalo Uquillas, quien habría firmado el convenio entre CELEC y CENACE, es funcionario de ambas instituciones. Existe un evidente conflicto de intereses entre las entidades. 

Este medio trató de contactarse con Gonzalo Uquillas, pero el funcionario se excusó a través de la Dircom de CELEC EP, María Belén Santillán, quien nos manifestó que no podía asistir. (AB – JBS – DR)

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