El nuevo directorio del Congope, órgano que agrupa a las 23 prefecturas del país, quedó conformado por autoridades alineadas con el gobierno de Daniel Noboa. Bravo, líder de un movimiento provincial en El Oro y tío del asambleísta oficialista Steven Ordóñez, y Zambrano, del Partido Social Cristiano (PSC) y abierta simpatizante de Noboa, relevan a Paola Pabón (Revolución Ciudadana), quien lideró el consorcio durante el período anterior.

Composición del nuevo directorio del Congope:

Crisis inminente en Pichincha

La elección coincide con denuncias de impagos masivos del Gobierno Central. Pabón, aún en funciones hasta la transición, reveló en marzo que la deuda histórica con las prefecturas asciende a USD 614.18 millones, correspondientes a programas como el Modelo de Equidad Territorial (MET), la Ley Amazónica y regalías mineras.

La Prefectura de Pichincha emitió un comunicado urgente advirtiendo que no podrá pagar sueldos de empleados públicos, médicos y obreros a fin de mayo 2025. La causa: una deuda específica de USD 31.7 millones del gobierno, principalmente por transferencias del MET no ejecutadas desde noviembre de 2024.

«Esta falta de liquidez paralizará obras clave y afectará a proveedores», señaló la institución, exigiendo al gobierno nacional cumplir con el COOTAD para «no vulnerar derechos de los pichinchanos».

Análisis fiscal crítico

En entrevista radial, Jaime Carrera, economista del Observatorio de Política Fiscal, contextualizó la gravedad:

• Las cuentas por pagar del Estado alcanzan USD 4.563 millones (incluyendo USD 3.219 millones de años anteriores).
• Solo en enero-abril de 2025, los atrasos sumaron USD 1.344 millones, de los cuales USD 558 millones corresponden a gobiernos locales. Proyectó un déficit anual de USD 5.500 millones si se mantiene la tendencia.

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“Sin recursos no podemos cumplir con los compromisos adquiridos por para el desarrollo de la gestión territorial”, dicta el comunicado firmado por la presidenta del consorcio y prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

El 6 de noviembre se llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria de Prefectos en donde se analizará la situación y las acciones ante los constantes incumplimientos gubernamentales con los territorios y la ciudadanía del país.

Según su demandas, existen cuotas atrasadas de los meses de septiembre y octubre. Estos montos representan “tan solo una parte de la deuda histórica que mantiene Finanzas dentro de los compromisos que no han sido cumplidos hasta la fecha”, resaltó.

Los representantes provinciales manifiestaron la posible paralización de obras públicas en el territorio nacional y atraso en las remuneraciones de los trabajadores si no se concretan los pagos pendientes.

La falta de recursos sigue generando estragos. En agosto se realizó un acuerdo entre las Prefecturas y el Gobierno, en donde se acordó el pago USD 456 millones. (S.F)

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— CONGOPE (@CongopeEcuador) November 1, 2023

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En un comunidado oficial, el CONGOPE expresó su solidaridad con la prefecta Paola Pabón. El organismo, que aglutina a 23 prefectos del país, fue énfatico en rechazar “cualquier acción que afecte la dignidad y los derechos de las prefectas y prefectos del país”.  Esto ocurre en el marco del anuncio sobre la revisión de las medidas cautelares que, hasta el momento, cumple Paola Pabón.

El comunicado puntualiza el hecho de que las Prefecturas son dignidades de elección popular que trabajan en medio de duras circunstancias. “Trabajamos en nuestras respectivas provincias en condiciones muy adversas (…) a pesar de no contar con los recursos económicos, y sin apoyo del Gobierno Central, razón por la cual solicitamos se respete nuestra representación”, señaló el CONGOPE.

Entre los firmantes del documento se encuentran el actual precandidato a la Presidencia por Pachakutik Yaku Pérez Guartambel. Además de la prefecta socialcristiana de Guayas, Susana González y el prefecto de Manabí Leonardo Orlando.

Antecedentes

El 14 de octubre del 2019, Pabón fue detenida junto a Virgilio Hernández y Christian González. Esto, en el marco de la movilización popular y el rechazo a las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Los tres son militantes de la Revolución Ciudadana. La Fiscalía inició una investigación por el supuesto delito de rebelión.

En los meses siguientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de Pabón, Hernández y González. Así, la defensa de los procesados exigió su liberación inmediata. La madrugada del 25 de diciembre del 2019, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el pedido de revocatoria de prisión preventiva. Así, otorgó las medidas cautelares para su defensa en libertad. Ahora, el Fiscal Alberto Santillán pidió la revisión de esas medidas so pretexto de infundadas acusaciones sobre intenciones de la prefecta Pabón de asilarse en la Embajada Méxicana. El pasado 31 de agosto, la sede diplómatica desmintió los hechos. (JBS)

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“Este es un sueño que nació aquí en Cotopaxi, fruto de las necesidades básicas que hemos tenido en la provincia. Este sueño no está en ninguno de los espacios del Gobierno provincial. Sin agua no hay vida, ni producción, ni salud, con agua seremos absolutamente ricos”, dijo el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán.

Este Consorcio tendrá una inversión de la Unión Europea de aproximadamente USD 50 mil para la determinación de los estudios de balance hídrico.

“Hemos conversado con los técnicos y sabemos que es importantísimo el diagnóstico de toda el área de conformación del Consorcio para trabajar las demarcaciones hidrográficas. Tenemos que entender que la inversión”, dijo Edwin Miño, director ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (CONGOPE).

Miño aseguró que todas las prefecturas contarán con una plataforma virtual de riego y drenaje, sobretodo el drenaje agrícola para la Amazonía ecuatoriana. “Ese es una de los temas elementales, los requerimientos hídricos que se necesitará de acuerdo al tipo de cultivo. Esta plataforma mantiene un cálculo del balance hídrico para determinar la existencia de exceso o déficit”, añadió

El Convenio se firmó entre cuatro GAD’s provinciales: Pablo jurado (Imbabura), Paola Pabón (Pichincha), Jorge Guamán (Cotopaxi) y Juan Pablo Cruz (Chimborazo).

Un sueño que nació en 2019

Los páramos se ven amenazados por el sobrepastoreo, la quema de panjonales, la minería y la cacería. Esos fueron los principales motivos de las cuatro Prefecturas para impulsar el Consorcio para la siembra y cosecha del agua.

El Consorcio promoverá la conservación de 588.864 hectáreas de páramos y generará beneficios para 4´885.669 personas.

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