Guarderas, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), planteó la causa en julio de este año, supuestamente en calidad de ciudadano común. Así como otros procesos que ha venido ejecutando en contra de autoridades de gobierno, como Pabel Muñoz, a los que considera amenazas para el gobierno de Noboa. A pesar de haber asumido el cargo como consejero el 6 de octubre de 2023, luego de la destitución de Alembert Vera, se ha mantenido en que su trabajo como denunciólogo lo viene haciendo durante toda su carrera. Pero sus nexos con el gabinete del actual gobierno le han otorgado un poder ad honorem sobre el TCE para hacer y deshacer sobre estos y otros procesos.

El equipo de Guarderas

La denuncia contra el alcalde de Quito, por ejemplo, la realizó el 10 de noviembre – un mes después de ser obtener la titularidad en el CPCCS – junto a Mónica Jaramillo, quien entonces fungía como su asesora. Esta vez, en el proceso contra Abad tuvo como compañía a su reciente exequipo de trabajo. Pues, durante la audiencia de hoy estuvieron presentes Pablo Sempertegui, exasesor y exsecretario técnico de transparencia, y Alicia Celorío Suárez, quien fue asistente administrativa de su despacho y prosecretaria encargada hasta julio de 2024.

Todos contra Abad

Luego de suspenderse la audiencia, Guarderas dijo ante los medios de comunicación que rechaza la decisión de la jueza y aseguró que se notificó a la vicepresidenta “bajo exhorto” desde agosto pasado. La defensa de Abad, por su parte, dijo que apenas hoy pudo acceder al expediente íntegro que contiene 800 páginas y que, por lo tanto, fue imposible leerlo antes de la diligencia ante el TCE. En este objetivo que persigue el Ejecutivo también se solicita la suspensión de sus derechos políticos, petición que llevan adelante la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, dentro del proceso de sumario administrativo retomado después de la negativa a la acción de protección planteada por Verónica Abad.

Juan Esteban Guarderas fue funcionario del Consejo Nacional Electoral en 2018, 2020 y 2021, y director de la Fundación Lucha Anticorrupción. Actualmente, en su calidad de consejero, impulsa la renovación total de los vocales del CNE, aunque esto no se encuentre establecido en los reglamentos para el concurso. En mayo de 2024 promovió la denuncia contra el expresidente del CPCCS, Alembert Vera, por haber sido parte de la “Liga Azul” ante lo que el TCE resolvió sancionar con una multa económica y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años, proceso que busca también para los consejeros del CPCCS, Augusto Verduga y Yadira Saltos.

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«Sabemos que está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Es un problema del Registro Civil, no del Consejo Nacional Electoral. Por Constitución de la República indica que nosotros (los consejeros) debemos armar el Registro Electoral para el padrón con base en la información entregada por el Registro Civil. Si nos indica que una persona está fallecida, nosotros no podemos, por una carta de la señora, cambiar la información. Estaríamos entrando en un tema penal», dijo el consejero José Cabrera a los medios.

Agregó que el Registro Civil indicó que desde 2022, Silva pasó a constar en las actas como fallecida y que pasó por los procesos electorales de 2023 y 2024 bajo ese estatus. No es hasta el 30 de julio del 2024 que el Registro Civil le entrega la cédula de identidad por las huellas dactilares. «El 15 de julio recibimos la última información del Registro Civil, indicaron que se está investigando, pero no han enviado ningún documento. Ellos (el PSE) acudieron al TCE y nosotros acataremos lo que decidan».

Un sicariato civil

De esa forma calificó el PSE al proceder del Registro Civil y el CNE. «Me enteré que, lamentablemente, para nuestro sistema democrático yo me encuentro fallecida y que ese podría ser un recurso para que yo no pueda participar en las próximas elecciones 2025». Agregó que la denuncia está en manos del TCE y ellos deben apagarse a la Constitución y la Ley. (MIB)

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«La Secretaría General de Comunicación convoca a los medios de comunicación a la posesión del general (sp) Paco Moncayo Gallegos como consejero del Gobierno para Seguridad Nacional y el general (sp) Wagner Bravo como secretario de Seguridad Pública.», dijo la SECOM.

¿Quiénes son los nuevos funcionarios?

Wagner Bravo es el exjefe de Estado Mayor del Ejército, y vocal del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

Tiene estudios superiores en Seguridad y Desarrollo, Economía Popular y Solidaria, entre otros. Se ha desempeñado como especialista en temas de seguridad.

Fue combatiente en la Guerra del Cenepa de 1995 en la Brigada de Fuerzas Especiales. «El presidente de la República (Guillermo Lasso) tiene que crear ya una política pública clara que decante a que todos tengamos la prioridad de vencer al crimen organizado. Hay ideas de muchas personas, pero no hay algo conciso aún», le dijo en una entrevista reciente a diario Extra.

Paco Mocayo es un político ecuatoriano, militante de la Izquierda Democrática, con el que llegó a la Alcaldía de Quito en dos periodos y a la Asamblea por Pichincha de 2009 a 2013.

Fue candidato presidencial en 2017, enfrentándose al mismo presidente Guillermo Lasso y donde ganó el expresidente Lenín Moreno.

En el ámbito de seguridad, lideró al ejército ecuatoriano en medio de la Guerra del Cenepa, el conflicto entre Perú y Ecuador de 1995. (MIB)

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«El día que se iba a aprobar el instructivo yo llamé al consejero Enrique Pita indicando que no estaba de acuerdo con el documento, por cuanto violaba muchos derechos y que el instructivo anterior era mejor. Y como él (Pita) quiere que se lo diga, él me dijo: este instructivo vino de la presidencia. Habla con Diego Barrera (asesor de Pita)», dijo la vocal en una reunión del pleno del CNE.

Añadió que recibió llamadas de la asesora de Aparicio Caicedo para que el instructivo se apruebe. «Entonces no se me venga a hacer aquí el ingenuo que no sabe de dónde vino el instructivo. (…) Y lo pondría por escrito señor vicepresidente porque yo no tengo miedo a usted ahora que está agrediendo a todo el mundo», expresó.

Ínfulas de matón

Las andanzas de Caicedo son conocidas ya por la opinión pública. La primera revelación fue una conversación filtrada en Teleamazonas donde amenaza al superintendente de Bancos electo, Raúl González para que no se presente a explicar su plan de trabajo. «Ya verás lo que pasa», le dijo.

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La segunda fue una denuncia de la expresidenta del CPCCS Sofía Almeida, quien señaló que Caicedo llamó a amenazar a su asesor para controlar las decisiones en este organismo. «Si no se hacía lo que él decía en la designación de contralor y miembros del Consejo Nacional Electoral, ella saldría de la presidencia», explicó Almeida en una entrevista.

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Hasta el momento no ha existido respuesta oficial fehaciente de Caicedo sobre estas actitudes. Únicamente emitió un comunicado, donde no negó la amenaza a González y lo culpó de su comportamiento, tildándolo de «oportunista político».

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Según la Superintendencia de Compañías, DIFARE es una empresa dedicada a la industrialización, importación, exportación, compraventa, distribución de productos farmacéuticos, agroquímicos de toda clase. Su capital a la fecha es de USD 25 millones y cada acción vale USD 10.000.

La nueva directiva está conformada por su hijo Carlos Cueva Mejía como presidente ejecutivo, Julio César Ocaña como vicepresidente ejecutivo y Fernando Cueva Mejía como vicepresidente ejecutivo. Carlos Cueva González se desempeñó de 1987 a 2001 como presidente y de 2001 a 2012 como presidente Ejecutivo.

DIFARE maneja tres farmacias en el país: Pharmacy’s,  Farmacias Cruz Azul y Farmacias Comunitarias. Estas dos últimas siguen el modelo de franquicia. Según su página web, Cruz Azul tiene 1.518 locales en el país, Comunitarias posee 585 espacios y Pharmacy’s tiene 124 a nivel nacional.

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«Es un honor para mí colocar por segundo año la ofrenda floral en conmemoración a los 213 años del #PrimerGritoDeIndependencia. Un acto inspirador para el país y todo el continente, que dio a conocer Quito como la ‘Luz de América'», escribió en su cuenta de Twitter.

Lasso estuvo presente en la ceremonia militar por el 10 de agosto, donde se realizó el ascenso de los soldados de las Fuerzas Armadas. «Mi reconocimiento a sus nobles prinicipios de constancia, tenacidad y valentía, reconocemos el rol que desempeña el Ejército ecuatoriano a favor de la nación. Nuestra gratitud por su labor. Nada mejor que reconocer su trabajo en un día como este», dijo el mandatario.

Los escándalos

Un audio revela una conversación entre el flamante consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo y el superintendente de Bancos electo, Raúl González. Allí, Caicedo amenaza a Gonzáles por continuar el proceso de selección frente al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Aparicio Caicedo- Te quise hacer terminar esto de una buena forma y no tienes palabra.

Raúl González:- No, No, Aparicio.

A.C.- Por dignidad, si el presidente de la república no te quiere en su terna….

R.G.- ¡Aparicio!

A.C.- Deberías renunciar a ella….

En un comunicado, González asegura que el consejero le habría suplicado que renuncie a la terna. Asevera que él nunca se habría prestado para hacer el papel de candidato «de relleno en esa terna de haberlo sabido.

Además en el caso Danubio que investiga Fiscalía estaría implicado el exconsejero Ad Honorem en asuntos bananeros, Juan José Pons, que habría vendido cargos públicos en el Servicio de Aduanas. Además, Ítalo Cedeño, exgerente de Petroecuador, admitió que su esposa le recomendaba gente para ocupar cargos públicos.

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Pons estaría relacionado en el caso Danubio. En las pesquisas de la Fiscalía se detuvieron a ocho personas por supuesta asociación ilícita. Él no fue detenido, pero de su casa los agentes se llevaron una computadora y un celular.

También se allanaron las instalaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en Guayaquil y levantaron documentación del área de Talento Humano para el respectivo análisis.

Pons, un viejo lobo de la Democracia Popular

Pons empezó su carrera en el empresariado como gerente de la Importadora Andina y Andina Licores (1977 – 1982), presidente del Banco de Desarrollo del Ecuador (1982 – 1984). Fue gerente de Nutril y Oleica (1982 – 1987). Fue ministro de Industrias entre 1989 y 1990.

Entre 1991 y 1994 fue director gerente de la Exportadora Bananera Noboa. Ocupó la presidencia del Congreso Nacional (1998 – 2000) y fue diputado de 1998 a 2003. Desde 2019 hasta la actualidad se desempeña como coordinador intergremial del Cluster bananero. Según su página de LinkedIn continúa siendo el consejero ad honorem de Lasso en temas bananeros.

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Sobre las acciones de Fiscalía, desde la Secretaría de Comunicación escribieron un tuit sin contexto claro. «En el Gobierno del presidente Guillermo Lasso, nadie está por encima de la ley. Que Fiscalía haga lo que tenga que hacer».

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“Primero cambiando el tono de cómo se reporta la noticia”, dice Ordoñez a lo que Milton Pérez le dice que no culpe a los periodistas. “No, me estoy refiriendo al hecho de que tenemos un grupo de escuelas, dos tres, y tenemos la inversión de USD 155 millones. Hay que dimensionar lo que eso significa en el sistema educativo”. Pérez rebatió la respuesta alegando que hay 60.000 niños no pudieron volver a clases presenciales en la Costa. “No es solamente una cosa pequeña”, dijo el periodista y agregó que no se puede maximizar ni minimizar.

“No estamos minimizando, pero no maximicemos”, sentenció el consejero. Ordóñez también dijo que se mira un problema particular y se lo generaliza. “En esos casos de colegios donde no ha habido recuperación de infraestructura y concluir que todo el sistema educativo no funciona. Tenemos problemas en pasaportes y cédulas. Es un problema mundial de falta de chips y resulta que aquí nada funciona. Faltan algunas medicinas, pero no se puede decir que todo el sistema no tiene provisión de medicamentos”. MIB

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Entre las funciones de la Secretaría están: diseñar la política pública anticorrupción para que pueda ser aprobada por el presidente de la República. Diseñar un sistema de integridad pública y una estrategia nacional de anticorrupción.

“El asedio de la corrupción nacional e internacional es un dato que se arraiga en el tiempo y se actualiza constantemente. Los Estados, el ecuatoriano en particular, deben tener conciencia del riesgo al que están expuestos. Actuar dentro de un proyecto de integridad pública que, inspirado en la solidaridad y ética, alinee a la Función pública con el Estado de derecho”, dijo el nuevo secretario.

Agregó que cosechó de su padre devolverle a la sociedad lo que ella les ha entregado y de su madre la justicia. “De esta manera no me cuesta nada asumir las funciones que me han encomendado”, agregó.

Consejero

Verdesoto fue nombrado consejero de Gobierno para la Gobernanza y Gestión Institucional, el 14 de julio del 2021. Con ese cargo, el otrora consejero del CNE ganaba USD 4.463 al mes. A pesar de que hace una semana, el primer mandatario fusionó el BanEcuador con la Corporación Financiera Nacional (CFN) alegando, de acuerdo con Lasso, un gasto publico excesivo, creó una nueva Secretaría que contará con un presupuesto para los fines pertinentes. MIB

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“Amigos, retomo mi cuenta de Twitter para contarles que he renunciado al cargo de consejero de Gobierno. Creo que el presidente Lasso es un patriota y he sido testigo de su trabajo incansable por los más pobres. Estoy seguro de que tendrá éxito. Que Dios bendiga al Ecuador”, escribió el ahora exfuncionario. Aún no se ha informado quién será su reemplazo.

Jijón de consejero

El 1 de diciembre del 2021, Guillermo Lasso nombró, mediante decreto, a Carlos Jijón como consejero de gobierno para la vocería gubernamental «que se encargará particularmente, de informar a autoridades, instituciones y a los medios de comunicación nacionales e internacionales sobre las iniciativas, políticas, acciones, programas y posturas del Gobierno Nacional». Jijón era decano en la facultad de Comunicación Social de la UDLA y es el director del portal La República.

En su última intervención con los medios explicó que la decisión de Lasso de denunciar a los asambleístas de corrupción salió después de la votación por la ley de Inversiones ya que esperaba una «actitud patriótica» por parte de los legisladores.

Según la sección transparencia la presidencia de la República, el puesto de Jijón, al igual que del otro consejero Luis Verdesoto, es pagado. En los salarios del personal de febrero de 2022 (la lista más actualizada). Ambos constan como consejeros de Gobierno y ganan USD 4.463. MIB

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Quito, 09 feb (La Calle). – Mientras unos recogen sus cuatro tereques y dejan sus cargos, otros entran campantes al Palacio de Gobierno. Es el caso del otrora asambleísta Diego Ordoñez, electo por la provincia de Pichincha en representación de CREO.

En el Gobierno del Encuentro todo es posible. También dejar las curules cuando no se ha cumplido ni siquiera el 20% del período legislativo.  Ocho meses donde las participaciones en el Pleno pasaron sin pena ni gloria y tampoco propuso ningún proyecto de ley. Lo que no pasó desapercibido, como es natural, fueron las expresiones misóginas que Ordoñez tuvo contra su colega Mónica Palacios (UNES). “Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes”, escribió en un tuit el 5 de noviembre de 2021.

Había pasado un mes desde el destape del caso Pandora Papers que involucraba al presidente Guillermo Lasso. Palacios investigó las empresas en Panamá y mostró documentación que probaría el presunto perjurio cometido por el presidente. Los cercanos al Gobierno, como hienas en jauría, defienden a los de su especie. A Ordoñez no se le ocurrió idea más brillante que atacar la dignidad de una legisladora.

El tuit no quedó solamente en el rechazo de la ciudadanía. Palacios llevó el caso al Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Acusó a Ordoñez de violencia política. El 14 de diciembre lo multaron con 15 días sin sueldo por su comportamiento. No fue a la única que atacó: la abogada Dolores Miño y la esposa del exdefensor del Pueblo, Priscila Schettini también fueron blancos de las palabras desubicadas y groseras de Ordoñez.

Cuando llegamos al 4 de febrero del 2022, el anuncio de la renuncia del asambleísta es sorpresiva. La razón, a su juicio, es el bajo nivel de la Asamblea Nacional, que no se sentía cómodo en esa situación y que lo mejor era dejar su puesto. Un puesto que ganó gracias al voto popular y el nuevo sistema de conteo. Para él y otros que han dejado sus curules, la decisión del pueblo no parece importarles en lo más mínimo.

Aunque Ordoñez alegara que se merece una mejor Asamblea, las razones de su salida van mucho más allá. Es el instinto de protección lo que lo lleva a dejar la legislación. Entra nuevamente Mónica Palacios a escena y rebela que “hasta este momento, el exasambleísta tiene un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en su contra por violencia política”. De acuerdo con la legisladora, Ordoñez quiere mostrar que sale por la puerta grande cuando lo que iba a pasar es que sería destituido por sus expresiones.

No hay un colofón en esta historia. Ordoñez evitó la renuncia, pero el proceso sigue allí ¿Podría existir una censura u otro castigo para el abogado? No lo sabemos, está en manos de los jueces del TCE dar una respuesta. Por lo pronto, Diego Ordoñez se refugia en los brazos del Palacio de Carondelet donde podrá aconsejar al presidente Lasso ¿Será, tal vez, en violencia política de género? Nos ha demostrado, con creces, que es un experto en la materia.  

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“¿Ustedes han escuchado hablar del famoso Rockefeller? Hoy en día, si medimos por la capacidad de consumo y bienestar. Ustedes son mucho más ricos que Rockefeller. Todos aquí. En términos de calidad de vida son mucho más ricos que Rockefeller, incluso más ricos que los reyes más prósperos del medioevo. Van a ver que ustedes viven mejor que esos reyes que eran apreciados por su infinita riqueza”, dijo en una conferencia.

Y continuó. “Ustedes sin darse cuenta son muchísimo más ricos que hace 100 años. Más que sus padres. Sus padres no tenían Whatsapp”.

Otras polémicas

En mayo pasado, usuarios en Twitter criticaron un tuit de Caicedo donde defendía la evasión de impuestos. “Mi consejo del día: hagan dinero y llévenlo a un paraíso fiscal. Evadir impuestos es ético. Es defensa frente al robo”, escribió.

La crítica llevó a Caicedo a borrar el tuit. Sin embargo, no fue el único que escribió ese año sobre la evasión fiscal.

«Evadir impuestos es heroico, es como negarse a prestar el servicio militar en su época». Otros trinos indicaban que evadir impuestos es como quemar el carnet militar en la Guerra de Vietnam.

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Bravo denunció que existen vínculos entre Córdova y la presidenta del Consejo, Sofía Almeida. “En una foto aparecen Luis Almeida, tío de la presidenta y César Córdova en donde se puede observar que ambos son miembros de una cofradía de la masonería”, explicó en una entrevista.

También criticó la cercanía de algunos de sus compañeros con Córdova, que fue secretario del CPCCS. “Al momento de la votación de los consejeros dijeron que el señor César Córdova era su amigo. Así lo dijeron claramente algunos consejeros. El CPCCS no es un club de amigos. Se debió empezar por el banco de personas que ya pasaron las pruebas de merecimientos”, dijo.

Nombramiento

César Córdova asumió el cargo como Defensor del Pueblo Encargado. Durante el acto de posesión renunció la Vicedefensora del Pueblo  Zayda Rovira y Gabriela Bermeo fue anunciada como nueva encargada en el puesto.

Sofía Almeida, presidenta del CPCCS, anunció la decisión del CPCCS y  designó como Defensor del Pueblo Encargado al Dr. César Marcel Córdova Villavicencio. La designación está amparada bajo el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

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«La presidencia de la República contará con una nueva Consejería de gobierno ad honorem para alianzas público-privadas», indica parte del decreto.

Entre las funciones de la Consejería estarán: «Asesorar al presidente y recomendarle mejores prácticas para promover, atraer, impulsar, concretar y mantener la inversión nacional y extranjera».

Además de reportar directamente al presidente estas recomendaciones. También gestionar y mantener reuniones para concretar alianzas para llevar a cabo proyectos de desarrollo nacional.

Sobre el trabajo de Salas, el Decreto indica que «esta designación no implicará remuneración alguna, no estará sujeta a régimen laboral». De manera que será una «colaboración voluntaria».

De esta manera, el gobierno cuenta ya con cuatro consejeros ad honorem. Carlos Cueva, consejero ad honorem para las políticas públicas de vacunación contra el covid-19. Luis Enrique Coloma, consejero ad honorem para la lucha contra la desnutrición infantil. Juan Carlos Holguín, embajador itinerante para temas estratégicos.

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Cabrera indicó que “no hay ningún problema ni con el sistema informático, ni con la página web del Consejo Nacional Electoral. El país estuvo informado segundo a segundo (…) El reclamo de Yaku Pérez tiene que ver con las Juntas Electorales. Nos sorprendió el pedido del contralor en pleno proceso electoral”.

El funcionario aclaró que tres días antes se sella el sistema informático y solo el personal autorizado tiene acceso. “La base de datos queda intocable. Es preocupante y en el transcurso del día responderemos al pedido de Contraloría”.

Una nueva auditoría

La Contraloría General del Estado ya realizó una auditoría al Sistema Informático del Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con las disposiciones de la ley. La auditoría fue del proceso de elecciones seccionales del 2019.

“La ausencia de mecanismos automáticos para el control y supervisión del proceso de conteo de votos y emisión de actas de escrutinio. La puesta en cero de la Base de Datos del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados ocasionó que no se asegure la integridad de las bases de datos, repositorios de imágenes y librerías de este sistema y no se garanticen los principios de transparencia y seguridad del proceso electoral de 24 de marzo de 2019”, indica el examen de agosto de 2020.

Sin embargo, el contralor Pablo Celi indicó que esta nueva auditoría funge como un “el examen especial dará seguimiento a las recomendaciones señaladas en la auditoria de agosto de 2020”.

De acuerdo con la disposición transitoria sexta del Código de la Democracia, “El Consejo Nacional Electoral, tuvo un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de esta  Ley, para realizar una auditoría a su sistema informático para el conteo de votos y resultados”.

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