Nájera dijo que se abstuvo de votar debido a la ilegitimidad de este proceso y que solicitó reiteradamente que se declare nulo.

Mencionó que este concurso cuenta con un presupuesto de USD 119.745. «Han continuado generando desconfianza y comprometiendo recursos del «Estado», expresó la consejera Nájera. Añadió que el concurso ha demorado casi un año en llevarse a cabo.

También recalcó que «llama la atención» que los miembros académicos del CES y CACES fueran elegidos en función de su título de tercer nivel, «cuando lo pertinente, lo lógico, lo verdadero», sería considerar el título de cuarto nivel de PHD.

«Debe ser así, porque van a ser las máximas autoridades, que van a controlar a las demás instituciones superiores, que rige la educación de este país-. Y un país con una educación mediocre no va a salir adelante jamás», dijo.

El sistema de Educación ecuatoriano vive “una crisis catastrófica”

«No es posible que quienes hayan obtenido el mayor puntaje terminen perdiendo por descarte», manifestó.

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“Los vocales del Consejo Nacional Electoral, le deben respuestas al pueblo ecuatoriano sobre su accionar durante su gestión en el último proceso electoral. Hemos ingresado la solicitud de Juicio Político para el trámite correspondiente”, indicó el legislador.

De acuerdo con Ruiz, el motivo del proceso es que los miembros del CNE impidieron que se verifiquen las inconsistencias presentadas en las 39.000 urnas en las elecciones generales de febrero del 2021.

¿Fraude en el CNE?

De acuerdo con el artículo 148 del Código de la Democracia “si de la nulidad de las votaciones de una o más parroquias o zonas electorales dependiere el resultado definitivo de una elección, de manera que una candidatura se beneficiare en detrimento de otra u otras, el Consejo Nacional Electoral dispondrá, hasta dentro de diez días, que se repitan las elecciones cuyas votaciones fueron anuladas”. Según el legislador, el CNE debía agotar todas las posibilidades para saber si existían inconsistencias y sus consejeros no lo hicieron.

Ruiz indicó que la única forma de saber si se realizó un fraude es abrir las urnas. EL legislador indicó que todo el país se quedó con la duda de si al excandidato presidencial por Pachakutik, Yaku Pérez, le hicieron fraude.

El proceso político está dirigido en contra de Diana Atamaint, José Cabrera, Esthela Acero, Enrique Pita y el exconsejero Luis Verdesoto. La solicitud tuvo el apoyo de 40 asambleístas entre Pachakutik y la Izquierda Democrática.

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Quito 31 de ene (La Calle).- Las irregularidades llegaron a los oídos de la Asamblea Nacional cuando el legislativo alterno Luis Núñez solicitó información el título de tercer nivel del consejero Luis Verdesoto. Este es uno de los documentos que el funcionario presentó ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para el concurso de selección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las inconsistencias iniciaron cuando el secretario de la PUCE certificó que el título fue conferido el 03 de octubre de 1975; cuando Verdesoto tenía 20 años de edad. La facultad de Ciencias Humanas receptó las matrículas del sexto y séptimo semestres entre el 06 de octubre y 28 de noviembre de 1975, según el registro académico.

Ante este hecho, Nuñez solicitó a la presidenta del Consejo de Educación Superior, Catalina Vélez, una auditoría a la expedición. De ser confirmado el fraude, hay violación a la Ley por presentar un título irregular para ser nombrado consejero.

Años después…

El 27 de julio de 2020, es decir después de 45 años, Verdesoto registró una copia certificada del título en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT). El consejero afirmó que ingresó a la universidad cuando tenía apenas 16 años de edad. La espera, según Verdesoto, se debe a que hace 45 años no se podían registrar los títulos.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el registro de matrículas de dos semestres en fechas posteriores se debe a que estudió la carrera de Derecho simultáneamente con Filosofía. En el certificado de la PUCE se especifica que esas matrículas pertenecen a la facultad de Ciencias Humanas Filosofía que le confirió el título.

Además de este título de tercer nivel, hay dos certificaciones del coordinador Fausto Camacho del Observatorio Ciudadano Electoral en los que se afirma que Verdesoto fue asesor de ese colectivo. Además de que participó en los equipos de observación de las elecciones de 2017 y en la consulta popular de 2018.

Integrantes de esta identidad aseguran que es falso y que no vieron a Verdesoto en las reuniones y en otras actividades que realizaba la organización. Juristas consideran que esta falta podría ser motivo de delito de fraude y falsificación ideológica. En ese caso, las autoridades podrían presentar una denuncia ante la Fiscalía y la Asamblea dar paso a un juicio político y destitución del cargo.

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“No procede ni la infracción electoral ni la sanción. Porque, en primer lugar, es una sentencia inmotivada. Segundo, no se aceptaron los alegatos propuestos por los consejeros del CNE; incluso la abogada de la contraparte no presentó prueba. ¿En virtud de qué argumentos puede emitir una resolución de este tipo?”, dijo el abogado Byron Torres, en referencia a la actuación del juez Ángel Torres, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La víspera, el juez Torres declaró a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Luis Verdesoto culpables de “infracción electoral muy grave”. El TCE ordenó una sanción equivalente a 70 remuneraciones básicas, destitución de cargos y suspensión de derechos de participación por cuatro años.

“Vamos a presentar un pedido de aclaración y ampliación dado que la sentencia es bastante oscura, para que se nos aclare los aspectos legales que corresponden en virtud de la inmotivada sentencia que ha emitido y presentaremos la apelación para que el TCE decida en legal y debida forma”, agregó el defensor de Atamaint.

¿Ganar tiempo?

Según él, el recurso con el que inicia su defensa no se trata de una impugnación sino para que se aclare por qué el juez dicta una sentencia no conforme a norma. Con esta acción, queda a la espera de presentar la apelación para que sea el Pleno del Tribunal quien ratifique o rectifica la sentencia del juez Ángel Torres.

“El proceso se encuentra viciado. Recordemos que el juez Torres ya manifestó a los medios que el CNE había incumplido con la norma, lo que significa que adelantó criterio, prevaricó y por lo tanto está anulada la sentencia”, concluyó.

De acuerdo con la normativa, el Pleno del TCE tiene 10 días plazo, después de avocar conocimiento de la apelación, para emitir una resolución. Es decir, el trámite puede demorar dos o tres semanas. Ello deja apenas 15 días para el 07 de febrero, cuando se realizarán las elecciones de presidente y asambleístas.

Proceso electoral, herido de muerte

Para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge  Acosta Cisneros, las disputas entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral “han herido de muerte la confianza en el proceso electoral”.

“Lo sucedido afecta la confianza en el proceso electoral. A esta altura no sabe si esa confianza se puede recuperar”, sostuvo en Radio de la Calle.

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