Augusto Verduga, Yadira Saltos, Marisol Párraga y Eduardo Franco Loor deberán pagar 70 salarios básicos unificados, serán destituidos de su cargo y perderán sus derechos políticos por cuatro años. Los consejeros podrán apelar a esta sentencia.

¿Qué dice la ley?

¿Cómo llegó a darse esta sentencia? El numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia dice que una infracción electoral muy grave es:

Incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral

Según la Ley orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en el artículo 35, numeral 3 se indica que:

Ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún  candidato o candidata a consejera o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y  Control Social, lo cual será considerado infracción electoral, conforme la Ley. 

El Consejo Nacional Electoral, se encargará de la promoción de los nombres, trayectoria y   propuestas de cada uno de los candidatos y candidatas, en igualdad de condiciones y  oportunidades. No se podrá recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo.  El candidato o candidata que contravenga estas disposiciones será descalificado por el  Consejo Nacional Electoral.

Los denunciantes entregaron como pruebas vídeos de la campaña en las Elecciones Seccionales 2023, donde aparecían los candidatos indicando su nombre y número de casilla acompañados por el expresidente Rafael Correa. Evidencia que el juez calificó como proselitismo político.

¿Qué dicen los implicados?

Para Yadira Saltos, la sentencia es de carácter político y no electoral. «Esta es claramente una sentencia política que no está basada ni en el derecho ni la justicia. Es una lástima que el país constantemente pierda en todos los sentidos. Hemos perdido jueces probos e imparciales», dijo en entrevista con Radio Pichincha.

Añadió que llegaron a las urnas de forma democrática y a servir a la ciudadanía. Sobre la sentencia, indicó que en ese momento, la ley de promoción electoral no tipificaba como proselitismo, las acciones que realizaron en la campaña en las redes sociales.

«No había inconveniente, los colores son universales y el juez lo dice en la sentencia. No había inconveniente de hacer entrevistas ante los medios de comunicación. (…) La sentencia tiene que ver con una sentencia electoral de supuesta utilización en las redes sociales. Esto no se encuentra ni en la ley electoral ni el reglamento para la promoción de consejero/as».

Por su parte, el denunciante Santiago Becdach, actual precandidato al Parlamento Andino por Construye, dijo que fue secretario en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el período de Fernando Villavicencio y que lo invitaron después de las elecciones al movimiento Construye.

«Nosotros nos dimos cuenta que como candidatos (al CPCCS) fuimos perjudicados porque una organización política con todo el dinero del mundo y andamiaje comunicacional hizo campaña por estos candidatos y por eso llegaron a tener la votación que tenían, solos no los conocen ni en su casa», expresó en una entrevista con Only Panas.

¿Qué pasará con los consejeros y el concurso de fiscal?

De acuerdo con Saltos, la destitución se da en un momento importante para el país por la designación de la fiscal General. «Es un momento crítico para la institucionalidad del país. Los tiempos están ya por vencer. Este viernes (06 de septiembre) tenemos que aprobar el nuevo reglamento (para la elección de fiscal). (…) Se piensa comprar un software para calificar los méritos del concurso de fiscal, hay temor y no quieren poner un nuevo fiscal, quieren manipular el concurso que demoraría mucho. Va a ser como el concurso de la Defensoría Pública. Quieren dejarlo en blanco y negro para poder elegir a su antojo con esta mayoría que está en el Consejo».

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, indicó que los consejeros trabajarán con normalidad hasta que el TCE les haga conocer la sentencia y se oficialice. La sesión de este 04 de septiembre se instaló una horas tarde con seis consejeros presentes, entre ellos, Yadira Saltos. El consejero Augusto Verduga no asistió a la sesión. (MIB)

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La noche del 27 de noviembre el Pleno del Legislativo sesionó para  posesionar a los nuevos consejeros del Cpccs. En la terna también se encontraba Gina Aguilar y Alain Molestina, quienes no asistieron.

Una vez finalizada la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, reafirmó la legalidad de la posesión y rechazó la injerencia de la función judicial en el poder Legislativo. El titular señaló que ha solicitado la revocatoria de la medida cautelar emitida por el juez de La Concordia.

“Este es un intento de manoseo de la justicia. Rechazo la simulación de funciones que intentan cuatro señores que han sido destituidos”, dijo Saquicela.

Los cuatro del Cpccs

Los consejeros suplentes reemplazarían a Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, quien fueron destituidos del Cpccs el 15 de noviembre. Sin embargo, en una s, ratificaron que se mantienen en el cumplimiento de sus funciones.

En la reunión, la consejera Rivadeneira recalcó que Nastacuaz no debería ser posesionado porque legalmente no ganó las elecciones, solo fue candidato. “No es posible que la Asamblea Nacional en su intento de tomarse por asalto la designación de autoridades, quiera imponer a la fuerza a candidatos que no ganaron las elecciones”, resaltó.(A.G.M).

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El recurso fue interpuesto por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz. Con esto, queda sin efecto la resolución de destitución y censura de la Asamblea Nacional contra Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.

Según el magistrado, hubo «inobservancia e irrespeto» a los derechos constitucionales de los cuatro integrantes del Consejo. En el documento, dispuso al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y al procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, que revoque los efectos de la resolución del juicio político.

Otros recursos presentados

Las presuntas irregularidades del juicio político contra los consejeros de mayoría desembocó en varias acciones de protección. El 22 de noviembre, los cuatro integrantes del Cpccs presentaron una acción de protección contra Saquicela para evitar la destitución.

Por otro lado, el asambleísta oficialista, Washington Varela, presentará hoy, 23 de noviembre, otra acción de protección. El Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe resolverá este recurso.

Respuesta de la Asamblea

Según reporta Un Café con JJ, desde el Legislativo desconocerán el fallo. Además, el 24 de noviembre está programada la convocatoria al Pleno para posesionar a los suplentes de los integrantes del Cpccs destituidos.

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Todo lo contrario de los consejeros ad honorem de Lasso. El término significa «por la honra», es decir, hacer algo solamente por la satisfacción del trabajo bien hecho.

Aquí no sucedió, es más podemos decir que en el caso de Juan José Pons, involucrado en un caso de corrupción y presunta venta de cargos públicos, no existiría nada de honradez.

O Aparicio Caicedo, quien al parecer se vio la saga de El Padrino, aunque nos ha demostrado que con el calibre sus amenazas y falta de discreción que no llegaría siquiera a ser Fredo Corleone. Ahora tiene un puesto en el Gabinete, uno con rango de ministro de Estado, según el decreto ejecutivo que lo oficializa.

Juan Carlos Holguín es el que más rápido llegó a tener un puesto fijo. Siete meses después del inicio de sus funciones. No importó que Mauricio Montalvo tuviera una carrera diplomática, el puesto de canciller terminó en sus manos. Es preciso recordar que fue Embajador itinerante Ad Honorem de Ecuador.

Roque Sevilla quiso optar por la diplomacia y le dijo a el Comercio que renunció a la consejería para evitar malestares de carácter político. Es que la Comisión de Transparencia de la Asamblea investiga un posible uso indebido de recursos públicos.

Dijo que está dispuesto a comparecer, algo extraño, ya que Caicedo y Luis Coloma no se presentaron bajo la excusa de que no están sujetos a control político.

Carlos Cueva, Roberto Salas y Rafael Cuesta pasaron desapercibidos por su cargo ad honorem, tanto que ni siquiera sabemos de su trabajo. La investigación del Legislativo posiblemente determine las responsabilidades que tuvieron.

Los bufones no tienen comparación con los ad honorem de Lasso. Solamente en que convirtieron este término en una tragicomedia, un sainete. Al cabo de un año, la función ha terminado y resta esperar para obtener respuestas sobre sus acciones. Esperamos que no sea cuando el período presidencial concluya.

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Según lo que se escucha el consejero Juan José Murillo dice al juez “A ver, como usted ve, las fuerzas políticas están queriendo y pretendiendo cambiar dentro de la Asamblea. Ya ha llegado Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea y esto va a empujar a que se produzcan varios movimientos en algunas instituciones: Judicatura, CPCCS, inclusive están hablando de la presidencia de la República. Así de claro”.

Agregó que es un “tema político que están tratando de controlar al Ejecutivo. Me ha contactado el presidente y estaba conversando un poquito con fuerzas políticas para ver cómo esto ya se logra revertir.” De acuerdo con Murillo se va a cambiar al presidente de la Asamblea y que su nombramiento sería solo temporal.

Murillo añade que “hay un tema puntual, para no hacerles pasar más el tiempo. Ha llegado a su sala una decisión de una jueza de la niñez y adolescencia de Iñaquito ¿no sé si ya revisó?”.

El juez Gustavo Ocejo le responde. “O sea recién me estoy enterando hace un momento. La verdad no tengo la más mínima idea del fondo y, si le soy sincero, desde hace tiempo atrás no veo noticias de algunas cosas”.

Llamada del presidente de la República

En el audio se escucha que Murillo le pide al juez revisar la conformación de la Comisión Multipartidista que se originó por el trámite en el CAL de la denuncia del asambleísta Esteban Torres, quien también denunció que un grupo de consejeros está presionando al juez en esta causa.

Murillo dice “Le voy a ser frontal y sincero porque son de confianza. El presidente de la República me ha llamado personalmente el día de ayer. Me ha pedido que, si se puede, se apoye el tema, porque estas circunstancias no van en buen camino, no va a ir en una línea de derecho, sobretodo. Porque todo lo que han hecho y están haciendo se aparta de la línea del derecho”. MIB

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“La Presidencia de la República contará con una Consejería de Gobierno para asesorar políticamente al presidente de la República, cuya función única será asesorar y coordinar, los asuntos de índole política que sean asignados al consejero de Gobierno”, señala el documento.

Ordoñez en la Asamblea

El pasado 4 de febrero, Ordóñez renunció públicamente a su curul en la Asamblea Nacional. «Yo vengo de un mundo donde se debaten ideas. Vengo de un mundo del sector privado donde la eficiencia se mide para valorar los resultados. En este momento no me siento cómodo», dijo el exlegislador.

Pese a su discurso, el historial de Ordóñez en la institución estuvo plagado de denuncias por misoginia contra tres mujeres y cero proyectos de Ley presentados por su parte.

Tras recibir una sanción administrativa por violencia política de género, contra la asambleísta por UNES, Mónica Palacios, dijo que desde diciembre le había comentado al presidente Lasso la idea de renunciar al Legislativo.

«Cuando hablé sobre este tema con el presidente de la República, él planteó esta posibilidad (ser consejero del Gobierno Nacional), yo lo acepté. Me parece una alternativa para mantenerme activo en el proyecto político», señaló Ordóñez.

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«Me veo en la obligación de desmentir al equipo de comunicación de la Asamblea Nacional, por emitir comunicado que falta a la verdad, en el afán de favorecer a no sé quién. Sobre el particular pediré explicaciones en próxima sesión del CAL. Falsear la verdad también es corrupción», escribió el legislador.

El entramado

De acuerdo con el documento, firmado por Pereira, Ronny Aleaga y Virgilio Saquicela, el comunicado del Legislativo indica que primero se analizó el pedido de juicio de Ricardo Vanegas contra los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) de Ricardo Vanegas y José Chimbo. Pone en segundo lugar el pedido de juicio contra cuatro de esos consejeros que hicieron Ángel Maita y Mireya Pazmiño.

Sin embargo, Pereira indica que los trámites ingresaron al revés. Es decir, primero el de Maita y Pazmiño y luego el de Vanegas. Por lo que su discusión y aprobación se realizará de esa manera. «Este es el orden de su calificaciòn y su tratamiento. Así se deberá respetar», reza el comunicado.

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Con los votos de cuatro consejeros del CPCCS – María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo – y 3 ausencias, Hernán Ulloa fue elegido como nuevo presidente del organismo. Rivadeneira será la vicepresidenta.

Después de la toma de juramento, realizaron una limpia de la oficina y la silla que utilizará el nuevo presidente.

Interrupción de funciones en el CPCCS

Sofía Almeida señaló que presentará una denuncia en la Fiscalía General del Estado. De acuerdo a la derrocada presidenta, los consejeros incurrieron en un delito de daño a la propiedad pública. Esto porque forzaron las cerraduras de las puertas de la sala de sesiones del Pleno del CPCCS. La sesión que se convocó, este miércoles, de manera virtual.

La funcionaria dijo que «esta acción se puede interpretar como una injerencia de otras funciones del Estado en el trabajo del CPCCS, con el claro fin de boicotear los procesos de designación de autoridades».

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«Cuando hablé sobre este tema con el presidente de la República, él planteó esta posibilidad (ser consejero del Gobierno Nacional), yo lo acepté. Me parece una alternativa para mantenerme activo en el proyecto político», dijo a FM Mundo. No especificó si la consejería sería ad honorem. En todo caso, sería el séptimo consejero que acompaña a Lasso en el gobierno.

Los consejeros

El 1 de diciembre del 2021, Lasso nombró, mediante decreto, a Carlos Jijón como consejero de gobierno para la vocería gubernamental «que se encargará particularmente, de informar a autoridades, instituciones y a los medios de comunicación nacionales e internacionales sobre las iniciativas, políticas, acciones, programas y posturas del Gobierno Nacional». Jijón era decano en la facultad de Comunicación Social de la UDLA y es el director del portal La República.

Dos meses antes, Lasso había puesto al frente de la Consejería de Gobierno Ad Honorem para la gestión y estrategia comunicacional del Presidente de la República a Rafael Cuesta Vallarino. Hijo de Rafael Cuesta Caputi, gerente general de TC Televisión, participó en la campaña de Lasso en 2017.

El 17 de septiembre, el presidente nombró a Luis Fernando Verdesoto Custode como Consejero de Gobierno para la Gobernanza y Gestión Institucional. Verdesoto dejó su puesto de consejero en el CNE en junio de 2021.

Para la consejería en políticas públicas para la protección del sector bananero, Lasso escogió a Juan José Pons. Expresidente del Congreso Nacional durante la crisis económica de 1999. Luis Enrique Coloma es consejero ad honorem para temas de desnutrición y Aparicio Caicedo aconseja al presidente en temas de gobierno.

De los seis consejeros que tiene Lasso, Jijón y Verdesoto son consejeros con un puesto en la Presidencia. Según la sección transparencia de su página web y los salarios del personal en diciembre de 2021 (la lista más actualizada). Ambos constan como consejeros de Gobierno y ganan USD 4.463,00.

Los que se fueron

Carlos Cuevas fue consejero ad honorem en vacunación. Cuando sus servicios ya no fueron necesarios, fue retirado su cargo. Roberto Salas dejó el ad honorem para ser secretario de alianzas público privadas.

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“No procede ni la infracción electoral ni la sanción. Porque, en primer lugar, es una sentencia inmotivada. Segundo, no se aceptaron los alegatos propuestos por los consejeros del CNE; incluso la abogada de la contraparte no presentó prueba. ¿En virtud de qué argumentos puede emitir una resolución de este tipo?”, dijo el abogado Byron Torres, en referencia a la actuación del juez Ángel Torres, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La víspera, el juez Torres declaró a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Luis Verdesoto culpables de “infracción electoral muy grave”. El TCE ordenó una sanción equivalente a 70 remuneraciones básicas, destitución de cargos y suspensión de derechos de participación por cuatro años.

“Vamos a presentar un pedido de aclaración y ampliación dado que la sentencia es bastante oscura, para que se nos aclare los aspectos legales que corresponden en virtud de la inmotivada sentencia que ha emitido y presentaremos la apelación para que el TCE decida en legal y debida forma”, agregó el defensor de Atamaint.

¿Ganar tiempo?

Según él, el recurso con el que inicia su defensa no se trata de una impugnación sino para que se aclare por qué el juez dicta una sentencia no conforme a norma. Con esta acción, queda a la espera de presentar la apelación para que sea el Pleno del Tribunal quien ratifique o rectifica la sentencia del juez Ángel Torres.

“El proceso se encuentra viciado. Recordemos que el juez Torres ya manifestó a los medios que el CNE había incumplido con la norma, lo que significa que adelantó criterio, prevaricó y por lo tanto está anulada la sentencia”, concluyó.

De acuerdo con la normativa, el Pleno del TCE tiene 10 días plazo, después de avocar conocimiento de la apelación, para emitir una resolución. Es decir, el trámite puede demorar dos o tres semanas. Ello deja apenas 15 días para el 07 de febrero, cuando se realizarán las elecciones de presidente y asambleístas.

Proceso electoral, herido de muerte

Para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge  Acosta Cisneros, las disputas entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral “han herido de muerte la confianza en el proceso electoral”.

“Lo sucedido afecta la confianza en el proceso electoral. A esta altura no sabe si esa confianza se puede recuperar”, sostuvo en Radio de la Calle.

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«Expresamos al país que la sentencia del juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no altera el cumplimiento del calendario electoral que se ejecuta con normalidad para la jornada de votación del próximo 7 de febrero», indica el documento.

La decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Ángel Torres de destituir y arrebatar los derechos políticos a cuatro integrantes del Consejo Nacional Electoral contraviene el Código de la Democracia. Esto debido a que ambas acciones no aplican en consejeros del CNE.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Luis Verdesoto culpables de infracción electoral muy grave. El TCE ordenó una sanción equivalente a 70 remuneraciones básicas, destitución de cargos y suspensión de derechos de participación por 4 años.

«Disponer la publicación de la presente sentencia en la pagina web institucional del Consejo Nacional Electoral, en el banner principal de dicho portal. Allí deberá permanecer de forma visible con un hipervínculo durante dos meses», indica el documento.

La entrada CNE: sentencia contra los consejeros no modificará el proceso de elecciones se publicó primero en La Calle.

«El artículo 270.3 del Código de la Democracia establece claramente que en el caso de los vocales del Consejo Nacional Electoral, la sentencia no puede llevar ni a la suspensión de los derechos políticos, ni a la destitución de su cargo. De tal manera que en este momento la decisión del juez Torres resulta ilegal, arbitraria y contraria al Código de la Democracia», indicó el jurista en diálogo con Radio La Calle.

El CNE, de acuerdo con la ley, tendrá dos días para apelar el fallo del Tribunal Contencioso Electoral y el pleno del TCE resolverá ese pedido de apelación dentro de los siete días siguientes.

El TCE debería revocar la decisión del juez Torres y plantea la posibilidad de destituir a dicho juez por incumplimiento de la norma. «Todo esto debe resolverse por medio de una sola instancia que es el TCE y sin afectar al desarrollo de las elecciones 2021».

Intereses y retraso de las elecciones

Para Molina, existen intereses políticos en torno a la sentencia del juez Torres. «El objetivo claro es dilatar las elecciones. Con una sentencia que es contraria al Código de la Democracia lo que quieren es que el candidato Álvaro Noboa pueda ingresar por la ventana y a última hora. Detener el proceso de impresión de papeletas y proceder a la inscripción de Noboa y el retraso de las elecciones», expresó.

¿Qué sucedió?

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Luis Verdesoto culpables de infracción electoral muy grave. El TCE ordenó una sanción equivalente a 70 remuneraciones básicas, destitución de cargos y suspensión de derechos de participación por 4 años.

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«Disponer la publicación de la presente sentencia en la pagina web institucional del Consejo Nacional Electoral, en el banner principal de dicho portal. Allí deberá permanecer de forma visible con un hipervínculo durante dos meses», indica el documento.

A las 15:55, Radio La Calle se comunicó con la presidenta del CNE, Diana Atamaint, para obtener una impresión sobre la sentencia. «No me voy a pronunciar en este momento. Estamos analizando, todavía no tenemos oficialmente la sentencia y estamos conversando con los asesores», expresó.

Entre los puntos de la sentencia también se encuentra la publicación de un mensaje en la web del CNE que diga. «Reconocer las vulneraciones sucedidas a la tutela judicial efectiva, debido proceso y ofrece disculpas a la ciudadanía ecuatoriana por la afectación a la participación del Movimiento Justicia Social».

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Estos vocales suplentes podrían ocupar el rol de titulares, en caso de que sean destituidos de sus cargos del organismo electoral. Todo depende de la demanda presentada por Jimmy Salazar de Justicia Social, que acusa de infracción electoral grave a cuatro de los cinco vocales del CNE,(excepción Esthela Acero) ante el Tribunal Contencioso Electoral. La denuncia solicita la destitución, multa y la suspensión de los derechos políticos.

María Kronfle es abogada de profesión. Fue una de las legisladoras de la Asamblea Constituyente del 2008 por el Partido Social Cristiano (PSC). También fue electa asambleísta por el Guayas (PSC – Madera de Guerrero) en el período 2009-2013 y la reelección en el ciclo 2013-2017. Fungió también como consejera principal del Consejo Nacional Para La Igualdad de Discapacidades (CONADIS) en 2017.

La abogada Mérida Nájera trabajo como asesora de los diputados de Concertación para el Congreso Nacional entre 1989 y 2007 y en la Asamblea Nacional para el período 2009 -2010, Nájera fue, además, asesora de la Comisión de Justicia, igualmente de la Asambela Nacional.

La también abogada Mónica Noriega trabajó de 1979 a 1988 como asesora de comisiones en el Congreso Nacional. Entre 2011 y 2012 se desempeñó como secretaria relatora en la Asamblea Nacional. De 2001 a 2007 laboró en el Tribunal Supremo Electoral. Representa a la Izquierda Democrática.

Xavier Torres es abogado e ingeniero comercial. De 2000 hasta 2007, trabajó como asesor en el Congreso Nacional. Fue docente de la Universidad Central del Ecuador entre 2003 y 2018. Representa a la Unión Nacional de Mujeres del Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo nombró en marzo de 2020 en reemplazo de Ezequiel Morales.

Andrés León fue profesor de los Colegios Spellman (1968-1980) y Henry Bekerel (1985-1990) Representa al partido SUMA.

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«En virtud de una reunión que mantuve con el asesor de uno de los consejeros del CNE porque a un conocido mío le dijo que era vox populi que yo había recibido dinero de Álvaro Noboa. Acudí para pedirle explicación. En esa reunión me dijo que en Guayaquil estuvieron líderes políticos y una persona lanzó esa acusación», indicó el juez a un medio digital.

Torres agregó que en esa reunión estuvieron consejeros del CNE con dirigentes de organizaciones políticas para discutir sobre el tema de Justicia Social.

Para el juez, las aseveraciones son un atentado a su honra. No he visto a Álvaro Noboa. No me he reunido con nadie y no me ofrecieron absolutamente nada», acotó.

Consejo sin quorum

EL TCE recomedó en una resolución al CNE entregar el tiempo necesario a Justicia Social para realizar elecciones primarias para obtener el binomio presidencial. El partido colocó como primera opción a Fabricio Correa, sin embargo, Justicia Social no tenía la documentación ni el soporte legal para la inscripción.

El Pleno del CNE deberá resolver el asunto, no obstante, la reunión pactada para el 11 de diciembre no contó con el quorum suficiente (Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera se ausentaron) por lo que se la pasó al 12 de diciembre sin éxito. La nueva sesión tendrá lugar el 13 de diciembre a las 18:00.

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“Rechazo categóricamente cualquier amenaza o acto de violencia en contra de las autoridades electorales. Queremos un país de paz, libre y democrático con expresiones pacíficas; igualmente, esperamos que los dirigentes y mandatarios cumplan con pulcritud y justicia sus funciones”, escribió el joven candidato en un tuit.

Por su parte, el partido político rechazó “todo acto de intimidación y violencia del que pueda ser víctima cualquier entidad y ciudadano”. También llamó a la defensa del proceso democrático con el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Asimismo, la coalición Unión por la Esperanza (UNES) convocó a sus simpatizantes y la ciudadanía en general a “estar vigilantes ante la decisión que tome el CNE este miércoles, en torno al binomio de la esperanza”. UNES llamó nuevamente a reunirse en los exteriores del organismo electoral en horas de la tarde.

Amenazas de muerte

El CNE emitió un comunicado en el que indica que Diana Atamaint, Enrique Pita y los consejeros Luis Verdesoto, José Cabrera y Estela Acero recibieron correos electrónicos con amenazas de muerte. “Rechazamos categóricamente este tipo de actos cobardes que pretenden intimidar y bajo amenaza incidir en la toma de decisiones de las autoridades electorales”.

El CNE entregó las pruebas a la Fiscalía General del Estado e indicó que no existe intención de favorecer o perjudicar a ningún candidato.

Calendario electoral

Hasta el momento, seis candidaturas están inscritas en el CNE. De ese total, solo dos están aprobadas: el binomio de Democracia Si, y la Izquierda Democrática. Los consejeros deben aprobar a los candidatos de UNES, CREO, Juntos Podemos y Libertad es Pueblo. Los partidos tienen hasta el 7 de octubre para inscribir a su candidato.

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