La decisión tuvo seis votos a favor y uno en contra para dar inicio al juicio político. En la reunión se ordenó la suspensión de todos los procesos similares. Es decir, el juicio político contra Lasso tendrá prioridad en Fiscalización.

Una vez entregado el documento, Lasso presentará las pruebas de descargo en la mesa legislativa en un plazo de diez días. Cuando las pruebas de cargo y descargo se hayan analizado, la comisión deberá presentar el informe motivado, en diez días más, al Pleno de la Asamblea.

Luego, en tres días el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, difundirá el informe, dentro de 48 horas convocará al Pleno y en cinco días debatirán el trámite.

Lo defenderá con uñas y dientes

El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, aseguró que el proceso de juicio político contra Lasso «está caído». Según el asambleísta, el documento no reúne todas las pruebas acusatorias.

¿Puede la Comisión archivar el caso?

Según el parlamentario, si la idea de no avanzar con el juico político obtiene cinco votos en la mesa, el proceso se archivaría. Sin embargo, en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa especifica que:

«Una vez que las pruebas de cargo y descargo se hayan presentado la comisión deberá presentar un informe al presidente de la Asamblea Nacional el informe que detalle las razones de su recomendación».

De no aprobarse el documento, Villavicencio tendría dos días para remitir las actas de los votantes y un informe que detalle sus posiciones al presidente del Parlamento. Es decir, en cualquiera de los dos escenarios la decisión queda en manos del Legislativo y no del representante de la Comisión. (N.J.C)

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«Una vez que se corrija el informe, se remitirá el pedido. Si lo aprueban se enviará de manera inmediata a la Corte Constitucional», refirió.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, comentó que los impulsadores de este proceso no tienen autorización para cambiar el contenido del informe. Sin embargo, tienen la posibilidad de añadir los puntos que se requieran.

La parlamentaria mencionó que el tipo penal y el verbo rector, que son los delitos de concusión y peculado, se mantienen, por lo que solo incorporarán los artículos 278 y 281 que están en el Código Orgánico Penal (COIP) vigente.

«Citamos los puntos de la Constitución que estaban vigentes en el momento en que se cometió el delito. Es decir, el tiempo en el que Luque cometió todos esos actos y el presidente Lasso tenía conocimiento y no dijo nada, pondremos los que se manejan ahora», refirió.

¿Qué dicen esos artículos?

El artículo 278 del Código Integral Penal (COIP) menciona que los servidores públicos abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles serán castigados con una pena privativa de siete a diez años.

Mientras que, el artículo 281 del COIP señala que los servidores públicos que abusando de su poder exijan a otros la entrega de derechos, cuotas, contribuciones o gratificaciones no debidas serán sancionados con una pena de tres a cinco años.

Reconsideración de la petición de juicio político

Con cinco votos a favor, el CAL aprobó la reconsideración a la resolución tomada en el pasado lunes 20 marzo, en la que se calificó y admitió a trámite el juicio político en contra Lasso.

De este modo, en lugar de remitir el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional (CC), dispone a los solicitantes completar los requisitos correspondientes, e incluso corregir errores.

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Tras esto, la decisión inicial del CAL se queda sin fundamentos. De este modo, en lugar de remitir el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional (CC), dispone a los solicitantes completar los requisitos correspondientes, e incluso corregir errores.

¿A qué errores se refiere?

La reconsideración llega tras el surgimiento de nuevas alertas sobre errores en el expediente presentado. Los legisladores solicitantes invocaron artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) vinculados a concusión y peculado, derogados desde febrero de 2021.

En razón de ello, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, convocó nuevamente al CAL para revisar lo aprobado previamente. Fue así como se obtuvo una nueva resolución.

Las asambleístas Johanna Moreira y Nathalie Arias, integrantes del CAL (quientes votaron en contra), expresaron que no se busca «completar» requisitos, sino «corregir» los errores.

Durante la tarde de este martes, el asambleísta Esteban Torres (PSC) había manifestado que el documento final no deberá tener fallas, previo a ser enviado a la CC. Asimismo, explicó estos acontecimientos ocurren dentro del plazo establecido en la norma para calificar el pedido de juicio.

¿Qué implica esto?

Los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (ex PK), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (ID) deberán completar dichos requisitos en el plazo de tres días.

La solicitud previa de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, tenía cinco días en el CAL. Se esperaba que el expediente correspondiente fuese enviado a la Corte Constitucional para que efectue el dictamen de admisibilidad.

JR

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Las únicas abstenciones vinieron de las asambleístas Johanna Moreira (ID) y Nathalie Arias (CREO).

En cambio, los legisladores que votaron a favor fueron: la cabeza del Legislativo, Virgilio Saquicela; Ronny Aleaga y Marcela Holguín (UNES); Esteban Torres (PSC); y, Darwin Pereira (PK).

¿Qué sigue?

El CAL remitirá el documento a la Corte Constitucional (CC) para el respectivo dictamen de admisibilidad.

Luego se sortearán los jueces que tratarán el tema. Los magistrados tienen seis días para emitir su dictamen. Transcurrido el tiempo, la Corte notificará a Virgilio Saquicela si se da paso o no a la solicitud. Después Saquicela deberá notificar al CAL en el término de tres días.

Aquí puede pasar lo siguiente

En este punto, el presidente Lasso podría decretar la muerte cruzada para detener su juicio político. Sin embargo, al disolver la Asamblea, él gobernaría por los siguientes seis meses vía decreto y sería expulsado de Carondelet. Finalmente, el CNE llamaría a elecciones.

El régimen tiene en cuenta que esta posibilidad tiene una contraparte, y es el movimiento indígena. En la última reunión ampliada de la Conaie, los dirigentes resolvieron iniciar un paro nacional si el mandatario disolvía algún poder del Estado.

Si no hay muerte cruzada, entonces…

Si la muerte cruzada no pasa, entonces, el pedido de juicio político (con dictamen de la Corte) pasaría a la Comisión de Fiscalización, donde Lasso sería llamado a comparecer y defenderse.

Por último, la mesa legislativa, encabezada por el gobiernista Fernando Villavicencio, emitirá un informe y el Pleno votará por la destitución del jefe de Estado.

Sobre el pedido

Viviana Veloz y Mauricio Zambrano (UNES), además de Pablo Muentes (PSC) encabezaron la recolección de firmas para el pedido de juicio político en contra del mandatario Guillermo Lasso. El hecho sucedió la tarde del jueves 16 de marzo en la sala de sesiones del Pleno Legislativo.

Los funcionarios se encargaron de distribuir los formularios en los distintos curules de sus respectivas bancadas. La solicitud requiere de un mínimo de 46 firmas de respaldo entre los 137 legisladores. En total se reunieron 59 firmas a favor del pedido de juicio.

«El presidente ha preferido proteger a su cuñado, a su familia y a sus amigos y ocultar una investigación que atacaba al narcotráfico albanés «, expresó Viviana Veloz, esta tarde ante los medios de comunicación.
Lasso es acusado por presuntas omisiones expuestas en una trama de corrupción en el sector público expuestos en el citado caso, también conocido como «El Gran Padrino».

La entrada Solicitud de juicio político contra Lasso pasa a la Corte Constitucional se publicó primero en La Calle.

La UTL indicó que el documento cumple con los requisitos del artículo 129 de la Constitución del Ecuador. Además, aseguró que la solitud se encuentra «debidamente fundamentada» y los cargos atribuidos a Lasso se formularon de manera correcta.

También, señaló que existe el anuncio de la totalidad de la prueba que presentarán, así como la prueba documental correspondiente y la verificación de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional.

«Se recomienda al CAL se admita a trámite la Solicitud de Enjuiciamiento Político(…) y remita a la Corte Constitucional dicha solicitud», reza el informe de la entidad.

Sesión del CAL

El CAL convocó a sesión para conocer y resolver la solicitud de juicio político contra Lasso. El máximo órgano de administración del Parlamento se reuniría la noche de este viernes 17 de marzo a las 19:45.

Sin embargo, no terminaron de analizar la petición, por lo que pidieron a la UTL un informe de cumplimiento de requisitos en un plazo de 24 horas.

Los proponentes son: Viviana Veloz (UNES y presidenta de la Comisión Ocasional), Mireya Pazmiño (PK-r), Rodrigo Fajardo (ID) y Pedro Zapata (PSC).

Si la calificación y evaluación del pedido resulta aprobada, el CAL remitirá el documento a la CC para el respectivo dictamen de admisibilidad.

Luego se sortearán los jueces que tratarán el tema. Los magistrados tienen seis días para emitir su dictamen. Transcurrido el tiempo, la Corte notificará al titular del Legislativo, Virgilio Saquicela, si se dio paso o no a la solicitud. Después él deberá notificar al CAL en el término de tres días.

Entre la espada y la pared…

Aquí, Lasso podría decretar la muerte cruzada para detener su juicio político. Al disolver la Asamblea, él gobernaría por los siguientes seis meses vía decreto y sería expulsado de Carondelet. Finalmente, el CNE llamaría a elecciones.

El régimen tiene en cuenta que esta posibilidad tiene una contraparte, y es el movimiento indígena. En la última reunión ampliada de la Conaie, los dirigentes resolvieron iniciar un paro nacional si el mandatario disolvía algún poder del Estado. (N.J.C)

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El máximo órgano de administración del Parlamento se reunirá la noche de este viernes 17 de marzo a las 19:45.

Los asambleístas que actuarán como proponentes son: Viviana Veloz (UNES y presidenta de la Comisión Ocasional), Mireya Pazmiño (PK-r), Rodrigo Fajardo (ID) y Pedro Zapata (PSC).

Si la calificación y evaluación del pedido resulta aprobada, el CAL remitirá el documento a la Corte Constitucional (CC) para el respectivo dictamen de admisibilidad.

Luego se sortearán los jueces que tratarán el tema. Los magistrados tienen seis días para emitir su dictamen. Transcurrido el tiempo, la Corte notificará al titular del Legislativo, Virgilio Saquicela, si se dio paso o no a la solicitud. Después Saquicela deberá notificar al CAL en el término de tres días.

Aquí puede pasar lo siguiente

En este punto, el presidente Lasso podría decretar la muerte cruzada para detener su juicio político. Sin embargo, al disolver la Asamblea, él gobernaría por los siguientes seis meses vía decreto y sería expulsado de Carondelet. Finalmente, el CNE llamaría a elecciones.

El régimen tiene en cuenta que esta posibilidad tiene una contraparte, y es el movimiento indígena. En la última reunión ampliada de la Conaie, los dirigentes resolvieron iniciar un paro nacional si el mandatario disolvía algún poder del Estado.

Si no hay muerte cruzada, entonces…

Si la muerte cruzada no pasa, entonces, el pedido de juicio político (con dictamen de la Corte) pasaría a la Comisión de Fiscalización, donde Lasso sería llamado a comparecer y defenderse.

Por último, la mesa legislativa, encabezada por el gobiernista Fernando Villavicencio, emitirá un informe y el Pleno votará por la destitución del jefe de Estado.

Sobre el pedido

Viviana Veloz y Mauricio Zambrano (UNES), además de Pablo Muentes (PSC) encabezaron la recolección de firmas para el pedido de juicio político en contra del mandatario Guillermo Lasso. El hecho sucedió la tarde del jueves 16 de marzo en la sala de sesiones del Pleno Legislativo.

Los funcionarios se encargaron de distribuir los formularios en los distintos cureles de sus respectivas bancadas. La solicitud requiere de un mínimo de 46 firmas de respaldo entre los 137 legisladores. En total se reunieron 59 firmas a favor del pedido de juicio.

«El presidente ha preferido proteger a su cuñado, a su familia y a sus amigos y ocultar una investigación que atacaba al narcotráfico albanés «, expresó Viviana Veloz, esta tarde ante los medios de comunicación.

Lasso es acusado por presuntas omisiones expuestas en una trama de corrupción en el sector público expuestos en el citado caso, también conocido como «El Gran Padrino».

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El asambleísta por Pachakutik, José Chimbo presentó esta segunda solicitud y la primera la puso el legislador Jorge Abedrabbo por supuestos incumplimientos en las vías en la provincia de Bolívar.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, comentó que las dos solicitudes se unificarán y se presentará a la Comisión la tercera semana de febrero, luego del juicio político al exministro del Interior, Patricio Carillo.

Los procesos contra Herrera se deben al presunto abandono de las vías en la Amazonía, la conexión entre las provincias de Sucumbíos, Napo y Pichincha y los inconvenientes en la variante San Luis – Reventar por más de un año.

También, se denuncia un supuesto perjuicio en la inversión pública en material vial por falta de gestión. “No hay ejecución presupuestaria del 61 % a noviembre de 2022”, según El Universo.

Incumplimientos

Según Chimbo, el ministro incumplió los contratos y asignación de fondos para ejecutar las vías Santa Fe- Caluma y Talahua- Facundo Vela. Además, la promesa institucional de la construcción de la vía Ambato-Guaranda- Babahoyo de cuatro carriles.

En la Costa

El asambleísta mencionó que el 80 % de las vías en Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Esmeraldas están en abandono. En el caso de Santa Elena solicitan información del contratista, proceso de selección y cumplimiento de trabajos.

Además, los legisladores piden información de la ejecución del proyecto Santo Domingo-Buena Fe sobre las estaciones de peaje operativas, aporte de concesionarios, reducción de peajes en la obra y el financista del proyecto.

El “quinto puente”

Herrera deberá entregar la documentación sobre el proyecto Viaducto Sur o “quinto puente” sobre el avance, mecanismo de contratación y la resolución del conflicto con la Prefectura del Guayas. (N.J.C)

La entrada Segunda petición de juicio político contra el ministro de Transporte, Darío Herrera se publicó primero en La Calle.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, manifestó que esta ley se acopla a la realidad que hoy en día viven las comunidades. Algunos vehículos llegan a lugares donde no hay movilidad y la ley no les ampara. También aclaró que el transporte comunitario no hacer referencia a los carros viejos, sin licencia y sin llantas. “Así nos han hecho ver para garantizar una ley que afecta a los usuarios”, resaltó.

Si la propuesta del legislador Peter Calo se aprueba en la Asamblea, el sector productivo y agrícola tendría mayores facilidades. La asambleísta Pazmiño recalcó que en las comunidades nace la reactivación económica. “Estamos más que seguros que el Gobierno va a vetar esta ley, como todo lo que ha vetado en favor de las comunidades”, agregó.

El proyecto fue entregado en gestión documental del Legislativo para su posterior análisis en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Luego la comisión, a la que sea asignada la propuesta, realizará un informe con las respectivas observaciones a ser debatidas en el Pleno de la Asamblea. Para su aprobación se necesitan 70 votos. (A.G.M).

La entrada Nuevo proyecto de ley beneficia la movilidad de las comunidades alejadas se publicó primero en La Calle.

Pachakutik presentará la denuncia el próximo martes ante el CAL y luego al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Durante el debate para la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, Luna se dirigió al curul del legislador Salvador Quishpe y se refirió a él con insultos e intentos de agresión.

El incidente sucedió luego de que la parlamentaria Sofía Sánchez señalara que la reforma tributaria se aprobó por un pacto de UNES con el Gobierno en 2022, señaló El Universo.

Según Quishpe, los asambleístas de Pachakutik con raíces ancestrales reciben permanentes agresiones, burlas y actos racistas.

“Tan solo porque no somos del agrado de su línea política, resulta que somos los ponchos dorados, los mente reducidas, el rey del betún y tantas otras cosas que descalifican el proceso”, indicó.

La denuncia que presentará Quishpe se fundamenta en e artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El legislador comentó que esta solicitud también irá contra Pamela Aguirre por comentarios similares en una sesión anterior. Reiteró que espera que el CAL actúe en justicia y no de manera sesgada.

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«Recibido el viernes 11 de noviembre de 2022, el proceso Constitucional, tipo de procedimiento: Garantías jurisdiccionales de los derechos por acción de protección con medida cautelar seguido por Fernando Villavicencio en contra de Virgilio Saquicela», reza el oficio.

Sobre la sanción

El 10 de noviembre, el CAL suspendió a Villavicencio por una queja de su homóloga por UNES, Patricia Núñez. La sanción se debió a comentarios ofensivos y discriminadores contra la legisladora. Asimismo, Villavicencio enfrenta otra queja (aún no tramitada por el CAL) de Pamela Aguirre.

El asambleísta se refirió a Núñez a través de Twitter: «Por hacerte la fiscalizadora con información falsa, quedaste como puerco y ahora tienes que enfrentar a la justicia, Patricia Núñez» o «Esta señora de Ecomoda irá a acompañar a Glas (en prisión)».

En la otra queja, Aguirre lo denunció por haber calificado a la bancada de UNES como una «banda de mafiosos».

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“Sobre la base de esto deberíamos trabajar en materia de legislación y fiscalización. Las bancadas ya están informadas”, manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, aseguró que en este momento no hay un solo asambleísta que tenga denuncias en el CAL.

“El pueblo ecuatoriano puede tener la tranquilidad de que ya nos pusimos a trabajar en beneficio del país”, afirmó Pereira.

El vicepresidente comentó que no evidencia una mayoría consolidada, sino más bien se observa a una mayoría unida por la coyuntura del país.

“Esta nueva mayoría coincide en que la Asamblea no podía seguir siendo el patio trasero de Carondelet», sostuvo Pereira.

También detalló que se encuentran haciendo un esfuerzo por reivindicar a la bancada de Pachakuitk, aunque no es fácil.

“Hay compañeros que no quieren votar en una línea de progresismo, pero nos damos cuenta que cada vez son menos”, aseguró Pereira.

La entrada Darwin Pereira: “La Asamblea no podía seguir siendo el patio trasero de Carondelet” se publicó primero en La Calle.

“El CAL, con el voto unánime de los seis integrantes presentes calificó a trñamite tres solicitudes de juicio político, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley en contra de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la expresidenta y los miembros del Consejo de la Judicatura”, publicó el Órgano Legislativo.

Según asambleístas de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik (PK) y del Partido Social Cristiano (PSC), la pugna interna entre los siete consejeros ha provocado un debilitamiento institucional debido al incumplimiento de sus funciones respecto a la elección de autoridades.

El enjuiciamiento se plantea para Sofía Almeida, David Rosero, Juan Dávalos, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñan y Francisco Bravo.

Primera solicitud

El CAL calificó la solicitud de juicio político en contra de los siete consejeros del CPCCS. Moción presentada por los legisladores de Pachakutik, Ricardo Vanegas y José Chimbo. Los asambleístas argumentaron incumplimiento de funciones en la designación de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado, la destitución de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, y por el nombramiento de Pablo Iglesias Paladines como Superintendente de Ordenamiento Territorial.

Segunda solicitud

El CAL también admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra de cuatro consejeros del CPCCS: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, ibeth Estupiñan y Francisco Bravo.

Los ponentes fueron los legisladores de Pachakutik, Mireya Pazmiño y Ángel Maita Zapata. Sostuvieron que estos integrantes del Consejo de Participación “modificaron el reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado aprobado por el organismo en agosto pasado”, reza el comunicado.

Tercera solicitud, la de yapa

La última solicitud de juicio político calificada por el CAL fue en contra de la expresidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, y tres vocales de la institución, Fausto Murillo Fierro, Ruth Barreno Velín y Juan José Morillo Velasco.

La solicitud fue presentada por los asambleístas por UNES, Viviana Veloz y Fausto Jarrín.

Respuestas…

La Secretaría General de la Asamblea Nacional remitirá en un plazo máximo de tres días, las solicitudes de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento. Esta información será enviada al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. El asambleísta deberá avocar conocimiento y sustanciar el trámite según lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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El objetivo de ambos proyectos es derogar el cuerpo normativo publicado en el Registro Oficial 587, para dejar sin efecto las reformas aplicadas a 22 leyes, entre las cuales se encuentran las tarifas progresivas de los impuestos a la renta, deducción de gastos personales, limitación eliminación del impuesto a la herencia, contribuciones temporales, entre otras reformas que entraron en vigor en enero del presente año.

El apoyo para los proyectos vendrá de parte de los asambleístas Darwin Pereira (Pachakutik) y Ronny Aleaga (UNES), sin embargo, aún son inciertas las votaciones de Yeseña Guamaní y Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, al igual que el de Guadalupe Llori (Pachakutik).

Asimismo, es probable que Virgilio Saquicela de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y Nathaly Arias de CREO se acojan al informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que recomienda no calificar los dos proyectos presentados por los legisladores, bajo el criterio que no cumplen con los requisitos formales establecidos en los artículos 134, 135, 136 y 301 de la Carta Magna.

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«Sobre la base de lo expuesto y en aplicación del Artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Unidad de Técnica Legislativa recomienda al Consejo de Administración Legislativa:

No calificar el proyecto, “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal” a efectos de que las causales que derivan en el incumplimiento de los requisitos de calificación y los posibles vicios de inconstitucionalidad puedan subsanarse conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa».

Informe

En un informe de 88 páginas, la Comisión llegó a determinar que el proyecto no consideraba temas como los derechos de niños, niñas y adolescentes. También la paridad de género.

El “Proyecto de Ley de Oportunidades», a criterio de la Comisión, no evidencia una relación de conexión con las normativas del Código del Trabajo, Ley Orgánica de Organización Territorial, entre otros.

Ahora está en manos del CAL decidir si el proyecto pasa a debate en una Comisión y de allí al Pleno del Legislativo.

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En enero de 2020, los legisladores Roberto Gómez (exCREO) y Amapola Naranjo (RC) presentaron la solicitud de juicio político. Sin embargo, el mismo presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, no convocó al CAL para iniciar el proceso.

La funcionaria admitió que no es la primera vez que solicitan el juicio político en su contra por los hechos violentos sucedidos en las protestas de octubre. Según el registro de la Defensoría del Pueblo se registraron “8 personas fallecidas a escala nacional, siendo Pichincha la provincia con la mayor incidencia” resultado de los enfrentamientos y la represión policial.

Romo alegó que a pesar de responder a las preguntas del Legislativo, “hay voces que insisten en la calificación de este juicio”. Según la ministra, es resultado de su gestión. “No me perdonan haberlos enfrentado y denunciado” agregó.

Según un tuit publicado en su cuenta oficial, María Paula Romo comparecerá ante la Asamblea las veces que requiera. Sin embargo, los antecedentes dicen algo diferente. A pesar de recibir las convocatorias de comparecencia en ocasiones anteriores, la funcionaria logró evadir la función fiscalizadora de la Asamblea.

Exceso policial en las movilizaciones de octubre de 2019

El proceso propuesto por los asambleístas Gómez y Naranjo responde a diferentes causas. Entre ellas, se menciona el exceso policial, el uso de bombas lacrimógenas caducadas, el ataque a centros de paz y el incumplimiento de funciones al convocar de forma tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Esto último a propósito de las agresiones que sufrieron los periodistas que cubrían los sucesos de octubre.

Ahora la solicitud pasará a la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso de recepción de pruebas y testimonios. El proceso también contempla el juicio en contra del implicado en actos de corrupción por fraude al CONADIS y el presidente del Consejo de Participación (CPCCS), Christian Cruz.

Un poco antes de la aprobación de la solicitud, la ministra Romo colgó en sus redes sociales un video sobre la carta enviada al CAL. En él, pide que califiquen el juicio político en su contra. Para la ministra, el proceso se da porque es “incómoda” para muchos sectores políticos. (AB)

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Hasta este 2 de septiembre, Romo lleva tres intentos de juicios políticos dentro de la Asamblea Nacional. El primero de ellos lo presentaron en relación al mal uso de un helicóptero de la Policía Nacional para fines personales. El segundo fue en relación a los hechos de las manifestaciones de octubre, donde murieron varios ciudadanos, otros perdieron uno o sus dos ojos y la Policía utilizó gas lacrimógeno en zonas de paz llenas de niños y madres indígenas. El último intento está relacionado con el presunto reparto de hospitales a asambleístas para obtener votos a favor de leyes del Gobierno, en el cual Romo sería la mente maestra detrás de todo, de acuerdo a investigaciones periodísticas.

Richard Martínez ya lleva cinco pedidos de juicio político en la Asamblea Nacional. El primero fue en 2019 porque Martínez no entregaba los recursos económicos correspondientes a los GAD´s de la Amazonía. El segundo intento lo presentó el Partido Social Cristiano en el contexto de la pandemia. En ese, acusaban a Martínez de manejar mal la crisis sanitaria y de no dar datos precisos sobre el pago adelantado de la deuda externa. Los otros juicios los plantearon los ambleístas Raúl Tello, Juan Cristóbal Lloret y Jimmy Candell. Ellos aseguraban que Martínez causó un deterioro en la educación con la reducción de su presupuesto y también lo acusan de priorizar el pago de la deuda externa por sobre la salud de los ecuatorianos.

Pedido de destitución

El 27 de agosto del 2020, 123 legisladores de la Asamblea Nacional pidieron al presidente Lenín Moreno que remueva a María Paula Romo de su cargo por incumplimiento de funciones. A través de su cuenta oficial de Twitter, Moreno defendió a su ministra y dijo que cuenta con su respaldo ante las acusaciones del Legislativo. (DR)

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