El pasado 14 de agosto el presidente de este organismo, Mario Godoy, solicitó a Contraloría una auditoría al proceso contractual de Métricas-Web S.A.S, empresa encargada de aplicar las pruebas de confianza a los postulantes.

Ante esta situación, el Pleno de la Judicatura dispuso devolver a las áreas técnicas, los informes sobre la prueba teórica del concurso y suspender su conocimiento hasta que Contraloría entregue los resultados.

Por otro lado, las autoridades dispusieron a la Dirección Nacional de Talento Humano que en un plazo de 10 días presente ante el Pleno un informe sobre el proceso de contratación con la empresa en cuestión.

Adicionalmente, las autoridades resolvieron de forma unánime la modificación del cronograma del concurso, hasta tener una respuesta de Contraloría.

¿Una empresa fantasma?

La alerta de presuntas irregularidades surgió a partir de una investigación de Teleamazonas, medio que reportó inconsistencias en el domicilio que registra la dirección de la empresa en la Superintendencia de Compañías. Al llegar de visita al lugar no hallaron las oficinas y se desconoce el paradero de los directivos.

Por otro lado, la empresa fue constituida en julio del 2022 y la única experiencia previa estuvo relacionada a un contrato por el servicio de software de pruebas psicométricas para el Municipio de Ibarra por USD 3.700.

Asimismo gran parte de los miembros de la compañía no registran títulos profesionales en la Sennescyt. Por otro lado, uno de los números telefónicos registrado está asociado con una farmacia.

Durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, Godoy recomendó suspender el concurso hasta no tener un informe sobre presuntas irregularidades. (AGM).

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Quito, 22 jul (La Calle).- Mario Godoy, presidente de la Judicatura, garantizó transparencia e independencia de funciones durante su periodo, asegurando que no se encuentra en su agenda revisar el caso Sobornos.

 “Yo soy muy respetuoso de la vital importancia que tiene el Consejo de la Judicatura, que es mantener la independencia en la resolución de las causas.” Dijo el nuevo dirigente de la Judicatura, este 22 de julio en el espacio de entrevistas de 24 Horas.

Godoy, afirmó que durante su trayectoria laboral ha realizado su trabajo con transparencia, objetividad y de forma profesional. Por lo que en su plan de trabajo lo enfocó sobre la idea de un “Gobierno abierto”, con el objetivo de transparentar las labores en el Consejo de Judicatura.

Asimismo el recién posesionado presidente confirmo que desconocía de las presiones al secretario de la Asamblea, por parte del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, para apresurar su posesión. Recalando que no ha tenido ningún contacto con el Gobierno hasta el momento. 

Sobre el concurso de jueces, Wilman Terán y el presupuesto

El funcionario aseguró que el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia seguirá “acorde al cronograma aprobado”.

De la misma manera Godoy indicó que el presupuesto para el Consejo de la Judicatura no se verá afectado por la acción de protección por Wilman Terám.

El mismo indico que el presupuesto fue canalizado y se realizaron acciones administrativas para garantizar el funcionamiento del organismo.

“Pueden confiar en mi”

El titular de la judicatura admitió que es difícil acabar con la corrupción en solo cinco meses. Sin embargo admitió que planteará acciones para mejorar y recuperar la imagen institucional. Una de ellas es un prueba de confianza al cual el personal, parte de su administración, deberá obligatoriamente someterse.

“ Pueden tener confianza. Estoy encaminado que estos mese se sienten las bases para que la nueva administración continué con una línea clara, con especial atención en la lucha contra la corrupción” declaró Godoy.

Godoy también comentó sobre las acusaciones de supuesto vínculos con el narcotráfico. El ahora presidente de la judicatura afirmó que hay grupos que “pretenden deslegitimar” su trayecto.

Sobre su conexión con los hermanos Larrea (vinculados al narcotráfico), el abogado indicó que su participación en su defensa, durante un caso no penal en el año 2014, cuando existía un vinculo familiar. Sin embargo recalco que dicho vinculo ya no existe, desde antes de la sentencia de los hermanos Larrea por situaciones irregulares en el 2019. (N.C)

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La consejera denunció que le impidieron ingresar a la reunión telemática para la elección de la nueva autoridad que reemplazará a Álvaro Román en el Consejo de la Judicatura (CJ). Bonifaz declaró que estuvo en la sala de espera y que luego la expulsaron, en un segundo intento por ingresar a la reunión tampoco tuvo éxito.

Ante este problema solicitó a la consejera Yadira Saltos que informe a los demás consejeros lo ocurrido, sin embargo, cuando admitieron su acceso la votación ya estaba cerrada.

»Mi voto iba a ser en abstención, muy aparte de cualquier criterio que tenga sobre la candidata Martínez, pero no se tuvo el tiempo necesario para revisar los planes de trabajo», detalló la funcionaria.

¿Un boicot?

Al ingresar a la sesión la consejera Bonifaz pidió que se tome en cuenta su votación y de lejos se escuchó la voz de la consejera Mishelle Calvache, quien dijo que »no hay que permitirle sino Fantoni (presidente del Cpccs) estaría perdido». La evidencia quedó registrada en el minuto 17:16 de la sesión extraordinaria n° 14.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea pidió la comparecencia de los funcionarios implicados. El titular del Cpccs argumentó que hubo un montaje ya que Calvache habría tenido el micrófono apagado, un perito expuesto por la asambleísta Pamela Aguirre desmintió esta afirmación.

Por otro lado, Fantoni negó conocer el parentesco que tendría Martínez con la exministra de Gobierno, María Paula Romo y anunció que permitirá la reconsideración de la votación. (AGM).

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Según el artículo 18 del Reglamento de Sesiones del CPCCS, en caso de empate, el voto del presidente del organismo será dirimente. Fantoni ejerció esa facultad y se pronunció  a favor de la designación de Martínez.´La Asamblea la posesionará en el cargo el próximo 11 de julio.

¿Quién es Martínez?

Dunia Martínez es doctora en Jurisprudencia y Abogada de los tribunales de la República por la Universidad del Azuay y Magíster en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), según los registros del Senescyt. Se desempeñó como consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asesora del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), coordinadora de Publicaciones en la Corte Constitucional.

Fue docente en la UASB, Universidad de las Américas, Universidad Central del Ecuador, SEK Ecuador, Universidad Católica del Ecuador, Universidad del Azuay y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. No registra deudas con el SRI y en su hoja de vida no figura experiencia judicial.

Problemas en la elección

A pesar de que en el acta consta la ausencia de la consejera Bonifaz, ésta logró conectarse al final de la votación cuando Fantoni ya nombró a Martínez como presidenta de la Judicatura. Cuando quería ejercer su derecho al voto se escucha en la grabación la voz de la consejera Michelle Calvache diciendo «No hay que permitirle sino Fantoni está perdido». Algo que denunció Bonifaz en sus redes sociales. (MIB)

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Terán, que cumple prisión preventiva desde diciembre de 2023, estaba en la cárcel #4 de Quito por su presunta participación en el caso Metástasis, una estructura criminal en la que participaban jueces para beneficiar, a cambio de dinero, al narcotraficante Leandro Norero.

El SNAI todavía no se ha pronunciado al respecto del traslado. En la ‘Roca’ se encuentran, delincuentes peligrosos como el femicida de María Belén Bernal, Germán Cáceres, pero también personas cuyos delitos son de cuello blanco comoFrancisco Barreiro Abad, el hijo de la vicepresidenta de la República, procesado por el presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias.

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Según la declaración juramentada de Salazar publicada en el sitio web de la Contraloría General del Estado (CGE), inició su trayectoria profesional en el sector público al ser servidora legislativa en el 2019, en donde su patrimonio era de USD 20.153 mil. Tenía activas dos cuentas bancarias, un automóvil y una casa.

Más adelante, a inicios del 2023 pasó por el Parlamento Andino, en donde fue asesora de comunicación. Hasta ese momento declaró un patrimonio de USD 166.168 mil con el registro de un automóvil y dos casas.

El golpe de los USD 15 millones

En abril del 2023, al finalizar su gestión en el Parlamento Andino, los fondos económicos de Mayra Salazar crecieron de manera abrupta, pero todo se habría tratado de un »error de tipeo». De acuerdo al documento de su declaración, su patrimonio era de USD 15.256.385,00 millones, sin embargo, mantenía el mismo número de bienes muebles e inmuebles y un ligero aumento en sus cuentas bancarias.

¿Qué ocurrió? Pues el registro del automóvil que antes era valorado en USD 28.999 mil pasó a costar USD 2.899.900,00 millones. Además, un cambio en los separadores de decimales provocaron que el sistema realice otra sumatoria.

La Calle contactó a Contraloría y un funcionario del departamento de comunicación institucional señaló que este error no es responsabilidad de Contraloría sino de los datos introducidos por el servidor público.

No obstante, indicó que el registro de una declaración con un aumento patrimonial de esta magnitud amerita un examen especial por parte de la institución. Por otro lado, este aparente error de tipeo recién fue revisado por la CGE en el momento que este medio de comunicación realizó la respectiva consulta.

La meta de Salazar

El último cargo de Salazar fue el de analista de comunicación en el Consejo de la Judicatura (CJ) en el Guayas en octubre del 2023. Ahí registró un patrimonio de USD 324.184 mil, es decir, que desde el 2019 hasta el año pasado aumentó su capital en más de USD 300 mil.

Actualmente, Salazar es la pieza clave de los casos Metástasis y Purga. En diciembre del 2023, las pesquisas de la Fiscalía llevaron a develar una estructura criminal en la Función Judicial. Ella ayudaba y colaboraba con el narcotraficante, Leandro Norero. (AGM).

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 »Le mandé a decir, mire su mano derecha está haciendo esta campaña. Hasta el día de hoy espero la respuesta, puede ser que no tenga tiempo de razonar todavía o de reflexionar», dijo en entrevista a FM Mundo.

No obstante, recalcó que le hizo conocer su mensaje a través de amigos en común, más no de manera directa, pero si señaló que el líder político sabía que Muentes la perseguía.

»Todos lo sabían»

También expuso su indignación ante la reacción »sorpresiva» de otros funcionarios de la Judicatura frente a la detención del exlegislador del PSC, pues su interferencia en las decisiones de la institución habría sido un secreto a voces.

»Hay gente que tiene miedo obvio. Yo no puedo decir en público cosas que sé, mis excompañeras que saben tampoco lo pueden decir», resaltó.

Como solución planteó la conformación de una mesa técnica en donde se garantice confidencialidad y que se mediado por entes extranjeros que no tengan ninguna conexión con las redes delincuenciales.

Frente a estas polémicas declaraciones, la Comisión Legislativa de Fiscalización solicitó la comparecencia de la exfuncionaria el próximo 8 de marzo a las 11h00 en modalidad virtual.

La respuesta de Nebot

»Ella fue, hasta enero del año pasado, Directora del Consejo de la Judicatura en Guayas; es decir la máxima autoridad administrativa y disciplinaria de los jueces y fiscales de la provincia. ¿Por qué no presentó la denuncia formal contra los involucrados en la Fiscalía, ni sancionó a los jueces y fiscales como era su deber?», dijo el presidente vitalicio del PSC, Jaime Nebot.

Además, aclaró que ningún momento Coronel le advirtió sobre algún accionar ilegal de Muentes en el campo de la justicia del Guayas.

Por otro lado, dentró del Legislativo, el coordinador de bancada, Vicente Taiano, señaló que la fuerza política es independiente de las acciones de Muentes y que continuarán con el respaldo hacia la fiscal Diana Salazar, quien está próxima a enfrentar un juicio político. (AGM)

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El informe aprobado por la Comisión de Fiscalización detalló que Morillo incurrió en un presunto tráfico de influencias en favor de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. También se delegó esa responsabilidad a Murillo, quien en su cargo de presidente de la Judicatura no habría tomado cartas en el asunto.

No obstante, Morillo señaló que el tráfico de influencias no es una causal dentro de la normativa legal para proceder con la censura.

La mesa parlamentaria también detalló que existió una falta de ejecución en el proyecto de homologación salarial; en este sentido, Murillo detalló que los testigos presentados en esta acusación no tenían evidencias por lo que no había sustento.

De igual manera, se le atribuyó la responsabilidad de falta de insumos a las entidades judiciales y al abandono de la construcción del Palacio de Justicia, en Manabí.

»Creo que fui el presidente que más se preocupó por la construcción del Palacio de Justicia de Manabí (…) cuando estuve en el cargo la obra pasó del 55% al 85% de la reconstrucción», dijo Murillo en su intervención.

Asimismo se le atribuyó arrogación de funciones, pues asumió el encargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura por encima del dictamen de la Corte Constitucional.

¿Reparto de cargos?

»Tenemos evidencias de que sí se entregaron puestos públicos a familiares de exasambleístas para evitar que el señor Murillo sea destituido», dijo la asambleísta Sofía Espín a Radio Pichincha en referencia al anterior juicio político interpuesto por la legisladora, Viviana Veloz.

En este sentido, señaló que la hija del exasambleísta Francisco León; el primo del exlegislador, Mario Ruiz; y la hermana de un exdirector de Pachakutik, habrían entrado como funcionarios del Consejo de la Judicatura a cambio de la salvación de Murillo. Por tal motivo existirá un nuevo proceso de fiscalización para investigar estos hechos. (AGM)

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La resolución se tomó la noche del 9 de enero, el pleno alegó que el juez habría incurrido en la infracción gravísima establecida en el artículo 109.1 del Código Orgánico de la Función Judicial:

»Vulnerar, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia interna de las servidoras y los servidores de la Función Judicial»

Los traslados de Fito

Esta sería la segunda vez que el narcotraficante se fuga de una cárcel de Guayaquil, pues en 2013 también ejecutó su escape de »La Roca» —una prisión de máxima seguridad— junto a otros reos. Meses después fue recapturado.

El pasado 12 de agosto durante un estricto operativo policial y militar, alias «Fito» fue trasladado —junto a otros dos reos de la cárcel regional de Guayaquil— al centro penitenciario de La Roca. Sin embargo, su estancia apenas duró 27 días ya que el juez Diego Poma, revirtió la decisión y lo llevó de vuelta a la cárcel regional de Guayaquil, a su celda llena de lujos.

Este no es el único caso polémico vinculado al juez Diego Poma, ya que en agosto de 2021 concedió la solicitud de prelibertad a Dritan Rexhepi, conocido como el ‘zar de la cocaína’ en Ecuador.

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Según el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial, en caso de impedimento o ausencia temporal del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), lo reemplazará el juez o jueza más antiguo. Si la ausencia es definitiva, se convocará de inmediato al Pleno para elegir nuevo Presidente, que completará ese periodo.

En correspondencia a este artículo, Román solicitó a las autoridades del CJ si el presidente de la entidad se encuentra ausente y proceder a informarle para asumir la dirección de la entidad.

Por su parte, Terán -desde prisión- solicitó 16 días de vacaciones y que su puesto lo asuma su suplente.

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El operativo dejó 29 personas detenidas, entre ellas, Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). La FGE allanó el domicilio del titular del CJ y levantó varios indicios, como: documentos, celulares, computadoras y más de USD 25 mil en efectivo. «En billetes de 100 y de 20».

A la par allanó las instalaciones de la entidad de control. En las imágenes de la FGE, se observa una botella de licor en una de las oficinas.

De la misma manera, detuvieron al general de la Policía Nacional, Pablo R., en el norte de la capital.

Loja

La entidad de control mencionó que en Loja intervino la vivienda del jefe de la Policía Judicial y las instalaciones de la institución. En el lugar se receptaron celulares, una portátil, documentación, registros de pagos, un disco duro y documentación.

• Actualización: La Fiscalía detuvo al cabo Ediin Alexander. La entidad mencionó que los implicados serán trasladados a la capital para continuar con el proceso.

Chimborazo- Riobamba

Una persona fue aprehendida y en su poder tenía un arma, que no contaba con los permisos pertinentes. A su vez, se levantaron indicios como teléfonos celulares, una laptop, dos dispositivos de almacenamiento y documentación. En una vivienda del sector también decomisaron pasaportes y transacciones bancarias.

Guayas

La Fiscalía y la Policía Nacional allanó una vivienda en el Chongón, donde encontró un revolver, una escopeta y una pistola. Mientras que, en Guayaquil allanaron el hogar del exjuez de Garantías Penales, Roanld G.

En Durán, Adolfo G., también fue detenido y se incautaron dos armas de fuego -en esta ocasión sí tenían permisos- un celular y varios dispositivos de almacenamiento. Por otro lado, en Guayas, detuvieron al coronel de la Policía Lenin Neicer M., S.

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»Yo creo que se trata de un concurso irregular. El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, está llevando a la función judicial a un momento muy difícil», dijo a opinión personal el presidente de la CNJ, Iván Saquicela en entrevista para Ecuavisa.

Agregó que él si es congruente con su opinión, pues si le retiró su confianza a Terán no podría estar de acuerdo con un concurso que ha sido muy cuestionado. Aclaró que no es un tema político ni nada relacionado a los postulantes sino al cumplimiento de los reglamentos.

»No puede ser posible que se ataque a la Fiscal General, al Presidente de la CNJ y a todos quienes estamos en contra de la impunidad (…) lo que debemos evitar es que la política se tome la justicia», resaltó en referencia al movimimiento Revolución Ciudadana.

Discusión en la CNJ

En la sesión del 11 de diciembre entre discusiones y desacuerdos no se aprobaron las mociones de los distintos jueces ante la situación del concurso de jueces. En primer lugar, la jueza Emma Tapia mocionó para que la Corte llegue a la conclusión de que no deben emitir ningún pronunciamiento porque no es de su competencia, sin embargo, solo se obtuvo nueve votos de los 12 requeridos.

Por otro lado, el juez Walter Macías mocionó para emitir un exhorto al concurso de jueces, pero solo 11 votaron a favor de esta propuesta, es decir, faltó un voto para concretar una resolución final.

Terán se defiende

»No se ha favorecido a intereses particulares, eso es lo que ocultan al tratar de boicotear el concurso de jueces», dijo el presidente de la Judicatura, Wilman Terán.

El funcionario ratificó que el Concurso para la Selección y Designación de Jueces de la CNJ avanza con normalidad y conforme a los lineamientos establecido en la Constitución. Además descartó una eventual suspensión del proceso y reafirmó la transparencia del mismo.

Respecto al problema relacionado a la repetición de la prueba por parte de algunos postulantes dijo que el sistema operativo contratado por el CJ tuvo incompatibilidad con el internet del organismo. Ante esta situación detalló que se convocó a nueva fecha y hora para que los aspirantes que no pudieron inscribirse tengan una nueva oportunidad. (AGM).

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«Qué valentía para llevar adelante algo infundado que podría ocasionar la destitución. De ser el caso, correrá la misma suerte del exconsejero al que está reemplazando», dijo en Radio La Calle.

Recordó que el expresidente del Cpccs, Alembert Vera fue destituido del cargo por «desacatar una resolución de la Corte Constitucional (CC)» y mencionó que el actual consejero estaría incurriendo en el mismo caso.

Terán alegó que su proceso transcurrió de manera «legal y transparente». Según él, se cumplió con la terna emitida por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la comisión ciudadana para verificar el proceso, la presencia de una veeduría ciudadana, la exposición de los planes de trabajo y la resolución de la CC de elegir al presidente del CJ de la cuarta terna.

«El moroso del gobierno»

Además, el presidente del CJ señaló que el Gobierno no ha cumplido con la orden de cancelar USD 250 millones que estaba presupuestado para la entidad. El régimen tenía 15 días para pagar desde que un juez aprobó la acción jurisdiccional que interpuso Terán. Sin embargo, hasta la fecha el Ejecutivo no ha cancelado el monto. «Todo es una mora infame», repitió.

El ministro de Economía, Pablo Arosemena, rechazó esta acusación desde el primer momento y señaló que «no existen los recursos para solventar esta demanda y aseguró que esto es un problema de gestión en la Judicatura».

“Habría que trabajar más duro para mantenerlos a ellos (…) Bien saben que pretender más recursos significa quitarles a otros o subirle los impuestos a los ecuatorianos”, dijo.

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Las cinco personas fueron detenidas la tarde de ayer, 15 de noviembre tras 31 allanamientos en Cotopaxi y Pichincha ejecutados por la Fiscalía. La Fiscalía de Pujilí y el Complejo Judicial de Cotopaxi fueron intervenidos.

Las autoridades investigan a funcionarios de su misma institución y a servidores del Consejo de la Judicatura (CJ) en los mencionados cantón y provincia, respectivamente.

El impulso fiscal sostiene que los servidores públicos habrían ejercido influencia en otros funcionarios para obtener un beneficio económico, con el objetivo de favorecer a terceros en procesos judiciales y de contratación de personal.

Ante la situación, por voto unánime en sesión extraordinaria, el Pleno del CJ decidió remover del cargo a su directora en la provincia de Cotopaxi, la noche de 14 de noviembre.

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La mañana del 13 de octubre, el consejero Guarderas llegó a las inmediaciones del CJ para recibir el »pedido ciudadano». El funcionario estaba acompañado por escolta policial y equipado con chaleco antibalas y un casco.

Guarderas citó el artículo 55 del Ley Orgánica del Cpccs, en donde se detalla que los concursos públicos de méritos y oposición deben efectuarse a través de una comisión ciudadana, a excepción de que la terna de participantes haya sido enviada por el Ejecutivo.

El vocal argumentó que el nombre de Terán fue enviado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y que no existió ninguna comisión ciudadana. Por otro lado, la sentencia de la CorteConstitucional (CC) dictaba que este concurso debía llevarse a cabo »sin la menor dilación».

»Esto no quería decir que podían saltarse los mecanismos y las exigencias legales. Desde mi punto de vista hay una nulidad insubsanable en la designación de Wilman Terán», dijo a los medios de comunicación.

Agregó que durante esta semana gestionará la denuncia ciudadana en el Cpccs para tomar cartas en el asunto. Posteriormente se retiró del lugar acompañado de su escolta policial. (AGM).

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La Fiscalía General del Estado (FGE) acusó a Molina de prevaricato, al disponer arresto domiciliario a una persona que no estaba privada de su libertad.

Cosas de su pasado

El 8 de agosto de 2022, Molina aceptó el habeas corpus y ordenó la libertad de Glas, Daniel Salcedo y Christian Araujo, por la supuesta vulneración a sus derechos de salud e integridad física. Luego la FGE, abrió una investigación en su contra por el delito de usurpación de funciones.

Según la entidad, el exmagistrado se encontraba inhabilitado de sus funciones desde el 5 de agosto porque fue llamado a juicio por otra causal, por lo que ya no tenía la facultad de tomar otras disposiciones.

Luego de todas las controversias, el 22 de diciembre de 2022, el Consejo de la Judicatura destituyó a Molona por cometer una infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones.

Finalmente, el 25 de mayo fue sentenciado a un año de prisión al encontrarlo culpable del delito de usurpación de funciones.

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La decisión la tomó el Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia tras una sesión virtual de más de siete horas. La reunión fue dirigida por la Dra. Liz Barrera, Dra. Katherine Muñoz y Dra. Consuelo Heredia y finalmente a las 23h00 emitieron su dictamen.

En un inicio, la audiencia fue programada para 29 de septiembre pero se suspendió y reinstaló de manera telemática un día después. Barreno no se conectó en ambas ocasiones porque, según su defensa, no había garantías a su libertad.

De acuerdo con los argumentos de su abogados, la orden de prisión preventiva fue ilegal y arbitraria. Además denunciaron en el tribunal la imparcialidad del juez Walter Macías y las diferencias que tenía con la fiscal Diana Salazar, a quien acusó de violencia política.

Por otro lado, los representante de Fiscalía y la Procuraduría solicitaron que se mantenga la orden de prisión preventiva contra la exvocal.

La acusación

El 27 de septiembre se instaló por quinta vez la audiencia en contra de Barreno, el exvocal Juan José Morillo y el juez Vladimir Jhayya. En reiteradas ocasiones se interpusieron recursos legales para declarar la nulidad del proceso.

En esta última sesión el juez Macías declaró la validez del procedimiento legal y llamó a juicio a Morillo y Jhayya por presunto tráfico de influencias. Por otro lado, pidió prisión preventiva para la exvocal Barreno. (AGM).

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Después de cuatro suspensiones, este 27 de septiembre en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia, al norte de Quito, se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio en contra de los funcionarios.

Tanto Morillo como Barreno han presentado recursos legales para declarar la nulidad del proceso en reiteradas ocasiones por vicios en el procedimiento. Esta vez no fue la excepción.

El juez Macías suspendió la sesión para analizar el pedido de los acusados y los argumentos de Fiscalía que solicitó la validez del proceso legal. Tras el fallo a favor del órgano de control, la fiscal Diana Salzar deberá presentar su dictamen acusatorio.

La última carta

Días previos a la audiencia, Barreno interpuso otra demanda de recusación en contra de Macías para separarlo del caso por no tener un criterio parcial y razonable. No obstante, el juez a cargo, Felipe Córdoba, no admitió el trámite porque no había claridad en la demanda y le dio cinco días para que las respectivas correcciones.

#ATENCIÓN | La vocal de la Judicatura @BarrenoMaribel señaló que en varias entrevistas el juez Walter Macías ha demostrado que no tiene "un criterio parcial y razonable" para seguir al frente de su juicio y sugiere su separación del proceso. #CasoVocales pic.twitter.com/RNMtvxMr9w

— Radio La Calle (@radiolacalle) September 22, 2023

Actualización

Al finalizar su intervención en la audiencia, la fiscal solicitó prisión preventiva para Barreno y medidas de protección para el fiscal a cargo de la causa y su equipo de apoyo. También pidió que el recurso legal sea para los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. (AGM)

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«Es necesario precisar que, en los procesos judiciales en los cuales se han emitido esas providencias, la FGE no ha sido parte procesal, pues dichas reparaciones se generaron por acciones u omisiones del mismo Consejo de la Judicatura, en procesos disciplinarios a través de los cuales se destituyeron a agentes fiscales», dijo la institución en un comunicado.

Agregó que el presupuesto que destina el Ministerio de Economía a la Fiscalía no contempla ese tipo de rubro. «En ese escenario, le corresponde al ente rector de los recursos públicos aprobar los incrementos que permitan cancelar esos valores. Se podría afectar incluso a los recursos del programa de protección a testigos».

La Fiscalía dio aviso el mismo día en que iba a llevarse a cabo la audiencia en el caso Vocales contra Maribel Barreno y Juan José Morillo, vocales de la Judicatura y el juez de Pichincha Vladimir Jhaya. Enfrentan cagos por presunto tráfico de influencias.

La audiencia se pospuso, por cuarta ocasión, debido a que los abogados de Barreno alegaron una calamidad doméstica. Está previsto que se instale el 27 de septiembre a las 08:30. (MIB)

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»Una mujer es la que tiene que llegar a entregar la notificación a otra mujer para poder solventar su integralidad y no tener actos de hostigamiento o acoso (…) ¿Quién es el que hace los actos de hostigamiento? un hombre», dijo el abogado de Barreno, Freddy Ron en entrevista para Sonorama.

Agregó que no se cumplieron los debidos procesos para su notificación, sin embargo, la ley no contempla que una mujer debe notificar a otra mujer. Ron resaltó que la normativa establece que se deben llegar a garantizar la integralidad de los derechos de las mujeres en todos sus ámbitos.

»Tampoco están reglados los actos de hostigamiento ¿O está reglado hacer un video cuando se hace una notificación?», cuestionó.

El polémico video

El 8 de septiembre la Policía logró localizar a Barreno para poder entregarle la notificación de Fiscalía por presunta obstrucción a la justicia, caso en el que también se encuentran involucrados el titular de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Xavier Muñoz, tras el intento de destituir al juez Walter Macías.

El protocolo legal se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en donde Barreno cumplía su presentación periódica por el presunto delito de tráfico de influencias. Un video difundido por Código Vidrio y grabado por uno de los uniformados permitió ver cómo uno de sus asesores trató de impedir el procedimiento, incluso, rompió la credencial de uno de los policías.

Barreno fue interceptada en un ascensor y al finalizar el video se puede observar que una mujer policía también estuvo presente en la notificación. Más tarde, Barreno interpuso medidas de protección contra la fiscal Diana Salazar por violencia de género.

#VIDEO. Más de una semana le tomó a la Policía ubicar a la vocal del Consejo de la Judicatura,
Maribel Barreno, para notificarle oficialmente que la Fiscalía abrió una investigación en su contra por presunta obstrucción a la justicia.
Este viernes, tres policías lograron… pic.twitter.com/qNgmf09ZDC

— Código Vidrio (@CodigoVidrioEc) September 9, 2023

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