En un comunicado oficial, la entidad señaló que la Oficina de Investigaciones de Seguridad de Nueva York retuvo el dispositivo, un iPhone Apple modelo 15 Plus, el pasado 13 de marzo, cuando prohibió el ingreso de Franco Loor a territorio estadounidense.

«El dispositivo -que fue retenido en el aeropuerto John F. Kennedy, de acuerdo con las atribuciones y facultades conferidas por la Ley de Estados Unidos- se entregó en una bolsa sellada del Departamento de seguridad de ese país», señaló.

La Fiscalía sostiene que el celular en cuestión podría aportar elementos relevantes en el marco de la investigación por presunta asociación ilícita dentro del caso Ligados, en el que están señalados Eduardo Franco Loor, los exconsejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como la actual consejera Nicole Bonifaz.

El Ministerio Público indicó que ingresó el dispositivo «en legal y debida forma» a la cadena de custodia durante la tarde de este jueves.

Además, la entidad comunicó que «ha solicitado a la autoridad competente, la autorización respectiva para la práctica de pericias y análisis digital del contenido del dispositivo celular».

Reacción de Franco Loor

Tras conocerse que su teléfono celular está en manos de la Fiscalía ecuatoriana, Eduardo Franco Loor se pronunció en su cuenta de X, donde afirmó que en dicho dispositivo «no encontrarán nada irregular, ningún indicio o prueba de ningún delito», ya que asegura haber dedicado su vida a la enseñanza universitaria por más de cuatro décadas y al ejercicio profesional del derecho.

El exabogado de Jorge Glas recalcó que es «un hombre culto y honesto», y que siempre ha actuado dentro del marco de la legalidad, guiado por principios éticos y cristianos. En ese sentido, sostuvo que nunca ha cometido delito alguno y que en el caso por el cual se lo investiga, «jamás me he asociado ilícitamente con nadie». Añadió que no existen elementos suficientes para formular una acusación en su contra y confía en que «brille la justicia y la verdad».

Sobre su rol en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Franco Loor aclaró que actuó en calidad de consejero electo y no a título personal. En su defensa, explicó que las resoluciones adoptadas por el Pleno del Cpccs están amparadas en la legalidad, de acuerdo con el Código Orgánico Administrativo. Además, argumentó que «los organismos o entidades del sector público no pueden cometer delitos», ya que, según el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), únicamente las personas naturales o jurídicas de derecho privado pueden ser sujetas de responsabilidad penal.

Cabe señalar que, dentro del caso Ligados, también figura como elemento de convicción un teléfono celular perteneciente al exconsejero Augusto Verduga. La Fiscalía ha difundido conversaciones extraídas de ese dispositivo, en las que se evidencia que la llamada ‘Liga Azul’ —integrada por consejeros afines al correísmo— mantenía vínculos con representantes de la Revolución Ciudadana, compartiendo intereses y objetivos políticos.

Confirmación de Fiscalía

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«Este es un país donde la Fiscalía, no solamente con Diana Salazar, ha sido utilizada para perseguir. Hay que ver lo que estamos pidiendo. Me preocupa porque la FGE tiene un poder terrible. Con tres palabras de la fiscal en una entrevista, con una investigación que quizá no tiene los elementos para empezar y los están buscando en allanamiento pueden destruir la reputación de alguien», dijo en entrevista con La Calle.

El analista indica que no significa que las investigaciones no tengan validez, pero que las acciones son muy mediáticas y demasiado sospechoso en los tiempos que, a veces coinciden, con los intereses de la presidencia. «Me preocupa que ese poder lo desean los otros políticos, quienes acusan incluso a la fiscal de actuar de forma improcedente o quiénes en público la celebran y en privado le temen y la detestan».

Para Febres Cordero, lo que se está armando del Consejo De Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sea quizá prorrogar a Diana Salazar en sus funciones al frente de Fiscalía por un tiempo. «Uno de los actores con más chances aparte de voluntad para ocupar la Fiscalía es el presidente de la República. En este momento está entrando en la campaña y le convendría más que el concurso se empiece a mover cuando tenga más capital político. Un presidente Noboa reelecto tendrá más peso en la pelea que el actual presidente que tiene probabilidades, pero ninguna garantía de ganar».

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Augusto Verduga, Yadira Saltos, Marisol Párraga y Eduardo Franco Loor deberán pagar 70 salarios básicos unificados, serán destituidos de su cargo y perderán sus derechos políticos por cuatro años. Los consejeros podrán apelar a esta sentencia.

¿Qué dice la ley?

¿Cómo llegó a darse esta sentencia? El numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia dice que una infracción electoral muy grave es:

Incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral

Según la Ley orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en el artículo 35, numeral 3 se indica que:

Ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún  candidato o candidata a consejera o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y  Control Social, lo cual será considerado infracción electoral, conforme la Ley. 

El Consejo Nacional Electoral, se encargará de la promoción de los nombres, trayectoria y   propuestas de cada uno de los candidatos y candidatas, en igualdad de condiciones y  oportunidades. No se podrá recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo.  El candidato o candidata que contravenga estas disposiciones será descalificado por el  Consejo Nacional Electoral.

Los denunciantes entregaron como pruebas vídeos de la campaña en las Elecciones Seccionales 2023, donde aparecían los candidatos indicando su nombre y número de casilla acompañados por el expresidente Rafael Correa. Evidencia que el juez calificó como proselitismo político.

¿Qué dicen los implicados?

Para Yadira Saltos, la sentencia es de carácter político y no electoral. «Esta es claramente una sentencia política que no está basada ni en el derecho ni la justicia. Es una lástima que el país constantemente pierda en todos los sentidos. Hemos perdido jueces probos e imparciales», dijo en entrevista con Radio Pichincha.

Añadió que llegaron a las urnas de forma democrática y a servir a la ciudadanía. Sobre la sentencia, indicó que en ese momento, la ley de promoción electoral no tipificaba como proselitismo, las acciones que realizaron en la campaña en las redes sociales.

«No había inconveniente, los colores son universales y el juez lo dice en la sentencia. No había inconveniente de hacer entrevistas ante los medios de comunicación. (…) La sentencia tiene que ver con una sentencia electoral de supuesta utilización en las redes sociales. Esto no se encuentra ni en la ley electoral ni el reglamento para la promoción de consejero/as».

Por su parte, el denunciante Santiago Becdach, actual precandidato al Parlamento Andino por Construye, dijo que fue secretario en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el período de Fernando Villavicencio y que lo invitaron después de las elecciones al movimiento Construye.

«Nosotros nos dimos cuenta que como candidatos (al CPCCS) fuimos perjudicados porque una organización política con todo el dinero del mundo y andamiaje comunicacional hizo campaña por estos candidatos y por eso llegaron a tener la votación que tenían, solos no los conocen ni en su casa», expresó en una entrevista con Only Panas.

¿Qué pasará con los consejeros y el concurso de fiscal?

De acuerdo con Saltos, la destitución se da en un momento importante para el país por la designación de la fiscal General. «Es un momento crítico para la institucionalidad del país. Los tiempos están ya por vencer. Este viernes (06 de septiembre) tenemos que aprobar el nuevo reglamento (para la elección de fiscal). (…) Se piensa comprar un software para calificar los méritos del concurso de fiscal, hay temor y no quieren poner un nuevo fiscal, quieren manipular el concurso que demoraría mucho. Va a ser como el concurso de la Defensoría Pública. Quieren dejarlo en blanco y negro para poder elegir a su antojo con esta mayoría que está en el Consejo».

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, indicó que los consejeros trabajarán con normalidad hasta que el TCE les haga conocer la sentencia y se oficialice. La sesión de este 04 de septiembre se instaló una horas tarde con seis consejeros presentes, entre ellos, Yadira Saltos. El consejero Augusto Verduga no asistió a la sesión. (MIB)

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Según el artículo 18 del Reglamento de Sesiones del CPCCS, en caso de empate, el voto del presidente del organismo será dirimente. Fantoni ejerció esa facultad y se pronunció  a favor de la designación de Martínez.´La Asamblea la posesionará en el cargo el próximo 11 de julio.

¿Quién es Martínez?

Dunia Martínez es doctora en Jurisprudencia y Abogada de los tribunales de la República por la Universidad del Azuay y Magíster en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), según los registros del Senescyt. Se desempeñó como consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asesora del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), coordinadora de Publicaciones en la Corte Constitucional.

Fue docente en la UASB, Universidad de las Américas, Universidad Central del Ecuador, SEK Ecuador, Universidad Católica del Ecuador, Universidad del Azuay y el Instituto de Altos Estudios Nacionales. No registra deudas con el SRI y en su hoja de vida no figura experiencia judicial.

Problemas en la elección

A pesar de que en el acta consta la ausencia de la consejera Bonifaz, ésta logró conectarse al final de la votación cuando Fantoni ya nombró a Martínez como presidenta de la Judicatura. Cuando quería ejercer su derecho al voto se escucha en la grabación la voz de la consejera Michelle Calvache diciendo «No hay que permitirle sino Fantoni está perdido». Algo que denunció Bonifaz en sus redes sociales. (MIB)

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El consejero del Cpccs increpó al presidente de la comisión de selección ciudadana, Marco Chalco, por no haber transmitido las grabaciones donde se lleva a cabo la recalificación del concurso. El representante comunicó que dichos archivos se encuentran en su computadora y alegó que no se han dado a conocer “porque siempre hay un lado de privacidad que no debe ser de conocimiento público”.

Violación al reglamento

En entrevista para Ecuador en Directo, el vocal aseguró que la “fase más importante” del concurso, refiriéndose a la revisión del puntaje, no ha sido transmitida. Según el artículo 5 del Reglamento -que regula la actuación de comisionados- «las reuniones de la comisión ciudadana de selección y los eventos en los cuales las y los postulantes que rindan la prueba de oposición serán transmitidos en vivo».

Además, calificó de “impresentable” el actuar de la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) y manifestó que “lo que han hecho es burlarse de la fiscalización ciudadana, del reglamento que lo rige y de la Constitución”.

Verduga advierte que para la ejecución de la recalificación se había solicitado: la presencia de los siete consejeros, de un notario público y la verificación manual de los exámenes.

En suma, Augusto Verduga habló del “autoritarismo duro y puro” en la administración de la actual presidenta del Cpccs, Nicole Bonifaz. Relata que ella durante la reunión interrumpió a la consejera de Pueblos y Nacionalidades; abucheó a la consejera más joven, Johanna Verdesoto, mientras reformulaba un cuestionamiento e incluso impidió que él mismo siga haciendo preguntas.

Se pide transparencia

Con respecto a todas las irregularidades dadas dentro del Cpccs, Verduga Sánchez recalca que lo que está “pidiendo es la garantía de la transparencia”.

Añade que las acciones en el organismo pareciera que entre la comisión y los propios consejeros “hay un hecho encaminado a favorecer ciertos intereses y de sentar a alguien en la Contraloría General del Estado, que es funcional a los intereses de turno, a los intereses del estatus quo, del gobierno de turno”.

Frente a los problemas que ha presentado este proceso no hay mucho que se pueda hacer, el consejero explica que la norma establece que la CCS debe enviar el informe final al Cpccs, documento que tiene la característica de ser vinculante, lo que implica que los consejeros no pueden modificar las notas.

No obstante, una medida que podrían tomar es “realizar la revisión exhaustiva de ese informe final conjuntamente con los informes de los veedores para presentar a la ciudadanía las irregularidades que se han podido suscitar a lo largo de todo este proceso de designación de esta autoridad”, argumentó Augusto Verduga. (S.F.)

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Una vez concluido el plazo, la Corte continuará con la deliberación y la toma de decisiones. «Actuaremos en absoluta independencia y asegurando el debido proceso», detalla el comunicado.

El pasado 25 de septiembre, la CC llamó a una audiencia al Cpccs luego de que este aceptara crear una veeduría que pretendía revisar las acciones del Cpccs- Transitorio. Entre esas decisiones está la designación de la fiscal general del Estado (FGE).

La máxima autoridad de la entidad, Diana Salazar, alegó que los consejeros irrespetaron un dictamen de la Corte que blindas las acciones del Cpccs-T. Además, pidió la destitución de cuatro de los siete consejeros, quienes fallaron a favor de esa decisión.

El presidente del Cpccs, Alembert Vera y el consejero Augusto Verduga enfatizaron que la entidad no ha tomado acciones que incumplan las disposiciones de la CC. Resaltaron que los procesos que llevan en curso no “topan” a la designación de la fiscal.

“No es de nuestra competencia y el objetivo nunca fue destituir a nadie. No se ha violentado o incumplido nada”, dijo.

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Verduga, en entrevista con Radio La Calle, cuestionó que los académicos del país no hayan reaccionado al «documento burdo» que entregó la universidad. Recalcó que la definición de plagio está claramente definida y la intentaron sustituir con otros términos.

El consejero aseguró que en la audiencia pública, a la que no se presentó Salazar, identificaron que la tesis de la fiscal tenía más de 37 mil palabras idénticas a la de otros autores.

Otra investigación

Además, Verduga detalló que Acción Jurídica Popular (AJP) presentó otra denuncia de otro supuesto plagio en un artículo científico publicado en la Revista Académica Central. Según el colectivo, el documento tendría un 25 % de plagio, pero en esta ocasión a uno de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE), identificado como Diego Rodríguez Villamarín.

Según la indagación, la víctima ingreso a la entidad de control en 2021 y desde 2021, año en que se publicó el artículo, tuvo ascensos progresivos. Las autoridades suponen que la fiscal pudo influir en el trabajador luego del hecho denunciado.

«Como Consejo no tenemos la capacidad para destituir como lo mencionaron otros medio, pero tenemos la atribución de atender un oficio ciudadano. Enviamos la documentación necesaria a las autoridades correspondientes para que se sancione», refirió.

Verduga explicó que en esta investigación debería aumentarse otra investigación por el presunto delito de perjurio. Salazar habría jurado que toda la documentación anexada en su carpeta era de su autoría, pero las indagaciones muestran algo diferente.

Finalmente, enfatizó que el Cpccs no el teme a las supuestas amenazas que realiza la fiscal con abrir otra indagación. «Estamos actuando bajo el amparo de la ley y el derecho nos respalda», dijo.

El artículo

AJP denunció otro supuesto plagio a la fiscal en un artículo científico que fue publicado en la revista “Derecho Penal Central” en agosto de 2021. AJP encontró que un 15% del plagio es procedente de una tesis del año 2020 que le pertenece a una estudiante de la Universidad Politécnica Nacional. Además, la tutora de este trabajo sería la hermana de la fiscal, Yasmín Salazar Méndez.

Angélica Porras, docente universitaria e integrante de la AJP, explicó que el resumen que se pone en el inicio de un artículo debe referirse al contenido del mismo. Sin embargo, el artículo de la fiscal “no tiene nada que ver con el resúmen puesto“.

“No es posible que haya acdémicos que salgan a decir que no importa que la fiscal haya copiado en 2005, bueno también copió en 2021″. De la misma manera, Porras aclaró que en su experiencia como docente ese “tipo de errores” no pueden pasar. (N.J.C)

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Según la máxima autoridad del Cpccs, cuando revisó el expediente de investigación encontró una hoja en blanco foliada, de inmediato comunicaron al ECU 911, a través de la Coordinación General de Asesoría del Consejo, de este asunto que podría resultar en fraude procesal.

El Consejo presentó una denuncia por el presunto delito, el pasado 15 de junio, y el fiscal a cargo dispuso que se entregue al servidor pertinente la hoja en blanco con su respectiva foliatura (foja 12).

Además, el encargado solicitó que se entreguen los nombres de todas las personas que formaron parte de la investigación por la supuesta eliminación de información.

«Este Consejo y su representante estarán vigilantes para que el fiscal realice una investigación objetiva y no se vulnere el derecho a la defensa de ninguno de los involucrados», reza el comunicado.

El caso contra los siete consejeros

FGE denunció al Cpccs por presuntas irregularidades en el concurso para la designación de la máxima autoridad de la institución, el 18 de junio.

El FGE manifestó su rechazo al supuesto intento de alterar o borrar los archivos que respaldan dicho concurso. Además, resaltó que existe un afán por generar desinformación para desprestigiar el trabajo que ha venido desempeñando Salazar.

El Cpccs rechazó la acusación realizada por la Fiscalía. Recalcó que todos los documentos se encuentran archivados por la Secretaría del Consejo y que cuentan con las seguridades técnicas necesarias para evitar cualquier tipo de interferencia interna o externa.

Vera calificó el proceso en contra de él y sus colegas como un acto repudiable e innecesario. El funcionario señaló que solicitaron sus siete acciones de personal y la entrega inmediata de la información sobre este concurso. (N.J.C)

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Saltos indicó, en entrevista para Radio La Calle, que todo comenzó cuando atendieron el pedido de Pablo Jaramillo sobre la nula ejecución del presupuesto por el Ministerio de Seguridad. Luego con la denuncia de Acción Jurídica Popular (AJP) sobre el presunto plagio de la tesis de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Recalcó que el decreto 759, con el que los desalojaba del edificio donde mantienen su sede, se trataría de «balas mercenarias» contra la ciudadanía, pues justifica la persecución hacia el Cpcss.

«Vamos a sesionar hasta las últimas consecuencias, con o sin edificio nuestro trabajo va a continuar», dijo.

¿Algo precipitado?

La consejera mencionó que antes de firmar el decreto tuvo que existir una charla entre las partes involucradas para llegar a un acuerdo. Ante este panorama, enfatizó que impondrán una acción de protección y si no es suficiente acudirá a instancias judiciales.

Saltos recalcó que el documento con el que se formó el acuerdo entre el Cpccs y el Banco Central del Ecuador (BCE) no tiene fecha de expedición, por lo que el jefe de Estado estaría cayendo en otro incumplimiento.

La gota que derramó el vaso…

El primer mandatario intentó restarle funciones al Consejo en la consulta popular del 5 de febrero, sin embargo, los ecuatorianos no apoyaron esta propuesta. Según Saltos, al presidente no le parece que el Cpccs sea el quinto poder que exija una rendición de cuentas a los funcionarios.

«Encárguese de lo que le corresponde y no a perseguir a la casa del pueblo. El Consejo lo único que ha intentado es recuperar la institucionalidad. Entendemos el nerviosismo de la fiscal», apuntó. (N.J.C)

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Lasso a través del decreto 759 indicó que el BCE no puede transferir a título gratuito los bienes inmuebles propios o aquellos que hayan finalizado hasta la publicación de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización.

Trece años más tarde, Lasso decidió derogar el decreto que Correa firmó en el 19 de julio de 2012. En ese documento autorizaba el traspaso de bienes inmuebles del BCE.

Esta decisión de Lasso obliga al Cpccs a buscar un nuevo lugar para continuar sus funciones. Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado al respecto.

El primer mandatario toma esta decisión luego de que el Cpccs entrara en una disputa con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por el presunto plagio de su tesis. (N.J.C)

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) determinó que el trabajo de grado de Salazar tenía más del 40% de plagio. El abogado Richard Gonzáles pidió a la entidad una investigación por posible fraude procesal.

Asimismo, el Cpccs anunció que iniciará una investigación en contra de la fiscal. La funcionaria fue denunciada por Acción Jurídica Popular (AJP) por presunto plagio en su tesis de pregrado y en un artículo científico que publicó.

Según, los simpatizantes de Salazar, hoy era una «jornada de respaldo» a la gestión y liderazgo de la fiscal. Además, estuvieron «líderes y lideresas afroecuatorianos» para rechazar todo tipo de violencia política, racismo y odio racial.

La audiencia

La audiencia que se llevó a cabo en el Cpccs duró dos días. En el primero, se leyó de forma conjunta la tesis de la fiscal con la que se supone que copió. En ese momento, se precisó que solo dos o tres palabras habían sido cambiadas.

De la misma manera, se supone que el documento debía estar registrado en 2005 porque ahí la fiscal se graduó como abogada. Sin embargo, en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador está subido el 18 de abril de 2023.

En el segundo día, el Cpccs confirmó el plagio de tesis contra la fiscal. «Hoy pudimos demostrar a todos y todas, que existe MÁS de 40% de PLAGIO en la Tesis de la Fiscal General, con pruebas contundentes», manifestó Priscila Schettini.

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La Fiscalía inició una investigación previa que fue notificada el 18 de mayo de 2023. Se trataría de una denuncia por supuesto incumplimiento de decisiones, destrucción de archivos y presunto plagio de tesis de un miembro del Cpccs.

En entrevista con Radio La Calle, el consejero afirmó que se ha facilitado toda la información para esclarecer este hecho, al que calificó de “bochornoso», ya que es obligación de la entidad a la que representa, brindar toda información que es pública y que consta en los archivos del Cpccs.

También mencionó que es impresentable que se utilice a la Fiscalía para “fines protervos e intimidatorios” en un Estado constitucional de derechos y justicia.

Verduga aseguró que, físicamente, es imposible la adulteración de estos archivos, pues están almacenados en la nube digital y publicados en la página web del Consejo. Además, los documentos están en custodia del secretario general de la institución con sellos y códigos de barras que impiden su vulneración.

Hizo énfasis en la poca legitimidad democrática de la designación de Diana Salazar como Fiscal. También refirió que no van a tolerar ningún tipo de intimidación.

Finalmente, indicó que planteó una propuesta de reforma al Reglamento de Veeduría hacia la participación ciudadana para que este mecanismo sea más célere, más transparente y así aumentar los espacios de participación. (M.W.S)

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Vera fue mocionado por Verduga. La petición fue aprobada con seis votos a favor y una abstención de Yadira Saltos.

«Ecuador no esta para discursos, está para acciones, para empleo. El Consejo debe ser el simbolismo de actuar con democracia y ser un ejemplo para la ciudadanía«, refirió.

El nuevo presidente del Cpccs es doctor en Derecho Penal, trabajó como defensor en Tribunales del país y fue profesor universitario. Además, es proponente de temas relacionados a Jurisprudencia ecuatoriana.

El servidor fue defensor del expresidente Rafael Correa en el caso El Universo. Logró que la justicia falle a favor del exmandatario. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH) determinó que el caso no fue válido y el Estado debió pedir disculpas, según Primicias.

Historial de Bonifaz

La consejera Johanna Verdezoto nominó a Bonifaz como vicepresidenta. La funcionaria obtuvo cuatro votos a favor, uno en contra y una abstención.

La nueva vicepresidenta es ingeniera en Administración Pública, máster en Negocios Internacionales y Derechos Humanos, Interculturalidad y Género.

Bonifaz se desempeñó como asesora en la Gerencia General de Petroecuador, el Ministerio de Producción y la Asamblea Nacional. (N.J.C)

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La Junta Especial del Exterior y la Junta Electoral de Guayas concluyeron, este miércoles 23 de febrero, con el procesamiento del 100% de las actas que registraron novedades. Con ello, concluyó el procesamiento de las actas de escrutinio de las ocho preguntas del Referéndum.

Lo mismo ocurrió con las actas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Según el CNE, la audiencia se conformó de tres consejeras mujeres, tres consejeros hombres y un consejero representante de Pueblos y Nacionalidades y ecuatorianos en el exterior.

El siguiente paso es computar el número de votos válidos obtenidos en cada pregunta del Referéndum, así como en la elección de los consejeros del CPCCS. Después de este cómputo se efectuará la notificación de los resultados a los participantes del proceso electoral.

Dichos candidatos tendrán 48 horas para realizar un pedimento de recursos legales para revisar el cómputo, en el caso de que considerarlo conveniente. Así, el CNE ha cumplido con el recuento de votos de las actas que registraron novedades durante el proceso de Elecciones 2023 efectuado el pasado 5 de febrero.

MJ

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El asambleísta Esteban Torres (PSC) indicó que la disposición de Izurieta es otro intento de injerencia judicial a la Asamblea.

Los funcionarios esperan el resultado de la pregunta 5 de la consulta de Lasso. De ganar este apartado, el Cpccs perdería la autoridad de designar autoridades. Con esto, esta facultad pasaría a manos de la Asamblea.

“Es inoficioso que se posesiones a personas que estarán por uno o dos días y luego entregarán el puesto a los consejeros que se desempeñarán hasta mayo”, refirió.

El asambleísta enfatizó que Izurieta está actuando bajo los mismos parámetros que el exjuez de La Concordia Ángel Lindao. Además, precisó que la Corte Constitucional (CC) no fija un límite de tiempo en la sentencia dictada para la destitución de los consejeros.

“No acataremos la medida cautelar ya que carece de eficacia jurídica por ser contraria a la Constitución y a la sentencia de la Corte”, reza el comunicado.

También, repitió que este es un intento desesperado del Gobierno Nacional por retirar a Álvaro Román de la presidencia del Consejo de la Judicatura.

¿Una nueva destitución?

Torres comentó que la Asamblea presentará una queja formar contra la jueza Santa Rosa para que sea destituida, al igual que el juez Lindao.

“Una jueza de dudosa procedencia obliga a la Asamblea algo que no debe. Se atrevió a amenazar al Legislativo con una destitución, cuando es de conocimiento público que en las medidas cautelares no cabe el incumplimiento de la sentencia”, dijo.  

Dictamen de la jueza Izurieta

La jueza de la Unidad Judicial de Santa Rosa, Karina Izurieta, dio un plazo de 72 horas a la Asamblea Nacional para posesionar a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana (Cppccs).

Este ultimátum lo realizó luego de otorgar las medidas cautelares a la consejera Gina Aguilar el 30 de enero de 2023.

En la acción de medidas cautelares que solicitó, la consejera le exige al Legislativo cumplir con su deber constitucional y posesionar a los vocales principales y suplentes del Cpccs.

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En la acción de medidas cautelares que solicitó, la consejera le exige al Legislativo cumplir con su deber constitucional y posesionar a los vocales principales y suplentes del Cpccs.

Además del plazo para posesionar a los consejeros, la jueza dispuso a la Asamblea que “se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a dilatar la ejecución de la presente resolución”.

El Consejo lleva más de una semana sin autoridades. La Corte Constitucional (CC) destituyó a los sietes miembros del organismo por no posesionar al presidente del Consejo de la Judicatura.

Pedido de ampliación de Aguilar

La consejera pidió a la CC la ampliación sobre la verificación del cumplimiento de la sentencia sobre el CJ.

Según Aguilar, el incumplimiento de la Asamblea impide que los consejeros sesionen y pone en riesgo los derechos constitucionales para ejercer sus funciones.

Además de ella, los cuatro miembros destituidos, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Juan Javier Dávalos y David Rosero, también solicitaron la ampliación y aclaración de la Corte.

Destitución de los consejeros

El 23 de enero de 2023, La Corte Constitucional (CC) destituyó a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) por incumplimiento de sentencia al no haber nombrado un presidente para el Consejo de la Judicatura (CJ).

Por unanimidad, los jueces de la Corte determinaron que los vocales incumplieron la sentencia del pasado septiembre.

«La Corte declaró el incumplimiento deliberado y sistemático de la Sentencia Constitucional correspondiente a nombrar un titular para el Consejo de la Judicatura. En tal virtud decidió destituir a los siete consejeros del Cpccs», reza el boletín de la autoridad de justicia.

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Según la legisladora, Becdach consta en el registro de la Asamblea como asesor 1 de la Comisión de Fiscalización. Además, presentó una petición de aclaración ante el Pleno para comprobar si Becdach es funcionario del Legislativo la fecha desde que se desempeña como funcionario y la fecha en la que presentó la renuncia.  

“De ser así deberá ser descalificado, sin perjuicio de la responsabilidad penal. Además de ser acusado de los presuntos delitos de perjurio”, mencionó.

Servidores de la Asamblea señalaron para Radio La Calle que hasta el 27 de diciembre era secretario relator de la Comisión y ahora consta como asesor 1 de esta mesa.

Becdach, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. “Es un orgullo trabajar para la Asamblea y no como a otros que se los vincula por defender a prófugo y ladrones”, expresó.

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La legisladora por la ID, Yeseña Guamaní planteó la idea de fijar el 23 de julio como día conmemorativo de esta comida, una propuesta que fue aprobaba con 93 votos a favor. Los asambleístas tienen encima las pugnas con el Cpccs y el Gobierno de Lasso, pero primero está el bizcocho…

El conflicto con el Cpccs, que la Asamblea no ha podido resolver, desembocó en riñas con el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y hasta la Corte Constitucional tuvo que intervenir.

Asimismo, el Pleno guarda disputas con el Ejecutivo. Entre acusación y acusación, ambos poderes se atribuyen el fracaso de la administración del Estado entre ellos.

La Asamblea al regreso de sus vacaciones prefirió dejar a un lado los problemas del Ecuador y centrar su atención en las degustaciones cayambeñas.  

Verdaderas prioridades

Ecuador registra altos índices de violencia e inseguridad en distintas provincias como el Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas. Además, un repunte de la migración durante octubre y noviembre de 2022. Esto, sin contar la serie de asesinatos, asaltos y femicidios en el país. (N.J.C)

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Además, Ponce criticó fuertemente la intención de reelección de los consejeros gobiernistas, mismos que fueron señalados y destituidos en su momento por la Asamblea.

La consejera suplente desistió de su cargo para evitar “ser parte de un juego perverso”. Su “principalización” es necesaria para el proceso de reelección.   

Ponce también cuestionó al Consejo por no haber designado: Contralor, Presidente de la Judicatura, Defensor del Pueblo, Defensor Público, miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, y miembros de los cinco Consejos Nacionales para la igualdad.

Ponce expresó su disconformidad con los miembros del Pleno, tachándolo de “ineficaz, incapaz y escandaloso”. Igualmente, señaló un fracaso en la gestión. Esto generó rechazo en la ciudadanía y conllevó al planteamiento de dos preguntas en la Consulta Popular para limitar las funciones del organismo.

¿Por qué la principalización?

De 45 candidatos, se elegirá a siete vocalías para el Consejo de Participación Ciudadana. Cinco de los siete miembros actuales hacen parte de ese grupo y buscan la reelección.

Según El Universo, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, optaron por hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña para iniciar el periodo de promoción de las candidaturas.

Por su parte, David Rosero y Javier Dávalos, “se encontraban en uso de vacaciones, que concluirían en esta semana; pero, hasta el momento, no se ha confirmado su solicitud de licencia”.

Debido a las ausencias en los miembros del Consejo de Participación ciudadana, Hernán Ulloa, presidente de la institución, solicitó a la Asamblea posesionar a los vocales suplentes, entre ellos, Karina Ponce.

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El restituido presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, y sus tres homólogos no pudieron explicar que Párraga haya presentado siete acciones de protección en La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, casi a la misma hora. Una de estas, recayó en el juez Ángel Lindao que falló a favor de los consejeros.

«A mi no me consta aquello. No, en absoluto, no conocemos a la persona, pero le agradecemos que haya planteado esta acción», refirio Ulloa. En cambio, la consejera Ibeth Estupiñán dijo: «Alguien me mandó a decir que el señor (Carlos Párraga) me conocía cuando yo era niña (…) yo no recuerdo si el me conoce».

La consejera Sofía Almeida mostró su rechazo hacia las declaraciones de sus pares. «Como insultan la inteligencia de los ecuatorianos. «Por sus acciones los conocereis», mencionó.

Ulloa añadió que las decisiones de la Asamblea Nacional desorganizan la administración pública y generan desestabilidad. «Una de las consecuencias del incumplimiento de las sentencias constitucionales y, también, de las medidas cautelar es la destitución del servidor público que la incumple», afirmó.

Sobre el pleito

El Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo un juicio contra cuatro integrantes del Cpccs por incumplimiento de funciones en el cambio del Reglamento para la Elección de Contralor General del Estado.

La noche del 22 de noviembre, el Legislativo resolvió la destitución y censura de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Sin embargo, el juez de La Concordia, Ángel Lindao aceptó una acción de protección que suspendió la decisión de la Asamblea.

No obstante, el Legislativo ratificó en su resolución y convocó a sesión para que cuatro consejeros suplentes asuman como principales. Al final, ninguno asistió a la posesión.

A la par, los vocales destituidos volvieron a las instalaciones del Consejo y retomaron sus cargos. Ulloa argumentó que el poder judicial no se dejó intimidar y el Estado de derecho triunfó. En cambio, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, rechazó la injerencia de la Función Judicial y la bancada socialcristiana presentó tres denuncias contra la mayoría gobiernistas del Cpccs y el juez Lindao.

Lo más reciente del pleito fue la inasistencia de la Mayoría Legislativa para no posesionar al superintendente de Bancos designado, Roberto Romero. Por ello, Ulloa y compañía mantienen sus querellas con los legisladores.

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