En el documento se recomienda enviar la información a las autoridades competentes para que analicen el caso y tomen acciones por la denuncia. Además, recomienda que se investigue un posible tráfico de influencias, debido a una segunda denuncia de plagio en un artículo científico.

«Se recomienda al Cpccs remita el presente informe y sus respaldos para que las autoridades competentes, para que dentro de sus correspondencias apliquen los correctivos necesarios», reza el comunicado.

En el presunto delito estaría involucrado el servidor de la FGE Diego Ramiro Rodríguez. De acuerdo con las investigaciones, Salazar habría copiado algunos párrafos de un documento de Rodríguez y éste habría ascendido de puesto de forma progresiva.

«Se considera que hay la posibilidad de que la Fiscalía haya ejercido influencia en ese funcionario», detalla.

El informe se remitirá a la Contraloría General del Estado, la Senescyt y al presidente del Consejo de Educación Superior CES para que tome acciones civiles, legales y académicas.

Respuesta de la UCE

El colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) anunció que solicitará el acta de la Universidad Central (UCE) para esclarecer las llamadas impericias que cometió la fiscal Diana Salazar en su trabajo académico.

Ante la resolución de la UCE, el colectivo se pronunció e interpretó que el tribunal académico sí reconoció el plagio en la tesis de pregrado de la Fiscal y que citó varios textos sin citar. Sin embargo, lo llamaron impericia, lo cual significa una imprudencia profesional, según la Real Academia Española (RAE).

De la misma manera, el documento explica que el catedrático Tomás Sánchez pasó la tesis por tres aplicaciones de software que arrojaron que habían más de 34 mil palabras idénticas.

La resolución de la UCE interfiere en esta acción

El consejero Augusto Verduga explicó para Radio La Calle que la decisión del Consejo Universitario no influye en las acciones que seguirán por el presunto plagio de Salazar. Recalcó que como entidad tiene la facultad de reabrir casos si el caso lo amerita. (N.J.C)

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El Legislativo convocó a la sesión 816 para este 24 de noviembre a las 16:20. Durante la reunión del Pleno estaba previsto que Carlos Figueroa, Karina Ponce, Jaime Chugchilán y Mónica Moreira tomen sus cargos. Sin embargo, ninguno asistió a la posesión de su cargo.

La sesión -que solo duró un poco más 20 minutos- fue suspendida y será retomada el 28 de noviembre a través de medios virtuales.

¿Por qué no asistieron?

Los consejeros suplentes Carlos Figueroa y Karina Ponce anunciaron horas antes que no acudirían al Pleno de la Asamblea debido a que la situación legal de los vocales del Cpccs no es clara. Por su parte, Jaime Chugchilán no asistió, porque tiene orden de prisión por un juicio penal por estafa masiva.

Finalmente, Mónica Moreira no se pronunció al respecto, pero de todos modos no se presentó ante el Legislativo.

Ulloa y compañía ganan

Tras conocer el fallo de un juez de La Concordia, los cuatro consejeros que habían sido destituidos por la Asamblea, retomaron sus cargos el miércoles 23 de noviembre.

La mayoría gobiernistas formada por Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo celebraron su retorno a las instalaciones del Consejo.

La vocal Sofía Almeida denunció a través de sus rede sociales que el edificio contaba con presencia policial para no permitir el paso a la posesión de los nuevos consejeros. Asimismo, se había dispuesto la fumigación del establecimiento con el mismo fin.

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