Pazmiño acusó a Ulloa de designar a Romero en “la clandestinidad”, en horas de la madrugada de este 3 de diciembre. Además, señaló que la mayoría gobiernista del Cpccs se tomó atribuciones que no están dentro de sus funciones. Es decir, la capacidad de posesionar autoridades es competencia de la Asamblea Nacional, mas no del Cpccs, que solo tiene la facultad de designar autoridades.

“Entre gallos y media noche, violan la Constitución y la Ley”, expresó Pazmiño a través de su cuenta de Twitter.

Pronunciamiento de la Asamblea Nacional

Del mismo modo, el Pleno de la Asamblea anunció que no reconocerá la designación de Romero como nuevo Superintendente de Bancos, porque el acto lo realizaron “funcionaros destituidos”.

“No permitiremos que ninguna otra Función del Estado pretenda realizar injerencias en el poder Legislativo. Amparados en la ley, ¡nos haremos respetar aplicándoles lo previsto en el marco legal y constitucional!”, reza el comunicado.

Asimismo, precisó que aceptar la decisión del juez Ángel Lindao sobre la reincorporación de los consejeros destituidos del Cpccs sería violar la Constitución y la independencia de las funciones del Estado.  

“Un juez no puede dejar sin efecto las decisiones legítimas adoptadas por todo un Pleno Legislativo, y peor aún arrogarse funciones que no le corresponden”, detalla el documento.

El Pleno enfatizó que es responsabilidad de las máximas autoridades, incluyendo a la Fiscalía, adoptar gestiones adecuadas que sancionen este tipo de delitos. “A fin de garantizar el respeto pleno hacia las demás funciones del Estado y asegurarse la democracia del país”, dice el comunicado.

Destitución de los consejeros

Además, esta designación entra en conflicto por la situación política y judicial que mantiene cuatro miembros  del Cpccs. Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán fueron destituidos por mayoría de votos en el Pleno del Legislativo por:

• Incumplimiento de funciones
• Intento de modificación del reglamento para la designación del nuevo Contralor del Estado
• La falta de transparencia en el caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial.

Sin embargo, el juez del cantón La Concordia, Ángel Lindao aceptó una acción de protección que suspendió la destitución de los cuatro consejeros gobiernistas del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Con este recurso quedó sin efecto la resolución de destitución y censura de la Asamblea Nacional contra los funcionarios.

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“Porque no implica un conflicto de nada para ser un Procurador. La terna la envía el Presidente de la República, así lo dice la Constitución del Ecuador. Entonces el Presidente puede enviar a gente de su confianza”, aludió el titular del Cpccs.

Larrea y su lazo con Lasso

Según informes de la Superintendencia de Bancos, Larrea es accionista del Banco de Guayaquil desde el 16 de marzo de 2009.

El pleno del Consejo lo designó Procurador General del Estado, el 20 de octubre, con cuatro votos a favor. La terna del que fue electo estaba conformada por Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Yolanda Narcisa de Jesús Salgado Guerrón y Juan Carlos Larrea Valencia.

La Constitución del Ecuador establece cuatro funciones para Larrea: la representación judicial del Estado; el patrocinio del Estado y de sus instituciones; el asesoramiento legal; y la absolución de las consultas jurídicas a los organismos y entidades del sector público con carácter vinculante.

Funciones como procurador

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