La vicepresidenta sostuvo que la Corte Constitucional, al ser un órgano de cierre, debía aclarar el panorama y garantizar el derecho al aborto por violación, pero la decidió remitir esta orden a la Asamblea.

“Si nos remitimos al fallo de la Corte nos damos cuenta que no hay una sola disposición al Ministerio de Salud. Se quedaron cortos a la hora de proteger derechos”, aseguró Martínez.

Respecto a la excarcelación del exvicepresidente, Jorge Glas, aseguró que, si se alegó un tema específicamente de salud grave para otorgarle la libertad, su condición física debía ser concordante.

“El exvicepresidente, en una situación así, no salía a una caravana, debía haber salido al hospital”, reiteró Martínez.

Consejos Consultivos

Martínez dijo que los Consejos Consultivos son un espacio de participación ciudadana que reflejan la responsabilidad y el compromiso por la defensa de los derechos humanos, de naturaleza y animales.

“A través de los Consejos Consultivos y sus representantes podemos transformar, desde una visión y enfoque de derechos a la ciudad”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que estos mecanismos de participación buscan que la sociedad civil se empodere y pueda representar a los grupos prioritarios.

“Hemos propiciado informes de observancia sobre vulneraciones de derechos con el fin de cambiar la Política Pública”, manifestó Martínez.

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En este sentido, el organismo pronunció que este hecho forma parte de “una representación de la violencia arraigada y normalizada en nuestra sociedad, donde se cometen agresiones cada vez brutales y despiadadas, especialmente, en contra de los seres más vulnerables (…) Los ejemplos de crueldad animal muestran la continua falta de reconocimiento de la sociedad a los derechos de la naturaleza”.

En el marco de sus atribuciones y competencias, el Consejo de Protección de Derechos exige al Municipio del D.M. de Quito, a través de la Secretaría de Salud y la Agencia de Control y Unidad de Bienestar Animal, pidió cumplir y hacer efectivas las disposiciones del Código Municipal, en lo que respecta al bienestar animal y la gestión integral de la fauna urbana.

Igualmente, dentro de su comunicado oficial, exhorta a que los medios de comunicación pronuncien disculpas públicas y ejecuten acciones de reparaciones por el uso de especies silvestres protegidas en el programa Master Chef Ecuador.

También hizo especial énfasis en que la dificultad para alcanzar la justicia en estos casos, también se encuentra mediada por la falta de una cultura de denuncia a favor de los animales y la inacción del Estado para actuar de oficio. Exigen a este, que asuma sus compromisos y deberes para prevenir y erradicar todas las formas de violencia.

Además, hace un recordatorio a la sociedad en general que la Agencia Metropolitana de Control tiene un portal de denuncias sobre la tenencia, protección, maltrato a animales de compañía con dueño y control de la fauna urbana, puesto que la impunidad en este tipo de casos alienta o naturalizan que estas prácticas se sigan suscitando.

Marco Legal

“La vulneración de los derechos de los animales muestra la crueldad humana (…) Los perros son seres que dependen del cuidado y protección del ser humano y cualquier agresión en su contra se constituye como un acto de hostilidad”, dice la entidad.

En la legislación ecuatoriana se sanciona la violencia contra los animales, incluidos los que constituyen fauna urbana.

La Constitución del Ecuador contempla los derechos de la naturaleza y los animales en su artículo 71, donde se establece que la naturaleza y quienes la integran tienen derecho a que se respete su existencia.

Por otro lado, el Código Municipal del D.M de Quito también reconoce, de forma expresa, a la fauna urbana como parte de la naturaleza.

En el artículo 3237 señala que la fauna urbana es parte de la naturaleza y que tiene una protección especial por parte de la ciudad, la sociedad, la familia y el Gobierno autónomo del distrito.

En el artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se señala que quien cause lesiones a los animales de fauna urbana será sancionado con una pena privativa de libertad de dos a seis meses y si la conducta se realiza como consecuencia de crueldad o tortura animal se sancionará con pena privativa de libertad de seis meses a un año.

Y en su artículo 247 se establecen sanciones con pena privativa de libertad de uno a tres años respecto a delitos contra la flora y fauna silvestre.

Aun con esta normativa, la entidad menciona en su comunicado que “no hay respuestas claras ni para la sociedad ni de la justicia sobre las violencias como problema de salud pública que atenta contra la integridad y vida de las personas y también de los animales”.

Contexto

El pasado jueves 30 de diciembre de 2021, personas llegaron al barrio La Cocha, Alangasí, en Quito.

“En horas de la mañana estuvieron bebiendo alcohol y los vecinos pensaron que estaban festejando fin de año hasta que escucharon un chillido y cuando salieron, sólo vieron al perrito envuelto en llamas”, relata en Instagram la fundación Lucky Bienestar Animal.

Enseguida una persona trató de apagar el fuego del cuerpo del animal con una cobija; y los vecinos llamaron al 911 y a la fundación antes mencionada.

¿Cómo puedo ayudar?

La fundación Lucky Bienestar Animal emprendió la campaña “Danos una patita, los comentarios no lo salvan” para salvar al perro que fue quemado junto a un monigote.

En su cuenta de Instagram, la Fundación publicó una foto del animal junto a la a la descripción: “(…) Ayúdanos para poder cubrir sus costos (…) Agradecemos también a quienes se han comunicado siendo policías de abogados para buscar a los culpables de estos sucesos, sepan que no vamos a descansar hasta hacerlos pagar por cada segundo de dolor”.

Asimismo, la organización informó que el animalito está hospitalizado en una clínica veterinaria; necesita cirugías correctivas, curaciones y hospitalización, por ello piden ayuda a través de redes sociales.

Las donaciones se pueden realizar a través de las cuentas de ahorro Produbanco, 12136054701; o Banco Pichincha, 2204144329. Ambas están a nombre de María Alejandra Reyes Celi. También dispone de PayPal, www.paypal.me/luckyanimal.

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«Es inaceptable que el primer mandatario en sus declaraciones oficiales traslade responsabilidades por fuera de su competencia como Presidente del Ecuador, lo vivido en estos días es una clara consecuencia del desmantelamiento de la estructura del Estado para responder como garante de derechos», señaló la institución.

El Consejo además calificó de «inadmisibles» las reacciones de la sociedad en las redes sociales que han «aplaudido estos episodios de violencia y crueldad frente a las personas privadas de la libertad».

Exhortos al Estado

El CPD exhortó al Estado ecuatoriano acumplir su roll como garante de derechos con la sociedad. Esto conforme a lo que dicta la Constitución y las leyes de DD.HH. Al Gobierno Nacional y el Presidente Lenín Moreno, a reforzar la seguridad y los mecanismos de control en los centros penitenciarios.

Por los 79 PPL fallecidos, el CPD solicitó tres días de luto nacional.

Al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) solicitó revisar las políticas diseñadas en los Centros de Rehabilitación Social y frenar la violencia.

Exige a la Fiscalía General del Estado investigar, juzgary sancionar los hechos desencadenados el pasado 23 de febrero en los Centros Penitenciarios del Guayas, Cuenca y Cotopaxi.

Debilitamiento del sistema carcelario en 2020

Exfuncionarios de la SNAI aseguraron en 2020 que el Ministerio de Finanzas realizó tres recortes al programa de fortalecimiento del sistema carcelario por más del 70%. Además se redujo personal: psicólogas, trabajadoras sociales;y se promovió un hacinamiento de más del 40%.

La Ley

La Constitución de la República, en su artículo 35, determina que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria. Se encuentran bajo la custodia y responsabilidad del Estado, como garante de derechos.

El art. 12 del Código Orgánico Integral Penal reconoce a los PPL los derechos a la integridad personal, alimentación adecuada, comunicación y vinculación familiar, acceso a servicios de salud, prohibición del aislamiento como castigo y la proporcionalidad en las sanciones disciplinarias.

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