«Esta presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura ha considerado que, dadas las circunstancias de austeridad que atraviesa el país y la necesidad de optimizar los recursos públicos, prescindir del vehículo tipo Jeep marca Porsche Cayenne de placas GQC – 0005, por ser un vehículo de alta gama e innecesario para esta administración. Este organismo cuenta con vehículos propios y suficientes para este servicio», dice el comunicado.

Porsche de USD 65.000

El porsche que utilizaba Maldonado tiene un costo de 57.252 euros, unos USD 65.000. La exfuncionaria presentó su renuncia el pasado 2 de febrero. Maldonado explicó su renuncia se debió a una sentencia de la Corte Constitucional que retira a la presidencia de la Judicatura la facultad de dictar medidas de suspensión de actividades a funcionarios judiciales que enfrenten procesos disciplinarios por cometer faltas graves o gravísimas.  

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“Aprender a ahorrar. Si ustedes me permiten un consejo quien gana USD 400 y ahora va a ganar USD 425 yo decidiría que los USD 25 adicionales los ahorro, los guardo como un tesoro para la familia, los hijos y seguiría viviendo con los USD 400 mensuales”, dijo en una entrevista.

El mandatario anunció el pasado 13 de diciembre el aumento de USD 25 al SBU. De acuerdo con su ministro de Trabajo, Patricio Donoso, la promesa de USD 500 al final del gobierno se la conseguirá de cualquier forma.

Los gastos

Aunque el presidente invita al ahorro, no todas las familias se pueden permitir ahorrar USD 25. Con el valor de la canasta básica en USD 715 y los gastos mensuales en servicios básicos es necesario, en primer lugar, que dos miembros de la familia ganen el SBU. Sin embargo, tampoco es garantía de que todos sus consumos se paguen con dos ingresos.

Otro factor a tomar en cuenta es que gran parte de la población no podrá ahorrar esos USD 25 ya que no forman parte del grupo de empleo pleno que gana USD 400 mensuales. Solo el 5% de la población económicamente activa ganará USD 25 más.

De ocho millones de personas en la población económicamente activa. Seis millones de personas se encuentran en el desempleo, la informalidad y el subempleo. De los 2 millones restantes, 450.000 ganan un SBU, el resto gana más que el salario básico.

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Cerca de 30 personas son parte del equipo de la Dirección Nacional de Discapacidades. Ellos y la Coordinación General de Asesoría Jurídica del MSP emitieron la información sobre las auditorías a la emisión de carnés y las denuncias ante la FGE. Dentro del equipo se encuentran médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

La agrupación tramita alrededor de 80 pedidos de información solicitados por distintas instituciones. Entre ellas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), el Consejo de la Judicatura (CJ), la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, entre otros.

Gestión permanente

El pasado 9 de septiembre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que presentó una denuncia ante la FGE contra 17 funcionarios del propio Ministerio y 20 del Consejo de la Judicatura por la presunta obtención irregular de carnés de discapacidad.

La denuncia fue producto de la auditoría que lleva a cabo la Dirección Nacional de Discapacidades. En ella, monitorearon a 105 funcionarios del Consejo de la Judicatura.

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