De acuerdo con el medio español El Confidencial, el trabajo de la Fiscalía informó que el consorcio pagó al menos USD 1,2 millones a funcionarios ecuatorianos para asegurarse el encargo. El punto de partido apareció por las denuncias efectuadas por personas que participaron en el entramado. Los sobornos se camuflaron como pagos a terceras empresas por la prestación de servicios, según las confesiones.

Los sobornos se habrían dividido en pagos más pequeños para pasar inadvertidos. Tras un abono inicial superior a los USD 300.000, hubo hasta 24 pagos posteriores de $ 35.000 cada uno. Su destinatario fue uno de los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, cónsul honorario de Ecuador en Madrid, quien, según las sospechas, creó una sociedad ficticia solo para recibir el dinero.

La trama

El responsable de Bustren, una de las compañías del consorcio, Jesús Miguel Trababa, está en el centro de la operación.  Este funcionario fue consejero delegado de Metro de Madrid entre los años 2003 y 2011. Desde esa posición pudo conocer al detalle los planes del Municipio de Quito sobre el metro y se reunió con el alcalde de esa época que visitó Madrid para recabar información.

En 2013, el gerente de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, Édgar Jácome Zambrano, empezó una licitación para contratar una gerencia del proyecto. Trabada firmó con Prointec y KV Consultores para presentar una oferta como socios.

Un plan pactado

La empresa Bustren, aunque no deberían tener participación por antigüedad, recibieron el 80% de la participación principal, mientras que las otras dos solo tenían el 10% cada una. Luis Rodríguez Sol, fiscal investigador, asegura que GMQ influyó a través de los sobornos incluso en la fase previa de la licitación, las condiciones fueron resultado de una negociación que ya se planeó. Supuestamente todo se pactó hasta tal punto que los miembros de la comisión técnica de Quito fueron indicando cómo debía ser la oferta para que tuviera éxito.

Días antes de que el concurso se ganara de forma definitiva, un empleado de KV Consultores acudió a una reunión con uno de los ecuatorianos. “Me han dicho que lleve la maleta”, comentó, según se desprende de las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía en España. MIB

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“Este es un sueño que nació aquí en Cotopaxi, fruto de las necesidades básicas que hemos tenido en la provincia. Este sueño no está en ninguno de los espacios del Gobierno provincial. Sin agua no hay vida, ni producción, ni salud, con agua seremos absolutamente ricos”, dijo el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán.

Este Consorcio tendrá una inversión de la Unión Europea de aproximadamente USD 50 mil para la determinación de los estudios de balance hídrico.

“Hemos conversado con los técnicos y sabemos que es importantísimo el diagnóstico de toda el área de conformación del Consorcio para trabajar las demarcaciones hidrográficas. Tenemos que entender que la inversión”, dijo Edwin Miño, director ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (CONGOPE).

Miño aseguró que todas las prefecturas contarán con una plataforma virtual de riego y drenaje, sobretodo el drenaje agrícola para la Amazonía ecuatoriana. “Ese es una de los temas elementales, los requerimientos hídricos que se necesitará de acuerdo al tipo de cultivo. Esta plataforma mantiene un cálculo del balance hídrico para determinar la existencia de exceso o déficit”, añadió

El Convenio se firmó entre cuatro GAD’s provinciales: Pablo jurado (Imbabura), Paola Pabón (Pichincha), Jorge Guamán (Cotopaxi) y Juan Pablo Cruz (Chimborazo).

Un sueño que nació en 2019

Los páramos se ven amenazados por el sobrepastoreo, la quema de panjonales, la minería y la cacería. Esos fueron los principales motivos de las cuatro Prefecturas para impulsar el Consorcio para la siembra y cosecha del agua.

El Consorcio promoverá la conservación de 588.864 hectáreas de páramos y generará beneficios para 4´885.669 personas.

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