Entre los aspectos que constaban en esta ley estaban la incorporación de enfoques del derecho contemporáneo; dimensión individual y colectiva de la libertad religiosa; desarrollo de derechos conexos y principios alineados con los estándares internacionales de derechos humanos; creación de un régimen patrimonial para las organizaciones religiosas; establecimiento de un régimen sancionatorio previsible; y, garantía del respeto a la diversidad religiosa.

Cuando se avocó conocimiento de este proyecto de Ley, varios legisladores observaron que esta propuesta debería analizarse con respeto y evitar su politización.

Un Estado Laico

Otro de los parlamentarios planteó la afectación del proyecto de ley al gasto público. La Constitución vigente caracteriza al Estado como laico por lo que el presupuesto del Estado no puede verse comprometido con inversión económica en proyectos religiosos.

Ante este escenario, meses atrás el presidente Daniel Noboa fue cuestionado por destinar un millón de dólares a la Iglesia Católica. Según su argumento existía una supuesta deuda de USD 2 millones a los vicariatos del país. El dinero fue destinado a los vicariatos de Aguarica, Napo, Puyo, Méndez, Esmeraldas, Sucumbíos, Zamora y Galápagos.

La entrada Comisión recomendará el archivo del proyecto de Ley de Libertad Religiosa por afectación al gasto público se publicó primero en La Calle.

Ecuador inauguró el largo ciclo actual de la democracia constitucional, representativa y electiva el 10 de agosto de 1979, al entrar en vigencia la nueva Constitución y posesionarse Jaime Roldós como presidente de la República, al mismo tiempo que iniciaron las actividades normales de la “Cámara Nacional de Representantes” como se denominaba por entonces al Congreso. El país lleva 45 años de “democracia” y cabe destacar los siguientes procesos.

Han regido tres Constituciones: las “progresistas” de 1979 y 2008, además de la “neoliberal” de 1998. Entre 1979-1996 hubo cinco gobiernos (cuatro electos): J. Roldós (1979-1981), Osvaldo Hurtado (1981-1984) por sucesión presidencial; León Febres Cordero (1984-1988), Rodrigo Borja (1988-1992) y Sixto Durán Ballén (1992-1996). Entre 1996 y 2006 hubo seis gobiernos: Abdalá Bucaram (1996-1997) electo y derrocado a los seis meses; Fabián Alarcón (1997-1998) como Presidente Interino nombrado por el Congreso; Jamil Mahuad (1998-2000) electo y derrocado; Gustavo Noboa (2000-2003) por sucesión constitucional; Lucio Gutiérrez (2003-2005) por elecciones y luego derrocado; Alfredo Palacio (2005-enero 2007) por sucesión. En la transición entre Bucaram y Alarcón, se “encargó” la Presidencia durante un fin de semana a la vicepresidenta Rosalía Arteaga; mientras el 21 de enero de 2000 se instaló un efímero triunvirato nocturno, en tanto se producía la caída de Mahuad. Rafael Correa fue electo en tres ocasiones y gobernó entre 2007-2017; y le sucedieron, por elecciones: Lenín Moreno (2007-2021); Guillermo Lasso (2021-2023), quien terminó anticipadamente su período presidencial al acudir a la “muerte cruzada”; y Daniel Noboa (2023-2025). Es evidente que existió un ciclo de crisis política entre 1996-2006, estabilidad entre 2007-2017 y un nuevo ciclo de inestabilidad flotante a partir de 2017.

Pero las diferencias políticas e ideologías de los distintos mandatarios no pueden ocultar otro proceso histórico decisivo: el desarrollismo inicial y el reformismo social que estuvo presente en el gobierno de Roldós, se desinfló parcialmente con el gobierno de Hurtado, al estallar la crisis de la deuda externa (1982) y al pasar Ecuador a sujetarse a las “Cartas de Intención” con el FMI, a partir de la primera (1983). Con Febres Cordero abiertamente se levantó un modelo empresarial de economía que contradijo las bases económicas y sociales fijadas por la Constitución de 1979, y que fue retomado, en forma imparable, desde Durán Ballén en adelante, ya que Borja intentó temporalmente recuperar políticas sociales reformistas, que resultaron insuficientes. A consecuencia del camino empresarial-fondomonetarista (que fue consagrado por la Constitución de 1998), se debilitaron las capacidades estatales y adquirió un carácter estructural el deterioro histórico de los servicios públicos (educación, salud, seguridad social), así como el de las condiciones de vida y trabajo de la población, por más que el país parecía “modernizarse” con el crecimiento de los mercados, las importaciones y el consumismo típico de las sociedades capitalistas.

Ese proceso fue cortado por los gobiernos de Correa quien, sobre la base de la Constitución de 2008, puso los cimientos para el desarrollo de un modelo de economía del Buen Vivir (Estado de bienestar) que recuperó fuertes capacidades para el Estado, subordinando los intereses privados a los de la nación y orientando las políticas sociales al beneficio colectivo, en el marco del primer ciclo de gobiernos progresistas en América Latina. Estas situaciones polarizaron diversas reacciones (incluso entre las “izquierdas”), de modo que las élites empresariales y las derechas políticas y mediáticas que las representan alimentaron posiciones radicales contra el “correísmo”, que fueron acogidas por Moreno, al dar un giro inédito a su gobierno, surgido inicialmente de las filas correístas. Moreno recuperó la vía empresarial-neoliberal e inauguró la persecución a los “correístas”, apoyado en una serie de reformas institucionales y el respaldo de un férreo bloque de poder oligárquico que se consolidó durante su gobierno. Ese bloque pasó a ser la fuerza decisiva del triunfo presidencial de Lasso y luego de Noboa. De modo que desde 2017 se ha impuesto en Ecuador un modelo económico ya no solo empresarial y neoliberal, sino también oligárquico, con rasgos comparables a los que tuvo el país durante la denominada “época plutocrática”, referida particularmente a los años 1916-1925, que solo pudo terminar gracias a la Revolución Juliana (1925). En esa época se consagró el poder de los agroexportadores del cacao (los “gran cacao”), millonarios comerciantes y, sobre todo, los oligopólicos bancos de emisión, que convirtieron al Estado en un eslabón más de la cadena de sus negocios y mantuvieron gobernantes sujetos a sus intereses, sin existir impuestos directos como el de rentas, tampoco leyes laborales, ni instituciones del Estado capaces de imponer controles a los desafueros de la élite de propietarios privados que hegemonizaron la vida política nacional. Hay que recordar que, con los gobiernos julianos y la presencia de la Misión Kemmerer, se creó el impuesto a las rentas, la Caja de Pensiones, el Banco Central, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, las direcciones de salud.  

Durante el ciclo contemporáneo de gobiernos empresariales, el anticorreísmo ha tenido relativo éxito, al tratar de ocultar los logros históricos del pasado y endosar al gobierno de Correa los “grandes males” que sufre el país de la actualidad y que no se originan en ese gobierno, sino en el tipo de economía de privilegio a las élites empresariales, con Estado disminuido, desajustes institucionales y ausencia de políticas sociales, como lo demuestran suficientes estudios académicos. Son estos factores los que explican el renacer histórico del imparable deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, incluyendo el crecimiento de la inseguridad vinculado al ascenso de la narcodelincuencia, igualmente posible por el ambiente de desinstitucionalización acumulado desde 2017. Naturalmente, las derechas políticas y los voceros gubernamentales atacan de “izquierdistas”, “zurdos”, “comunistas” “venezolanos” y “correístas” a toda persona, académico, periodista, agrupación o sector social y político que manifieste posturas críticas a las desgracias que experimenta Ecuador, como ocurre con los trabajadores petroleros que defienden esta actividad del Estado o con los líderes actuales del movimiento indígena, estigmatizado, adicionalmente, por el racismo y el clasismo de la “alta sociedad”.

Suele decirse que la historia es una “maestra” que sirve para no cometer los errores del pasado. Pero esta idea no funciona en Ecuador. El país se ha convertido en un ejemplo del retroceso histórico, que parece competir con Argentina. En definitiva, América Latina tiene en Ecuador y Argentina, dos ejemplos de lo que ocurre cuando se sujeta el Estado a la perversa idea de la “economía libre” y del privilegio absoluto a la empresa privada, mientras a cada paso los estudios académicos y los informes de los organismos internacionales demuestran el sistemático deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población en los países citados (CEPAL, FMI). El presidente Javier Milei, que tanto gusta de resaltar: “somos superiores moralmente, productivamente y estéticamente” es obvio que no se refiere a Ecuador (y en Argentina el barco se hunde), aunque en el país hay libertarios y anarco-capitalistas que le creen e impulsan sus ideas. ¿Se logrará revertir las nefastas huellas de la historia inmediata ecuatoriana en las elecciones de febrero 2025?

La entrada Ecuador: huellas de la democracia | Opinión se publicó primero en La Calle.

Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

Noboa grabó un vídeo desde las instalaciones que fueron de la Base de Manta para anunciar esta noticia. Indicó que la salida de la base fue «el primer pacto con el crimen transnacional» y que en la lucha por recuperar el país es «el pacto que tenemos que revertir y quebrar».

«Merecen un presidente que tome decisiones con determinación, porque al Ecuador no le hacían falta oportunidades sino honestidad y voluntad política (…) En un conflicto transnacional, necesitamos respuesta nacional e internacional. Estamos levantando el país que ellos dejaron de rodillas», expresó.

La Base de Manta

La Base estadounidense en esta ciudad portuaria fue el resultado de un convenio firmado entre el gobierno de EE.UU. y Jamil Mahuad en 1999 por un plazo de 10 años. la función del Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) de Manta sería detectar, controlar y rastrear aeronaves que realizaran actividades ilegales vinculadas al narcotráfico.

En septiembre de 2009 tras la aprobación de la nueva Constitución, las autoridades nacionales tomaron posesión del lugar.

La entrada Noboa busca permitir las bases militares extranjeras: ¿volverá la Base de Manta? se publicó primero en La Calle.

El documento emitido el 12 de septiembre manifestó que la Segunda Mandataria no cumplió la disposición de llegar a Turquía antes del 1 de septiembre, por el contrario, arribó el 9 de septiembre. La petición de este proceso administrativo vino de Cancillería.

Este hecho desató críticas en redes sociales, varios expertos aseguran que sería ilegal la destitución de Abad por la sanción de un sumario administrativo. El abogado Alberto Montenegro explicó a La Calle que la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) establece que este proceso no aplica a los funcionarios de elección popular.

Agregó que solo el hecho de abrir un sumario administrativo en contra de la segunda mandataria violentaría la seguridad jurídica. Montenegro citó el artículo 226 de la Constitución que establece que la competencia y las facultades de las instituciones y servidores públicos deben estar previstas exclusivamente en la Constitución y la ley, no en un acuerdo ministerial.

»Esto violaría la independencia de poderes (…) aunque en este país ya todo puede ser posible», resaltó. En este sentido, citó el acontecimiento del asalto a la embajada de México del pasado 5 de abril, un hecho al que calificó como »descabellado».

Por otro lado, señaló que también existiría una ilegalidad si Abad es sancionada en calidad de embajadora de Israel porque antecede su función de Vicepresidenta. Si la funcionaria es destituida como servidora de Cancillería, tendría que abandonar su otro cargo debido a que esta sanción impide que pueda ejercer un cargo público por dos años.

Ante estas intenciones, el jurista indicó que lo recomendable es que la segunda mandataria interponga un acción de protección.

»Pero es muy posible que el juez que llegue a conocer de dicha acción, la niegue y hasta la llegue a inadmitir por las tantas confusiones creadas por la Corte Constitucional», dijo

Un acuerdo improvisado

Como si de una casualidad se tratara, el 11 de septiembre el Ministerio del Trabajo firmó el Acuerdo Ministerial Nº MDT-2024-175. Este documento expide el procedimiento de Sumario Administrativo otorgando a la cartera de Estado la potestad de tramitar estas solicitudes en contra de funcionarios que se encuentren excluidos de la carrera del servicio público.

Si se consuma la destitución de Abad a través de esta acción, otras autoridades de elección popular podrían enfrentarse a la misma situación. (AGM).

La entrada ¿Puede un Ministerio destituir a la vicepresidenta Verónica Abad? se publicó primero en La Calle.

Las autoridades decidieron nombrar al campus «Presidente Daniel Noboa». Según ellos, es una oportunidad perfecta para que los estudiantes «se llenen de orgullo y progresen». Además, le entregaron un doctorado Honoris Causa. Es decir, un título honorífico que da una Universidad a personajes que destacaron en ciertos ámbitos profesionales.

«Les agradezco por su apoyo y confianza (…) Esto podrán ver mi hijos y nietos. Verán qué se logró y el momento en el que se lo hizo», dijo en su discurso.

Una realidad alterna y diferente viven las universidades. En la proforma de 2024, el presidente reduce USD 4 millones a la educación superior. Sin embargo, la cartera de Estado alegó que no es culpa del régimen. La Unión Nacional de Educadores (UNE) advirtió que es momento para dejar de lado la «improvisación y los continuos recortes presupuestarios».

Además, denunciaron que el 21 de febrero de 2024 se conocieron los resultados de las pruebas Ser Estudiante 2022-2023 en el que la mayoría de estudiantes no alcanzaron el puntaje mínimo del INEVAL. De la misma manera, propusieron crear políticas de inversión, nuevo modelo pedagógico, democratización, entre otros.

La Constitución los ampara

El artículo 26 de la Constitución del Ecuador detalla que la educación será un área política prioritaria y de la inversión estatal. Un apartado que los últimos gobiernos de turno pasaron por alto. Además, el artículo 28 especifica que las autoridades deberán garantizar el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación.

La entrada Mientras otras universidades exigen su presupuesto, otras crean un campus con el nombre del presidente se publicó primero en La Calle.

Noboa cuestionó que la estancia de un preso extranjero cuesta USD 10, mientras que un desayuno para niños está valorado en 0,38 ctvs. Además, aseguró que mantiene contacto directo con el presidente colombiano, Gustavo Petro, para dejar a los presos en la frontera. Alegó que es un proceso necesario para reducir el gasto del Estado.

De la misma manera, señaló que existen artículos de la Constitución que permiten la extradición de un preso. Por ejemplo, si un extranjero cometió un delito en el país y cumplió una sentencia de cinco años o más puede ser «expulsado del país».

«Respetamos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Vamos a seguir trabajando para que se quede así», dijo.

De acuerdo con las declaraciones del primer mandatario, su objetivo es restaurar la seguridad de los ecuatorianos. Además, permitirle a los jóvenes y niños regresar a las escuelas o universidades, que por motivos de inseguridad tuvieron que abandonarlas.

«O también velar por esa madre que no tiene idea de cómo mataron a dos de sus hijos en Nueva Prosperina. Esos derechos también debemos defender», alegó.

De varios destinos

El 10 de enero de 2024, Noboa comentó que empezará este proceso con los presos colombianos. Detalló que entre los reclusos de ese país, Venezuela y Perú suman más del 90 % de la población carcelaria. Asimismo, mencionó que con el decreto ejecutivo 110 y 111 que declaraba objetivo militar a las bandas delictivas, las fuerzas del orden tenían la misión de arrestar a estos sujetos.

Noboa explicó que cortó la luz e internet a los presos con el afán de retirar los «privilegios de esas personas». En aquella época justificó que tenían problemas con algunas cárceles porque están cerca de urbanizaciones y no podría cortar de manera directa la electricidad.

La entrada Noboa: «Cuesta más mantener a un preso extranjero que un desayuno escolar» se publicó primero en La Calle.

La entidad de control, a través de un comunicado, informó que se aprobó el informe general de auditoría. Sin embargo, el debido proceso debe continuar con «la defensa del examinado» y observando los plazos correspondientes.

Un primer documento de Contraloría determinó que Corral no debió ser posicionado como funcionario del gabinete de Lasso. El implicado es accionista de las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil S. A., las cuales mantienen contratos de concesión de frecuencias prorrogadas con el Estado. Según la entidad, en aquel entonces no se validó la información registrada ni se verificó la prohibición que fija la Constitución para ser un funcionario. Por el contrario, se permitió el ejercicio del cargo público.

El cinismo…

El pasado 8 de mayo de 2023, el exfuncionario afirmó que no existe conflicto de interés en el hecho de que tenga el 30% de las acciones en Teleamazonas.

“Uno ha hecho lo que ha hecho en su vida y esto es un tema temporal. Yo no voy a cambiar mi vida por una cosa que puede durar entre un día o seis años. Esto es un tema temporal. Yo no tengo ningún conflicto de intereses”, dijo en entrevista con Carlos Vera.

Además, Lasso repartió condecoraciones al poco o nulo trabajo que realizaron sus funcionarios, uno de ellos fue Corral. Según el expresidente, las insignias se otorgaba a «las labores y méritos» de los trabajadores.

La entrada Controlaría no quita el dedo del renglón en la investigación a Corral se publicó primero en La Calle.

Rodríguez mencionó que el ordenamiento jurídico ecuatoriano brinda algunas protecciones especializadas a las personas con discapacidad. Es decir, la Constitución establece que las personas que pertenecen a este sector deben recibir una atención priorizada por parte del Estado. Enfatizó que de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidad, los ciudadanos solo necesitan acreditarse para recibir estos beneficios.

¿Todos se pueden beneficiar?

El abogado remarcó que no todas las personas que cuentan con la aprobación del Conadis pueden acceder a este beneficio, pues es necesario que reflejen al menos el 30 % de discapacidad para que puedan ser beneficiadas.

Mencionó que en el caso de personas con discapacidad física necesitan acreditar 2 años de aportación, cerca de 300 contribuciones. Mientras que los ciudadanos que presenten discapacidad intelectual necesitan 240 aportaciones; es decir, casi 20 años. Todos estos procesos se realizan sin un parámetro o límite de edad.

Esta es la principal diferencia con el otro régimen que también aspiran a una jubilación social, pues deben cumplir entre 30 o 40 aportaciones y mínimo 60 años.

¿Cuánto reciben?

Rodríguez comentó que las personas con discapacidad tienen derecho al 68,5 % del salario básico de un trabajador. Además, deberán considerar los cinco mejores años de remuneración y en función de eso ser acreedor de estos planes.

Mientras que, la jubilación patronal se mantiene de la misma manera, si el empleado permaneció 25 años o más, el empleador sigue las reglas básicas para ejercer ese proceso. El abogado indicó que si el empleador se niega a que el empleado acceda a este trámite, el perjudicado deberá acceder al Ministerio de Trabajo.

«Hay que recordar que si el empleador tiene un nómica de 24 trabajadores, obligatoriamente debe contratar a una persona con discapacidad «, explicó.

¿Cómo acceder a este beneficio?

Las personas que están a punto de ingresar en este proceso, pueden acceder a la página web del IESS, que permite colgar todos los documentos de manera virtual. Dependiendo del número de casos que tenga la entidad podrá despachar el informe en más-menos 15 días.

«Eso sí podrá acceder a todo eso siempre y cuando no haya mora, presentando todos los documentos y con todo en regla», alegó.

Sin embargo, recalcó que existe la posibilidad de que el empleador cree un tipo de «artimañas» para no legitimar este proceso. Por ejemplo, podrían acreditar a personas al Conadis, pero que no padezcan ningún tipo de discapacidad o evitar que los trámites de la jubilación avance.

Además, recalcó que en caso de un despido intempestivo las personas con discapacidad tienen derecho a 18 remuneraciones para reconocer su trabajo. Enfatizó que el Estado y el Gobierno debería velar porque las irrupciones en estos procesos no incrementen.

La entrada Esto es lo que debes saber sobre la jubilación de personas con discapacidad se publicó primero en La Calle.

El parlamentario manifestó que ante el panorama que vive el país, prácticamente hay que »refundar el Ecuador». Para él es necesario desechar la actual Constitución (2008) que a su criterio es »prodelincuencia» y »proimpunidad».

La Constitución de 1998 estaba vigente cuando el país atravesó el trágico Feriado Bancario y la caída del gobierno del mismo expresidente Gutiérrez. Después de varios eventos canónicos, en el 2007 se planteó la reforma de la Constitución y ya en 2008 entró en vigencia con el entonces presidente, Rafael Correa.

No es la primera vez

La idea de volver a la Constitución de 1998 no es nueva, el excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+) ya planteó esta alternativa de renovar la Carta Magna a través de una Consulta Popular.

»Si por maldición de la vida estos conspiradores de ayer no tendré problema en recurrir a la Constitución y mandarlos a la casa (…) No voy a usar la muerte cruzada pero si otros mecanismos» dijo en entrevista a FM Mundo durante el período electoral del 2023.

¿Cómo regresar a la Constitución del 98?

El abogado constitucionalista, Mauro Andino explicó para Radio La Calle que jurídicamente no se puede proceder con el retroceso de una constitución. Además la Corte Constitucional es la que debe determinar si este cambio es viable, este procedimiento se lleva a cabo a través de los siguientes pasos:

• Que la CC determine si el cambio de Constitución es viable
• Llamar a urnas
• Elegir a los constituyentes (asambleístas a cargo)
• Realizar un borrador para que sea aprobado o no en el Pleno

Después de todos esos pasos, y con luz verde por parte de la Asamblea se puede llamar a un referéndum en el que el pueblo ecuatoriano decide si cambia o no la Constitución. Al final del día la decisión estaría en manos de los mismos parlamentarios.

¿Qué perderíamos si volvemos al pasado?

Según el jurista, las desventajas de retornar a la Constitución del 98 son varias, entre ellas que el acceso a la educación de tercer nivel sea privada. Por otro lado, el recurso del habeas corpus dejaría de ser decisión de los jueces y pasaría a manos de los alcaldes de cada ciudad.

Sobre los grupos de atención prioritaria, la Constitución del 98 determina que se atenderá a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas. Sin embargo, solo especifican las garantías que tendrán dos grupos que son: las personas de la tercera edad y los niños, niñas y adolescentes.

Resaltó que la actual Constitución otorga diversas garantías jurisdiccionales para defender los derechos que tenemos como ciudadanos. Por otro lado, la Constitución del 2008 menciona casi lo mismo, aunque en esta sí se especifica de manera separa y por incisos las obligaciones del Estado con cada grupo poblacional. (AGM).

La entrada Volver al pasado, la fórmula que Gutiérrez sugiere al gobierno de Noboa se publicó primero en La Calle.

La iniciativa fue presentada en el 2021, antes de la disolución del legislativo por la muerte cruzada, y ahora volverá a manos de la Asamblea y será tratada por la Comisión de Enmiendas Constitucionales.

El proyecto plantea reformar el artículo 119 de la Carta Magna, el cual establece que los requisitos básicos para ser asambleísta consisten en ser mayor de edad y gozar de derechos políticos. La propuesta pide que se incluya experiencia, probidad notoria y capacitación o formación justificada como otro de los requerimientos.

Pese a la generalidad de los requisitos,la proponente resaltó que la misma Asamblea deberá analizar las reformas y »mediante la ley se establecerá el mecanismo de verificación, dentro de los cuales se tendrán presente acciones afirmativas».

Para Sánchez, no deberían ser asambleístas quienes adeuden pensiones alimenticias, tengan glosas o tengan un vínculo con las mafias.(AGM).

La entrada ¿Cuáles serían los nuevos requisitos para ser asambleísta? se publicó primero en La Calle.

El asambleísta Adrián Castro mocionó a Jhajaira Urresta, Lucía Jaramillo, Nicole Saca, Pedro Velasco y Sandra Rueda para que conformen la Mesa Legislativa.

La parlamentaria Jhajaira Urresta, por la Revolución Ciudadana (RC), que obtuvo 103 votos a favor, 15 en contra y 12 abstenciones, se convierte en la primera integrante del Comité.

Lucía Jaramillo del Partido Social Cristiano (PSC) y aliados se consagra como la segunda integrante con 119 votos afirmativos. El tercer integrante es la legisladora Nicole Saca de Acción Democrática Nacional (ADN) con 124 votos a favor, 0 negativos y 6 abstenciones.

Pedro Velasco, llegó a la Asamblea Nacional por el partido Actuemos; sin embargo, ahora se considera independiente. Es el cuarto integrante del Comité con 122 afirmativos.

Finalmente, Paúl Buestán, representante del movimiento Construye, fue nominado como el cuarto integrante. No obstante, el legislador solo alcanzó 34 votos afirmativos, 48 en contra y 46 abstenciones, por lo que revisaron si existía otra nominación. Al no existir, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, suspendió la sesión y la reanudará el jueves 30 de noviembre de 2023 a las 9:00 am.

Esta última moción se hizo en reemplazo de Sandra Rueda para cumplir con la paridad de género que exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Prohibiciones de los asambleístas

Tanto el artículo 127 de la Constitución como el 163 de la LOFL detallan las prohibiciones que tienen los legisladores. Entre ellas:

• No desempeñar otra función pública o privada ni dedicarse a sus actividades profesionales si son compatibles con su cargo;
• Ofrecer, tramitar o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los
• destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional;
• Gestionar nombramientos de cargos públicos;
• Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas;
• Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado; y,
• Celebrar contratos con entidades del sector público.

¿De qué se encarga el Comité?

El Comité tendrá la función de conocer los hechos denunciados que incurran en las infracciones señaladas en el artículo 127 de la Constitución y 163 de la LOFL. Las atribuciones que tienen son:

• Iniciar, previa denuncia y de conformidad con la Ley, el proceso de investigación en contra de cualquier asambleísta que haya incurrido en infracciones detalladas.
• Emitir un informe motivado, que enviarán a la Asamblea Nacional.
• Proponer o pronunciarse respecto a iniciativas que fomenten la ética y transparencia.

La entrada No hay acuerdo para designar al último integrante del Comité de Ética en la Asamblea Nacional se publicó primero en La Calle.

Los abogados constitucionalistas Alberto Montenegro y Mauro Andino explicaron que por mandato constitucional Abad asumiría la Presidencia si Noboa decide ir a la reelección en 2025.

Montenegro comentó que independientemente del cargo o función que el presidente le haya designado, ella deberá suspenderla y asumir el nuevo rol en la Presidencia.

Sin embargo, ante el evidente distanciamiento entre el binomio cuestionó si la actual vicepresidenta logrará terminar el mandato junto a Noboa.

«Hasta que termine el período todo puede pasar y con lo débil que son las instituciones en el país, es incierto lo que se puede avecinar. Por ejemplo, Moreno tuvo cuatro vicepresidentes», apuntó.

Además, Andino indicó que si Noboa se postula en el próximo período presidencial deberá pedir una licencia sin remuneración; esto desde que inicia la campaña electoral hasta que termina. En caso de existir una vuelta electoral, al presidente le tomará 45 días y si existe una segunda vuelta el lapso será de tres meses aproximadamente, entre las dos.

Ambos coincidieron en que no existe ningún otro mecanismo constitucional que impida que ella- si se mantiene en funciones- asuma la Presidencia.

Todos pueden ser reemplazados

No obstante, la Constitución establece varios mecanismos que se aplicarían para reemplazar al vicepresidente, entre ellos:

• Juicio político, en el caso de delito contra la seguridad, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, por razones políticas o de conciencia.

Para este punto se necesitan 92 votos y el dictamen de la Corte Constitucional (CC). Sin embargo, ya hay un antecedente en el que la entidad negó este proceso contra Guillermo Lasso.

«Al ser causales específicas es casi imposible que la conducta de Abad se encasille con las causales», remarcó Andino.

• Terminación de período presidencial;
• renuncia voluntaria, aceptada por la Asamblea Nacional; o,
• incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el cargo, avalado por médicos y declarada por la Asamblea Nacional;
• Por abandono del cargo;
• Revocatoria de mandato.

La elección de uno nuevo

Según la Constitución, en caso de una ausencia temporal del o la vicepresidenta, el Legislativo elegirá a su reemplazo con base en la terna enviada por el o la presidenta y con el voto conforme a la mayoría de integrantes.

En caso de que el Legislativo no se pronuncie en el plazo de 30 días, se sobreentenderá que la persona elegida es quien encabeza la lista.

Ya se habló de una reelección

Noboa en una de sus reuniones en Washington aseguró que para que sus planes económicos funcionen necesita ser reelegido. Según recoge Infobae, el mandatario entrante precisó que su proyecto solo será “sostenible” si los ecuatorianos lo vuelven a sentar en Carondelet en el 2025.

El presidente explicó su política económica a prestamistas multilaterales y banqueros de inversión, entre ellos autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y representantes del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La entrada Si Noboa busca la reelección tendrá que encargar la Presidencia a Verónica Abad se publicó primero en La Calle.

Benavides explicó que ni la Constitución ni el Código de la Democracia especifican los parámetros básicos para las nuevas postulaciones. Sin embargo, recalcó -en entrevista para Radio La Calle– que una sentencia de la Corte Constitucional (CC) especifica que el período (2023-2025), al ser atípico, no se considera «imputable para efectos de la reelección».

La sentencia 002-10 de la Corte indica que las elecciones anticipadas legislativas y presidenciables convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se deberán entender que son para completar el resto de los períodos. Por lo que, no podría considerarse «un nuevo período regular imputable para el caso de reelección».

«Es decir, todos podían ser candidatos para las elecciones. Los asambleístas nuevos, destituidos (con algunas salvedades) e incluso el propio presidente Guillermo Lasso», dijo.

También, mencionó que, si ahora hay rostros conocidos en el Pleno del Legislativo se debe a la sentencia de la CC, pues ellos sí podían postular para completar el período (2023-2025).

De la misma manera, el abogado constitucionalista Mauro Andino aclaró que existe otro escenario. Uno en el que los legisladores se postularon por primera vez, estos podrán culminar este lapso y postularse -de ser el caso- en las elecciones de 2025 y 2029.

«A ellos no se les contabiliza este tiempo entero y podrán postularse para el mismo cargo en los siguientes dos períodos», apuntó para Radio La Calle.

Los vacíos

Ambos juristas detallaron que los principales vacíos están en la Constitución y el Código de la Democracia. Tanto Benavides como Andino resaltaron la necesidad de generar otra interpretación a esta medida para que se puedan reglamentar los procesos que quedaron varados. «Por ejemplo, al disolver la Asamblea Nacional varias leyes, reformas y decretos se mantienen en el archivo», señaló Andino.

El abogado explicó que otras incógnitas surgen en los procesos de juicio político contra los diferentes actores políticos, los indultos o plazos interrumpidos.

Andino añadió que los principales cambios se deberían realizar a la Constitución y a la Ley de la Función Legislativa. Algo similar explicó Benavides, que argumentó que el CNE también podría establecer lineamientos para una nueva reglamentación en este caso.

Además, apuntó que sería propicio una interpretación del Procurador general para definir algunas limitaciones en este espacio.

En la Constitución, el único punto que topa la disolución del Legislativo es el artículo 148. Sin embargo, no especifica tiempos, relaciones, limitaciones o abstenciones de los actores políticos y las elecciones anticipadas.

Sobre la elección de los asambleístas

El artículo 93 del Código de la Democracia reza que los dignatarios de elección podrán reelegirse por una sola vez de manera consecutiva o no, para el mismo cargo en dos períodos. No obstante, esta decisión no rige para las autoridades de elección popular que ostenten la calidad de suplentes. En este inciso se incluye la salvedad del decreto de la muerte cruzada.

«Se entenderá por reelección, igualmente, la de las autoridades que habiendo sido elegidos para un cargo han pasado a desempeñar por subrogación definitiva otro cargo de elección popular», reza el artículo.

La entrada Asambleístas podrían ocupar su curul hasta nueve años y medio por vacíos constitucionales, tras la muerte cruzada se publicó primero en La Calle.

La “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, fue un documento limitado a 17 artículos, cuya proclama central reconoció “los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. Además, consideró: “La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación”; “La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás”; “La ley es expresión de la voluntad de la comunidad”; “Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto”; “Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas”.

Fruto del racionalismo y del pensamiento ilustrado, esa Declaración significó una revolución humana en la concepción sobre los derechos individuales. En la región que hoy llamamos América Latina, la primera traducción de aquel trascendental documento la hizo el bogotano Antonio Nariño en 1793, uno de los próceres de la independencia de la actual Colombia. También la Ilustración y los Derechos del Hombre guiaron los conceptos movilizadores de los criollos independentistas hispanoamericanos, convertidos en próceres y patriotas. Pero no siempre suele distinguirse que en los procesos independentistas, América Latina forjó dos principios de magnitud humana universal: la soberanía de los pueblos, de una parte y, de otra, la independencia, que son los conceptos que fundamentaron la lucha anticolonial y  cuya vigencia se extiende hasta el presente.
 
Paradójicamente, los derechos individuales no fueron proclamados de una vez por todas al nacer las republicas latinoamericanas. Lo impidieron la dominación oligárquica, una democracia censitaria que excluyó del poder y de la ciudadanía a la gran mayoría de la población, la conservación de la esclavitud, la hegemonía política inicial de los conservadores aliados con la Iglesia católica y la larga vigencia de las economías precapitalistas, caracterizadas por el rentismo de élites primario-exportadoras. Todo ello explica que durante el siglo XIX correspondiera al liberalismo y sus partidarios la tarea histórica de implantar, en forma definitiva, los derechos individuales generales y, además crearan las instituciones que los consagraron. México es el país que mejor ejemplifica ese proceso con una sucesión de leyes: Ley Juárez (1855), Ley Lerdo (1856), Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (1859), Ley de Registro Civil y de Matrimonio Civil (1859), Ley Sobre Libertad de Cultos (1860) y, sin duda, la Constitución laica de 1857 nacida con La Reforma. En Ecuador, los derechos individuales fueron ampliamente consagrados por la Constitución de 1896 y, sobre todo en la magna Carta liberal de 1906. Gracias a la Revolución Liberal ecuatoriana (1895-1911) se consagró la educación pública laica, la separación de Estado e Iglesia, se implantó el registro civil (1900) y leyes de matrimonio civil y divorcio (1902).
 
Los derechos de primera generación, nacidos de la Revolucion Francesa, reflejaron el ascenso de las burguesías en los países capitalistas centrales; sin embargo, inspiraron las conquistas logradas por los liberales en América Latina, que lucharon por décadas, contando con enorme apoyo popular. Sin embargo, la consecución de los derechos laborales, requirió, en cambio, de luchas permanentes de los trabajadores en la Europa del siglo XIX, así como en la América Latina del siglo XX. Esas luchas se dirigieron directamente contra las burguesías, que siempre se resistieron a su reconocimiento. Tomando en cuenta esa trayectoria, si bien se lograron algunas leyes aisladas sobre salarios o jornadas, fue la Constitución de México aprobada el 31 de enero de 1917 por el Congreso Constituyente de Querétaro y expedida por Venustiano Carranza el 5 de febrero, la que marcó el inicio del derecho social latinoamericano y sus principios se extendieron en la región al compás del desarrollo sindical y, además, por el influjo que adquirieron la Revolución Rusa de octubre 1917 y las ideas socialistas.
 
La Constitución mexicana dedicó un amplio y detallado título a los derechos laborales, reconociendo: salario mínimo, jornadas máximas, horas extras, limitaciones al trabajo femenino y de menores, maternidad, participación en utilidades, condiciones materiales del trabajo, equipamiento, accidentes y enfermedades profesionales, higiene y salubridad, sindicalismo, huelgas, indemnizaciones e incluso cajas de seguro populares. La influencia de esa Constitución y además de la Revolución Rusa llegó tempranamente a Ecuador con la Revolución Juliana (1925-1931) y durante el gobierno de Isidro Ayora se expidió la Constitución de 1929, primera en proclamar derechos laborales, principios de reforma social, la función social de la propiedad y el reconocimiento del voto femenino. A menudo se ignora que los derechos laborales se implantaron en América Latina para favorecer y, sobre todo, proteger a seres humanos que, sin leyes laborales, estuvieron sujetos a salarios miserables y jornadas extenuantes. Además, ninguna legislación laboral ha impedido el desarrollo económico y peor aún el de las empresas. Lo que hicieron es impedir la explotación a los trabajadores y promover mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
 
Estos procesos sociales son los que ignoran o quieren desconocer los empresarios neoliberales, los políticos, académicos o profesionales que defienden sus intereses y últimamente los libertarios/anarco-capitalistas, cuya ignorancia sobre la historia económica de América Latina resulta alarmante. Con la idea de promover la “libertad” de las empresas, del mercado y liquidar el Estado interventor, en toda la región avanzaron la flexiseguridad laboral y la precarización de las relaciones de trabajo. Pero el cuestionamiento a los derechos laborales conlleva al reconocimiento casi exclusivo de los derechos individuales de primera generación que nacieron con la Revolución Francesa. Es un retroceso histórico de siglos. Aún así, el libertarianismo desconoce la educación, la salud y la seguridad social públicas, que fueron conquistas liberales-radicales en varios países de América Latina.
 
Los ataques a los derechos laborales se han renovado con el argumento de su inevitable “modernización” ante el avance de nuevas relaciones con la robotización, la electrónica, el trabajo autónomo, la “uberización” o la migración permanente. Es un planteamiento que falsea las realidades, porque esos procesos son desafíos para avanzar en nuevos derechos laborales, sin necesidad de afectar los derechos históricos ya conseguidos. Y corresponde, ante todo, a las organizaciones de trabajadores la urgencia de modernizar su visión sobre el mundo laboral en América Latina, que exige no solo contemplar a los sectores vinculados al sindicalismo tradicional, sino lograr incorporar a la tan variada gama de trabajadores de clases medias y populares, que forman parte de los trabajadores asalariados tanto del sector privado como del público.

La entrada Derechos laborales y libertad empresarial se publicó primero en La Calle.

En la coyuntura creada en Ecuador por las elecciones presidenciales de segunda vuelta, que se realizarán el 15 de octubre (2023), están en juego dos modelos distintos de economía. Pero, al mismo tiempo, el empresariado-neoliberal más conservador y atrasado del Ecuador, apoyado por medios de comunicación y por profesionales ligados a sus intereses, aprovecha la coyuntura política para tratar de implantar en la ciudadanía la idea de que la Constitución de 2008, actualmente en vigencia, es la causante de la debacle institucional del país ocurrida en los últimos seis años; impide la seguridad ante la delincuencia y el crimen organizado, que han alcanzado una expansión inédita en la historia durante los últimos dos años; estrangula la libre empresa y el libre mercado, y ha ocasionado la confrontación social que rompe la unidad nacional. La idea no es nueva, pero hoy abiertamente se apela a que el próximo presidente/a de la república asuma que esa Constitución tiene que ser “eliminada” y, en su reemplazo, poner en vigencia a la Constitución de 1998.
 
Cabe puntualizar que desde 1979, cuando se iniciaron los gobiernos de la más larga “era democrática” en la historia de Ecuador, no solo se han sucedido catorce presidentes, sino que han regido tres Constituciones. La primera, de 1979, nació de un sui géneris proceso de retorno al orden constitucional guiado por la dictadura militar de la época (Consejo Supremo de Gobierno, 1976-1979), fue redactada por una comisión especial y el texto final sometido a referendo (15/Ene/1978) obtuvo el 43% de los votos frente a otro proyecto (Constitución de 1945-reformada) que logró el 32%. Entró en vigor el 10 de agosto de 1979, cuando Jaime Roldós tomó posesión de la presidencia (1979-1981). La segunda, de 1998, nació de una Asamblea Constituyente convocada por el Presidente Interino Fabián Alarcón (1997-1998), tras la destitución de Abdalá Bucaram. La tercera, de 2008, fue el resultado de un proceso impulsado por el presidente Rafael Correa (2007-2017), quien convocó una Asamblea Constituyente elegida por los ciudadanos, que redactó el texto que luego se sometió a referendo (28/Sep/2008), obteniendo el apoyo del 63.93% de los votantes (Confer).
 
La Constitución de 1979 fue sistemáticamente atacada de “comunista” por las derechas económicas y políticas. El asunto esencial es que dicha Carta estuvo sujeta a los fundamentos económicos del desarrollismo, estableció principios nacionalistas, garantizó derechos laborales y sociales, y reconocía cuatro sectores: estatal, mixto, privado y comunitario o de autogestión, además de sectores estratégicos en manos estatales. La oligarquía puso las alarmas en el cielo. De modo que con el ascenso del empresario y millonario León Febres Cordero a la presidencia (1984-1988), la “estatista” Constitución fue campantemente violada y el “neoliberalismo”, introducido por el FMI en América Latina y acogido por el mandatario, pasó a ser el camino económico que condicionaría la vida del Ecuador hasta inicios del siglo XXI. Entre 1979-1996 hubo 5 gobiernos.
 
La Constitución de 1998 incorporó los derechos de tercera generación (colectivos y ambientales), reconoció al país, por primera vez, como “pluricultural y multiétnico”, dedicando principios innovadores sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes, y fortaleció derechos, así como pormenorizó sobre las funciones y aparatos del Estado. Pero en todo ello no está el corazón, sino en la definición categórica de una “economía social de mercado”, que quedaba en simples palabras, porque se escondió así el modelo neoliberal soñado por las élites empresariales conservadoras. En efecto, quedó atrás el desarrollismo y “estatismo” de la Constitución anterior, ya que la Carta del 98 consagra principios y normas sobre la economía empresarial, la propiedad, el mercado libre, las privatizaciones y el retiro del Estado de las funciones económicas. Entre 1996-2006 hubo 6 gobiernos, 1 encargada de la presidencia durante un fin de semana, 1 efímera dictadura nocturna y los únicos 3 presidentes electos por votación popular fueron destituidos.
 
El contraste nuevamente llegó con la Constitución de 2008, cuyo proceso de origen siempre fue atacado por las élites del poder tradicional y que ha sido tildada de “correísta” y hoy también de “socialista” (y “comunista”). Esta Carta abandonó las consignas neoliberales, consagró un modelo de economía social que garantizó derechos laborales, sociales y ambientales, recuperó y fortaleció las capacidades del Estado e hizo énfasis en principios soberanistas y latinoamericanistas, con fundamento en la paz. Incluso es posible señalar que hay continuidad histórica con la progresista Constitución de 1979. Bajo su vigencia, durante una década gobernó solo un presidente.
 
Como puede advertirse, para las élites del poder neoliberal-oligárquico, el problema constitucional no se halla en la parte dogmática (derechos, principios, filosofía), sino en la economía. Combaten al “estatismo” de la Constitución de 2008 porque afecta sus intereses de acumulación, rentismo y explotación laboral y ambiental. La inestabilidad, la inseguridad, la confrontación social no han derivado de los principios constitucionales que ha tenido Ecuador en cuatro décadas, sino del modelo que han querido imponer los grupos económicos obsesionados con la captura del Estado para asegurar y extender su poder a través de un pentálogo de consignas que vienen desde la década de los ochenta del siglo pasado: no al Estado, no a los impuestos, no al trabajo regulado, sí a las privatizaciones, sí al mercado libre. En la coyuntura del país han añadido una nueva consigna: eliminar la Constitución de 2008.
 
El panorama electoral del Ecuador no ha hecho más que reflejar la polarización entre sectores sociales que están en vértices opuestos. El candidato empresario y multimillonario Daniel Noboa, acompañado a la vicepresidencia por la sui géneris “libertaria” Verónica Abad, representa la continuidad del modelo empresarial-neoliberal y oligárquico que fue reconstituido en Ecuador desde 2017 con los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso; expresa los intereses de la élite de grupos económicos más conservador y poderoso del país; y es la candidatura de las derechas políticas, interesadas en continuar el control del Estado e impedir que puedan triunfar las fuerzas de la izquierda progresista, articuladas en torno a la candidatura de Luisa González (Andrés Aráuz a la vicepresidencia), patrocinada por la Revolución Ciudadana y que propone un modelo de economía social que contradice las consignas neoliberales. Es evidente que solo hay una candidatura capaz de llevar adelante la eliminación de la Constitución de 2008.

Foto: historiaypresente.com

La entrada Ecuador: La Constitución de 2008 debe ser «eliminada» se publicó primero en La Calle.

Gutiérrez comentó que en caso de que esta propuesta tenga un resultado positivo, el Estado deberá hacer controles en los cultivos de cannabis para tener mayor control.

«Tal vez mi generación la ve con recelo, pero queremos desmitificar esto. El Estado deberá vigilar que componentes ponen porque unos son más peligrosos que otros», apuntó.

Según él, esta sería una alternativa para que lo jóvenes que consumen sustancias sujetas a fiscalización peligrosas migren al consumo del cannabis que es «menos riesgoso».

Los expertos hablan

Sin embargo, el abogado Alberto Montenegro indicó, para Radio La Calle, que antes de lanzar una propuesta como la del legislador, es necesario vigilar las convenciones internacionales a las que Ecuador está suscrito e impedirían esta propuesta. Además, comentó que es necesario revisar las reglas y la Constitución para ver si esa alternativa es viable.

«Es importante saber si los tratados a las que el país está suscrito y tiene obligatorio cumplimiento le permite. Antes de dar ese tipo de discursos debería haber revisado el ordenamiento jurídico internacional», detalló.

Montenegro recalcó que para implementar esta regularización es indispensable definir los parámetros para ejecutarla. Los primeros puntos que debería topar son la vente, comercialización, los casos, cantidades, sitios de comercialización, edades, otros.

«Debería existir una propuesta minuciosa y estricta. Hay que tener en cuenta que la marihuana tiene efectos colaterales tanto en los que consumen como en terceras personas», dijo.

¿Tiene beneficios?

Gutiérrez señaló que su propuesta generará empleos para los ecuatorianos, recursos y un poco de estabilidad para el país. Algo similar mencionó el jurista, pues enfatizó que la posible regularización de la marihuana reducirá los niveles de violencia, los mercados negros y las muertes violentas.

De la misma manera, Montenegro manifestó que no todo es color de rosa, pues la salud es el factor más golpeado. Aseguró que esta sustancia va en detrimento a la salud mental, en cuanto a lo cognitivo. También, existe un alto índice de accidentes de tránsito por el consumo de la marihuana y el fácil acceso que tendrían los menores de edad.

«Todo eso dependerá de las normas y parámetros que deberán considerarse al momento que esa propuesta se difunda en el Legislativo», finalizó.

La historia de Lucio y la marihuana

El expresidente saltó al ojo público, luego de que subiera un video en el que está con un tabaco de marihuana y mencionaba «Feliz 4:20», una frase que se utiliza en otros países para referirse al consumo de esta sustancia. En ese momento repitió que el cannabis es beneficioso para el sector salud y debería pensarse en una eventual regularización.

«Varios países internacionales ya lo han hecho y han visto varias ventajas, es momento que empecemos», expresó.

La entrada Expresidente Gutiérrez insiste en regularizar la marihuana se publicó primero en La Calle.

Según los representantes de Siekopai, el Ministerio fue notificado con antelación por la Corte para realizar la audiencia in situ, es decir, en el lugar de los hechos. Asimismo, la medida de los representantes al no acudir demuestra una falta de responsabilidad y poco interés por el diálogo intercultural

El Gobierno mencionó que no cuenta con los recurso suficientes para trasladarse al sitio, pero que su comparecencia será transparente y velará por los derechos de todos.

El Estado ecuatoriano tiene la obligación de aplicar principios de interculturalidad en temas de pueblos indígenas. Además, se exige reparación ya que han transcurrido cinco años desde que se puso la petición de adjudicación de tierras y no hay respuesta.

La comunidad Siekopai está conformada por 800 personas y corre el riesgo de desaparecer, por eso la importancia de esta audiencia.

La comunidad Siekopai

La comunidad Siekopai es un pueblo transfronterizo que se ubica entre la frontera de Ecuador y Perú. No obstante, fueron desplazados del lugar por conflictos con el país vecino y demás inconvenientes. En 1979, fue declarada como área protegida en la que se llegaron a convenios de uso y manejo del territorio.

Desde 1990, los habitantes de esta comunidad intentaron volver a su sitio de origen, en el río Pë’këya (Lagartococha),pero fueron atacados y obligados a abandonar su territorio. En 1997, envían la primera petición de adjudicación en la que se detallaba una extensión de 45 mil hectáreas para esta nacionalidad.

Entre 2007 y 2008 se llevaron a cabo diálogos con las comunidades aledañas, en la que Siekopai tendría 5470 hectáreas, pero no fue respetado el pacto por las autoridades locales, que tomaron una decisión unilateral.

En 2017, se pone la petición de adjudicación a lo que el Ministerio del Ambiente mencionpo no poder resolverlo porque el conflicto era entre la comunidad Siekopai y la comunidad Kichwa Zancudococha.  

Sin embargo, Siekopai alude a que es una responsabilidad del Estado porque ellos resolvieron que primero se debe tener una norma técnica de adjudicación de territorios indígenas dentro de áreas protegidas. Por otro lado, el artículo 11 de la Constitución prohíbe alegar la falta de normas para vulnerar o violentar derechos constitucionales. (DCJ)

La entrada Audiencia por la pervivencia de la comunidad Siekopai será hoy se publicó primero en La Calle.

Después de una década de dictaduras militares, que felizmente no siguieron el rumbo del terrorismo de Estado que se instaló en el Cono Sur para extirpar al “comunismo” en América Latina, Ecuador inició, en 1979, la más larga fase de gobiernos constitucionales de su historia. Prácticamente se han sucedido cuatro ciclos: el primero, entre 1979-1996 con 5 gobiernos (1 por sucesión constitucional); el segundo, entre 1996-2006 con 7 gobiernos (3 electos y derrocados, más 1 dictadura nocturna); el tercero, entre 2007-2017 con 1 presidente reelegido en 2 oportunidades, y el cuarto, entre 2017-2023, con 2 gobiernos. Han regido 3 Constituciones: 1979, con enfoque desarrollista; 1998, que consagró el neoliberalismo; y 2008, con los principios de una economía social del Buen Vivir. Durante cuatro décadas y media se afirmó la democracia representativa, que no es lo mismo que una democracia social.

A partir del desarrollismo inicial, desde 1984 los sucesivos gobiernos, a pesar de sus diferencias ideológicas, consolidaron un modelo de economía empresarial. Se dijo que respondía a las condiciones mundiales determinadas por la globalización transnacional y el derrumbe del socialismo de tipo soviético, que volvían utópica la búsqueda de una sociedad postcapitalista. Pero respondió también a la crisis de la deuda externa, los condicionamientos del FMI y la difusión de la ideología neoliberal. Ese proceso fue interrumpido durante la década 2007-2017, porque logró impulsarse un modelo de economía social distinto, con fuertes capacidades estatales, que desplazó la hegemonía empresarial privada y el privilegio al capital en el Estado. Desde 2017 este ciclo fue revertido por dos gobiernos sucesivos, que recuperaron el modelo empresarial y, además, lo han reforzado con características oligárquicas, similares a las que América Latina mantuvo hasta mediados del siglo XX y que Ecuador desarrolló particularmente entre 1912-1925, durante la primera “época plutocrática”.

La evolución del Ecuador no está alejada de lo que ocurrió en América Latina. Los gobiernos empresariales, inspirados en el neoliberalismo, han sido devastadores en la región, al impedir transformaciones sociales para el bienestar colectivo. El privilegio de los negocios privados, afectando todo tipo de capacidades estatales, desnaturalizó el desarrollo económico, convirtiendo a la democracia representativa y al régimen político en instrumentos de afirmación del poder de los grandes grupos económicos y de garantía de las rentabilidades privadas. Los gobiernos progresistas del primer ciclo, que articularon economías sociales, fueron gravemente perseguidos y sus logros destruidos por la recuperación del poder por parte de las derechas políticas más radicales, las elites ricas y los grupos económicos. Desde 2017 en Ecuador se produjo una literal destrucción de fuerzas productivas, al descuidarse servicios que ya estuvieron avanzados y al abandonar, bajo su natural deterioro, a las mayores obras e infraestructuras construidas en una década. Es un fenómeno históricamente inédito.

Los gobernantes del segundo ciclo progresista, que no han logrado un frente común por las evidentes debilidades y claudicaciones políticas en varios países, no por ello han dejado de ser asediados desde el primer momento por las elites económicas y las fuerzas políticas desplazadas, que buscan cohesionar bloques de poder unidos con el único propósito de impedir una nueva afectación a sus intereses. El golpismo despierta en Colombia. Mientras en Ecuador el gobierno de Guillermo Lasso, deslegitimado socialmente y confrontado con antiguos aliados de la derecha política, ensaya todo tipo de acciones para sostenerse ante un juicio político en marcha, sin dejar de contar con el respaldo del grueso del bloque de poder empresarial, político y mediático, que a toda costa busca impedir el retorno del “correísmo” o de lo que cree que es.

Se ha clarificado en la región el contenido de la actual coyuntura histórica: hay una confrontación entre bloques de poder empresariales-oligárquicos (cada vez con mayores vínculos mafiosos), dispuestos a defender el sistema de economías para el privilegio privado, rentista y elitista, mientras, en el otro frente se encuentra el conjunto de la ciudadanía, con empresarios menores y diversificadas capas medias, bajas y populares, que anhelan economías sociales para el bienestar colectivo. En esta confrontación central, la misma democracia representativa está en jaque, porque las derechas empresariales y políticas (neo-derechas) se volvieron anti democráticas, rechazan el pluralismo, condenan a los movimientos sociales y no están dispuestas a que su poder acabe en manos de “comunistas”, “terroristas” o “progresistas”.

Lo paradójico es que también en las filas de las izquierdas hay ambigüedades. En Chile partidos como el Comunista se unen a las derechas pinochetistas que ahora hegemonizan el proceso constituyente; mientras en Ecuador partidos de la izquierda tradicional, junto con una serie de líderes y dirigentes del FUT, Pachakutik y CONAIE apuntalaron al gobierno de Lenín Moreno y lo repitieron con el de Guillermo Lasso. En el juicio político que deberá afrontar el presidente, son asambleístas de Pachakutik, la Izquierda Democrática y varios “independientes” los que han anticipado pronunciamientos en defensa del .

Ecuador, país poco estudiado en el contexto latinoamericano, tiene singulares experiencias históricas que pueden compararse con otros. Hasta 2016, llegó a ser el segundo país más seguro de América Latina, solo superado por Chile (los informes y estudios al respecto son contundentes; entre tantos: ; ; ; ; incluso un Informe de la Policía Nacional en 2016, que ya no está en la ). Pero ahora, de la mano de gobiernos derechistas, es el país más inseguro (;; https://bit.ly/3Bmaim7), en una región en la que se extiende, en forma imparable, la delincuencia internacional. Hace poco se aprobó en Chile la jornada laboral de 40 horas semanales, una conquista conseguida en Ecuador en 1979. En ambos países las consignas empresariales desnaturalizaron esa jornada, sujeta ahora al reparto semanal a conveniencia del capital. La nueva Constitución chilena va a ser fruto de un proceso hegemonizado por el pinochetismo y las derechas, está sujeta a una comisión de expertos (puede seguirse los esclarecedores análisis del historiador chileno Sergio Grez); pero en Ecuador, una asamblea constituyente, que se asumió por encima de los intereses nacionales y populares, aprobó la neoliberal Constitución de 1998, que ahora añoran los grupos de poder, en contra de la progresista Constitución de 2008. En Chile, el presidente Gabriel Boric ha frustrado las esperanzas del progresismo latinoamericano; mientras en Ecuador el presidente Lasso ha frustrado las de sus aliados, que ven con terror el posible retorno del “correísmo” y, por tanto, concluyen en defenderlo, a pesar de que claman contra su ineptitud. En Argentina se discute la posibilidad de “dolarización” monetaria, que en Ecuador se adoptó en 2000, por presión de un sector empresarial y del capital financiero.

En Ecuador hay un amplio sector social progresista, democrático y de izquierdas que anhela ser representado por alguna fuerza política renovadora que supere la vía empresarial oligárquica en que se halla el país y que solo ha traído el estancamiento del desarrollo nacional con el privilegio a las élites del capital privado.

La entrada Ecuador en una coyuntura de paradojas | Opinión se publicó primero en La Calle.

Cuando yo era más chica que un árbol de manzano, solía contemplar en mi cuarto mi cuerpo desnudo. Era una niña que pasaba horas mirándose en el viejo espejo ovalado de cerezo de mis abuelos. Miraba con desconcierto la aureola rosada de mis tetillas, mis lánguidas piernas que se abrían al mundo, mi pequeño sexo pulposo como un mango verde.

Y en lugar de celebrar la vida al celebrar mi cuerpo, lloraba. Le decía a mi madre que no quería ser niña, que no me gustaba serlo. Y soñaba como en el Orlando de Virginia Woolf cambiarme de sexo cuando sea mayor. No era que despreciara mi cuerpo sino que me parecía una sentencia de muerte ser mujer. Observaba por todos lados que las mujeres tenían propietarios: sus maridos, a los que tenían que pedir permiso para todo. Muchos de ellos eran violentos, pero a la gente eso le parecía normal, incluso necesario para algunos: una manera de poner orden en casa, de enseñar quién es el que manda, el jefe del hogar.

Algunos lo justificaban, decían por ejemplo: en peleas de marido y mujer nadie se debe meter y por esa vía muchas mujeres surcaban la calle de los martirios. A la que se quejaba de los malos tratos maritales, las abuelas aconsejaban callar porque “los trapos sucios se lavan dentro de casa” y aplaudían a las sumisas que sellaban su boca como un ataúd, porque “calladitas se ven más bonitas”.

Todos los atributos con que la sociedad patriarcal trataba de glorificar a la mujer me parecían desdeñables, la “sacrificada madre” que vivía frustrada e impotente al negar su realización personal; “la abnegada y fiel esposa” silenciosamente enferma de un rencor virulento que hervía en su interior; “la espiritual damita” que soñaba darse un revolcón con sexo duro y puro; el “ángel del hogar” que planeaba ínfimas y sutiles venganzas alrededor de la mesa; “la reina de la casa” sometida a la voluntad imperial de su marido; en lugar de eso, yo quería viajar, ser libre, decir y hacer lo que se me antojara y me viniera en gana, sin seguir recetas ni el manual de instrucciones escrito para convertirme en una señorita “virtuosa” (o sea sumisa, paciente y obediente) y en ser “bien mujercita”, que consistía en saber planchar, lavar, cocinar.

El mecanismo como se movía el mundo no me convencía. Veía con rencor cómo mis hermanos podían salir por las noches, jugar al aire libre, treparse a los árboles y andar con quien les diera la gana, pero yo no podía hacerlo porque era mujer y ser mujer tenía ciertos candados y preceptos que las niñas buenas debían seguir religiosamente para alcanzar el cielo de la aprobación social. Y a mí me parecían más interesantes y divertidas las malas.

Me sepultaba en libros con el fin de convencerme de que vivía mil vidas y que era tan libre que podía ser monja, prostituta, travesti, loca, cualquier cosa que incendiara mi imaginación. Con el paso del tiempo, la vida me llevó por muchos desengaños y aciertos, pero me demostró que no andaba del todo equivocada en mi percepción de que había nacido en el lado vulnerable de la historia en el que había que gritar, esforzarse mucho, escandalizar y pelear con dientes y uñas para conseguir las migajas de una igualdad que aún es esquiva para nosotras.

En este mundo tan ancho y ajeno en que existen tantas desigualdades e injusticias, en que ser mujer consiste en algunas partes en soportar la ablación de sus genitales, ser asesinada en femicidios horrendos, violada, mutilada de brazos o piernas o soportar que el ácido desfigure tu rostro, sin obviar el asesinato diario de la psiquis. Que los celos de un hombre pueden ser tan espantosos que te destrozan la vida para siempre y algunos incluso se creen dueños del cuerpo y alma de sus mujeres y justifican a viva voz sus crímenes:

“Si no es mía, no es de nadie”, o lo refrendan hasta en la música que entra por los sentidos, basta escuchar la letra de la canción El preso número 9: “La maté sí señor y si vuelvo a nacer, yo la vuelvo a matar”, porque muchos están convencidos de que los asesinatos de género, mal llamados “crímenes pasionales”, son disculpables porque son humanos (me viene a la mente la terrible frase del general de Policía Patricio Carrillo justificando el asesinato que hizo el teniente feminicida Germán Cáceres contra su esposa María Belén Bernal dentro de la Escuela Superior de Policía de Quito en donde era instructor) como si se presumiera que hay ciertos casos en que los crímenes contra las mujeres tienen cierta explicación y hasta justificación.

Incluso en este bárbaro femicidio que conmocionó a todo el Ecuador, la víctima asesinada dentro del recinto policial a donde había ido a visitar a su marido, con desgarradores gritos pedía auxilio al ser masacrada por él; pero ningún policía se movió a socorrerla ante la orden de un superior quien argumentó que en peleas de marido y mujer nadie se debía meter…

Laura Nuño en su ensayo Violencia y Deshumanización dice que la violencia de género es la violación de los derechos humanos más extendida en el mundo. Cada año entre millón y medio y tres millones de mujeres y niñas pierden la vida como consecuencia de la misma. Naciones Unidas estima que siete de cada diez mujeres sufrirán golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de su experiencia biográfica. Y, entre aquellas con edades comprendidas entre los 15 y 44 años, la violencia de género causa más muertes y discapacidades que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y los conflictos armados.

Podría afirmar sin temor a exagerar que la violencia patriarcal es el peor terrorismo que azota la faz de la tierra dirigido contra la mitad de la humanidad solo por el hecho de ser mujeres, al lado de sus descomunales cifras los crímenes de Al Qaeda, el Estado Islámico, la guerra en Ucrania quedan cortos.

Para las mujeres históricamente todo ha sido difícil y violento, empezando desde el parto donde todavía hay países en que muchas mujeres mueren solo por dar la vida. Sus luchas y revoluciones, sus demandas para poder estudiar y votar, sus exigencias de leyes en que puedan ser tratadas con la igualdad que exige todo ser humano. El camino ha sido arduo y complejo y aún lo continúa siendo, porque aunque cambien las legislaciones el imaginario colectivo sigue segregando los múltiples mitos, creencias y prejuicios que las colocan siempre en un plano de desigualdad e injusticias, siempre su liderazgo o intelecto bajo sospechas y con un techo de cristal cerniéndose sobre sus cabezas. Porque la más grave forma de violencia es la ideológica, la cultural, aquella que asumimos sin reflexionar, la que mamamos desde la cuna coloreando emocionalmente nuestra psiquis.

El mundo es un lugar muy violento y la violencia es una forma de control. Cada día amanecemos para enterarnos por las redes sociales cuántas víctimas inocentes del sicariato han muerto, a quiénes ha vacunado la delincuencia organizada, a cuál vecino han asaltado o secuestrado, cuántos crímenes han ocurrido en las cárceles que debería controlar el estado y no los delincuentes, y cómo el narcotráfico incrusta sus tentáculos en las fuerzas del orden y en la institucionalidad política.

Violencia ha habido siempre, porque violenta es la vida; pero la violencia organizada y delincuencial debe ser combatida y no asumida como parte de la historia ni explicada con el cliché de que estamos viviendo la Colombia de los años 80, sin querer reconocer que esta violencia tiene nombres y apellidos, auspiciadores que al no ejercer el poder y la autoridad que el pueblo les otorgó, han entregado el Ecuador a las manos de las mafias, en una situación insólita nunca vista en el país desde que se fundó como república. Estamos viviendo el peor momento de nuestra historia.

Y, también, es el peor momento para las mujeres. Porque nosotras que hemos vivido siempre en un estado de violencia solo por el hecho de ser mujer: violencia física con violaciones y asesinatos, psicológica, económica y social, tenemos que soportar doblemente este andamiaje criminal que está inflamado por una gran carga de misoginia y mensajes patriarcales de odio y desprecio.

Ecuador muestra cifras alarmantes de violencia contra las mujeres. En el año 2022 en nuestro país se cometieron más de 332 femicidios, según cifras de la Asociación para el Desarrollo Alternativo (Aldea), la más feroz desde 2014 en que el feminicidio fue aprobado dentro de la legislación ecuatoriana. La víctima más joven tenía tres meses de edad y la mayor, 84 años.

Generalmente estos crímenes se dan por celos, por violación, raptos, secuestros y delincuencia en un ambiente de impunidad ante una creciente inseguridad y criminalidad en la que está sumido un desesperanzado Ecuador del 2023 con un gobierno que ha demostrado su gran incapacidad e ineficiencia para dirigir la cosa pública.

Los hechos criminales contra las mujeres son solo rentables para los medios de comunicación, ellos le sacarán partido con sus noticias sensacionalistas en donde nunca faltará el detalle escabroso del hecho violento. “Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que una se acostumbra”, decía Simone de Beauvoir.

Escribí alguna vez que Ecuador es un país en donde se asesina impunemente a sus mujeres, un país que permite que la negligencia y la falta de celeridad se regodee sobre las víctimas. Que no hace nada y cuando lo hace es con cuentagotas y siempre por presión ciudadana.

Que instituciones judiciales como la Fiscalía son muy ágiles y prontas para atender asuntos de persecución política y muy perezosas para hacer valer el derecho básico a la vida. Que cuando las víctimas reclaman las revictimizan, las avergüenzan, las hacen sentir culpables porque “ella fue la que lo provocó”.

¿Por qué salió sola a la calle? ¿Por qué se vistió de esa manera? ¿Por qué actuó así y no de otra forma? Ella misma se lo buscó. No era una chica “decente”.

Las mujeres deben justificarse, sentirse culpables, tener vergüenza, quedarse calladas. Porque la cultura que vivimos es patriarcal, machista, generadora de una violencia aberrante contra millones de mujeres. Porque nos niega el derecho a una vida de paz, de igualdad y de dignidad. Y lo peor, hay poco deseos de cambiarla.

Pero cómo cambiar esta violencia milenaria que ha resistido todos los embates. En países que tienen las mejores leyes a favor de la mujer sigue apareciendo este monstruo de mil cabezas. Todos sabemos que es más fácil y más rápido cambiar las leyes, redactar una constitución, hacer una revolución que cambiar la cultura, la idiosincrasia de los pueblos. Pero también sabemos que con persistencia, con una educación con perspectiva de género, con voluntad política y batalla continuada por las mismas actoras, se puede. La esclavitud humana duró muchos siglos, muchos grandes pensadores la defendían y sin embargo, después de arduas luchas, se eliminó.

Con la Constitución del 2008 que elaboramos en la Asamblea Constituyente logramos un paso fundamental en la participación política de las mujeres ecuatorianas, que antes tenía una mínima representación en los asuntos del Estado.

El artículo 65 de la Constitución ecuatoriana garantiza la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los partidos y movimientos políticos, y el artículo 66 garantiza a las ecuatorianas el derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, no es suficiente. Ya lo decía un meme: “Leyes hay, lo que no hay justicia.”

El gran problema que tenemos las mujeres es la persistencia en la azotea subterránea del imaginario colectivo de los múltiples mitos y creencias que tiene la cultura machista y a la que de manera persistente y continuada debemos de cuestionar.

Esto no se logra solo con leyes aunque son muy importantes; sino, deben ir en conjunto con la educación en la casa y en la escuela, pero no aquella supuestamente neutra que perpetúa el rosa y el azul; la muñeca para las niñas y la pistola para el varón; no con aquella que da cursos intensivos de seducción para las mujeres y de dominación para los hombres; sino con una Educación con Perspectiva de Género que sea obligatoria en todo el sistema educativo.

Educar en la escuela, educar en la familia. Educar a través de los medios de comunicación masiva, desnudar el lenguaje sexista y los signos y señales que perpetúan la sociedad patriarcal, y para esto se necesita voluntad política y más mujeres comprometidas y con consciencia de género en las calles y en el Poder.

No sé cuánto tiempo se necesita, ni cuánto tiempo dure la esclavitud patriarcal, pero de que va morir, va a morir.

La entrada Trapos sucios |Opinión se publicó primero en La Calle.

La titular de la cartera de Estado se solidarizó con los familiares e integrantes de las organizaciones políticas afectadas por estos hechos violentos. También recalcó que el CNE cumplió con lo que manda la Constitución respecto a la calificación de candidatos.

Además, hizo un llamado a los representantes de las instituciones del Estado ecuatoriano que tienen relación directa con este flagelo de violencia. “Esto nos permitirá actuar coordinadamente y emprender en el diseño de nuevos mecanismos, instituciones y normas para preservar el mayor bien de los ecuatorianos: la paz y la democracia”, resaltó.

El avance para la elecciones

Respecto al desarrollo de la organización para el proceso electoral, la impresión de las papeletas para las alcaldías está en un 99.96 %; prefecturas en 96.97 %; concejalías urbanas en 98.71 %; concejalías rurales en un 91.79 %; vocales de las juntas parroquiales rurales en un 58.46 % y para el referendo en un 47.94 %.

El reporte de impresión es del 99 %, mientras el proceso de distribución avanza en un 29% de acuerdo con los tiempos previstos. Entre el 24 y 25 de enero está previsto que el material electoral llegue a la provincia del Guayas. Actualmente, los paquetes han llegado a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y Galápagos, se espera que la distribución esté completa hasta el 4 de febrero.

La entrada Atamaint condenó los atentados contra candidatos a las elecciones 2023 se publicó primero en La Calle.