En un mensaje difundido a través de la red social X, el mandatario sostuvo que esta nueva consulta representa un paso firme “hacia el futuro” y defendió su carácter como “democrática y popular”, en respuesta a quienes han cuestionado el rumbo de su administración. Noboa ya había anticipado esta iniciativa semanas atrás, pero ahora presentó formalmente el contenido de las preguntas.

¿Qué propone esta nueva consulta?

Estas son las siete preguntas oficiales que serán sometidas a votación ciudadana, de aprobarse el mecanismo:

1. Bases militares extranjeras: Propone eliminar la prohibición de instalar o ceder bases militares nacionales a fuerzas extranjeras.

2. Financiamiento a partidos políticos: Plantea eliminar la obligación del Estado de entregar recursos públicos a las organizaciones políticas.

3. Eliminación del CPCCS: Propone suprimir el organismo y transferir sus competencias a la Asamblea, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

4. Reducción de asambleístas: Plantea reformar el sistema electoral para disminuir el número de curules en la Asamblea Nacional.

5. Contratación por horas en turismo: permitir esta modalidad solo para jóvenes en su primer empleo, garantizando derechos laborales.

6. Juicio político a jueces constitucionales: Establecer que los jueces de la Corte Constitucional podrán ser destituidos por la Asamblea.

7. Reapertura de casinos: permitir salas de juego en hoteles cinco estrellas, con tributos destinados a combatir la desnutrición infantil.

¿Qué implican estas reformas?

Esta nueva propuesta de referéndum llega meses después de la primera consulta de Noboa, celebrada en abril de 2024, en la que solo algunas preguntas fueron aprobadas. En esta ocasión, el enfoque apunta a cambios estructurales dentro del aparato estatal, incluyendo la disolución de un organismo clave como el CPCCS, la reforma legislativa y la posibilidad de volver a autorizar la presencia de fuerzas extranjeras en suelo nacional.

Aunque el Gobierno ha presentado la consulta como una herramienta de modernización, varias voces en sectores jurídicos y sociales advierten que muchas de las preguntas requieren reformas constitucionales de fondo, y podrían alterar el equilibrio de poderes, los mecanismos de control y la representación política.

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¿Consulta o estrategia política?

El anuncio ocurre en medio de tensiones internas en la Asamblea y un clima electoral anticipado. Noboa busca reposicionarse políticamente con una agenda que combine gobernabilidad y reformas estructurales. Sin embargo, la Corte Constitucional aún debe pronunciarse y determinar si las preguntas cumplen con los requisitos legales para someterlas a consulta.

Preguntas repetidas y observaciones pendientes

Un aspecto clave que no ha pasado desapercibido es que algunos temas ya fueron planteados en la consulta popular anterior de abril de 2024, aunque con redacción diferente. Por ejemplo, el trabajo por horas, el sistema legislativo y los ajustes al CPCCS ya estuvieron entre los ejes sometidos a votación en esa ocasión.

Aunque el presidente no ha mencionado esto directamente, la repetición de temas ya evaluados por la ciudadanía o por la Corte Constitucional podría generar cuestionamientos tanto legales como políticos. Expertos coinciden en que es importante tomar en cuenta las observaciones previas emitidas por el organismo constitucional y los resultados del proceso anterior, para evitar redundancias o conflictos de interpretación.

Por ahora, el Gobierno ha planteado los temas, pero el debate recién comienza, tanto en lo técnico como en lo político.

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El pasado 21 de abril (2024), por iniciativa del gobierno de Daniel Noboa, presidente de Ecuador, se realizó una consulta y referéndum sobre 11 preguntas, de las cuales tres se referían al papel de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y el crimen organizado, en apoyo a la policía; otras tres a la extradición de ecuatorianos, el incremento de penas y el cumplimiento de la totalidad de las penas para los sentenciados; tres más sobre judicaturas especializadas en materia constitucional, sancionar como delito el porte de armas y que el Estado pasará a ser propietario de los bienes de origen ilícito incautados. Las dos restantes se referían a los arbitrajes internacionales y otra para hacer posible la implantación del trabajo por horas y el de plazo fijo. Si bien nueve preguntas obtuvieron el apoyo de la ciudadanía votante las dos últimas que he referido fueron rechazadas. Aunque el gobierno tomó el asunto en forma deportiva, vanagloriándose de haber vencido por “goleada” (https://t.ly/l5F_g) de 9 a 2, el tema tiene otras dimensiones que conviene examinar.

El gobierno sostuvo que la consulta/referéndum definía un “nuevo Ecuador” y que el triunfo traería una “nueva era” para el país, marcando un antes y un después (https://t.ly/htDCl). Además, se trató de equiparar el llamado a votar NO con posiciones y grupos “antipatria” y que se oponían a la generación de trabajo para la población, entre la cual un 70% se halla en la informalidad por el desempleo y el subempleo. Pero apenas un día antes de la consulta, el gobierno y su partido se desmarcaron de las dos preguntas que, de acuerdo con todo tipo de encuestas, serían un golpe contrario a los intereses empresariales del gobierno.

El centro del apoyo a Noboa, el eje de sostenimiento de su régimen, proviene del alto empresariado, las capas ricas y el sector de clases medias que se ubica entre las derechas sociales y suele caer en el clasismo y racismo con el que se mira a los sectores populares. Desde la década de 1980 la élite empresarial acogió la ideología neoliberal, que le permitió desarrollar una serie de consignas: achicar el Estado, privatizar bienes y servicios públicos, eliminar o rebajar impuestos a sus actividades, garantizar al capital interno y mucho más al externo, flexibilizar y precarizar el trabajo, liberalizar mercados. Sus gremios, los profesionales identificados con ellos, los medios de comunicación vinculados a sus mismos intereses, forman lo que la sociología denomina bloque de poder, que no está dispuesto a permitir el triunfo de fuerzas progresistas y de izquierda. El anticorreísmo es una pasión irracional que forma parte de sus estrategias de dominio económico y social. Desde 2017 esos sectores se han sentido representados por los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa.

Durante las últimas cuatro décadas, el sector empresarial más conservador del neoliberalismo y que se ha impuesto sobre toda la clase, fue acumulando propuestas para precarizar las relaciones de trabajo. Entre otras: aumentar la jornada sobre las 8 horas diarias, igual superar la de 40 horas semanales (que rige desde 1979), suprimir los décimos sueldos (13º y 14º.), suprimir el reparto de utilidades a los trabajadores, sujetar el salario a la productividad y eficiencia del trabajador, manejar la jornada de acuerdo con la conveniencia del empleador, que el Estado deje de regular los contratos laborales, que se introduzca la figura del “trabajador plurifuncional”, suprimir las indemnizaciones por despido o desahucio, vincular las vacaciones a las decisiones del empleador, recortar derechos a las madres trabajadoras, libertad de la empresa para regular el trabajo interno, limitar derechos a la sindicalización y la huelga, , etc. No hay una sola propuesta para mejorar la calidad del trabajo, el sustento digno del trabajador y su familia, sino exclusivamente buscar reducir “costos” variables con el propósito de incrementar las rentabilidades.

Sobre la consideración histórica de estas propuestas el pronunciamiento ciudadano contra el contrato por horas y de plazo fijo constituye un golpe directo a ese sector empresarial neoliberal, cuya visión oligárquica recuerda a la “época plutocrática” de Ecuador entre 1912-1925. En ese tiempo no había legislación laboral, tampoco ministerio del trabajo, ni seguridad social, no existía impuesto a la renta y el raquítico Estado dependía, sobre todo, de los préstamos que le hacía la poderosa banca privada de la época, entre la que cuatro bancos tenían el monopolio oficial para emitir billetes (no existía Banco Central), sujetos a un “patrón oro” normalmente burlado. De otra parte, a diario la población experimenta en forma directa el trato que recibe por parte de aquellos patronos explotadores en diverso tipo de empresas de todos los sectores de trabajo y está sujeta a las arbitrariedades que también se cometen cuando no se respetan las leyes laborales. En consecuencia, guarda razones poderosas para no confiar en el trabajo por horas y en cualquier otra modalidad flexibilizadora, de todo lo cual existe suficiente experiencia histórica en el país y con testimonios y estudios, como varias de las investigaciones realizadas sobre la “esclavitud moderna” en haciendas bananeras. (https://t.ly/ts4yw ; https://t.ly/hJ4cR).

De otra parte, son los países de la periferia capitalista, como ocurre en América Latina, los que pueden exhibir en su historia contemporánea cómo los tratados bilaterales de inversión, así como los convenios sobre arbitraje internacional, solo han servido para proteger a los capitales externos por sobre los intereses y soberanías nacionales. Además, se conoce bien que hay empresarios y grupos económicos que han logrado registrar en el exterior sus actividades y aparecen luego como empresas inversionistas del exterior, a las que los gobiernos neoliberales han brindado protecciones y privilegios legales y económicos. Si bien es cierto que una serie de países -incluyendo latinoamericanos- reconocen esos tratados y acuerdos, no se subraya que las diferentes condiciones en las relaciones de dependencia que tienen los países de la región inclinan los fallos a favor de las gigantes empresas transnacionales de los países capitalistas centrales. Ecuador ha vivido el drama de los arbitrajes internacionales frente a empresas como Chevron-Texaco, Oxy o Perenco. Ese tipo de mecanismos han sido cuestionados por reconocidos académicos como Joseph Stiglitz, Dani Rodrik, Jeffrey Sachs, Kevin Gallagher, Anne-Marie Slaughter; instituciones como la CEPAL en nuestra región, parcialmente por el BID y, sin duda, por universidades y académicos de América Latina, entre quienes se hallan varios profesionales ecuatorianos y organizaciones sociales del país.

Que la población igualmente haya rechazado los arbitrajes internacionales no va en contra del país, sino a favor de su soberanía y del cambio en las relaciones internacionales basadas en la desigualdad y la hegemonía del capital externo. Por eso, también la pérdida del referéndum en este asunto ha sido otro golpe no solo al gobierno, sino a la élite empresarial-neoliberal que continúa aferrada a las ideas del mercado libre del pasado y no puede asimilar el cambio que ocurre en el mundo con la estructuración multipolar y pluricentral del presente.

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El proceso concluyó con resguardo de las Fuerzas Armadas. En total 40.418 paquetes electorales fueron distribuidos para el sufragio de 13’225.126 de votantes en territorio nacional. Dicho material será entregado a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) a las 6h00 de la mañana de este domingo 21 de abril

“Los paquetes cuentan con papeletas y documentos electorales, material genérico (esferos, cinta adhesiva, almohadillas), elementos de seguridad, sobres electorales”, destacó el CNE a las puertas de celebrarse el proceso electoral.

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Según cifras oficiales, 429.165 de migrantes están ubicados en tres circunscripciones del exterior: Europa, Asia y Oceanía; Estados Unidos y Canadá; y América Latina, el Caribe y África. Para esta masa poblacional el voto es optativo y se realizará únicamente de forma presencial.

Sin embargo, a causa de los más recientes conflictos diplomáticos y bélicos, las elecciones fueron suspendidas en cuatro países: México, Israel, Rusia y Bielorrusia. Según trascendió, 2.081 ecuatorianos están habilitados para sufragar en dichos territorios.

¿Qué causas ocasionaron el suceso?

Asimismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió este 18 de abril suspender la jornada en Moscú (con 404 votantes) y Belarús (41 votantes), debido a las malas condiciones climáticas. Esto debido a que el los paquetes electorales trasladados por mensajería internacional se quedaron varados en Dubai a causa de las lluvias torrenciales en esa zona. Al final los paquetes fueron imposibles de enviar y ahora serán reenviados a los consulados ecuatorianos más cercanos.

En México se contabilizan 1.338 votantes, mientras que en Israel hay 298. Estos últimos inhabilitados de votar a causa del conflicto bélico entre Israel e Irán.

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Los ecuatorianos se enfrentan a una crítica crisis energética calificada como »sabotaje» por parte del Gobierno de Daniel Noboa. Hasta el momento se desconoce la duración de los cortes de electricidad, sin embargo, para el próximo 21 de abril se suspenderán los apagones debido a la Consulta Popular.

La EEQ publicó los horarios para este 20 de abril y se mantendrán los racionamientos en tres bloques, en esta ocasión se puede evidenciar una reducción de una a media hora en los horarios establecidos:

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«También afrontamos otra crisis porque nos ha tocado arreglar lo de los gobiernos pasados. Asimismo enfrentar al terrorismo y al crimen organizado transnacional. Tuvimos que tomar una decisión fuerte, porque nos toca, declarar en emergencia el sector eléctrico. Le he pedido la renuncia a la ministra y hemos iniciado una investigación por sabotaje«, dijo el mandatario.

Añadió que en ciertas zonas y plantas energéticas «ha habido sabotaje». «Nosotros no vamos a permitir que eso pase y lo hacen de miserables, una semana antes de la Consulta Popular porque saben que la tenían perdida«.

Noboa dijo que presentaron la denuncia a Fiscalía y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) está trabajando en esa investigación. «Toda persona involucrada será considerada no solo traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional«. Agregó que nadie le va a venir a ‘cuentear’ que hay que cortar la energía cinco horas en Guayas y que «para contrarrestar el accionar de estos miserables, nosotros cubriremos el 50% de la planilla eléctrica de los hogares del mes de abril«.

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Para el diplomático Izurieta, la consulta popular es un paso prioritario para la lucha contra el crimen organizado; el secretario expresó que el voto a favor de las 11 preguntas, el próximo 21 de abril, es la decisión de los ecuatorianos para que ¨las Fuerzas Armadas enfrenten la delincuencia sin un estado excepción, y sigan controlando las cárceles del país¨.

¿Bajo la violencia?

¨Con el decreto ejecutivo 111, el pasado 9 de enero, los indices de violencia bajaron sustancialmente a un 80%¨, según el Secretario. Agregó que no es una coincidencia que la ola de delitos aumentó con la campaña de la consulta popular, con el objetivo de desestabilizarla.

Este decreto, en el que se declara conflicto armado interno, se califica como terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada y se dispone la intervención de las Fuerzas Armadas para neutralizarlos.

¿Delincuencia organizada no quiere Consulta?

Los grupos delincuenciales y terroristas, son los que no quieren que la consulta se haga, según Izurieta, porque les afecta directamente.

Temas a tratar en consulta

• Que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación
• Las armas, municiones o accesorios, que fueron objetos de material delictivo, se destinarán al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
• Se tipifique el delito de tenencia o aporte de armas.
• Incrementar las penas de los delitos, como; terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias, delincuencia organizada, secuestros, lavado de activos…..¨
• Extradición de ecuatorianos.

Sin embargo, existen otros temas a tratar en la consulta popular que no se conjuntan con los actos delictivos, como:

• Contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.
• El Estado será procedente a ser titular(propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado

Gobierno y Consulta Popular

En la ultima semana de abril, se registraron algunos operativos policiales y militares, en la ciudad de Guayaquil, en dos el presidente Daniel Noboa estuvo presente; en el operativo en Socio Vivienda, se mostró con chaleco antibalas y casco, junto a los soldados que hacen los controles.

Sin embargo, el Secretario de Comunicación confirma que el presidente tiene amenazas, por lo cual el entrevistador le increpó por la presencia del mandatario en los operativos, ¨el no arresta a nadie, no dispara a nadie, ni somete, cual es el objetivo para estar ahí¨. No hubo una respuesta por parte de Izurieta.

Alza de puntos a favor de gobierno

El gobierno de Noboa, el ultimo mes tuvo una baja en la opinión positiva sobre la imagen del presidente. Para Izurieta ¨siempre va a existir una lucha entre altas y bajas, pero nuestra prioridad es el apoyo a la fuerzas armadas y policial¨.

El acompañamiento de los operativos busca influenciar directamente en el alza de la opinión de los ciudadanos al gobierno, tras su baja de 11 puntos porcentuales el mes pasado, sobre su imagen como presidente, con opiniones de ser ¨una administración muy mala¨. (K.C)

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«La Asamblea determinó que las Fuerzas Armadas no podían complementar el trabajo de la Policía Nacional de manera permanente, entonces le han puesto un límite de tiempo. Máximo 180 días con una prórroga de 30 días. Nosotros (en el gobierno de Lasso) propusimos que el acompañamiento sea permanente debido al carácter permanente de la delincuencia», dijo en una entrevista con Teleamazonas.

Agregó que «nadie está apoyando que la Fuerza Pública se exceda en el uso de la Fuerza, pero la Justicia tiene que activarse en esos momentos. Considero que es importante esta propuesta para fortalecer la Fuerza Pública, es necesario para apoyar al Gobierno en la lucha contra la delincuencia».

Un segundo round

Sichel saltó a la opinión pública en la Consulta Popular de febrero de 2023, donde abogó por el Sí, al ser parte del gabinete de Lasso. No obstante, unos días después de que el No se llevara la victoria en la Consulta, renunció a su cargo, al igual que otros funcionarios como el exministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

En febrero del 2023, la Consulta Popular de Lasso tuvo un rechaza del 50% en sus preguntas:

• La pregunta 1, el No obtuvo el 51.54% de los votos.
• La pregunta 2, el No obtuvo un 56,71% de votos.
• La pregunta 3, el No registró un 53,07% de votos.
• La pregunta 4, el No obtuvo el 54,55% de votos.
• La pregunta 5, el No contabilizó el 57,63% de votos.
• La pregunta 6, el No obtuvo el 57,87% de votos.
• La pregunta 7, el No obtuvo el 55,41% de votos.
• La pregunta 8, el No obtuvo el 55,96% de los votos.

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»No se sorprendan, estoy aquí para aguantar cualquier palazo en beneficio de la gran mayoría de los ecuatorianos porque esta Consulta Popular la vamos a ganar», dijo Noboa.

Además, resaltó que constantemente buscarán la manera de »darle palo» por promover la polémica Consulta Popular que le costará al país más de USD 40 millones. Aseguró que triunfará así quieran encontrarle »la quinta pata al gato». No obstante, no dio declaraciones precisas respecto al alboroto generado por su supuesta farra en Madrid, España.

Por otro lado, repitió su constante discurso de la generación de empleos a la juventud y resaltó que otra de sus preocupaciones es el sector agrícola, por ende expuso todas las acciones en favor de los productores. También destacó que el chantaje, la victimización y la violencia son las trabas que impiden el desarrollo del país.

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El presidente de Conaie, Leonidas Iza, ha expresado que esta consulta no atiende los problemas reales del país, sino que más bien parece ser una estrategia política para promover la reelección del presidente en 2025.

Leonidas Iza ha señalado que la consulta propuesta por Noboa no solo carece de soluciones efectivas para los ecuatorianos, sino que también representa una regresión en términos de derechos laborales y soberanía jurídica.

«Rechazamos rotundamente la intención de utilizar esta consulta popular para incorporar el contrato por horas, pues significa una regresión de derechos y una precarización laboral. También busca reconocer los tribunales de arbitraje internacional que presenta», enfatizó Iza.

El análisis del líder indígena

Iza ha criticado abiertamente las políticas neoliberales implementadas por el gobierno, las cuales incluyen ajustes económicos, aumento del IVA, eliminación de subsidios, privatizaciones y reformas laborales que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la población.

Esta postura de Conaie promete intensificar el debate político y social en Ecuador, así como movilizar a diversos sectores de la sociedad en contra de las políticas propuestas por el gobierno de Noboa.

El resultado de esta disputa entre el gobierno y Conaie no solo determinará el rumbo político del país en los próximos años, sino que también influirá en el debate sobre el modelo económico y social que prevalecerá en Ecuador en el futuro cercano.

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En principio, el ente electoral justificó un presupuesto de USD 60 millones para la consulta. Sin embargo, Atamaint mencionó que el Ministerio de Economía «de manera inconsulta» proyectó solo USD 40 millones para el presupuesto de 2024. La presidenta resaltó que el ente electoral tiene un retraso en la asignación de recursos y plazos para adjudicar contratos.

La presidenta del CNE detalló que el régimen solo certificó USD 29 millones que incluyen las papeletas e integración del paquete electoral. Adicional a eso, USD 9 millones para contratación del personal que trabajaría en ese proceso. De la misma manera, alertó que la entidad no cuenta con el dinero para entregar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Las fuerzas del orden necesitan el financiamiento para contratar servicios de movilización y logística.

«Estamos trabajando contra el tiempo. No fue un evento que se aprobó de la noche a la mañana, ya tenían que tener previsto los recursos», aludió.

La titular del ente electoral enfatizó que hasta el 1 de marzo debían estar listos las certificaciones para los proveedores; y para el 15 de marzo, el dinero ya debía estar desembolsado. No obstante, han transcurrido ocho días y el proceso avanza de manera lenta.

¿Qué trata la consulta?

1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso los centros de rehabilitación social?
2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: terrorismo y su financiación; producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; delincuencia organizada; asesinato; sicariato; trata de personas; secuestro extorsivo; tráfico de armas; lavado de activos; y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el COIP conforme el Anexo de la pregunta?
3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el COIP en el referido Anexo?
4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de
   armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas
   Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para
   uso civil, reformando el COIP conforme el Anexo de la
   pregunta?
5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones, o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el COIP conforme el Anexo de la pregunta?
6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?

Preguntas del referéndum

1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?
2. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?
3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?

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«Eso es porque está protegiendo a los de su clase. Él (Noboa) conoce bien las supuestas relaciones de los albaneses con el anterior gobierno», dijo en Radio Pichincha.

Además, aludió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) busca a «personas oxigenadas» como Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa para continuar con su política neoliberal. Apuntó que las políticas económicas del presidente son la consecución de las acciones firmadas por Moreno en su periodo.

Alertó que en aquel documento ya se hablaba de una «flexibilización laboral, eliminación de los subsidios, privatizaciones e implementación de la minería en el país». Reprochó que el jefe de Estado haya firmado un contrato por más de USD 4.800 en Canadá, pese a la respuesta y negativa de los ecuatorianos.

«La pregunta es de dónde van a sacar tantas tierras para entregarles a las empresas mineras. Eso deberían preguntar a los productores, a los que viven de la tierra», expresó.

Sobre la reelección de Noboa

Iza argumentó que Noboa utilizó la violencia y la guerra contra el narcotráfico para «elevar su referencia política». Explicó que la consulta popular es la prueba más clara de este entramado, pues hay varios puntos que no necesitan tratarse en las urnas, sino que tienen la validación en la Asamblea Nacional o la Constitución.

«Lo que quiere es regresar los derechos laborales, la mayoría de trabajadores todavía siguen pensando que todo se va a solucionar y eso no es así», comentó.

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Según Izurieta, el régimen quiere mantener el control esencial de la sociedad, esto incluye las cárceles y el apoyo de las fuerzas del orden. No obstante, cuando le cuestionaron sobre el tema de la consulta popular y el inicio de una campaña, respondió que no puede negarlo ni afirmarlo.

«Aquellos que empiezan las campañas anticipadas hacen daño al país y a ellos mismos», se contradijo en Noti Mundo.

Izurieta comentó que el expresidente Rafael Correa y el líder social cristiano Jaime Nebot ya empezaron a «tirarle las primeras piedras electorales» a Noboa. A lo que mencionó que los planes de seguridad y economía harán que la posibilidad de reelección de Noboa «sea mayor».

«En política no hay amigos y muchas veces tampoco hay aliados. Lo que puede existir son conversaciones y coincidencias circunstanciales», agregó.

¿Una consulta es realmente necesaria?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un presupuesto de USD 60 millones para la consulta popular de abril de 2024. Varios analistas y ciudadanos cuestionaron que el jefe de Estado utilice estos recursos para la consulta y no los invierta en infraestructura, educación o salud.

El secretario indicó que la «mayoría de preguntas engloban un mismo criterio» que se enfrasca en la «seguridad de los ecuatorianos». De acuerdo con sus declaraciones, el país depende de la consulta para que se defina su futuro. Sin embargo, el parlamentario Andino, Virgilio Hernández, afirmó que las reformas al Código Integral Penal (COIP) reemplazarían ese proceso. Una idea que al primer mandatario no le parece atractiva.

«Las cosas no están jugadas, aquí nadie puede cantar victoria (…) la lucha continúa, apenas ha comenzado», puntualizó.

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Hace pocos días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un presupuesto de USD 60 millones para la consulta. Una decisión que fue duramente criticada, pues el país atraviesa una crisis económica y fiscal aguda.

«El presidente pudo utilizar a la Asamblea Nacional, ahorrar tiempo y dinero para que aprueben las reformas», dijo.

El parlamentario calificó las últimas declaraciones del presidente como insensibles. Argumentó que ha actuado de manera errática y representa un «insulto para un país que carece de oportunidades«. De la misma manera, señaló que esos comportamientos surgen cuando un mandatario intenta ser «gracioso» con la realidad dolorosa de Ecuador.

Reprochó que el jefe de Estado aseguró que junto a su gobierno crearon 50 mil empleos para jóvenes, pero semanas atrás detallaba que eran 25 mil plazas. De cualquiera de las dos formas, esos datos no se reflejan en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

«Subieron casi 25 mil de golpe y en dónde están (…) En este contexto no debería hacer ese tipo de bromas o gastar recursos innecesarios», cuestionó.

El conflictivo recurso de revisión

Hernández detalló que la reforma plantea modificaciones a 88 artículos, una disposición general, cuatro reformatorias y cuatro transitorias. Las reformas pretenderían el endurecimiento de penas a delitos como delincuencia, narcotráfico, secuestro, extorsión, entre otros. Explicó que son 43 proyectos de ley planteados desde el 2020, de esos, 39 pertenecen a periodos anteriores y cuatro a este periodo.

Sin embargo, el punto que más generó debate fue el «recuso de revisión». Una acción que permite a organismos internacionales o miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) revisar los procesos de sentencias ejecutoriadas.

Pero esto ya existe en la ley

Hernández aludió que este recurso ya existe en el Código Orgánico Integran Penal (COIP). Siempre y cuando exista una sentencia ejecutoriada y se antepone en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El implicado tiene acceso a esta revisión si es que:

-Se comprueba la existencia de una persona que se creía muerta

-Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias por un mismo delito o infracción, pero tienen distinto contenido para las personas sentenciadas. Es decir, esto es contradictorio.

-Cuando exista una sentencia dictada en virtud de documentos falsos o pericias oficiales maliciados. Estas pueden pedir la revisión de sentencias ejecutoriadas.

A este último punto se añadiría que, de existir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o un Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas sus representantes podrían revisión dicha sentencia.

«A esto le teme la Fiscalía General del Estado (FGE), la CNJ y los grandes medios, a que se sepa la verdad. Temen a que jueces de alto estándar revisen las violaciones a los DD.HH. o al debido proceso», enfatizó.

¿Vuelve Rafael Correa?

Argumentó que para que ese recurso de revisión se ejecute, los implicados deben presentar un informe de la CIDH. No obstante, detalló que ni el presidente Rafael Correa ni alguien cercano a la Revolución Ciudadana (RC) tiene ese pase. De la misma manera, resaltó que es una falacia de los grandes medios de comunicación que Correa regrese para las elecciones de 2025.

Recordó que el expresidente no podría ser candidato presidencial porque la norma penal no cambia las reglas electorales. De acuerdo con sus declaraciones, esas normativas deberían ser definidas una año antes y ya cerraron el 9 de febrero.

«El ministro de la vergüenza…»

Según el exministro de Gobierno, Henry Cucalón de aprobarse las reformas al COIP, Ecuador pasaría a ser la vergüenza internacional. A lo que Hernández comentó que el Cucalón debería recordar que fue ministro del peor gobierno que tuvo el país.

«El gobierno de Moreno compite con el del Lasso. Ya no sabemos cuál fue peor. Este fue el ministro de la vergüenza», argumentó.

El parlamentario recordó que en esa época se condecoraron unos a otros. Recalcó que si hay una situación de inseguridad se debe a un gobierno «inepto, ineficiente y corrupto». Expresó que Cucalón no tiene autoridad para reprochar los proyectos que se debaten.

«Éramos el lugar más seguro y pasamos al más inseguro. Él quiere hablar de manera fluida y no se acuerda que estuvo en un gobierno ineficiente», puntualizó.

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En medio de un acalorado debate, la bancada de Construye y RC fueron protagonistas de una riña por la aprobación de las reformas al COIP. En reiteradas ocasiones, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, pidió orden en la sala con la advertencia de una sanción si continuaba el desorden.

La mayoría del Pleno voto en contra de la moción de presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño (RC) del voto en dos bloques. Ante la resolución el bloque parlamentario abanadonó el lugar.

La fuerza política de la RC rechazó la decisión de Kronfle para apresurar la votación y no permitir que se llegara a un consenso. Por otro lado, recalcó que la aprobación de las reformas al COIP constituyen una vía para evitar la consulta popular.

»El presidente mediante decreto puede dejar insubsistente el llamado a la consulta y utilizar eso USD 60 millones en las afectaciones que en este momento están sufriendo las familias ecuatorianas por la inclemencia del invierno», dijo la asambleísta Viviana Veloz.

Por su parte el titular del Legislativo expresó su rotunda negación a las acciones de RC y del oficialismo, bancada que también abandonó la sesión. Indicó que es necesaria una madurez política para llegar a consenso y no imponer solo que ellos quieren.

La reformas en discordia

El legislativo analiza 86 reformas al COIP, las cuales engloban temas polémicos como endurecer las penas en delitos graves, la posibilidad de que la Asamblea conozca la información reservada de las indagaciones previas de Fiscalía y el recurso de revisión de sentencias por parte de organismos de derechos humanos internacionales. Esta última propuesta generó diversas reacciones.

Si bien la RC señaló que su propuesta no tiene la intención de beneficiar al expresidente Rafael Correa, la legisladora Gissela Garzón manifestó que la verdadera preocupación de algunos legisladores es darse cuenta que no existe el “influjo psíquico” del que fue acusado el expresidente Rafael Correa.

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»La empresa de seguridad que brinda sus servicios al CNE se encuentra impaga (…) los guardias también comemos», decían las pancartas de los trabajadores.

Los dirigentes denunciaron que habría pagos irregulares sin respetar la antigüedad de las deudas por lo que exigían respuestas a las autoridades y cuestionaron que se realice una consulta popular cuando tienen deudas encima.

Más rechazo

Por otro lado, la Unión Nacional de Educadores (UNE) también expresó su rechazo a la realización de la Consulta Popular, pues sería innecesaria y ese dinero puede ser invertido en otros programas sociales.

“No tenemos porqué pagar una campaña anticipada a través de una Consulta Popular innecesaria y que lo único que expresa es un derroche de dinero en medio de una crisis fiscal. Los USD 50 o USD 60 millones que se van a invertir en una consulta que se lo puede hacer a través de reformas jurídicas o en la Asamblea Nacional”, dijo Andrés Quishpe, presidente de la UNE.

El dirigente expresó que, en vez de eso, se puede utilizar ese dinero para establecer programas para que niños, adolescentes y jóvenes dejen de ser reclutados por las bandas delictivas. “Somos partidiarios de que se debe consultar a la sociedad ecuatoriana, pero sobre temas de interés”, explicó. Estos temas serían generación de fuentes de empleo, cupos para la Universidad. Agregó que el dinero se puede utilizar también la construcción de una Universidad en la Amazonía.(AGM).

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El Pleno del CNE aprobó la declaratoria del inicio del proceso electoral respecto a la consulta popular y referéndum decretado por el presidente Daniel Noboa. La entidad contará con un presupuesto de USD 60.2 millones.

Según el calendario electoral, el 16 de febrero el CNE deberá enviar el plan operativo, el calendario electoral, el presupuesto, la matriz de riesgos y contingencias del proceso electoral al Ministerio de Economía y Finanzas.

Además, el 28 de febrero será la inscripción de organizaciones sociales y políticas. Por otro lado, el 4 de marzo será la selección de los miembros de la Junta Receptora del Voto (MJRV). Aquí el calendario electoral.

Diferencia entre consulta popular y referéndum

El referéndum es uno de los mecanismos de participación de democracia directa.  La ciudadanía debe decidir sobre un tema interés nacional. Su diferencia con la consulta popular radica en el carácter normativo, en este caso, el referéndum es convocado cuando se busca una enmienda constitucional.

Por otro lado, en la consulta popular el Estado convoca a elecciones para la aprobación de una propuesta de ley o iniciativa que no consta en sistema legal y de administración pública. (AGM).

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Tras cumplir con el proceso de revisión en la Corte Constitucional, el mandatario envió seis preguntas vía consulta popular y cuatro vía referéndum:

Preguntas consulta popular

1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso los centros de rehabilitación social?
2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: terrorismo y su financiación; producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; delincuencia organizada; asesinato; sicariato; trata de personas; secuestro extorsivo; tráfico de armas; lavado de activos; y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el COIP conforme el Anexo de la pregunta?
3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el COIP en el referido Anexo?
4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de
   armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas
   Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para
   uso civil, reformando el COIP conforme el Anexo de la
   pregunta?
5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones, o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el COIP conforme el Anexo de la pregunta?
6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?

Preguntas referéndum

1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?
2. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?
3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?

Diferencia entre consulta popular y referéndum

El referéndum es uno de los mecanismos de participación de democracia directa.  La ciudadanía debe decidir sobre un tema interés nacional. Su diferencia con la consulta popular radica en el carácter normativo, en este caso, el referéndum es convocado cuando se busca una enmienda constitucional.

Por otro lado, en la consulta popular el Estado convoca a elecciones para la aprobación de una propuesta de ley o iniciativa que no consta en sistema legal y de administración pública. 

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Mientras que, las preguntas 2, 4,5,6,7 y 9 tuvieron un dictamen favorable ante el análisis en la Constitución y la ley. Sin embargo, la pregunta 6 deberá colocar el nombre completo de la norma en referencia, como parte de una modificación.

Además, en los cuestionamientos 4, 5, 6, 7 y 9 -a consideración de la Corte- deberán estar junto a sus anexos para que el lector pueda leerlo de manera conjunta. El presidente debe solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) unifique estos estamentos y no los presente en páginas separadas.

«Esto a consideración de la Corte para garantizar las cargas de claridad y lealtad con el lector en el ámbito de lo que será consultado», detalla el informe.

¿De qué tratan estas preguntas?

Las preguntas que fueron aprobadas por la Corte se relacionan con el control de armas y municiones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); los centros de privación de libertad; tipificación de delitos que se incluyan a tenencia o porte de armas; apropiación de de bienes de origen ilícito; y el incremento de penas en delitos como el terrorismo, la delincuencia organizada, entre otros.

Cambios constitucionales

De la misma manera, la CC indicó que las preguntas que refieren a cambio constitucional la vía correcta para tratarlas es la enmienda. Los temas que trata son: extradición de personas ecuatorianas; extinción de dominio; establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional; proyectos de ley urgente; y arbitraje internacional.

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La fecha de inicio de gestión es el 1 de enero de 2024, el cargo está como ministro de esa agencia consultar. El nombramiento de Atamaint aparece, convenientemente, cuando el proceso de Consulta Popular que impulsa el gobierno nacional se encuentra en la Corte Constitucional para su aprobación.

No es el único cargo público que ha ocupado el hermano de la autoridad electoral. En 2023 fue jefe de Cooperación Internacional del GAD de Morona Santiago. Un año antes se desempeño como servidor legislativo 9 en la Asamblea Nacional y técnico docente en la Universidad Eloy Alfaro. En 2022 también trabajó en la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades y nuevamente en la Asamblea.

Atamaint licenciado en Relaciones Internacionales por la USFQ, ingeniero en Gestión de Gobiernos Locales por la Politécnica de Chimborazo  y fue becado por la ONU para estudios de Derechos Humanos en Deusto, España. También trabajó en proyectos con la OEA y el BID.

Voces en contra

El asambleísta Lucio Guitérrez (PSP) envió una carta a la canciller Gabriela Sommerfeld sobre este caso particular. Solicitó la confirmación de la designación de Atamaint y de ser así las funciones que cumplirá en ese cargo, los méritos y la experiencia del ciudadano en la carrera diplomática. Al legislador “le llama la atención” el nombramiento de Atamaint en el contexto de la posible Consulta Popular.

La presidenta del CNE le dijo al diario El Universo que no emitiría ningún comentario al respecto en consideración de la autonomía de las diferentes instituciones públicas. También dijo que “el acceso al trabajo es un derecho de todo ciudadano siempre y cuando no tenga impedimento de ejercer cargo público, para lo cual el Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, sin ningún tipo de discriminación”. (MIB)

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