Según Petroecuador, la rotura no ha afectado las exportaciones de crudo ni el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. La empresa estatal aseguró que, aunque el bombeo del SOTE está suspendido, el transporte por líneas secundarias continúa operando sin interrupciones. Sin embargo, el derrame ha provocado una emergencia ambiental que ha alarmado a las autoridades y habitantes de la región.

Impacto ambiental y social

El crudo derramado ha contaminado los esteros Achiote y Caple, así como los ríos Viche y Esmeraldas. La mancha de petróleo avanzó 52 kilómetros río abajo, llegando hasta la parroquia San Mateo, en el cantón Esmeraldas, a las 13h30 del viernes 14 de marzo. Este desastre ha afectado gravemente los ecosistemas locales, incluyendo la playa Las Palmas, e impactó a comunidades de pescadores y agricultores que dependen de estos recursos.

Además, la empresa de agua potable Epmapse suspendió la captación de agua del río Esmeraldas, dejando a miles de habitantes de Esmeraldas, Rioverde y Atacames sin acceso al líquido vital por al menos siete días. Richard Nazareno, jefe de producción de Epmapse, explicó que la decisión se tomó para evitar la contaminación de pozos y lagunas de presedimentación.

Respuesta de las autoridades

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Esmeraldas declaró la emergencia ambiental y exigió una investigación inmediata para determinar las causas del derrame, así como sanciones para los responsables y medidas de compensación económica y ambiental para las comunidades afectadas.

Mientras tanto, brigadas de emergencia y equipos de contingencia del SOTE y del poliducto Esmeraldas-Santo Domingo trabajan en labores de contención y limpieza en los kilómetros 442, 445 y 448, en la zona de Viche. Se han implementado diques de contención, barreras y métodos manuales para recuperar fluidos y suelos contaminados.

Denuncias sobre la magnitud del derrame

Fuentes extraoficiales señalaron a La Calle Habla, medio local de Esmeraldas, que el volumen del derrame superaría los 200.000 barriles de crudo, lo que lo convertiría en uno de los peores desastres ambientales en la historia reciente del país. Ante esta situación, las comunidades afectadas exigen respuestas urgentes y acciones concretas por parte de las autoridades locales, provinciales y nacionales.

El incidente ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura petrolera y la necesidad de reforzar medidas de prevención y respuesta ante emergencias ambientales. Mientras las labores de mitigación continúan, la población espera soluciones inmediatas para enfrentar las consecuencias de este desastre.

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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), esta región ecuatoriana registra un 70% de pobreza por necesidades insatisfechas y un 74% de pobreza por ingresos. Ante esta situación, en junio del presente año, diversos actores locales lograron que la Asamblea Nacional instara al Presidente Noboa a declarar en emergencia a la provincia y a la región amazónica.

Un estudio del Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) revela que la extensión de áreas destinadas a la minería ilegal en Napo ha crecido exponencialmente, aproximadamente 210 veces. Solo en el periodo de 2015 a 2021, la minería de oro aluvial aumentó en un 316%.

Map Biomas Ecuador tiene datos similares y registra que en 1998 la minería formal e informal en Napo operaba en tres hectáreas. Para 2022, se extendió a 1.175 hectáreas. El 92% de esta superficie se concentra en cinco parroquias de Tena: Talag, Ahuano, Misahualli, Puerto Napo, Carlos J. Arosemena Tola.

Hay que recordar que Napo es un territorio de profunda raigambre histórica y actual, donde las áreas protegidas abarcan el 53.7% de su superficie y el 19.6% está habitado por comunidades indígenas, mayoritariamente de la nacionalidad kichwa.

La ribera del río Jatunyacu, particularmente afectada y con 153 concesiones mineras otorgadas por el Estado, ha visto un aumento considerable de la minería ilegal desde diciembre de 2023. En los últimos meses, los residentes han detectado la presencia de operaciones ilegales en al menos 13 puntos críticos a lo largo del río, lo que representa el 25% de la cuenca del río Napo. Estos puntos suman 54 hectáreas de minería ilícita, adicionales a las más de 1.700 hectáreas estimadas de actividades similares en toda la provincia, causando una grave contaminación en varios afluentes importantes del río Napo, esenciales para la comunidad local para el consumo humano, riego y pesca.

Además de los impactos ambientales y económicos, la salud y la paz de los habitantes de la Amazonía están en riesgo. La minería no solo amenaza la biodiversidad local, sino también la calidad del agua y el modo de vida de las comunidades aledañas. La Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN) ha realizado un análisis de salud y agua en 17 comunidades a lo largo del río Napo, identificando en parte de la población problemas respiratorios, dermatológicos, gastrointestinales y neurológicos, estos últimos asociados a la contaminación por mercurio.

Otro estudio preliminar, desarrollada por el Laboratorio de Investigaciones de la Universidad de las Américas para una investigación de El Comercio, reveló que el plomo, arsénico, zinc y hierro son metales pesados que están por encima de los valores referenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otras entidades internacionales, en los organismos de quienes viven en las parroquias de Chontapunta, Ahuano, Puerto Napo y Talag.

Esta investigación además, muestra los riesgos al que están expuestas las mujeres que trabajan lavando oro en el río, debido a falta de oportunidades laborales. Diariamente se registran mujeres con vaginosis por la exposición a bacterias y sustancias tóxicas. Estas infecciones pueden agravarse hacia la enfermedad inflamatoria pélvica, por ejemplo. También se han identificado casos con el Virus del Papiloma Humano, lesiones intraepiteliales de grado 2 (NIC 2), que pueden convertirse en cancerosas.

El Laboratorio también tomó una muestra de agua del río Napo en Ahuano, la cual presentó un aumento de aluminio, cobre y plomo con relación al valor referencial de la norma ecuatoriana para la preservación de la vida acuática y silvestre.

La situación es alarmante y requiere una acción urgente por parte de las autoridades para prevenir catástrofes socioambientales en esta región. Es crucial que se tomen medidas decisivas para evitar que esta crisis se prolongue en Napo.

Redacción: Napo Resiste

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Quito, 09 jul (La Calle).- La justicia falló a favor del emblemático río de la capital y las 54 quebradas y riachuelos que se encuentran a lo largo del mismo. Y declaró responsable al Municipio de Quito de los derechos vulnerados. El Municipio presentó una apelación ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

«Este es un triunfo no solo para la ciudad de Quito y el Ecuador sino para el planeta Tierra. Este hecho histórico es un síntoma más de eventos que están pasando en el mundo. Ya se  han declarado sujetos de derechos a ríos en Argentina, India, Colombia, Nueva Zelanda y ahora en Ecuador. El cambio climático es una realidad; y soluciones chiquitas, como estas parciales locales, contribuyen juntas a solucionar un problema global», dijo Ramiro Ávila, miembro del equipo legal de las organizaciones denunciantes.

Como consecuencia del fallo se ordenó la creación de un plan de descontaminación que debe incluir medidas para reducir los niveles de contaminación, señalando la importancia de considerar soluciones alternativas y sustentables para el tratamiento de aguas. También se enfatizó la importancia de la colaboración entre la sociedad civil, los colectivos ciudadanos y el Municipio para lograr los resultados deseados.

Ávila también comentó que la principal discrepancia en el juicio fue que el Municipio de Quito sostiene que para limpiar el río se necesitan tres plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, actualmente solo existe la planta Quitumbe que limpia solamente el 2% del río y el 98% se mantiene completamente sucio.

¿Qué pasa con el río Machángara?

El pasado 28 de mayo el río Machángara, representado por el Pueblo Kitu Kara y 30 colectivos sociales, ambientalistas, científicos y académicos, presentaron una acción de protección ante el Juez Constitucional de Pichincha, con el objetivo de garantizar y recuperar sus derechos integralmente.

La demanda buscaba defender los 22km de este cuerpo de agua que traviesa la capital, presentando medidas de corto, mediano y largo plazo, en una hoja de ruta de al menos 15 años que busca afrontar la contaminación y restaurar los derechos ambientales que han sido vulnerados. Entre ellos están: los derechos de la naturaleza, el derecho del agua, del medio ambiente sano, al saneamiento y salud de la ciudad.

Contaminación peligrosa

Acorde a información proporcionada por la Global Alliance of Nature, el Río Machángara tiene un recorrido total de 22km, recibiendo solo 1% de aguas tratadas y un 99% de aguas residuales. Los contaminantes encontrados en el mismo incluyen aceites, grasas y 29 familias virales que afectan tanto a humanos como animales en la capital.

De forma alarmante, igualmente se encontró que la calidad del agua presenta solo un 2% de oxígeno, porcentaje que se encuentra muy debajo del mínimo necesario para el consumo animal y vegetal. Actualmente el río Machángara carga en sus aguas toneladas de basura, que se arrastran desde quebradas y alcantarillas. Esto también influye directamente en la pérdida de su identidad histórica, transformándolo en un símbolo de vergüenza  para la ciudad.

En el 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza, enfatizando los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas de vivir en un ambiente sano en su constitución. Como reconoció la jueza que dictó el fallo, los pueblos y ciudades desde el principio de la humanidad se han ubicado cerca de los ríos, porque estos son y dan vida.  Esta victoria legal es un precedente importante en la protección de los Derechos de la Naturaleza en Ecuador y América Latina, creando conciencia que parte de la salud ambiental tiene que ver directamente con la salud del ecosistema, devolviendo el valor a los ríos que dan paso a la vida. (N.C.)

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A los proveedores se les realizó una visita a su planta de procesamiento y se les clausuró por no contar con las medidas de limpieza necesarias. El pasado 18 de diciembre, el Arcsa recategorizó a la canela como una especie de alto riesgo de contaminación. Algo que no se hizo sino hasta octubre de 2023 cuando saltó la alerta de la FDA por productos de fabricación ecuatoriana contaminados con plomo. Se trataba de tres productos de Wanabana comercializados en Estados Unidos.

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Según el director del Arcsa, Daniel Sánchez, existen 926 productos en el país que tienen entre sus ingredientes la canela. Explicó que existe un vacío normativo, ya que se han emitido certificaciones sanitarias a 52.136 productos, sin embargo, no eran necesario presentar exámenes de laboratorio. Ahora la Agencia ha exigido que que se presenten los análisis de los productos con canela que, aunque no sea requisito, si es una obligación para las inspecciones. Solo 141 productos han analizado a sus productos.

La autoridad también llamó a las universidades a registrarse para que sus laboratorios integren la red de análisis del Arcsa. «Invitamos a las universidades a sumarse para reforzar la capacidad analítica del país, al tiempo que la Arcsa empieza a reponer la capacidad analítica que siempre ha tenido la institución».

¿Qué dice la ley?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina la contaminación de alimentos como un delito:

Art. 216.- Contaminación de sustancias destinadas al consumo humano.- La persona que altere, poniendo en riesgo, la vida o la salud, materias o productos alimenticios o bebidas alcohólicas para el consumo humano, se sancionará con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Con la misma pena será sancionada la persona que, conociendo de la alteración, participe en la cadena de producción, distribución y venta o, en la no observancia de las normas respectivas en lo referente al control de los alimentos. La comisión de esta infracción de manera culposa, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses.

La Arcsa ha puesto en conocimiento todo el proceso de investigación a la Fiscalía General del Estado para que dicte las responsabilidades correspondientes a los actores determinados.

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El 6 de noviembre la entidad reveló que la contaminación por altos niveles de plomo estaba limitada a los productos exportados y que no hubo comercialización en el país. No obstante, el pasado 11 de diciembre informó la identificación de un lote de canela en polvo que no cumplía con las especificaciones determinadas por la normativa.

Ante la situación, el Arcsa junto a investigadores de varias universidades realizaron un estudio, en donde se detectó que existe un gran problema de contaminación en productos distribuidos en el mercado local.

»Los metales pesados son peligrosos para los seres vivos, ya que pueden interferir en diferentes reacciones químicas vitales o sustituir elementos que son parte del organismo. Por ejemplo, el plomo se bioacumula y puede depositarse en los huesos, reemplazando el calcio», dicta el informe de la entidad.

Además especificó que en los niños su efecto es más grave, ya que se absorbe en mayor proporción y se relaciona con problemas en el desarrollo intelectual, daños hematológicos y afectaciones a nivel de varios sistemas como el gastrointestinal, cardiovascular y órganos como los riñones.

Debido a la alerta sanitaria, el Arcsa informó que se encuentra gestionando el retiro del mercado de la compota orgánica de mango de la marca WanaBana que se vende a nivel nacional. (AGM).

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La Agencia de Control y Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, tras realizar una inspección en los tanques de tratamiento de agua potable, interpuso una denuncia en la Fiscalía en contra de la Empresa Municipal de Machala. Instaron a que se tomen las medidas correctivas sobre la supuesta contaminación de agua con metales pesados.

El asambleísta por Pachakutik, Darwin Pereira, señaló que las investigaciones debe desarrollarlas el Ministerio de Salud y aclarar si en efecto se la puede consumir. Recordó que por más de dos años la población de esta ciudad costera tiene este problema y que no se han clausurado los pozos.

El Río Casacay y otros 22 pozos profundos son as dos fuentes hídricas que posee la ciudad. Entre las fuentes subterráneas se encuentran el pozo González Rubio el cual dota del líquido vital al 3% de la población. Este afluente se encuentra ”cuestionado respecto a la calidad de agua que brinda”, dice el comunicado. Sin embargo, se realizaron análisis de laboratorio con una empresa que no contaba con el certificado de calibración de los equipos, es decir, se tomaron muestras de agua sin una custodia adecuada. Dichos resultados no representan la calidad de agua que brinda el pozo, dice el informe.

El comunicado finaliza rechazando las afirmaciones que pretenden deslegitimizar la calidad de agua del cantón, tratando de complacer a intereses particulares y políticos.

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El derrame se extiende por cuarto día consecutivo en región Callao, costa central del país. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el crudo afecta a unos 18.000 kilómetros cuadrados en el mar. 

El ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, aseguró la noche del martes que el derrame sería de 6.000 barriles de petróleo, y que la multa que podría recibir la subsidiaria de Repsol ascendería a 138 millones de soles, unos USD 35 millones.

Desgracia Ambiental

El incidente se produjo el 15 de enero en una terminal de la refinería La Pampilla, operada por la petrolera Repsol. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) reportó que el derrame de crudo ha puesto en riesgo la Zona Reservada de Ancón. También parte de la reserva nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.

El lugar es una zona de refugio de aves marinas que producen guano, un abono natural cuya demanda creció en 2021 ante el incremento del precio de los fertilizantes importados.

Grupos de expertos y veterinarios del Servicio de Fauna Silvestre empezaron las labores de rescate de los mamíferos y aves que habitan en las reservas. Las lavaron con detergente antigrasa y las secaron en un ambiente cálido para evitar la hiportemia. Las aves muertas tenían restos de petróleo en los picos, lo que sugiere que consumieron el crudo, lo que causó la muerte.

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“Somos moradores del recinto que tiene una extensión de 66 kilómetros. Aquí tenemos vaquitas para la comunidad. Estamos en medio de Deli camaronera y la Taura 3 de la compañía Santa Priscila. Hemos conversado con sus administradores, pero se nos negó el paso. Ellos cruzan por la orilla de la carretera y a nosotros se nos prohibió la salida”, le dijo a Ecuador en Directo, Hilario Balladares del recinto Montañita en Durán.

Además, las empresas contaminan con el agua salada las aguas del río Taura que alimentan a esa comunidad. “Pedimos permiso a las camaroneras para un tanquero de agua y nos negaron el liquido vital para las familias”.

Los empresarios dicen que eso es propiedad privada y por eso no quieren dar paso a los ciudadanos. “Nuestros padres entraban y salían a caballo para las fiestas, pero una vez llegaron las camaroneras cerraron el paso ya hace tres años”, agrega Balladares.

Los ciudadanos esperan un pronunciamiento del Ministerio del Ambiente debido a la contaminación del río que afecta el consumo y el uso diario de las familias.

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