Torres sacó 87,5 puntos sobre 100 en el examen del concurso, sin embargo, luego de la recalificación subió 3,5 puntos más y llegó a los 91 puntos.

Según el portal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senecyt), obtuvo el título de ingeniero comercial en la Universidad Nacional de Loja en el 2002 y en el 2012 se graduó de abogado en la misma entidad. En los títulos de cuarto nivel, tiene una maestría en Ciencias Internacionales en la Universidad Central del Ecuador (UCE) en el 2005.

Además, se graduó de doctor en Administración Pública en la Universidad Nacional del Litoral (Extranjero) en el 2023.

Su experiencia laboral

La hoja de vida presentada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) detalla que trabajó en la Contraloría General del Estado como experto supervisor nacional de investigación, desarrollo y evaluación académica, y especialista técnico de capacitación.

Además, fue docente en la Universidad Central del Ecuador, Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN y Universidad Técnica Particular de Loja. También laboró como consultor en la Universidad de Loja y asesor parlamentario en la Asamblea Nacional.

Más datos

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, es accionista de Negocios Asociados Sudamericanos Nasud CIA. Ltda. Además, entre el 2007 y 2008 se desempeñó como gerente general de la misma empresa.

Entre 1999 y 2000 fue gerente de Servicios y Administración del Sur Seryadsur CIA. Ltda., y presidente de la misma entidad de 1999 y 2005. También fue accionista de la misma empresa, pero canceló la inscripción.

Las demoras en el proceso

El 14 de septiembre de 2023, un juez de Bucay ordenó al Cpccs suspender el concurso para Contralor y el 17 de ese mismo mes, el presidente de la comisión ciudadana de selección del nuevo Contralor, Marco Chalco, solicitó que se pause el proceso hasta que se resuelva una acción de protección interpuesta.

Luego de que la mesa terminara la recalificación de méritos y el examen escrito, el 1 de noviembre, Chalco llamó a 10 integrantes de la comisión a una reunión para elaborar el informe final que detalla el ganador del concurso.

Después de que el informe se apruebe, el Cpccs tiene dos días para la designación y deberá enviar el nombre a la Asamblea Nacional para la posesión oficial del nuevo Contralor.

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La sesión del Pleno tomo más de nueve horas, en las que intervinieron los legisladores proponentes Mireya Pazmiño y Ángel Maita, así como la defensa de los cuatros funcionarios.

“El Ejecutivo y sus aliados han intentado, por todos los medios, impedir que este juicio político se dé, incluso ejerciendo en mi contra amenazas, violencia política y de género”, dijo Pazmiño en su intervención, según recoge Pichincha Comunicaciones.

Explicó que existen las pruebas suficientes para censurar y destituir a los consejeros. Entre las causales, dijo que hubo una reforma al Reglamento para la designación del Contralor General del Estado, pese a que el concurso ya había iniciado.

Además, mencionó que no hubo transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, “por las conversaciones “privadas”, mantenidas con la ingeniera Ginella Isabel Jácome Loor, postulante a este cargo”.

La posición de la defensa del CPCCS

Los interpelados, durante su defensa, dijeron que no cometieron ninguna ilegalidad y defendieron las decisiones que se tomaron en el CPCCS. Además, señalaron que es un proceso dirigido, con tintes políticos, y no por la fundamentación de este proceso.

María Fernanda Rivadeneira, de su parte, dijo que iniciará acciones de repetición contra los asambleístas que voten a favor de “una destitución ilegal”.

Dijo que están recibiendo un trato desigual y discriminatorio porque “la Comisión de Fiscalización instaló un solo juicio contra los siete consejeros”. Por lo tanto, dijo, este proceso vulnera sus derechos.

Por su parte, el hasta hoy presidente del Consejo, Hernán Ulloa, resaltó que este tipo de acciones “dan al Ejecutivo razones para que quiera quitarle funciones al CPCCS a través de la consulta popular”.

Se sumó a la postura de Rivadeneira sobre la parcialidad con la que se dio el juicio político. “Ustedes no pueden venir aquí por el 9 de febrero o porque piensan que Hernán Ulloa obedece a cualquier autoridad, porque no es cierto”, agregó.

Entre amenazas

Los consejeros alertaron del inicio de procesos de repetición contra los legisladores, en el caso de que se dé una destitución ilegal en su contra. También hubo varias acciones de protección que se presentaron, a último momento, para evitar su destitución sin embargo los jueces que conocieron dichas causas negaron la petición de los consejeros

El titular de la Asamblea Nacional, Iván Saquicela, indicó que “no se puede intentar manosear la administración de justicia para ir en contra de la primera función del Estado. Es hora de que el diálogo prime con las diferentes autoridades, sostiene.

Con la decisión del Pleno de la Asamblea cambian las fuerzas al interior del Consejo de Participación. La próxima semana, el presidente del Legislativo tendrá que notificar a las partes para que los nuevos consejeros asuman el cargo, de acuerdo al orden de prelación, de la última elección.

Los cuatro consejeros no podrán ejercer un cargo público por dos años y serán destituidos, a puertas de una elección de nuevos integrantes de este cuerpo colegiado.

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«Si creían que la solicitud de Juicio Político contra el Procurador les serviría de cortina para tumbar puertas en el CPCCS e imponer a dedo a sus autoridades se equivocan. Nosotros exigimos #TransparenciaCPCCS», señalan en un comunicado.

En el documento señalan que la bancada «no será cómplice de la metida de mano al CPCCS». Además, reiteran que su decisión fue tomada a partir de las denuncias presentadas por Alejandro Gallo, exasesor del CPCCS. Para UNES la prioridad sería garantizar la institucionalidad del Consejo.

En el comunicado hacen un llamado a la Bancada de Pachakutik para que también retire su solicitud de Juicio Político. Con ello, pretenden tratar de forma urgente, dos procesos de censura contra vocales del CPCCS. «No seremos cómplices de cómo tumban puertas para imponer, desde el Gobierno, sus autoridades de control», reza el texto.

Asambleísta de UNES pide sanción contra Fernando Villavicencio por incitar al odio

Reacciones contra UNES

Por otro lado, el asambleísta Fernando Villavicencio expresó que el pedido de retiro del juicio político contra el Procurador General del Estado es un recurso inexistente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). En un tweet mencionó que solicitó un criterio jurídico y dijo que «el juicio político no debe ser utilizado como un instrumento politiquero de desestabilización».

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“Pablo Celi en este momento está siendo procesado por la justicia y la Contraloría general del Estado no ha realizado ninguna acción hasta el momento”, explicó el legislador.

Aleaga agregó que, luego de la sesión del Pleno de este jueves, acudirán hasta la Secretaría de la Asamblea Nacional, para la presentación y posterior calificación del pedido. «Ya tenemos listas las firmas y el pedido del juicio político», añadió en declaraciones para Sonorama.

Orden del día

Aleaga solicitó el cambio del orden del día para definir a la Comisión Permanente que trate la investigación del caso Pandora Papers. El pedido se aprobó con 104 votos positivos, 24 negativos, cero blancos y seis abstenciones. 134 asambleístas votaron.

“La revelación de Pandora Papers nos enfrenta a un presidente electo que posiblemente incumplió el pacto ético de la Consulta Popular de 2017. Este pacto prohíbe a los candidatos de tener bienes en paraísos fiscales. Las respuestas del presidente no satisfacen las inquietudes de nadie. No explica cómo se deshizo de esos tributos”, dijo el legislador en su disertación.

Entre 24 votos negativos constaba el del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. El legislador se reunirá los próximos días con el presidente Guillermo Lasso para discutir este tema. Lo acompañarán los miembros de la Comisión.

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