Torres Maldonado ocupa uno de los cargos más importantes del Estado ecuatoriano, pues uno de sus trabajos es el control de los recursos públicos. Además, estará al frente de la Contraloría por un periodo de cinco años.

«Al asumir esta responsabilidad, pueden confiar en que la Contraloría será vanguardia en la lucha contra la corrupción y el desvíos de fondos públicos. La misión va más allá de la mera auditoría financiera, se trata de salvaguardar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones ratificando que cada dolar invertido se transforme en beneficio colectivo», declaró en su discurso ante el Pleno de la Legislatura.

Breve perfil

Es ingeniero comercial y abogado por la Universidad Nacional de Loja en 2002 y 2022, respectivamente, según el portal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senecyt). También posee una maestría en Ciencias Internacionales por la Universidad Central del Ecuador (UCE), en 2005. Además, es doctor en Administración Pública, graduado en la Universidad Nacional del Litoral (Extranjero) en el 2023.

Su experiencia laboral

La hoja de vida presentada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) detalla que trabajó en la Contraloría General del Estado como experto supervisor nacional de investigación, desarrollo y evaluación académica, y especialista técnico de capacitación.

Además, fue docente en la Universidad Central del Ecuador, Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN y Universidad Técnica Particular de Loja. También laboró como consultor en la Universidad de Loja y asesor parlamentario en la Asamblea Nacional.

Más datos

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, es accionista de Negocios Asociados Sudamericanos Nasud CIA. Ltda. Además, entre el 2007 y 2008 se desempeñó como gerente general de la misma empresa.

Entre 1999 y 2000 fue gerente de Servicios y Administración del Sur Seryadsur CIA. Ltda., y presidente de la misma entidad de 1999 y 2005. También fue accionista de la misma empresa, pero canceló la inscripción.

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El consejero del Cpccs increpó al presidente de la comisión de selección ciudadana, Marco Chalco, por no haber transmitido las grabaciones donde se lleva a cabo la recalificación del concurso. El representante comunicó que dichos archivos se encuentran en su computadora y alegó que no se han dado a conocer “porque siempre hay un lado de privacidad que no debe ser de conocimiento público”.

Violación al reglamento

En entrevista para Ecuador en Directo, el vocal aseguró que la “fase más importante” del concurso, refiriéndose a la revisión del puntaje, no ha sido transmitida. Según el artículo 5 del Reglamento -que regula la actuación de comisionados- «las reuniones de la comisión ciudadana de selección y los eventos en los cuales las y los postulantes que rindan la prueba de oposición serán transmitidos en vivo».

Además, calificó de “impresentable” el actuar de la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) y manifestó que “lo que han hecho es burlarse de la fiscalización ciudadana, del reglamento que lo rige y de la Constitución”.

Verduga advierte que para la ejecución de la recalificación se había solicitado: la presencia de los siete consejeros, de un notario público y la verificación manual de los exámenes.

En suma, Augusto Verduga habló del “autoritarismo duro y puro” en la administración de la actual presidenta del Cpccs, Nicole Bonifaz. Relata que ella durante la reunión interrumpió a la consejera de Pueblos y Nacionalidades; abucheó a la consejera más joven, Johanna Verdesoto, mientras reformulaba un cuestionamiento e incluso impidió que él mismo siga haciendo preguntas.

Se pide transparencia

Con respecto a todas las irregularidades dadas dentro del Cpccs, Verduga Sánchez recalca que lo que está “pidiendo es la garantía de la transparencia”.

Añade que las acciones en el organismo pareciera que entre la comisión y los propios consejeros “hay un hecho encaminado a favorecer ciertos intereses y de sentar a alguien en la Contraloría General del Estado, que es funcional a los intereses de turno, a los intereses del estatus quo, del gobierno de turno”.

Frente a los problemas que ha presentado este proceso no hay mucho que se pueda hacer, el consejero explica que la norma establece que la CCS debe enviar el informe final al Cpccs, documento que tiene la característica de ser vinculante, lo que implica que los consejeros no pueden modificar las notas.

No obstante, una medida que podrían tomar es “realizar la revisión exhaustiva de ese informe final conjuntamente con los informes de los veedores para presentar a la ciudadanía las irregularidades que se han podido suscitar a lo largo de todo este proceso de designación de esta autoridad”, argumentó Augusto Verduga. (S.F.)

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“La Contraloría General de Estado no debe ser botín político ni estar sujeta a vaivenes de la política. Al contrario, requiere estabilidad e institucionalización para gozar de credibilidad ante la ciudadanía. Por ello, en las circunstancias actuales y siendo de público conocimiento que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se encuentra adelantando el respectivo concurso, es inconveniente para la estabilidad institucional reformar dicha normativa”, dice parte del oficio.

De acuerdo con el presidente, el aspecto regulatorio que buscaba la Asamblea es un protocolo en caso de que exista la ausencia del contralor general del Estado. Agrega que en el artículo 33 de la Ley de la Contraloría señala que entre las funciones del subcontralor se encuentra subrogar las funciones del contralor por lo que la reforma no es pertinente.

Ante la negativa del presidente el asambleísta Alejandro Jaramillo de la Comisión de Justicia se pronunció de manera crítica ante el vacío que supondría no tratar esas reformas. “La Comisión de Justicia recibe el segundo veto total. El Ejecutivo observó todo el proyecto de Reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado, aprobado con 131 votos a favor en el pleno. Los contralores procesados pueden seguir despachando desde la cárcel”. MIB

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Además, Almeida denunció que el actual presidente de la entidad, Hernán Ulloa, está mal informando a la ciudadanía. «Ulloa ha manifestado que hay información que se ha perdido y eso es totalmente falso (…) La información está respaldada y lo que corresponde es continuar con el concurso», señaló Almeida.

Igualmente, Almeida y Javier Dávalos, consejero del CPCCS, señalaron que Ulloa y la nueva mayoría del Consejo reformaron «las reglas del juegos» del concurso público para contralor.

Insisten en que las modificaciones serán para configurar un escenario que favorezca a quienes estén vinculados con los intereses del Estado.

Proceso

«Hasta el día de hoy no hay ningún avance en cuanto a la designación de la Comisión ciudadana de selección que faltaba por verificar los méritos y también lo que tiene que ver con la convocatoria al concurso como tal», señalaron los consejeros.

Almeida, acompañada por Dávalos y David Rosero, vicepresidente del CPCCS, manifestó que se convocó a la conformación de la comisión ciudadana de selección y se avanzó en la verificación de requisitos de los ciudadanos que integraron la comisión.

«Hasta el mes de diciembre estuvo el 40% del concurso (…)», dijeron los consejeros, quienes también mencionaron que el concurso no mostró avanzó desde el mes de enero y que esto ha perjudicado los tiempos constitucionales.

Los consejeros presumen que tanto Riofrío, como Ulloa y la nueva mayoría del CPCCS tienen intereses afines con el Gobierno Nacional, liderado por Guillermo Lasso.

La minoría del Consejo también consideran que Ulloa y la mayoría del CPCCS están retrasando los concursos, porque quieren elegir autoridades a «dedo».

«Lo hemos denunciado y lo vamos a seguir denunciando. Lo que pretenden es que permanezca el contralor subrogante para que no haya una Contraloría independiente que actúe con transparencia», dijeron los consejeros.

Por otro lado, Rosero dijo que seguirá acudiendo a las sesiones de los plenos del CPCCS y seguirá evidenciando que la mayoría del Consejo apunta a alargar los concursos.

Contexto

Ulloa aseguró, en días pasados, que los expedientes digitales de los postulantes para conformar la Comisión Ciudadana de Selección del Contralor General se perdieron a causa del aluvión de La Gasca.

La Procuraduría concluyó que Carlos Riofrío, quien es el actual contralor subrogante, se mantendrá en el cargo hasta que el CPCCS concluya con la designación de un nuevo funcionario, mediante concurso público.

Ulloa ha brindado declaraciones en diversos medios de comunicación, manifestando que el proceso tomará entre 6 a 7 meses.

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“En tiempo récord aprobaron las reformas al reglamento para el concurso de contralor. No solamente afectando tiempos y plazos sino también la objetividad del concurso. El reglamento que debía aprobarse era objetivo. Ahora se incluyen pruebas orales de 20/100, donde se calificaría subjetivamente y aumentaría los tiempos. Se mediría con una vara a los ciudadanos y con otra a los amigos del Gobierno”, dijo a los medios.

Entre otras cosas, denunció que se quiere alargar el proceso tres meses más, además de colocar candidatos a conveniencia. La crisis de institucionalidad en el CPCCS también mancharía la transparencia del proceso. “No habría un reconocimiento de la legalidad de estos cuatro consejeros por lo que habría la incertidumbre de si esta decisión y el concurso sería o no legal”.

Golpe a su administración

Almeida dijo que no confía en la justicia en su caso, pero que seguirá firme en sus peticiones. Anunció que, si se agotan las posibilidades en la justicia nacional, irá con su caso al plano internacional.

 “El accionar de las instituciones a cargo del Gobierno Nacional: CNT, CELEP, Policía Nacional, facilitaron el intento de golpe de Estado de los cuatro consejeros que aprobaron el reglamento para ese concurso”, dijo.

Añadió que después de su salida voluntaria del eficio del CPCCS en Quito no ha tenido acceso a los documentos de su administración. “Sabía que cuando saldría de la Institución no me permitirían acceso a los archivos del CPCCS. Recibí a ciudadanos y los grupos sociales. El mejor apoyo”.

“Mi equipo es fundamental para armar mi defensa legal contra los cuatro consejeros. Estuve esperando la protección y respaldo de la Policía Nacional. Nunca ocurrió, es más me amedrentaron”, denunció.

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Según el portal del CPCCS, el reglamento se aprobó con cuatro votos a favor y tres ausencias. Ulloa dio un plazo de 48 horas para que, una vez codificado el documento, se publique en el sitio web.

El nuevo documento incluye más de 40 modificaciones entre artículos y puntajes para la calificación de méritos. La más polémica es la incorporación de una prueba oral de 20 puntos que será determinante y podría prestarse a subjetividades para favorecer a un candidato.

El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, escribió en su cuenta de Twitter: «Este fue el objetivo de toma del CPCCS: cambiar reglamento en concurso -YA INICIADO- de Contralor, para incluir prueba oral, a lo TRUJILLO Así impusieron fiscal: tuvo el PEOR examen (10/20), pero 30/30 en prueba oral, cuando apenas sabe hablar»

Reformas

Se eliminó la posibilidad de que el secretario provenga de una terna presentada por quien ejerza la presidencia del Consejo, para que la comisión ciudadana de selección del nuevo contralor designe a su secretario.

También se eliminó el artículo que permitía que el banco de preguntas se publique 48 horas antes que los postulantes rindan su examen escrito y ya no serán dos mil preguntas sino sesenta.

Se dispuso que la impugnación ciudadana se traslade a las etapas finales del concurso y se eliminó la presentación de certificado psicológico por la subjetividad que, supuestamente, podría generar. Igualmente, se eliminó la asignación de un punto por hablar otros idiomas.

Asimismo, se propone que el postulante presente un certificado conferido por el Tribunal Contencioso Electoral, certificando que el candidato no tenga sentencia ejecutoriada por alguna infracción tipificada en la Ley Orgánica Electoral y de organizaciones políticas.

Los postulantes a Contraloría deberán obtener 100 puntos: los méritos se calificarán sobre 50 puntos, 30 al examen escrito y 20 del examen práctico.

Ulloa escribió en un trino: “Pueden estar tranquilos, le quitamos las garras al concurso, deberán los postulantes presentar un certificado de la unidad de análisis financiero y económico del Ecuador y habrá un examen práctico oral”.

También se aprobó una moción para que se conforme una comisión técnica con delegados de cada consejero y se revisen todos los reglamentos vigentes para los concursos en el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría Pública, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, entre otros.

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El legislador de la bancada de Pachakutik acusó al contralor Riofrio de irrespetar los tiempos en el proceso de investigación del Caso Pandora Papers. En una entrevista para FM Mundo expresó: “el contralor hace conocer que el día 13 de octubre da inicio al examen especial. Y si contamos los días hábiles del 13 de octubre al 3 de diciembre que emite el dictamen no hay 60 días de término”

Cuestionó el hecho de que el contralor haya emitido un dictamen, mientras la Asamblea estudiaba el informe del caso Pandora Papers, realizado por la comisión de Garantías Constitucionales. Según el legislador, esta acción deslegitimó los procesos de la Asamblea.

Vanegas dijo que el contralor debía hacer cumplir los tiempos y esperar a que la Asamblea presente su decisión sobre los informes, a la vez que recababa información desde las diferentes aristas públicas y del poder sobre los Pandora Papers.

Para estos procesos de juicio político, Vanegas se encuentra recolectando firmas de respaldo entre los asambleístas. Es necesario que existan 37 firmas de apoyo para que se logré establecer una petición de juicio político. Vanegas espera contar con el apoyo del Consejo de Administración Legislativa.

Sobre el juicio político al Consejo de la Judicatura

Vanegas mencionó la destitución de los 23 jueces en 2019. Además, dijo que dos reglamentos e instructivos para calificar a los jueces, eran inconstitucionales.

Asimismo, recordó la resolución que determina que “los jueces nacionales y conjueces que fueron indebida, arbitraria y abusivamente removidos de sus cargos no van a poder regresar porque ya se ha designado a sus reemplazos, pero vana a tener que ser indemnizados por los daños causados”.

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De acuerdo con la nota, a la bancada legislativa de UNES «se le vino abajo la jugada legislativa para desconocer a Pablo Celi como Contralor subrogante. Por lo tanto no lograron deshacer la determinación de glosas y responsabilidades penales y administrativas contra altos exfuncionarios de los 10 años de la ‘revolución ciudadana’ «.

La noticia explica que existirían irregularidades en el reglamento para el concurso de nuevo Contralor General del Estado, según una denuncia de tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, no adjunta pruebas de que miembros de UNES o el expresidente Rafael Correa estén detrás de este asunto.

El expresidente Correa se pronunció sobre la información que involucra su nombre. «¡Y todo con influjo psíquico!
El apoyo al delincuente Celi es descarado. Con prensa tan corrupta, no tendremos democracia ni desarrollo», escribió en un tuit.

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De este total, USD 174.129 son para el pago de los salarios de la Comisión ciudadana de selección. Este grupo de ciudadanos organizará el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar al nuevo contralor para los próximos cinco años. La Comisión la integrarán 10 ciudadanos. Cinco de ellos se eligen por un concurso de méritos y los otros cinco provienen de las cinco funciones del Estado.

Otros gastos

USD 219.766 se asignaron para requerimientos administrativos para el desarrollo del proceso. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) solicitó USD 100.000 para contratar servicio logístico con el nombre de ‘Espectáculos culturales y sociales’. El CPCCS dijo que servirá para “garantizar la transparencia del proceso en cada una de sus etapas”.

El 11 de agosto, el pleno del CPCCS aprobó el instructivo al reglamento para el concurso público de selección del contralor, con lo que se podrá convocar a la integración de la veeduría ciudadana.

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«El CPCCS (T) encargó al subcontralor Pablo Celi el ejercicio de la Contraloría por el período que le correspondía a Carlos Polit es decir hasta marzo de 2022. Estuvimos trabajando en los reglamentos instructivos que van a ocuparse en el concurso de méritos para Contralor. Lo hicimos con el tiempo necesario para que en marzo del 2022 ya tengamos un representante en la Contraloría General del Estado”, dijo Ulloa en entrevista con Radio La Calle.

El consejero añadió que un concurso de esta naturaleza pude tomar entre seis y ocho meses. “Hubiera sido terrible empezar a preparar el concurso un mes antes o en marzo de 2022. Por un acto de prevención independiente de lo que sucede en la Contraloría estamos trabajando en el concurso”.

Problemas legales

“La ley contempla generalidades, no contempla los actos humanos. Además de la Ley del CPCCS, también existen conjuntos de leyes acerca de cada uno de los funcionarios que designamos. Pudimos salir de este problema legal de no ser por el informe de carácter vinculante de la Procuraduría General del Estado, donde se impide hacer cualquier tipo de encargo”, señaló.

Ulloa aseguró que el cuerpo colegiado entregó a la Asamblea ese informe para su interpretación con el fin de designar un encargado en la Contraloría.

Sobre la posibilidad de que Carlos Riofrío ejerza funciones en el ente de control, hizo un reparo de carácter «moral». “El cuestionamiento del nombramiento del doctor Riofrío es de carácter moral. En el orden jurídico existe una controversia sobre la legalidad. Por lo pronto, la designación está efectuada. Lo que preocupa es conocer el pasado de este funcionario de carrera y si garantiza idoneidad para el cargo”, finalizó.

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«El contralor Celi responde a los intereses de este gobierno y al pacto que tiene en la Asamblea. Ellos defienden a un contralor subrogante que está preso y cuestionado. Están ganando tiempo para colocar a un subrogante del subrogante que sirva a los intereses del gobierno», dijo el legislador para Radio La Calle.

De acuerdo con Lloret existen un doble discurso en la Asamblea. «En el Pleno se rasgan las vestiduras diciendo que están a favor de un juicio político a Celi, pero en la práctica mandan informes en los que piden que se cambien proponentes para el juicio a Ortiz. Es un doble discurso, por un lado hacen los amarres para defender a Celi y frente a la ciudadanía aparecen como los denunciólogos que están del lado de la justicia», analizó.

El tiempo corre

«En el oficio que manda el presidente de la Comisión de Fiscalización con respecto al juicio político contra Ortiz que se debía analizar no pide que se archive sino que se cambie de proponentes y fiscalizar. Con eso ganan 60 días para Celi», explicó el asambleísta.

Añadió que «no hay artículos en la Ley de la Función Legislativa que permitan el cambio de proponentes. Fuera de la ley blindan a Celi».

Con esto la Asamblea deja un mensaje claro. «Podemos volver a una Asamblea del 2% de aceptación. No se sintonizan con las prioridades de los ciudadanos pasan a lo urgente (Ortiz) cuando tienen lo importante (Celi) en segundo plano».

Sin institucionalidad

El contralor subrogante despacha desde la cárcel #4. A juicio de Lloret, «la institucionalidad está desprestigiada gracias al Trujillato. Unas de las decisiones de Trujillo fue Pablo Celi. Si la ciudadanía tenía alguna expectativa de que la Asamblea tenga prioridades en la lucha contra la corrupción en esta votación no se cumplió. La mayoría de los votos vinieron del partido de Gobierno brindando la posibilidad de que Celi siga en la Contraloría».

Juicio pendiente

El legislador seguirá vigilante del cumplimiento de este proceso en el Legislativo. «Estaremos vigilantes de lo que sucede dentro y fuera de la Contraloría. Celi tiene poder en la Asamblea con 80 votos. Me preocupan los trabajadores honestos que están siendo amenazados. Familias que no regresan a sus hogares porque están amedrentados por oscuros personajes», alertó.

De acuerdo con el Comité de Perjudicados de la Contraloría, las glosas desvanecidas para favorecer a las empresas privadas tienen un valor de USD 5.000 millones.

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«El nuevo período legislativo y la derivación de los juicios políticos termina por suspender los tiempos de los oficios. La Comisión de Fiscalización debía subsanar este problema sin llevarlo al Pleno. En la sesión del viernes solo se habló del juicio político contra Ortiz porque los plazos terminaban. El pleno dotó de los mismos tiempos para el juicio a Ortiz integrando dos nuevos interpelantes», explicó para Radio La Calle.

Deacuerdo con el experto, esa decisión cambia el orden de prelación, es decir el derecho de prioridad que tiene una persona o asunto con respecto a otros. «Debería ir primero el juicio de Celi, luego el del Defensor Freddy Carrión y al final el del exministro Ortiz», agregó.

¿Entonces?

«El pleno de la Comisión debe resolver mediante una moción cuál juicio va a tratar primero. Si la Comisión no trata el de Celi primero entonces existe un encubrimiento ¿Qué favores les debe Celi? ¿A qué favores responden varios integrantes de la Comisión?», alerta el jurista.

La pregunta que debe hacerse la Comisión es «¿cómo lo tratamos? ¿Dejamos el juicio de Celi que es más importante que el de Ortiz? En el caso de Ortiz ya no existe proceso de destitución al ser un exfuncionario. Celi todavía sigue en funciones.

Aguilar añade que si dejan al final el proceso contra el contralor subrogante «podría denotarse que existe un encubrimiento en vista de favores políticos que le deben a Celi, quien sin ningún tipo de estupor sigue trabajando desde la prisión».

Legitimidad

Celia todavía trabaja desde la cárcel sin ningún problema legal lo que le quita legitimidad a la Contraloría. «Esa legitimidad solo existe en el ejercicio pleno de funciones no desde la cárcel sino en un despacho».

Explicó que «se supone que en la cárcel no existe acceso a ningún tipo de coyuntura para saber lo que ocurre en la institución que dirige. Prácticamente trabaja dando palos de ciego».

El CPCCS

Sobre el comunicado del Consejo de Participación Ciudadanía y Control Social (CPCCS), el experto lo calificó como «una payasada» ya que existe la posibilidad de empezar un concurso para elegir Contralor.

«Cuando detienen a Celi él pide licencia para vacaciones que duran 60 días, pero ese plazo terminó. Después vino el tema del Covid-19 y la licencia por baja médica que debió revocarse cuando le dieron el alta. Con todo esto solo falta que el CPCCS declare el abandono del cargo e inicie el proceso de selección».

El experto recordó las inconsistencias en el período de Julio César Trujillo. «Si el Trujillato nos dejó 6 meses sin Corte Constitucional ¿por qué no podría el nuevo Consejo poner nuevos plazos para la ejecución de procesos en Contraloría y empezar el concurso de méritos? Lo puede hacer».

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«Abocamos conocimiento de la acción hábeas corpus presentada por el abogado Francisco Moreno en favor del señor Pablo Santiago Celi de la Torre, en aplicación de los dispuesto en el artículo 89 de la Constitución», indica el comunicado.

La audiencia se llevó a cabo este miércoles a las 16h00 en la Corte Nacional de Justicia.

Proceso contra Celi

Celi dejó el hospital Eugenio Espejo tras superar un cuadro de COVID-19 y regreso a la Cárcel 4 donde guarda prisión preventiva mientras duran las investigaciones.

El funcionario estuvo a punto de perder el cargo cuando venció su licencia de 60 días. No obstante, la baja médica que puede extenderse hasta tres meses y el pedido de vacaciones que puede durar 60 días lo mantendrán en el cargo por más tiempo.

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“Existió manipulación de la información por parte de las personas que asistieron al allanamiento. A Pablo Celi no le encontraron absolutamente nada. Hay un parte policial de la incautación de sus cosas en el allanamiento y no existe un solo dólar en la casa de Pablo Celi y esa chaqueta no es de su propiedad”, indicó el jurista para Radio La Calle.

“Considero que este es un  tema interno. A todo el mundo le hicieron pensar que Diana Salazar, fiscal general de la Nación, estuvo en el allanamiento en casa de mi defendido y no fue así. Tampoco existió dinero en la chaqueta de mi defendido. El parte policial lo prueba”, añadió.

Más tiempo en el cargo

El contralor subrogante está hospitalizado en el Eugenio Espejo de Quito y no mantiene comunicación con nadie aparte del personal de salud que lo atiende. De acuerdo al abogado, Celi mantendrá su cargo alrededor de cinco meses por baja médica y vacaciones.

“Los plazos son los que marca la ley. En este momento cuenta con baja médica por la COVID-19. Los 60 días sin sueldo terminaron el fin de semana. Ahora corre el plazo de la licencia médica que puede alargarse hasta los 90 días. Además, el contralor tiene 60 días de vacaciones de las que podría hacer uso”, explicó Ron.

El 14 de junio, la fiscal Diana Salazar denunció en su Twitter que un grupo de personas, algunos “ciudadanos ilustres”, protegen y defienden al contralor subrogante.

El presidente Guillermo Lasso preguntó si algún miembro de su gobierno constaba en esa lista. Aunque no dijo nombres, Salazar confirmó que no existía ningún miembro del Gobierno actual.

Sobre el tema, la hija de Celi se pronunció en Twitter. ““Mal le hace a la majestad de tan alta y delicada función el afán de lanzar acusaciones temerarias, sin individualizar destinatarios, más bien parecen advertencias amenazadoras que reflexiones propias de persecutor penal.”

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«Pensó en renunciar para asumir su defensa. Es algo que estuvo pensando e íbamos a tomar esa decisión en estos días. Lamentablemente sucedió esto de la COVID-19. Por el momento no tengo contacto con Pablo Celi», dijo en entrevista con A Primera Hora.

«Existen todas las razones necesarias para levantar la prisión preventiva. Otro punto importante es que Felipe Córdoba es un juez garantista de los derechos de los ciudadanos», agregó el jurista que espera una respuesta favorable a esta petición.

Aunque el pedido de licencia por 60 días de Celi vence el 12 de junio. La baja por enfermedad y las vacaciones alargan su estancia como cabeza subrogante de la Contraloría.

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La prisión aparece en el marco de las investigaciones por supuesta delincuencia organizada en el caso «Las Torres».

Además de Celi, esta medida se aplicará a José Agusto Briones, exsecretario general de Presidencia, Esteban Celi, hermano del contralor. Giomara López, empresaria y proveedora de Petroecuador. Ángelo Rodríguez, empresario. Andrés Luque, empresario. Luis Agusto Briones, hermano de José Agusto Briones.

Otras medidas

Los detenidos permanecerán en la cárcel 4 en Quito. Además, la justicia dictaminó la inmovilización de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes.

En primera instancia, la instrucción fiscal durará 90 días. Si llega a capturarse a más sospechosos u obtener más pruebas, el tiempo aumentará a 120 días.

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El funcionario fue detenido en la mañana tras un operativo liderado por la Fiscalía que investiga un presunto delito de delincuencia organizada.

En total fueron 25 los allanamientos realizados por el Ministerio Público  en Quito y Guayaquil dentro de las indagaciones para desenredar una supuesta trama de corrupción que involucraría a la Contraloría, la secretaría de Presidencia de la República y la estatal petrolera Petroecuador.

Antes de la audiencia de formulación de cargos, Celi fue trasladado a la Unidad de Flagrancia tras su detención.

En un comunicado interno de Contraloría se indicó que el Contralor continuará al frente de la institución y que este proceso no detiene el trabajo que se lleva adelante.

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«Se espera que la señora Fiscal tenga la entereza de abrir un proceso de indagación previa. Todo el proceso en torno a la denuncia que nosotros planteamos por el presunto delito de tráfico de influencias a partir del desvanecimiento de una glosa a favor de la empresa Claro por USD 112 millones», dijo Rodas a Radio La Calle.

Esta lucha tomó más de un año. «Nosotros judicializamos el 11 de enero y recibimos la respuesta casi dos meses después de la presión en redes, especialmente la mía y de mi abogada».

El proceso

Rodas espera que en este proceso se tome declaración a los diferentes actores incluyendo a Celi. «En esta denuncia está vinculado el famoso «luchador anticorrupción» Fernando Villavicencio a quién yo entregué la glosa desvanecida e hizo un reportaje al estilo del Caso Sobornos. Queremos que la Fiscalía tome de símil el reportaje y que actúe como testigo. Hace meses decía que Celi es un sinvergüenza, un pillo y ladrón. Ahora es amigo de él».

Sobre la posibilidad de que Celi salga del país para evitar una posible pena, el denunciante indicó que «es muy difícil porque no tiene una orden de aprehensión, ni de prohibición de salida del país. La única que puede hacerlo es la Fiscal que tiene el sistema acusatorio para formular cargos con una medida preventiva para que no salga del país».

Legalidad y legitimidad

«La legalidad del cargo la obtuvo por el cabildeo político porque este señor es hábil para esas cosas. Logró el apoyo del expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Luego el trujillato lo blindó con la sentencia de la Corte Constitucional o él cree eso. Yo pienso que el cargo está vacante y el Consejo de Participación Ciudadana debería hacer el concurso», explicó Rodas.

Añadió que si la legalidad está en duda, la legitimidad no existe. «Este señor es ilegítimo, carece del reconocimiento de la sociedad tanto en la Contraloría como en la ciudadanía».

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De la Torre era consejero en la petrolera estatal entre 2018 y 2019. Durante ese período conspiró con otros oficiales de la compañía para desviar millones de dólares de contratos que Petroecuador iba a firmar con otras empresas. 

Solicitó aproximadamente USD 3,15 millones en cobros ilegales de un ejecutivo de la empresa. Además que conspiró para lavar ese dinero a través de cuentas bancarias en los EE.UU., De la Torre recibió USD 32’508.970.

El sobrino del contralor se comprometió a entregar a la justicia estadounidense: documentación, estados bancarios y un recuento de todos sus activos. En junio de 2019 fue arrestado en el país norteamericano con el dinero.

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