Según un informe de la Contraloría General del Estado (CGE) al que tuvo acceso La Posta, los fondos que recibió la FEF no fueron debidamente utilizados. La entidad señaló que el dinero no solo se utilizó para las adecuaciones del Estadio Monumental de Barcelona, en donde se desarrolló el torneo, sino también para el Estadio George Capwell y al del Chucho Benítez destinados para los entrenamientos de Flamengo y Athletico Paranaense, equipos finalistas de ese entonces. 

Los recursos también se usaron en pólizas de seguro, consultorías de seguridad, mantenimientos de canchas y asesorías legales, es decir, un total de USD 95.494. Además, esta donación habría implicado la disminución de los recursos del Municipio de Guayaquil por USD 100.773.

Estas no serían las únicas irregularidades, pues la CGE afirma que en el informe que presentó el Director de Deportes del Municipio, en el anterior período, existen tres facturas que no entregaron a tiempo.

La FEF justificó los gastos por USD 1.977 millones y el dinero restante habría vuelto a manos del Municipio de Guayaquil.

¿Qué dice el Municipio y la FEF?

»Son recursos públicos de los guayaquileños, más allá de cualquier situación es importante señalar que esos recursos no los recibió Barcelona sino la FEF», dijo el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Con la autorización del burgomaestre, el Concejo de Guayaquil conformó una comisión ocasional para investigar cómo se distribuyeron los recursos donados a la CONMEBOL.

Por su parte, la FEF señaló que el dinero se justificó con todos los respaldos necesarios y auditados por la propia CONMEBOL. De igual manera, resaltó que los valores cuestionados por la CGE representan apenas el 4,8 % de la inversión que realizó el Municipio.

Además, admitió que debido a la magnitud del evento se requirió la contratación de otros servicios. »La FEF presentó los descargos, respaldos y documentación necesaria para demostrar ante la CGE que los gastos incurridos eran necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, es decir, la realización de evento», dicta el comunicado. (AGM).

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La entidad de control, a través de un comunicado, informó que se aprobó el informe general de auditoría. Sin embargo, el debido proceso debe continuar con «la defensa del examinado» y observando los plazos correspondientes.

Un primer documento de Contraloría determinó que Corral no debió ser posicionado como funcionario del gabinete de Lasso. El implicado es accionista de las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil S. A., las cuales mantienen contratos de concesión de frecuencias prorrogadas con el Estado. Según la entidad, en aquel entonces no se validó la información registrada ni se verificó la prohibición que fija la Constitución para ser un funcionario. Por el contrario, se permitió el ejercicio del cargo público.

El cinismo…

El pasado 8 de mayo de 2023, el exfuncionario afirmó que no existe conflicto de interés en el hecho de que tenga el 30% de las acciones en Teleamazonas.

“Uno ha hecho lo que ha hecho en su vida y esto es un tema temporal. Yo no voy a cambiar mi vida por una cosa que puede durar entre un día o seis años. Esto es un tema temporal. Yo no tengo ningún conflicto de intereses”, dijo en entrevista con Carlos Vera.

Además, Lasso repartió condecoraciones al poco o nulo trabajo que realizaron sus funcionarios, uno de ellos fue Corral. Según el expresidente, las insignias se otorgaba a «las labores y méritos» de los trabajadores.

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Torres Maldonado ocupa uno de los cargos más importantes del Estado ecuatoriano, pues uno de sus trabajos es el control de los recursos públicos. Además, estará al frente de la Contraloría por un periodo de cinco años.

«Al asumir esta responsabilidad, pueden confiar en que la Contraloría será vanguardia en la lucha contra la corrupción y el desvíos de fondos públicos. La misión va más allá de la mera auditoría financiera, se trata de salvaguardar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones ratificando que cada dolar invertido se transforme en beneficio colectivo», declaró en su discurso ante el Pleno de la Legislatura.

Breve perfil

Es ingeniero comercial y abogado por la Universidad Nacional de Loja en 2002 y 2022, respectivamente, según el portal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senecyt). También posee una maestría en Ciencias Internacionales por la Universidad Central del Ecuador (UCE), en 2005. Además, es doctor en Administración Pública, graduado en la Universidad Nacional del Litoral (Extranjero) en el 2023.

Su experiencia laboral

La hoja de vida presentada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) detalla que trabajó en la Contraloría General del Estado como experto supervisor nacional de investigación, desarrollo y evaluación académica, y especialista técnico de capacitación.

Además, fue docente en la Universidad Central del Ecuador, Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN y Universidad Técnica Particular de Loja. También laboró como consultor en la Universidad de Loja y asesor parlamentario en la Asamblea Nacional.

Más datos

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, es accionista de Negocios Asociados Sudamericanos Nasud CIA. Ltda. Además, entre el 2007 y 2008 se desempeñó como gerente general de la misma empresa.

Entre 1999 y 2000 fue gerente de Servicios y Administración del Sur Seryadsur CIA. Ltda., y presidente de la misma entidad de 1999 y 2005. También fue accionista de la misma empresa, pero canceló la inscripción.

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El consejero del Cpccs increpó al presidente de la comisión de selección ciudadana, Marco Chalco, por no haber transmitido las grabaciones donde se lleva a cabo la recalificación del concurso. El representante comunicó que dichos archivos se encuentran en su computadora y alegó que no se han dado a conocer “porque siempre hay un lado de privacidad que no debe ser de conocimiento público”.

Violación al reglamento

En entrevista para Ecuador en Directo, el vocal aseguró que la “fase más importante” del concurso, refiriéndose a la revisión del puntaje, no ha sido transmitida. Según el artículo 5 del Reglamento -que regula la actuación de comisionados- «las reuniones de la comisión ciudadana de selección y los eventos en los cuales las y los postulantes que rindan la prueba de oposición serán transmitidos en vivo».

Además, calificó de “impresentable” el actuar de la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) y manifestó que “lo que han hecho es burlarse de la fiscalización ciudadana, del reglamento que lo rige y de la Constitución”.

Verduga advierte que para la ejecución de la recalificación se había solicitado: la presencia de los siete consejeros, de un notario público y la verificación manual de los exámenes.

En suma, Augusto Verduga habló del “autoritarismo duro y puro” en la administración de la actual presidenta del Cpccs, Nicole Bonifaz. Relata que ella durante la reunión interrumpió a la consejera de Pueblos y Nacionalidades; abucheó a la consejera más joven, Johanna Verdesoto, mientras reformulaba un cuestionamiento e incluso impidió que él mismo siga haciendo preguntas.

Se pide transparencia

Con respecto a todas las irregularidades dadas dentro del Cpccs, Verduga Sánchez recalca que lo que está “pidiendo es la garantía de la transparencia”.

Añade que las acciones en el organismo pareciera que entre la comisión y los propios consejeros “hay un hecho encaminado a favorecer ciertos intereses y de sentar a alguien en la Contraloría General del Estado, que es funcional a los intereses de turno, a los intereses del estatus quo, del gobierno de turno”.

Frente a los problemas que ha presentado este proceso no hay mucho que se pueda hacer, el consejero explica que la norma establece que la CCS debe enviar el informe final al Cpccs, documento que tiene la característica de ser vinculante, lo que implica que los consejeros no pueden modificar las notas.

No obstante, una medida que podrían tomar es “realizar la revisión exhaustiva de ese informe final conjuntamente con los informes de los veedores para presentar a la ciudadanía las irregularidades que se han podido suscitar a lo largo de todo este proceso de designación de esta autoridad”, argumentó Augusto Verduga. (S.F.)

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La CGE aprobó el informe de auditoría a la contratación del servicio de impresión, distribución, uso y destino de esos kits entre enero de 2018 y diciembre de 2022. De acuerdo con la entidad, las actas que presentan inconsistencias se emitieron entre el 7 y 15 de julio de 2020.

«Hay diferencias significativas en el número de textos entregados a las escuelas y la cantidad de estudiantes que asistían a cada una (…) Por ejemplo, hay una lista de 4.384 recursos entregados a un plantel con capacidad para 28 alumnos», detalla el documento.

La CGE ya informó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de las irregularidades en las actas entrega-recepción.

Las primeras fallas

Según datos de las actas, 39.692 kits se distribuyeron a siete centros educativos de Esmeraldas y tres a Carchi. No obstante, entre 2020 y 2021 solo asistieron 545 alumnos.

La Contraloría también encontró falencias en la gestión documental del Ministerio, pues no contó con un registro completo de «actas entrega-recepción» en formatos preimpresos o digitalizados y no presentaban la numeración correcta para validar su distribución. A raíz de esos fallos, se desconoce el destino de esos recursos educativos por un valor de USD 2.723.030.

«Existe una diferencia por USD 778.486, entre las cantidades entregadas a las escuelas por las direcciones distritales, y a la ausencia de evidencia documental de la distribución de kits a los estudiantes que están valoradas en USD 1.944.543», expresa el escrito.

Ahí no termina la situación…

El examen también determinó que no hubo directrices de almacenamiento, distribución, control y uso de bienes, por lo que los responsables de la bodega del Ministerio de Educación, ubicada en Calderón, no pudieron justificar el uso y destino de 939.650 materiales con un valor de USD 897.610.

Asimismo, la Contraloría realizó observaciones al sistema de impresión. Según la entidad, el presupuesto referencial no contó con los costos unitarios ni de proformas adjuntas, los pliegos no se elaboraron con versiones oficiales, por lo que no se determinó si los proveedores fueron o no la mejor alternativa para la entidad.

Versión de los docentes

Los maestros de los planteles comentaron que no recibieron los kits detallados. Al contrario, denunciaron que les entregaron textos en malas condiciones que serían dados de baja en los inventarios de la escuela. Además, señalaron que las actas presentaban presuntas adulteraciones, pues diferían los formatos, los membretes y las hojas no estaban sumilladas o numeradas. (N.J.C)

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«El inversionista encargado de operar los centros de revisión vehicular no implementó la línea de inspección exclusiva para emisiones de gases y no realizó las reinversiones previstas el el contrato, (…)», reza el documento.

La compañía privada fue contratada por la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte (EMOV). Este acuerdo era para mejorar el proceso de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en esa ciudad.

Las responsabilidades civiles recaen sobre funcionarios de la empresa pública que estuvieron en la ejecución del contrato entre enero de 2016 y marzo de 2021. Según la CGE, ellos no supervisaron que el inversionista cumpla con sus obligaciones. Asimismo, no sancionaron «la inobservancia» de los términos de la contratación.

Además, en el informe explicó que los fiscalizadores no sancionaron los incumplimientos del contrato. Las multas que en su momento no fueron puestas son dos, por el valor de USD 973. 500 cada una.

¿Qué fue lo que no cumplieron?

El contratista debía implementar en los centros de revisión la línea de inspección solo para emisiones de gases, pero no lo hizo. Esto causó que los vehículos que iban para esta prueba o un examen visual, deban ingresar a la línea de revisión completa, generando una pérdida de tiempo en los usuarios.

La otra responsabilidad civil fue de 973 mil dólares para los funcionarios de la empresa pública que no sancionaron las deficiencias detectadas en los procesos de revisión. Las mediciones de gases y la intensidad y alineación de luces de las motocicletas no se ajustaron a los parámetros que señala la Normativa Ecuatoriana para RTV.

¿Y las reinversiones?

De la misma manera, el inversionista debía actualizar los equipos, sistemas informáticos y entregar pólizas de seguros por cada reinversión. Sin embargo, no se renovó la garantía de la primera reinversión, ni entregó la póliza de la segunda.

Por esto, se debía cobrar la multa de más de USD 1 millón por los 1.947 días que incumplieron con sus responsabilidades, pero la gerente general dio de baja la multa. Por eso, el contratista y la gerente general que emitió una resolución dejando sin efecto las multas, deberán pagar la cantidad de 1’435.000 dólares.

Asimismo, los fiscalizadores del contrato pagarán USD 512 mil a la entidad por perjuicio económico. Por la misma línea, gerentes generales de EMOV que estuvieron entre 2019 y 2021, y no hicieron nada para levantar las medidas de la exgerente provocaron una glosa de USD 346.500 por 693 días que no se realizó la tercera reinversión.

Finalmente, la sexta responsabilidad civil es por los equipos que el inversionista no entregó a la EMOV, que generó multas no impuestas por USD 362.500. (DCJ)

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El hecho ocurrió la mañana de este 26 de julio mientras los funcionarios se movilizaban hacia el cantón Mocache, en donde la CGE realiza una acción de control. Por otro lado, el contralor subrogante, Carlos Riofrío se contactó con el ministro del Interior, Juan Zapata, para que realice las acciones necesarias.

»La institución expresa su solidaridad con los familiares de los servidores, agotará todas las acciones que le correspondan para su pronta ubicación y estará atenta a los pronunciamientos, respuestas y acciones que den las autoridades competentes», dijo la Contraloría en un comunicado.

Hasta el momento no existe información sobre su paradero. Esta situación se da en medio del estado de excepción que el presidente Guillermo Lasso decretó para las provincias Los Ríos, Manabí y el cantón Durán, en Guayas. (A.G.M).

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El 17 de julio venció el plazo para presentar impugnaciones en contra de los aspirantes al cargo de titular de la Contraloría. Los ciudadanos u organizaciones sociales podían presentar este recurso si consideraban que el candidato no contaba con el perfil requerido en los siguientes casos:

• Falta de probidad o idoneidad
• Incumplimiento de requisitos
• Estar incurso en alguna de las prohibiciones e inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Reglamento del concurso

Ahora, la Secretaría General del Cpccs debe enviar las impugnaciones recibidas a la Secretaría de la Comisión Ciudadana de Selección para su calificación y resolución. La sesión está planificada para el 19 de julio a las 12h00.

Una vez se emita una resolución, el Cpccs debe convocar a una audiencia pública y citar al impugnante e impugnado para que expongan las pruebas de cargo y descargo.

Postulantes

Actualmente existen 103 postulantes que pasaron la fase de revisión de requisitos. Entre los nombres más reconocidos en esta lista se encuentra Juan Falconí, quien era superintendente bancos durante el período presidencial de Gustavo Noboa. De igual manera fue embajador de Ecuador en Londres entre 2013 y 2015. Por otro lado, se encuentra el exasambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC) Moisés Tacle.

A la lista se suma el exsecretario del Cpccs, Darwin Seraquive, cuando la institución estaba a cargo de Julio César Trujillo. En sus funciones, certificó el proceso de evaluación y renovación de las autoridades de control del Estado, como resultado de una consulta popular que impulsó el expresidente Lenín Moreno en ese año.

También se sumó al “Comité por la Reinstitucionalización Democrática” que impulsó Trujillo y otros actores de la sociedad civil. Los activistas políticos presentaron una propuesta de reforma a la Constitución para eliminar al Cpccs, para lo que necesitaron más de 132 mil firmas. (A.G.M)

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La CGE investigó a la empresa entre enero 2018 y diciembre de 2021. Las irregularidades que determinó la entidad de control se refieren al:

• Pago de servicios de transporte;
• préstamos ilegales por un exgerente general;
• transferencias sin justificación a tres exgerentes de la empresa; y,
• valores recaudados por venta de espacios para sepultura

Por el transporte

La indagación determinó que transfirieron USD 15.840 a la cuenta del entonces gerente de aquel entonces. Además, cancelaron el servicio en dos cheques de USS 7.920 endosados en a una persona que guardaba parentesco, con segundo grado, con el exgerente financiero.

Mientras que otros cheques que suman USD 4 mil fueron depositados al funcionario que se desempañaba como gerente operativo y comercial de la estatal.

Finalmente, para la compra de un vehículo de USD 18 mil y los cheques se giraron a nombre de una persona que era intermediara en la venta del bien. De todos esos, dos se destinaron a gerente financiero de ese momento por USD 4 mil.

Los préstamos

El gerente general de la empresa otorgó a la empresa préstamos de USD 67.580 cedidos de entre 2020 y julio 2021 «como parte de una operación crediticio», según el Libro Mayor de Cuentas.

Sin embargo, en la Superintendencia de Bancos indicó que el exfuncionario transfirió USD 37.830 a la empresa. Además, desde la cuenta de la compañía a la del exservidor de USD 59.280 y una transferencia de USD 1.200 al exgerente financiero.

«Estos valores no tienen sustento y difieren de los registrados en la tabla de amortización», detalla el boletín.

Otras transferencias

Entre 2018 y 2021 la empresa hizo 146 transferencias a las cuentas a los exgerentes general, operativo y financiero. En la auditoría precisaron que existió un perjurio de USD 122.312 y señalaron que ninguna de esas transferencias tiene respaldo, justificativos o registros contables que expliquen las transferencias.

Recaudaciones sin respaldo

Las recaudaciones las habría realizado una exasistente administrativa que no depositó ni entregó al área contable de la empresa por USD 6.042, por pagos de la comercialización de espacios y osarios para sepultura. (N.J.C)

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Fiscalía ya fue notificada para que realice las respectivas investigaciones sobre este presunto delito.

El proceso de sorteo de un caso judicial se inicia cuando un usuario presenta la causa en ventanilla. Posteriormente, el técnico del Consejo de la Judicatura (CJ) ingresa el trámite en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje).

Resultados de la auditoría

Según la CGE, los posibles hechos están relacionados con 77 causas judiciales en la provincia del Guayas, entre el 27 de junio del 2019 y el 10 de septiembre del 2020. La auditoría de la institución identificó que el sorteo de los casos se gestionaron sin autorización.

Utilizando un usuario genérico y una aplicación no desarrollada por la Judicatura, se incrementó la cantidad de causas asignadas a los juzgadores, a excepción de un determinado juez y secretario, informó la Contraloría.

La secuencia de estos eventos habría ocurrido en menos de un minuto, luego el sistema volvía a su estado habitual.

Advertencias y otros hallazgos

En febrero del 2020, un analista de seguridad del CJ habría advertido a los encargados de esta área sobre estas irregularidades. Sin embargo, los funcionarios no tomaron medidas correctivas.

Por otro lado, el examen arrojó que que en septiembre del 2018 se alertaron los riesgos de manipulación en la función de Ingreso de Flagrancias e Ingreso de Causas en el Satje.

No obstante, pasaron 1215 días y los funcionarios no realizaron mejoras. Apenas en abril del 2022, cambiaron la contraseña de acceso. (A.G.M).

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Los informes han sido remitidos a la Fiscalía General del Estado (FGE) y se trata de magistrados de distintos niveles: provinciales, multicompetentes y de primer nivel.

En 2022, la entidad emitió 30 órdenes de trabajo para realizar exámenes especiales a jueces de varias provincias del país, entre ellas: Loja, Azuay, Tungurahua, Los Ríos, Pastaza y Guayas. Se aprobaron 20 informes generales y en 10 se halló presuntas irregularidades.

El equipo de auditoría encontró inconsistencias en la confrontación de la información registrada en las declaraciones patrimoniales juradas de 10 jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel, que actuaron entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.

¿Qué dice la Ley?

Según el artículo 16 de la Ley de Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, «la información constante en las declaraciones patrimoniales juradas será pública, pero la confrontación y examen tendrán el carácter de reservados, salvo para quien está siendo investigado».

Sin embargo, este carácter se pierde si, una vez remitido a la Fiscalía General del Estado un informe con indicios de responsabilidad penal, esta inicia la instrucción respectiva.

Contraloría destacó que los servidores públicos están obligados a presentar la declaración patrimonial jurada al inicio y finalización de la gestión, y a actualizarla cada dos años, plazo que se cuenta desde la fecha de presentación de la última declaración.

Las declaraciones deben contener información completa sobre los activos y pasivos del declarante, de los pertenecientes a la sociedad conyugal o sociedad de hecho, de los hijos menores de edad, tanto en el país como en el extranjero, y toda la información constante en el formulario debe tener sustento en la documentación de soporte.

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El Consejo tomó esta decisión, luego de que el activista político Alejandro Rodas indicara que Riofrío ya cumplió el periodo para el que fue elegido de 2017-2022.

Con los votos a favor de Gina Aguilar, Teddy Tama, Olindo Nastacuaz y Graciela Mora, los miembros del Cpccs admitieron la petición de Mora de debatir esa solicitud.

Mientras que los consejeros de minoría: Mónica Moreira, Carlos Figueroa y Aland Molestina se abstuvieron de votar en esta resolución, pues la Procuraduría del Estado advirtió que al Consejo no le atribuye el cese de funciones de los servidores, detalla El Universo.

La Procuraduría mencionó que el Cpccs solo puede designar autoridades por medio de concursos públicos de méritos, oposición e impugnación ciudadana.

¿Quién asumiría su puesto?

Los vocales del Cpccs instaron al subcontralor del Estado, Alberto Jhayya Segovia a que revise el artículo 33 de la ley de la Contraloría.

«El subcontralor general del Estado será designado por el contralor general. Reunirá los mismos requisitos y tendrá las mismas prohibiciones legales de aquel. Desempeñará las funciones que establezca el Reglamento Orgánico Funcional de la institución y aquellas que le sean delegadas por el contralor general. Subrogará al contralor general en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular”, especifica el artículo.

Una comisión ciudadana organiza el concurso para designar al nuevo Contralor. Sin embargo, el proceso se detuvo. Un juez de la Unidad Judicial de Rumiñahui ordenó la revisión del cumplimiento de requisitos de más de 100 personas inscritas.

¿Pero, querían o no que se vaya?

Nastacuaz enfatizó que no pretenden que Riofrío cese sus funciones y tampoco designarán un subcontralor, solo exigían que se cumpla la ley. «No se está invocando a que Riofrío termine sus funciones (…) Esa resolución queda en potestad de las personas», aseguró Aguilar.

Radio La Calle intentó comunicarse con Graciela Mora, no obstante, la consejera no atendió al llamado por la agenda que tenía. (N.J.C)

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La legisladora presentará sus alegatos este miércoles 26 de abril durante el proceso de sustanciación vigente, efectuado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Estos alegatos estarán sustentados en las comparecencias y purebas documentales solicitados por los integrantes de dicha Comisión.

En el proceso se espera la presencia de los asambleísta acusadores en el proceso de juicio político contra el primer mandatario. La lista la integran Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (ex Pachakutik), Rodrigo Fajardo (separado de ID), Pedro Zapata (PSC). Sus alegatos serán presentados desde las 09h00. Posteriormente, Edgar Neira Orellana, abogado defensor empezará su intervención a las 11h30.

Viviana Veloz argumenta que Guillermo Lasso «conoció, auspició y permitió la corrupción en las empresas públicas, entre ellas, Flopec». Respecto a los recursos que se habrían desviado a favor del jefe de Estado expuso que «hubo una distracción de fondos públicos, y para eso hay que contratar un perito para que haga esa auditoría».

Según el examen de auditoría de la Contraloría General del Estado, hasta el pasado 5 de noviembre de 2021, Veloz señala la existencia de una pérdida de más de USD 6 millones.

Sin embargo, desde aquel mes hasta la actualidad la cifra habría alcanzado USD 110 millones. Pero quien debe determinar aquello es un perito, según explicó Viviana Veloz. De momento, en el marco del enjuiciamiento se tomará como referente la primera cifra señalada por Contraloría.

JR

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El documento publicado por la CGE detalla que primos, hijos y hasta cuñados ingresaron a trabajar al Municipio de Quito cuando los concejales Orlando Ordóñez, Mónica Sandoval, Fernando Morales, Soledad Benítez, Andrea Hidalgo y Heidi Moreno estaban en funciones.

Según la Contraloría, los implicados habrían metido a más de un familiar para que trabajen en calidad de «servidor municipal».

Es el caso de Fernando Morales, que mantuvo a dos de sus primos trabajando en la institución municipal entre noviembre de 2019 y enero de 2022, detalla Primicias.

Además el informe detalla que el hijo de la exvocal del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) Benítez, Juan Dávalos, trabajó en el despacho del concejal Luis Reina con un salario de USD 3 mil entre 2017 y 2018.

¿Cómo entraron?

La entidad de control mencionó que los implicados para poder ingresar al Municipio aseguraron que no incurrieron en el delito de nepotismo ni en las inhabilidades que dicta la Constitución del Ecuador.

Sin embargo, el artículo 6 de la Ley de Servicio Público (LOSEP), menciona que toda autoridad nominadora no puede posesionar, nombrar, designar o contratar en la misma entidad o institución (…) a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La defensa de algunos de los implicadas

Sandoval y Moreno enfatizaron que no cometieron este delito porque no tenían ninguna relación administrativa y no son competencias de los miembros del Concejo, de acuerdo a lo expuesto por el medio citado.

La primera implicada señaló que desconocía la publicación del informe y repitió que en su «calidad de concejal nunca fue una entidad nominadora».

Mientras tanto, Morales comentó que no tuvo ninguna participación en la contratación de sus familiares, pues esa responsabilidad no era de su competencia.

«Contraloría nunca me solicitó ningún documento al respecto y tampoco tengo alguna sanción por eso», dijo. (N.J.C)

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Según la CGE, los trabajadores de Celec no habrían advertido los incumplimientos del contrato para la construcción que frene la erosión del río, por lo que las falencias hicieron que el dique colapse.

Las glosas

La primera glosa suma un total USD 278.320 que se dividió entre el funcionario que suscribió la recepción de los trabajos, el administrador del contrato, el fiscalizador de la obra y el contratista del proyecto.

El contratista alteró los planos que se habían formulado para la construcción del dique, por lo que la obra colapsó. El proyecto se ejecutó con 11 contenedores metálicos en dos secciones en la rivera, cuando la estructura debía estar alineada en forma perpendicular al flujo de las aguas.

Segunda Glosa

El monto de la segunda glosa es de USD 48.706 que contienen la falta de multas al contratista por emplear personal no capacitado. La Contraloría acotó que el administrador del contrato y el fiscalizador no verificaron el cumplimiento de los términos contractuales.

Última glosa

Los auditores del CGE encontraron inconsistencias en los registros de los equipos que se utilizaban a diario, por lo que el total de la tercera glosa es de USD 19.346 por maquinaria no utilizada en 25 días. (D.C.)

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El 29 de marzo los trabajadores interpusieron formalmente su denuncia a la presidenta de la Comisión Legislativa de los Derechos de los Trabajadores, Rina Campain. Su petición es que los asambleístas fiscalicen los procedimientos de la evaluación de desempeño por parte de las autoridades del INPC.

Para los funcionarios estos resultados no están acorde con la realidad puesto que han cumplido con su trabajo por más de 25 años. Por el momento, su denuncia ya ha pasado por un primer filtro en el Ministerio de Trabajo, quienes ya solicitaron la información al INPC.

Acciones y represalias

La denuncia también fue remitida a la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y al Ministerio de Cultura y Patrimonio.

“Hay servidores públicos parte de este proceso de evaluación calificados con CERO, funcionarios que tienen más de 20 años de experiencia en el tema. A lo que debemos indicar que este criterio tampoco se justificó de ninguna manera, ya que en el casillero de comentarios tampoco hay ninguna justificación”, dice la solicitud.

Por otro lado, informaron que la respuesta de Brevi fue denunciar a los trabajadores interpelantes por acoso laboral y violencia de género. No obstante, ellos niegan de manera rotunda estos actos y aseguran que han tenido que aguantar desplantes, gritos y acciones inconsultas por parte de la directora.

Abuso de poder

Los funcionarios ya denunciaron la irregularidades en el manejo del departamento de Talento Humano frente al Comité Comisionado Internacional de Derechos Humanos (CIDHU). Los servidores públicos manifestaron falta de objetividad y veracidad en sus evaluaciones de desempeño por parte de su jefe inmediato.

La denuncia fue interpuesta ante el CIDHU y el 18 de febrero del 2023, el organismo internacional inició el proceso de observancia para analizar e investigar el caso.

“Les encomiendan trabajos de un momento a otro sin planificación alguna y según indican son imposibles de poder cumplir puesto que requieren del apoyo de otras direcciones y hasta de otra institución como es el Ministerio de Cultura”, dice el documento al que accedió Radio La Calle.

También se recalcó que existen malos tratos y un “pésimo” clima organizacional. En consecuencia, declaran como responsable de los hechos denunciados a Brevi.  (A.G.M)

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El Decreto Ejecutivo fue emitido el 20 de marzo con las modificaciones a tres artículos de la LOCGE. En el nuevo texto reforma al artículo cuatro que dice que “las entidades financieras y bancarias privadas, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación esté integrado con el 50 % o más de recursos públicos, serán sometidos a la supervisión de la Superintendencia de Bancos”.

En el escrito también están incluidas las empresas y sociedades mercantiles y las compañía de seguro privadas, estas entidades estarán bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros respectivamente y bajo los mismos parámetros.

Antes del decreto

Antes el reglamento formulaba que “están sometidas al control de la Contraloría la personas jurídicas y entidades de derecho privado, exclusivamente sobre los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público”.

El Gobierno justificó el decreto bajo el argumento de la necesidad de emitir reformas para evitar la “superposición” de la ejecución de la norma.

Otras reformas

En la reforma al artículo 5, se estableció que la Contraloría solo realizará la auditoría de estas compañías a recursos que vengan de la inversores del sector público, no de terceros.

La tercera modificación al artículo 6 gira en torno a la clasificación de las entidades privadas que manejan recursos públicos que son sujetos de control por parte de la Contraloría.

En este sentido, salen de la competencia de la CGE las entidades con las características mencionadas anteriormente. Por ende, se mantienen bajo las atribuciones de Contraloría las entidades bancarias, financieras y mercantiles que tienen menos del 49 % de recursos públicos. (A.G.M).

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La auditoría de la entidad señaló que la compañía contratada para realizar el mantenimiento del SOTE cobró a Petroecuador un 290 % más por los insumos utilizados.

Entre los precios que constan en la declaración aduanera están las cintas de recubrimiento, pegamento adhesivo y demás suministros que la contratista ofertó a la petrolera.

Materiales más baratos

Según el informe, las irregularidades se produjeron debido a que la empresa aprobó la utilización de insumos de distinta procedencia, más baratos y con distintas especificaciones a las establecidas. Además no hubo respaldo documental sobre el cálculo del precio de los materiales.

Por otro lado, previo a la aprobación de planillas, los fiscalizadores y administradores del contrato no verificaron las cantidades efectivamente ejecutadas de esos trabajos.

Por eso, la Contraloría determinó las responsabilidades civiles solidarias en contra de esas personas, de los miembros de la comisión técnica que recomendaron la adjudicación y de la empresa contratista. (A.G.M)

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La Asesora Presidencial ha hecho visible su campaña por el SÍ a través de medios de comunicación y redes sociales. Esta acción ha llevado a Sichel a viajar por distintos rincones del país, dónde promueve su propuesta sin cumplir con la ley electoral.

El ámbito que más preocupa a la parlamentaria es que presuntamente Sichel, quien gana más de USD 3 mil, estaría valiéndose del apoyo de otros funcionarios y utilizando recursos financieros para el proselitismo político. Por ello, solicitó la investigación a la Contraloría.

Como ejemplo, describió el altercado suscitado en la Mitad del Mundo, en donde la funcionaria del Gobierno dijo “ yo vengo en un vehículo, es mi seguridad”, por lo que se presume que venía con otros servidores públicos y estaría utilizando bienes muebles del Estado.

¿Qué dice la ley?

Para la legisladora, el problema también radica en que se trata de una  funcionaria pública y dentro de su actividades tiene las mismas habilidades y prohibiciones de cualquier otro servidor público. Según lo determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP):

“Prohíbese a las servidoras y servidores públicos lo siguiente: Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines”.

Las funcionarias de Lasso en campaña por el SÍ

El 25 de enero, la asambleísta de UNES, Patricia Núñez denunció a la viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por proselitismo político a favor del SÍ en centros educativos.

La funcionaria, quien tiene un salario mayor a USD 4 mil, promocionó las preguntas de la consulta popular de Lasso en la visita a la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez y en el Diálogo con el Gremio de Artesanos y Directores zonales de las provincias de Cañar y Azuay. Estos eventos los difundió a través de sus redes sociales el pasado 16 de enero y se puede observar su clara persuasión para votar por el SÍ.

En la denuncia al TCE también consta la asesora de la Secretaría Jurídica de Presidencia, Amalia Fernández, quien percibe un salario de USD 2.115. La funcionaria asumió la vocería a favor del SÍ en la consulta popular en entrevistas y redes sociales. (A.G.M).

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El 17 de noviembre la asambleísta de UNES, Sofía Espín realizó una solicitud a la CGE un examen especial a Santos. Según la legisladora, de ser cierta la sociedad offshore “estaría incumpliendo la Ley sobre Paraísos Fiscales. No podría ser servidor público y por tanto debería ser destituido.”

El 7 de diciembre, Espín confirmó en un tuit que la CGE acogió su denuncia. La entidad autorizó a la Dirección Nacional de Auditoría que realice la investigación de la presunta infracción del titular ministerial.

Antecedentes

El medio español Público reveló que Santos tiene una empresa offshore en Santa Laura Victoria Ltd., en Bahamas, que sigue activa hasta el día de hoy. Según la documentación difundida, la empresa se ofrecía para «garantizar préstamos y prestar dinero con o sin garantía o seguridad a cualquier persona, empresa o corporación».

Al tiempo que preveía «dedicarse a cualquier negocio o negocios, o a cualquier acto o actividad», que no estuviese prohibida «por ninguna ley vigente en Bahamas».

Por su parte, Santos en entrevista para Radio Sonorama, afirmó que fue propietario de esta empresa antes que Lasso lo posicione como ministro de Energía. Además, según él, no es un delito ser director de una offshore. El problema surge cuando constan en las empresas, reciben y sacan dinero.

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