El documento revela que los equipos entregados —fabricados en 2016 y sin certificación de compatibilidad con el sistema nacional— fueron recibidos como «nuevos» pese a su antigüedad, mientras CELEC EP desembolsó USD 71.4 millones (80% del contrato) anticipadamente sin verificar avances físicos o pruebas operativas.

La planta operó sin licencias ambientales o municipales, violando normativas, y careció de certificados de garantía técnica del fabricante, configurando un «incumplimiento contractual grave». Ante estos hallazgos, la Contraloría remitió el caso a la Fiscalía por posibles delitos de peculado y tráfico de influencias.

¿Lavado de manos del gobierno?

En respuesta, la ministra de Energía, Inés Manzano, anunció la salida de «varios funcionarios» de su cartera vinculados a los contratos con Austral y Progen —este último involucrado en proyectos paralelos—, aunque omitió revelar nombres. Las irregularidades se originaron durante la crisis energética de 2024, cuando el Ministerio declaró emergencia nacional para acelerar compras ante el déficit agravado por sequías y el fenómeno de El Niño.

El proceso para la contratación de generadores eléctricos comenzó bajo la exministra Andrea Arrobo —censurada posteriormente por la Asamblea—, quien inició la contratación mediante el polémico «Giro Específico de Negocio», mecanismo de adjudicación directa cuestionado por opacidad. Su sucesor, Roberto Luque (entonces encargado), continuó las negociaciones junto al secretario de Administración Arturo Félix Wong y Fabián Calero —entonces titular de CELEC y actual viceministro de Electricidad—, quienes supervisaron visitas técnicas y anuncios públicos con las empresas.

Luego llegó el exministro Antonio Goncalves a la entidad y aseguró que «todos los procesos legales se cumplieron», la Contraloría contradice esta versión al exponer pagos totales de USD 168.9 millones a Progen y Austral por plantas que, a la fecha, permanecen inoperantes. Manzano, al asumir el cargo, intentó sostener los proyectos pero pronto alertó sobre «problemas de ejecución», culminando en las destituciones tras el escándalo.

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La entidad confirmó hoy que, derivado de la Ley Orgánica de Integridad Pública publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 68, dejará de emitir los informes de pertinencia y favorabilidad previos a toda contratación pública. La normativa —aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio— deroga el artículo 22.1 de la Ley de Contratación Pública y reforma el artículo 18.1 de la Ley Orgánica de la Contraloría, eliminando este mecanismo de control anticipado.

Según el comunicado oficial, únicamente se procesarán los informes de procedimientos cuya fase preparatoria haya iniciado hasta el 26 de junio de 2025. La Contraloría aclaró que, pese a la modificación, mantendrá la vigilancia sobre el uso de fondos públicos mediante sus atribuciones constitucionales.

Reformas de amplio espectro

La ley, originalmente planteada por el presidente Daniel Noboa como proyecto económico urgente para reformar la contratación pública, experimentó un giro de 180 grados en la Comisión de Desarrollo Económico. El texto final incluye reformas a más de 20 cuerpos legales, abarcando ámbitos judiciales, de servicio público, financieros, monetarios y de protección a la niñez, trascendiendo el objetivo inicial.

Instituciones públicas deberán ajustarse a la nueva estructura desde este jueves 27 de junio. La Contraloría enfatizó que la omisión del informe previo no exime a las entidades de garantizar transparencia. También advirtió auditorías posteriores para fiscalizar el manejo de recursos, es decir, cuando el daño ya está hecho.

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La vicepresidenta María José Pinto presentó ante la Contraloría General del Estado (CGE) su declaración patrimonial jurada, tal como exige el artículo 231 de la Constitución, que obliga a los servidores públicos a reportar sus bienes al inicio y fin de sus funciones.

El rubro más significativo de su patrimonio corresponde a acciones y participaciones empresariales, que alcanzan casi USD 4,5 millones, según el informe. Además, Pinto registra USD 5.901 en el sistema financiero nacional. Este monto refleja un incremento moderado frente a los USD 4.148.468,6 declarados en diciembre de 2023, cuando asumió la Secretaría Técnica «Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil«, cargo que ocupó hasta su nombramiento como vicepresidenta.

Pinto, de 39 años, inició su carrera en el ámbito privado a los 20 años (2006) como enlace internacional de la empresa familiar Pinto, especializada en la industria textil. Una década después, asumió la gerencia de la fábrica San Miguel en Otavalo —considerada la más importante del grupo—, posición que mantuvo durante siete años y un mes, según su perfil de LinkedIn. Su transición al sector público ocurrió en diciembre de 2023, cuando el actual presidente Daniel Noboa la designó al frente de la Secretaría Técnica contra la Desnutrición Infantil.

Noboa y su patrimonio en crecimiento

En paralelo, el presidente reelecto Daniel Noboa declaró un patrimonio de USD 894.276,03, según el último reporte entregado a la Contraloría. Esta cifra representa un aumento de USD 201.013,58 frente a los USD 693.262,45 registrados en su declaración de noviembre de 2023, cuando fue electo.

Noboa, heredero de uno de los emporios bananeros más grandes del país, ha mantenido un perfil financiero más bajo en comparación con su vicepresidenta. No obstante, su patrimonio refleja la solvencia de una familia vinculada históricamente a la exportación agrícola.

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»Estamos identificando, por denuncias ciudadanas, a quienes se encuentran trabajando con estudios jurídicos y avisan con tiempo a quienes les saldrá una responsabilidad para ponerse a trabajar. Incluso reparten tarjetas de los estudios jurídicos», dijo en entrevista para Ecuavisa.

El titular de Contraloría reveló que, del 2019 al 2023, USD 4 mil millones en glosas no fueron cobradas debido a informes que no fueron calificados oportunamente y luego caducaron, otros exámenes solo desaparecieron. El caso ya está en manos de Fiscalía para determinar la responsabilidad de algunos funcionarios.

»A los exámenes los tenemos en físico y caducaron por diferentes motivos. (…) Hay informes aprobados a los 800 o 900 días, eso es una barbaridad. Hay otros exámenes que caducaron por tenerlos guardados», puntualizó.

La mano de los funcionarios

Asimismo señaló que existen sospechas de la implicación de algunos servidores en la desaparición de dichas glosas, pues habrían dejado que sobrepase el plazo de los 180 días para que caduquen. Sin embargo, enfatizó que otros casos relacionados al desvanecimiento de glosas ocurrieron por falta de personal.

Actualmente, 22 funcionarios ya fueron denunciados en Fiscalía, entre mandos medios de diferentes unidades y excontralores. (AGM).

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El pasado 14 de agosto el presidente de este organismo, Mario Godoy, solicitó a Contraloría una auditoría al proceso contractual de Métricas-Web S.A.S, empresa encargada de aplicar las pruebas de confianza a los postulantes.

Ante esta situación, el Pleno de la Judicatura dispuso devolver a las áreas técnicas, los informes sobre la prueba teórica del concurso y suspender su conocimiento hasta que Contraloría entregue los resultados.

Por otro lado, las autoridades dispusieron a la Dirección Nacional de Talento Humano que en un plazo de 10 días presente ante el Pleno un informe sobre el proceso de contratación con la empresa en cuestión.

Adicionalmente, las autoridades resolvieron de forma unánime la modificación del cronograma del concurso, hasta tener una respuesta de Contraloría.

¿Una empresa fantasma?

La alerta de presuntas irregularidades surgió a partir de una investigación de Teleamazonas, medio que reportó inconsistencias en el domicilio que registra la dirección de la empresa en la Superintendencia de Compañías. Al llegar de visita al lugar no hallaron las oficinas y se desconoce el paradero de los directivos.

Por otro lado, la empresa fue constituida en julio del 2022 y la única experiencia previa estuvo relacionada a un contrato por el servicio de software de pruebas psicométricas para el Municipio de Ibarra por USD 3.700.

Asimismo gran parte de los miembros de la compañía no registran títulos profesionales en la Sennescyt. Por otro lado, uno de los números telefónicos registrado está asociado con una farmacia.

Durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización, Godoy recomendó suspender el concurso hasta no tener un informe sobre presuntas irregularidades. (AGM).

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Según la declaración juramentada de Salazar publicada en el sitio web de la Contraloría General del Estado (CGE), inició su trayectoria profesional en el sector público al ser servidora legislativa en el 2019, en donde su patrimonio era de USD 20.153 mil. Tenía activas dos cuentas bancarias, un automóvil y una casa.

Más adelante, a inicios del 2023 pasó por el Parlamento Andino, en donde fue asesora de comunicación. Hasta ese momento declaró un patrimonio de USD 166.168 mil con el registro de un automóvil y dos casas.

El golpe de los USD 15 millones

En abril del 2023, al finalizar su gestión en el Parlamento Andino, los fondos económicos de Mayra Salazar crecieron de manera abrupta, pero todo se habría tratado de un »error de tipeo». De acuerdo al documento de su declaración, su patrimonio era de USD 15.256.385,00 millones, sin embargo, mantenía el mismo número de bienes muebles e inmuebles y un ligero aumento en sus cuentas bancarias.

¿Qué ocurrió? Pues el registro del automóvil que antes era valorado en USD 28.999 mil pasó a costar USD 2.899.900,00 millones. Además, un cambio en los separadores de decimales provocaron que el sistema realice otra sumatoria.

La Calle contactó a Contraloría y un funcionario del departamento de comunicación institucional señaló que este error no es responsabilidad de Contraloría sino de los datos introducidos por el servidor público.

No obstante, indicó que el registro de una declaración con un aumento patrimonial de esta magnitud amerita un examen especial por parte de la institución. Por otro lado, este aparente error de tipeo recién fue revisado por la CGE en el momento que este medio de comunicación realizó la respectiva consulta.

La meta de Salazar

El último cargo de Salazar fue el de analista de comunicación en el Consejo de la Judicatura (CJ) en el Guayas en octubre del 2023. Ahí registró un patrimonio de USD 324.184 mil, es decir, que desde el 2019 hasta el año pasado aumentó su capital en más de USD 300 mil.

Actualmente, Salazar es la pieza clave de los casos Metástasis y Purga. En diciembre del 2023, las pesquisas de la Fiscalía llevaron a develar una estructura criminal en la Función Judicial. Ella ayudaba y colaboraba con el narcotraficante, Leandro Norero. (AGM).

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De acuerdo con la asambleísta por la Revolución Ciudadana y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, Pamela Aguirre, es necesario no solamente hacer una auditoría del patrimonial, ya que, en su declaración juramentada está en USD 0 de activos, pasivos y patrimonio.

«El exvicepresidente, Alfredo Borrero presentó inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales: Declaró $0 dólares de patrimonio. Lo denunciamos ante la Contraloría General del Estado. Además de la auditoría a la gestión, debe hacerse una auditoría patrimonial. Si mintió en su declaración jurada, podría ser perjurio», escribió en su cuenta de X.

Una orden de trabajo también se emitió para Guillermo Lasso, respecto del cumplimiento de sus funciones del 24 de mayo de 2021 al 23 de noviembre de 2023.

A Lasso se le hicieron dos auditorías cuando inició su gestión en el 2021: al desempeñar el cargo y por el periodo del 24 de mayo y el 30 de septiembre de ese año, según la CGE. En esos dos exámenes, el expresidente salió bien librado, ya que no se encontraron empresas en paraísos fiscales a su nombre durante el período de su candidatura.

La Ley de la Contraloría establece que los informes de auditoría gubernamental son tramitados desde la emisión de la orden de trabajo de la auditoría hasta la aprobación del informe, que debe hacerse en el término máximo de 180 días improrrogables.

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Según la declaración juramentada publicada por la Contraloría General del Estado (CGE), Jones inició sus funciones el 28 de diciembre del 2023, sin embargo, el Ejecutivo no ha hecho oficial este anuncio.

De acuerdo a los datos de la CGE alojados en su portal web, la funcionaria tiene un patrimonio por USD 29.700 y el registro de dos automóviles a su nombre.

La información registrada por el Sennescyt expone que Jones tiene una ingeniería en gestión empresarial internacional, título otorgado por la Universidad Técnica Federico Santa María, en Chile.

Además, Jones confirmó a Radio La Calle que tiene un negocio de maquillaje llamado Deborah Jones Studio, en Guayaquil, en donde brinda sus servicios para eventos especiales. En redes sociales, esta designación ha tenido varias críticas, pues usuarios señalaron la falta de experiencia que tendría la servidora pública para gestionar el control de las compras del Ejecutivo.

Por su parte, el Sercop informó a este medio de comunicación que en la próximas horas publicará el perfil profesional de la nueva funcionaria. (AGM).

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El pasado 21 de diciembre el contralor Torres acudió a la Comisión de Fiscalización para informar las acciones que realizará frente al incremento de USD 20 millones en la declaración del expresidente Guillermo Lasso. El funcionario informó que se realizará un examen especial al mandatario y las personas que formaron parte de su gabinete, incluido el exvicepresidente Alfredo Borrero.

»Incluso utilizaremos inteligencia artificial para determinar en donde existió un incremento del patrimonio de ciertos funcionarios y optimizar recursos», dijo Torres en la mesa parlamentaria.

El titular del organismo de control aclaró que en el caso de las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos los exámenes especiales pueden efectuarse hasta en siete años. En el caso de los dignatarios de elección popular el proceso puede realizarse hasta tres años después al cese de funciones.

La declaración de Lasso

Al terminar su período, el expresidente de la República, Guillermo Lasso, declaró a la Contraloría General del Estado (CGE) un patrimonio por USD 61 473 636.25 , a comparación de su declaración en 2021, su fortuna ascendió en más de USD 21 millones.

Mientras el país hereda una cruda crisis económica, el exmandatario salió con más dinero en su patrimonio. En 2021, cuando llegó al poder, declaró a la CGE un patrimonio total de USD 39 702 106.54.

Hasta ese momento registró seis cuentas bancarias y el apartado de derecho fiduciarios, de herencia y propiedad intelectual exponía un monto de USD 36 463 822.88, es decir, gran parte de su patrimonio total.

Su total de activos era de USD 40 203 075.88 lo cual incluía dos automóviles, menaje de casa, nueve casas y un terreno. Por otro lado, los pasivos registran una suma de USD 501 888,34 que incluía un préstamo personal y saldos en cuatro tarjetas de crédito.

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Por su parte, la CGE detalló que ejecuta un análisis a las contrataciones realizadas por el ente electoral y el cumplimiento de las recomendaciones que debieron considerar de auditorias pasadas.

Al control se suma la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales durante la contratación, pago o liquidación de contrataciones y determinará si los bienes y servicios se utilizaron para los fines de la contratación.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que la entidad de control ya fue notificada. Aludió que ella solicitó el examen junto a su colega Elena Nájera. Según ella, para que todo el pueblo ecuatoriano sepa que el proceso fue transparente.

De acuerdo con sus declaraciones, la única información que mantiene del fallo del voto telemático es la que emitió la empresa contratada. Ellos alegaron que todo habría sido consecuencia de los supuestos ataques que recibieron.

Recalcó que los USD 416.028.73 que depositaron como anticipo en la empresa fue devuelto a las arcas del Estado.

«El Estado no ha perdido nada, recuperamos todo el dinero. Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Contraloría investigan el hecho», refirió.

¿Cuáles fueron las recomendaciones?

En auditorias pasadas se consideró la seguridad, confidencialidad e integridad del sistema informático, infraestructura tecnológica, comunicaciones, contrataciones. Adicional a eso se deberá verificar el cumplimiento de recomendaciones en los sistemas informáticos utilizados en la inscripción, registro y extinción de organizaciones políticas, operaciones administrativas, financieras del organismo electoral.

Una primera petición

En este contexto, el expresidente y asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), Lucio Gutiérrez aseguró que el CNE se habría robado cerca de un millón de dólares con el fallo telemático. En ese momento, exigió a la CGE que realice un examen a todos los consejeros.

La culpa es de la empresa…

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró en entrevista para Radio La Calle que las inconsistencias ocurridas en el voto telemático en el exterior del 20 de agosto fueron de responsabilidad absoluta de la empresa contratada Antroproyectos S.C.

La titular del organismo electoral explicó que en el primer informe de la empresa se conoció que existieron errores en los códigos de identificación de los partidos políticos que no coincidían con la circunscripción de la dignidad.

El precio inicial del voto

El costo inicial del voto telemático fue de USD 800 mil, sin embargo, Atamaint aseguró que «la democracia no tiene precio», por lo que la repetición de las elecciones les costó al rededor de USD 2.8 millones.

En aquel entonces, argumentó que al país no le sobra dinero, pero era indispensable «garantizar la participación política de los migrantes».

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Según la declaración patrimonial publicada en la página web de la CGE, la funcionaria tiene dos cuentas bancarias de ahorros y solo una registra USD 620. Dentro de sus bienes inmuebles declaró equipos de oficina por un valor de USD 600, menaje de casa por USD 150 y obras de arte, joyas y colecciones por USD 250.

Sobre su salario

De acuerdo con la más reciente nómina que consta en la sección transparencia de la Vicepresidencia de la República, el sueldo que percibe el vicepresidente (en ese mes todavía estaba en funciones Alfredo Borrero) es de USD 4.869.

El embajador tiene como grado jerárquico 20, de acuerdo con la nómina de septiembre de la Cancillería, es decir que gana mensualmente USD 3.542. No obstante, el personal de la misión diplomática en Israel tuvo, hasta la salida de Lasso, un ministro del servicio exterior, cuyo salario era de USD 2.967 y los ingresos adicionales llegaban a USD 6.996.

Un total de USD 9.963. Si el monto de los ingresos adicionales se mantiene, Abad podría ganar USD 10.538. La última palabra dependerá de la Cancillería. Asimismo, la vicepresidenta se mantendrá en este cargo hasta que el presidente lo considere necesario. (AGM).

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Mientras el país hereda una cruda crisis económica, el exmandatario salió con más dinero en su patrimonio. En 2021, cuando llegó al poder, declaró a la CGE un patrimonio total de USD 39 702 106.54.

Hasta ese momento registró seis cuentas bancarias y el apartado de derecho fiduciarios, de herencia y propiedad intelectual exponía un monto de USD 36 463 822.88, es decir, gran parte de su patrimonio total.

Su total de activos era de USD 40 203 075.88 lo cual incluía dos automóviles, menaje de casa, nueve casas y un terreno. Por otro lado, los pasivos registran una suma de USD 501 888,34 que incluía un préstamo personal y saldos en cuatro tarjetas de crédito.

Al salir del poder…

El 23 de noviembre del 2023 el examandatario realizó su declaración juramentada para concluir sus funciones. El documento expone un crecimiento de USD 21 771 257 en su patrimonio total.

El apartado que registró un aumento impresionante fue el de los derechos fiduciarios porque se expone un valor de USD 58 833 767, es decir, una diferencia de USD 35 875 485 a comparación del 2021.

Además, ascendió a USD 64 103 588.33 los activos que contemplan ocho casas, dos terrenos, un automóvil y un menaje de casa. Mientras tanto reportó en pasivos USD 2 629 952,08 con cuatro préstamos personales y cinco tarjetas de crédito. (AGM).

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En el documento consta que posee dos cuentas bancaria en el país con monto total de USD 2450. Además, no se menciona que tenga inversiones, participaciones fiduciarias ni cuentas por cobrar, y tampoco existe el registro de tarjetas de crédito.

Por otro lado, el mandatario no declara bienes muebles, es decir, no tiene vehículos a su nombre, equipos electrónicos, joyas ni obras de arte, las cuales son categorías incluidas en este tipo de declaración.

Lo que sí figura en la declaración es la propiedad de una vivienda ubicada en Santa Elena, con un valor estimado de USD USD1.5 millones. Asimismo, se expone un préstamo hipotecario con el Banco del Pichincha por USD 840.186.

Cuestionamientos durante su candidatura

El 11 de octubre el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales Agustín Cueva junto a más de 20 organizaciones sociales denunciaron las inconsistencias en las cuentas tributarias del actual mandatario.

Noboa mantiene su RUC suspendido y no tiene deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Sin embargo, al realizar la consulta referente a la salida de divisas las cifras no cuadran.

De acuerdo a los datos del SRI, del 2009 al 2013 el presidenciable pagó un total de USD 33.578,32 por impuesto a la salida de divisas (ISD), pero el sistema refleja que hasta la fecha la declaración a la renta no ha sido presentada. ”Lo que significa que no pagó ni un centavo por sus rentas del período”, dicta el documento.

De ahí en adelante tiene un modesto pago del impuesto a la renta, incluso, en el 2014 pagó únicamente USD 83 por un ISD de USD 14.754,85. Según los cálculos realizados con los datos recopilados, en los últimos 14 años ha pagado un ISD de USD 122.069,71.

”¿Cuánto dinero sacó al exterior? Transfirió a sus cuentas del extranjero un aproximado de 2,1 millones de dólares”, dice el estudio con base en la información del SRI. (AGM)

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El último concurso de méritos y oposición realizado por el Cpccs para la designación de esta dignidad fue en el 2017. En este proceso fue reeligido Carlos Pólit, quien estuvo a punto de cumplir 10 años en el cargo, pues fue nombrado como contralor en el 2007 durante la administración del expresidente Rafael Correa.

El exfuncionario renunció el 20 de junio del 2017 en medio de investigaciones por el delito de concusión en el Caso Odebretch. Más tarde huyó a Miami y la justicia norteamericana presentó cargos en su contra por lavado de activos, sobornos de la constructora Odebretch y desparición de glosas.

Enredos de subrogantes

Tras la salida de Pólit, hubo una disputa sobre la ocupación de la nueva vacante. Carlos Celi asumió las riendas de la CGE, sin embargo, el contralor saliente aseguró que el subrogante fue cesado de sus funciones días antes de su renuncia y no podía ejercer el cargo.

«Celi secuestró la Contraloría con la ayuda de la exministra de Justicia, Rossana Alvarado y su guardia pretoriana», dijo la exdirectora de Talento Humano de la CGE, Ligia Cobo en 2017.

Pólit aseguró que antes de irse dejó firmadas dos acciones de personal, en una de ellas nombraba Sabbet Chamoun como subcontralora. A pesar de las declaraciones del exfuncionario su sucesora no pudo ocupar el puesto, pues la exministra Alvarado reconoció a Celi como el nuevo contralor.

En junio del 2018, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sentenció a Chamoun a un año de cárcel por usurpación y simulación de funciones públicas al ponerse al frente de Contraloría.

¿Un blindaje a Celi?

Después de la Consulta Popular del 2018 realizada durante la administración del expresidente Lenín Moreno se conformó un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (Cpccs-T) también conocido como Trujillato.

Los nuevos consejeros evaluaron, destituyeron y posesionaron a nuevas autoridades de control, pero no se metieron con la autoridad de Contraloría.

El Pleno aprobó una resolución para que Celi se mantenga en el cargo hasta el 2022 o hasta que se conforme el Tribunal de Cuentas que plantearía un nuevo modelo para el manejo de la entidad de control.

El inicio del fin

En abril del 2021, el ahora excontralor fue a prisión preventiva junto a otros cuatro exfuncionarios por el delito de delincuencia organizada. Durante ese tiempo accedió a una licencia médica y en su ausencia debía encargar el puesto.

El cargo lo asumió Valentina Zárate en medio de polémicas, pues fue acusada de presunto delito de usurpación y simulación de funciones. Un denunciante de nombre Roberto solicitó a Fiscalía que se verificara la acción de personal con la que Celi nombró a Zárate como su subrogante.

La exfuncionaria duró cerca de dos meses en el cargo, el 21 de junio del mismo año presentó su renuncia sin detallar los motivos.

La última ficha y el nuevo concurso

Tras la salida de Zárate asumió el cargo Carlos Riofrío quien se ha mantenido en el puesto hasta la actualidad. En marzo del 2022 también atravesó una crisis ya que el Legislativo se opuso a que siga al frente de Contraloría ya que se había acabado el período para el cual fue electo Pólit.

De acuerdo al abogado Ramiro Aguilar no era posible repetir el concurso de méritos y oposición para la elección de Contralor después de la renuncia de Pólit. La ley establece que debe suplirlo el subcontralor hasta que se cumpla el período constitucional.

El proceso para elegir Contralor se inició con la convocatoria a la veeduría el 12 de agosto del 2021. Por otro lado, la convocatoria para integrar la comisión ciudadana se realizó el 15 de octubre de ese mismo año, tuvo que pasar más de un año para que se consolidara el proceso.

El expresidente del Cpccs Hernán Ulloa justificó el retraso del concurso por el Paro Nacional de junio del 2022. A esto hay que sumarle los trámites de impugnación y los desacuerdos entre consejeros.

Las disputas internas desembocaron en la destitución masiva por parte de la Corte Constitucional debido al incumplimiento deliberado y sistemático de la sentencia para designar al nuevo presidente de la Judicatura. La designación a esta dignidad tomó más de un año y el envío de cuatro ternas.

Mauricio Torres, el nuevo contralor

Finalmente, en medio suspensiones e incluso agresiones a uno de los postulantes, el actual Cpccs presidido por Nicole Bonifaz designó a Mauricio Torres como nuevo contralor. La decisión se tomó el 7 de noviembre con seis votos a favor y uno en contra. La autoridad electa deberá oficializar su cargo en la nueva Asamblea Nacional.

Por otro lado, el consejero Augusto Verduga indicó que el proceso para el nombramiento del Contralor estuvo plagado de “oscurantismo y actuaciones inexplicables”.

Enfatizó que es necesario que todas las “preocupaciones” durante el proceso sean atendidas de manera inmediata por parte de la Comisión de Selección, quien ya recibió un informe de veeduría ciudadana, pero no ha emitido una respuesta. “Mi voto fue en contra de todo lo que está detrás de este proceso y no en contra de una persona”, recalcó. (AGM).

#ATENCIÓN | Augusto Verduga, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), indicó que el proceso para la designación del Contralor estuvo plagada de “oscurantismo y actuaciones inexplicables”.

Enfatizó que es necesario que todas las… pic.twitter.com/Xtm651u5bc

— Radio La Calle (@radiolacalle) November 7, 2023

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Quishpe mencionó que al aplicar esa medida los textos presentan contenidos caducos porque los contenidos educativos también evolucionan.

«La responsable de que nuestros jóvenes no entren a la universidad es la ministra Brown. Cómo puede pedir que textos de materias esenciales se compartan o reutilicen», recalcó.

También, detalló que algunos contenidos de segundo y tercero de bachillerato se repiten. Cuestionó que ni en esa planificación exista una articulación clara de los contenidos entre educación general básica y bachillerato.

«Deberá explicar cuántos libros entregó, qué cantidad se entregó a la escuela pública y bachillerato y por qué pasan todas estas cosas. Ella estaría haciendo mal uso de fondos públicos y una estafa académica», manifestó.

Además, no solo los alumnos resultaron afectados por estas decisiones. Según el presidente de la organización, los docentes también deben compartir el material de trabajo, es decir, las guías académicas y los cuadernos de trabajo.

Las medidas que interpondrán

La UNE enfatizó que presentará tres acciones antes las «apresuradas decisiones de la ministra». Una de ellas es solicitar el examen especial sobre la contratación de textos escolares del año lectivo 2023-2024, que lo realizaron el 7 de noviembre de 2023. Además, pedirá al Conadis que abra una investigación contra la funcionaria por atentar contra los derechos de los alumnos con necesidades educativas específicas.

Quisphe argumentó que esos estudiantes merecen una planificación escolar diferente. Sin embargo, el panorama empeora al acatar las últimas disposiciones y agudiza las complicadas condiciones educativas.

Segundo, una vez que la Asamblea Nacional entre en funciones solicitarán que se tramite el juicio político contra la secretaria de la cartera de Estado.

Por último, pedirán al presidente entrante Daniel Noboa que declare en emergencia al sector de la educación. Cuestionó que los estudiantes tengan que estar en sometidos ante la ola de seguridad, instituciones sin textos ni docentes y con sobrecarga laboral.

«La sociedad ecuatoriana ya no se puede quedar de brazos cruzados ante estas situaciones y la realidad del país». apuntó.

Tienen todo…

El presidente repitió que tiene los nombres de los planteles y las ciudades donde entregaron los libros y de las que retiraron los textos «de manera arbitraria». Comentó que si la ministra requiere esos documentos los entregarán en la Casa del Maestro o en el Ministerio.

«Allí se verá si Brown es parte de toda la demagogia o tiene voluntad política y responde a los ecuatorianos», finalizó.

Un libro por cada tres estudiantes

Luego de que la cartera de Estado ordenara la entrega de un texto de consulta por cada tres estudiantes, la UNE denunció que delegados de la entidad están retirando los textos de diferentes planteles de la Sierra y Amazonía.

Según la organización, la orden llegó a los docentes a través del documento: Orientaciones para el Uso de Textos Escolares y Recursos Complementarios.

El escrito detalla que la medida se aplicará a los estudiantes de 5to, 6to y 7to de Educación General Básica. En caso de que un grado supere el número de 40 estudiantes, el docente establecerá las directrices para que puedan acceder a los textos.

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Actualmente, Noboa mantiene su RUC suspendido y no tiene deudas en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Sin embargo, al realizar la consulta referente a la salida de divisas las cifras no cuadran.

De acuerdo a los datos del SRI, del 2009 al 2013 el presidenciable pagó un total de USD 33.578,32 por impuesto a la salida de divisas (ISD), pero el sistema refleja que hasta la fecha la declaración a la renta no ha sido presentada. »Lo que significa que no pagó ni un centavo por sus rentas del período», dicta el documento.

De ahí en adelante tiene un modesto pago del impuesto a la renta, incluso, en el 2014 pagó únicamente USD 83 por un ISD de USD 14.754,85. Según los cálculos realizados con los datos recopilados, en los últimos 14 años ha pagado un ISD de USD 122.069,71.

»¿Cuánto dinero sacó al exterior? Transfirió a sus cuentas del extranjero un aproximado de 2,1 millones de dólares», dice el estudio con base en la información del SRI.

Dudas sin respuestas

A pesar de lo expuesto, las organizaciones señalan que Noboa nunca fue objeto de una auditoría del SRI. De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la evasión tributaria es un delito sancionado hasta con cinco años de cárcel.

De acuerdo a los expertos consultados en la investigación, es sorprendente la cantidad de dinero que transfiere al exterior el candidato Noboa, cuando su declaración patrimonial, que consta en Contraloría, es de USD 643.848.

El candidato incluyó entre sus bienes una mansión en Santa Elena comprada en 2015, en la que reside tres o cuatro días a la semana y es valorada en USD 1,5 millones. También informó que tiene deudas por USD 859 mil por un préstamo hipotecario. Además, no reportó vehículos propios, en los últimos años se ha movilizado en carros de la empresa Industrial Molinera. (AGM).

Las cuentas tributarias @DanielNoboaOk no cuadran En 5 años no pagó Impuesto Renta pero hizo millonarias transferencias a sus cuentas en extranjero A Contraloría reportó patrimonio d $643.848 El SRI no le ha hecho ninguna auditoría. Según el COIP es delito d evasión tributaria pic.twitter.com/iQCFaWjPmZ

— Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano (@de_petrolero) October 11, 2023

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Tras los comicios electorales del 5 de febrero, las cifras dejaron a Augusto Verduga (17.30%) y a Alembert Vera (8.18 %), pegados a la línea de la izquierda política, como los candidatos más votados para ser parte del Cpccs.

Después de una resolución de la Corte Constitucional (CC), Vera dejó la institución y su nuevo reemplazo será el abogado Juan Esteban Guarderas. El nuevo consejero tiene una línea ideológica completamente opuesta a la de Vera.

Ahora la estructura del Cpccs dio un giro de 180°, pues se avecina una nueva mayoría que antes estaba conformada por los consejeros Yadira Saltos, Augusto Verduga y Alembert Vera y Johanna Verdezoto, quien luego se apartó.

La posesión

Este 10 de octubre Bonifaz fue posesionada como nueva presidenta del Cpccs. Por otro lado, la designación de Fantoni procedió con la moción de la consejera Mishelle Calvache y fue aprobada con los cuatro votos provenientes de la proponente, Guarderas, Bonifaz y el mismo Fantoni (la posible nueva mayoría).

Los tres votos en contra fueron por parte de Saltos, Verdezoto y Verduga. Este último consejero señaló que se oponía a esta decisión porque nacía de una arbitrariedad, es decir, de la decisión de la Corte Constitucional que dejó a Alembert Vera fuera del Cpccs.

Las primeras decisiones

El concurso para la elección del nuevo contralor del Estado ha tenido más baches en el proceso, actualmente se encuentra suspendido por orden de un juez. En este sentido, el pleno de la institución resolvió con seis votos a favor que se emita un informe jurídico en un plazo de cinco días. (AGM).

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»Yo también pongo mi cargo a disposición al pueblo si así se necesita. Yo no me aferro a ningún cargo», dijo en entrevista para diario Expreso.

Los errores del voto telemático en el exterior lanzaron al CNE al ojo de las críticas. La misma vocal de la entidad lanzó sus cuestionamientos en una sesión en vivo, sin embargo, la transmisión fue cortada durante su intervención.

La consejera Nájera indicó que fue víctima de un boicot durante sus intervenciones. Además, reclamaba la falta de información sobre este tema, pues durante las pruebas para el voto telemático el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, aseguraba que el proceso sería perfecto.

Más tarde, Nájera realizó una solicitud a Contraloría para que se realice un examen especial al contrato del CNE con Antiproyectos S.C por las fallas en el voto telemático. Indicó que le genera ruido que se le haya entregado a una empresa con un capital mínimo un proyecto de USD 800 mil. (AGM).

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«Los familiares nos notificaron que ya estaban en casa. Nos dieron una entrevista, de las que luego tendremos detalles. Las investigaciones siguen y buscaremos cuáles son las motivaciones para retenerlos y las condiciones del secuestro», dijo Salinas a FM Mundo.

De acuerdo con el comandante, liberaron a los auditores alrededor de las 21:00 a 23:00 del 27 de julio. (MIB)

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Según el informe de la CGE, la petrolera aceptó la reprogramación de inversiones por parte de una contratista en campos menores sin que existan justificaciones técnicas y económicas, lo cual perjudicó al Estado. La auditoría fue realizada entre el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020.

La institución determinó imponer una glosa de USD 36.5 millones a los extrabajadores de las áreas técnicas y ejecutivas, quienes aceptaron esta acción y dieron paso a la ejecución de un contrato de servicios integrados para la perforación de pozos.

Responsabilidad de la contratista

Los funcionarios aceptaron los argumentos del contratista sobre la falta de licencias ambientales para perforar pozos. No obstante, el equipo de auditoría estableció que las plataformas en las que se debía intervenir ya estaban regularizadas ambientalmente, por lo que no se requerían nuevas licencias.

En este sentido, la empresa privada suma una glosa de USD 15.3 millones. De igual manera para justificar estos cambios la contratista expuso que existió problemas para importar equipos, lo cual habría sido una secuela del Covid-19.

No obstante, Contraloría no aceptó la justificación puesto que el estado de excepción por la pandemia no incluía sectores estratégicos. El trato entre Petroamazonas y la empresa privada consistía en que el proveedor forme parte del Comité Ejecutivo y tenga un voto »dirimente».

»Valiéndose de esta condición, la contratista aprobó los cambios, pese al desacuerdo de los funcionarios de la entidad», resaltó la CGE.

El cierre de Petroamazonas

En enero del 2021, el expresidente de la República Lenín Moreno suscribió un decreto en el que concretaba la fusión por absorción de Petroamazonas y Petroecuador para que sea una sola empresa petrolera, actualmente tiene el nombre de la segunda empresa en cuestión.

La extinta petrolera pasó a ser una gerencia de exploración y producción de Petroecuador. Cabe recalcar que esta nueva empresa petrolera tendría autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. (A.G.M).

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