De esta cantidad, un total de 7.225 policías serán desplegados a las cinco provincias más inseguras de la región Costa, pese a que no cuentan con chalecos antibalas y los adecuados instrumentos para encarar al crimen.

No obstante, el ministro del Interior, Juan Zapata, explicó que continúan con los procesos de contratación de equipamiento, al menos dos están en trámite. Además, aseguró que el 16 de mayo firmará otro contrato para obtener 52 mil unidades para agentes activos, recogió Ecuavisa.

«Se cuenta con 52.000 prendas de ese tipo, pero esto es de sentido común. Hay provincias en donde no hay niveles altos de conflicto y se priorizará a los sitios con mayor necesidad», expresó.

En noviembre de 2023, se graduarán 5.000 uniformados más.

Otros inconvenientes

Zapata mencionó que una parte de los policías que serán trasladados a otras provincias no cuentan con viviendas, por lo que analiza el hospedaje en hoteles. Casi un tercio de los uniformados (2.700) serán enviados al Guayas, una de las zonas más conflictivas del Ecuador.

También se tiene en cuenta el pésimo estado de las unidades vehiculares. Actualmente, hay 15 mil patrulleros, motos y otros tipos de transportes, pero 5.000 están en estado «regular» o «malo».

Frente a esto, el comandante general Fausto Salinas dijo que invirtieron USD 11 millones en la adquisición de vehículos y motorizados, pero reconoció que aun así faltan suministros.

Según las autoridades, se ha ejecutado el 74 % del presupuesto en seguridad.

Otros números

El analista de políticas públicas, Juan Pablo Jaramillo solicitó una audiencia pública ante el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) para que el ministro Zapata informe acerca de la ejecución presupuestaria del Plan Anual de Inversiones (PAI) de la cartera de Estado.

De acuerdo a Jaramillo, en 2022 no se ejecutó ni un solo centavo del PAI, pese a que se contaba con USD 17 millones.

La audiencia está convocada para el 25 de mayo de 2023.

Asimismo, en redes sociales circulan videos sobre el mal estado de las unidades policiales y el exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez reconoció en una entrevista que los procesos de contratación de equipos seguían en proceso.

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«Ocurrió una mala interpretación del marco de la ley por parte del proponente. Seguimos en la etapa preparatoria del proceso contractual, no se ha caído», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Custode explicó que el inconveniente fue que una vez presentadas las propuestas y establecido el orden de prelación, el proponente comentó que el contrato requería la inclusión de una cláusula de reajuste por efectos inflacionarios.

“Este tipo de cláusulas permite que cada cierto tiempo el contrato se reajuste al alza para poder compensar los efectos inflacionario. Nuestra ley no permite ese tipo de cláusulas, y en esas condiciones la decisión del proponente fue dar por finalizado el proceso anterior”, detalló Custode.

Además, recalcó que el proceso ni siquiera había llegado al Portal de Contratación Pública (SERCOP).

“Aunque hemos sufrido un impacto en el proceso de contratación del operador, el resto continúa ejecutándose y podremos llevar adelante la operación en el mes de diciembre como se había planificado”, aseveró el gerente.

Custode sostuvo que el operador requerirá entre 550 a 650 personas para la operación del metro, pero esto dependerá mucho del esquema operativo, de la rotación de turnos e inclusive de la frecuencia de cambio de personal.

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Este monto se aplicará en el primer año de vigencia de esta reforma. A partir del segundo año se deberá cumplir este requisito independientemente del monto.

Las reformas del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría se efectuaron para perfeccionar el modelo de gestión del control público en el país y emitir Informes de Pertinencia para las contrataciones en el sector público, reza el comunicado.

Reformas hechas con ayuda de Presidencia

Funcionarios de la Contraloría, especializados en contratación pública, realizaron un trabajo coordinado con la Presidencia de la República para redactar la reforma al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). Este trabajo permite la aplicación de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. El documento fue aprobado por el ejecutivo el pasado 12 de agosto del año en curso.

Además, se creó la Dirección Nacional de Contratación Pública para que determine la pertinencia de los procesos de contratación y verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

Sobre el informe

Las entidades contempladas deberán llenar la solicitud de Informe de Pertinencia, empleando el formulario en línea publicado en los servicios del portal web de la Contraloría.

Entre los requisitos del formulario están que los responsables de contratación pública autorizados por cada entidad deberán detallar el objeto y tipo de contratación, presupuesto referencial, declaración de existencia presente o futura de recursos para cubrir la contratación, declaración de constancia de la contratación en el Plan Anual de Contratación de la institución y estudio de mercado.

La Contraloría establecerá la pertinencia y buen estado de la contratación. Esto significa que se pronunciará sobre la “congruencia de la información provista por la entidad contratante, respecto a la necesidad de contratación declarada por la misma y el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa vigente”.  

Cuando el informe sea aprobado, la Contraloría comunicará a la entidad contratante y al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), a través de medios electrónicos

Una vez aprobado el Informe, la Contraloría notificará a la entidad contratante y al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), a través de medios electrónicos. Posteriormente, se publicarán todos los informes emitidos en el portal web de la Contraloría.

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