Sin embargo, el gobierno ha hablado de que el empleo juvenil va en aumento. El 18 de febrero de este año, Noboa decía en un evento. «Creamos ya 25.000 empleos en menos de dos meses. Ese es el número que más me interesa». Unos días después, el Ministerio del Trabajo afirmaba que era 50.000 plazas de trabajo joven. En marzo de 2024, la cifra llegó a 63.890.

¿Cuál es el estado del empleo?

Las cifras indican una poca estabilidad laboral en el país. Según los datos del Ministerio de Trabajo, 58.405 ciudadanos consiguieron contrato laboral en febrero de 2024 y 17.111 en marzo, un total de 75.516. No obstante, en Ecuador, 709.184 contratos son de tipo indefinido. El contrato joven según la cartera de Estado llega a 1.967.

A esto se suma las cifras de finiquito de contratos. En febrero llegó a 79.893 y marzo a 37.510. Un total de 117.403 contratos finiquitados, por lo que – aunque existieran cifras altas de empleo joven – en el país el finiquito de contratos incrementa. La información está visible en los datos abiertos de la institución.

https://sut.trabajo.gob.ec/mrl/contenido/indicadores/indiContratos.xhtml

Si bien el 33,9% de la población goza de un empleo adeucaod, el porcentaje de otros tipos de empleo es alto. El subempleo en febrero de 2024 alcanzó el 21,2%; el no remunerado el 11,2% y otro empleo no pleno el 29,1%, un total del 61,5%.

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La auditoría fue realizada entre el 2018 y 2022, es decir, durante gran parte del período presidencial de Lenín Moreno. El informe estableció que no se realizaron visitas para comprobar la calidad de las instalaciones de las unidades médicas privadas.

Por otro lado, no se advirtieron los conflictos de intereses entre los prestadores y el personal del IESS. Además, expedientes de pagos por USD 1.5 millones no contenían la documentación que respalde atenciones a los afiliados.

Casos específicos

Durante el examen especial se identificó que se contrató los servicios de prestadores privados cuyos representantes trabajaban en las unidades médicas del seguro social.

Tal es el caso de un prestador externo que participó en un convenio para brindar servicios de salud al IESS. La persona que suscribió el contrato a nombre del centro médico privado también laboraba, desde 2015, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. El expediente de este convenio no contiene la declaración juramentada de no tener conflictos de intereses.

Además, el informe de visita a las instalaciones del prestador no contiene información sobre bioseguridad, manejo de protocolos médicos de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Los servicios de salud del prestador operaron desde el 11 de marzo de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022, sin contar con los certificados que garantizaban la seguridad sanitaria en las atenciones médicas. En el expediente tampoco constó el listado del personal médico que trabajó en la casa de salud, requisito indispensable para suscribir el contrato.

A pesar de estas irregularidades, al 31 de diciembre de 2022 los valores cancelados por atenciones a pacientes derivados a ese centro médico sumaron USD 361.297.

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Maino comento que el régimen de Lasso pretende terminar con las negociaciones con las operadoras. Aunque los procesos de renegociación se encuentran estancados, la servidora indicó que el gabinete habría contratado una veeduría internacional, una del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y apoyos del CAF para vigilar el proceso desde el 2022.

«No se va a cortar el servicio, se den o no las negociones. Por ningún motivo nos vamos a quedar sin servicio», dijo en Ecuavisa.

Sin embargo, estos «intentos» no han funcionado, pues el 24 de mayo del 2023 la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) suspendió por 120 días la renegociación de los contratos. 

La justificación de la entidad es que faltaba la valoración del espectro radioeléctrico, una acción en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

De acuerdo con la funcionaria, en estas negociaciones se pretende implementar beneficios sociales, seguridad tecnológica en aranceles y seguridad nacional.

La situación de los contratos

Los contratos entre el Estado y las operadoras telefónicas se deben renovar cada 15 años. Si la renegociación pasa del límite de tiempo establecido, el servicio de telefonía celular de más de catorce millones de usuarios podría verse afectado.

Siguen pendientes cuatro trámites con entidades del Estado para desbloquear el proceso de renegociación con Conecel (a cargo de Claro) y Otecel (que maneja las marcas de Movistar y Tuenti).

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Según el Servicio de Compras públicas (SERCOP), la alcaldía de Guayaquil tiene 13 contratos para servicios de publicidad y comunicación en medios tradicionales, digitales y difusión en territorio.

Los presupuestos de estos contratos suman USD 5.2 millones. Diez están en fase de ejecución del contrato y tres están adjudicados. El contrato por la ceremonia de los 487 años de fundación fue de USD 99.000.

Expreso vs. Viteri

La alcaldesa tachó de misógino a Roberto Aguilar y a diario Expreso de sexista por una columna de opinión donde la mencionan.

“Roberto Aguilar sostiene que la primera autoridad de esta ciudad tiene sueños húmedos con la Ley de Comunicación ¿Se atreverá a decir este periodista manchado de misoginia lo mismo de un gobernador varón, de un contralor varón? No, ahí la pluma se le vuelve chiquitita”.

Le recomendó al presidente que quite la pauta de publicidad al diario. “El Estado es el mayor auspiciante de este diario sexista. Busque una mejor forma de invertir ese dinero que le pertenece a los ecuatorianos. En los alimentos, por ejemplo. En los niños con discapacidad, nuestros ancianos, la gente que vive bajo los puentes”.

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«El Consejo de la Judicatura estaba presuntamente direccionando, de manera artificial, el concurso de seguros para la empresa Hispana de Seguros», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que, en una fase avanzada del proceso de licitación, cuando los otros oferentes ya no pudieron adaptarse, en ese momento se metió un nuevo requisito: que la empresa tenga un patrimonio de USD 16 millones.

“Por las normas de contratación pública no hay como solicitar un patrimonio distinto al que está en las tablas que fija las resoluciones del Servicio de Contratación Pública (SERCOP)”, aseguró Guarderas.

También recalcó que la denuncia vino de un funcionario del Consejo de la Judicatura, quien señaló que esto se hace de manera bastante regular, por parte de esa entidad y van direccionando los contratos a quien ellos quieren.

Por otro lado, sostuvo que el Estado está lleno de personas que no dan la talla y que no han ingresado a sus puestos por procesos meritocráticos.

“Como esas personas no son buenos operadores uno tiene unas instituciones que son una porquería: Fiscalía, Contraloría y por supuesto el sistema de justicia”, afirmó Guarderas.

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Los audios demostrarían que Jesús Miguel Trabada, el principal de Bustren, habría realizado el pago de coimas al Metro de Quito para adjudicarse un contrato de consultoría.

El convenio, de USD 15.3 millones, y que está vigente, se habría otorgado a cambio de una coima de USD 1.2 millones a funcionarios ecuatorianos.

Según el diario ABC, el audio es en la oficina de Trabada. El diálogo se produce con unos rusos que acabarían siendo sus socios para hacer trabajos, precisamente, en el Metro de Moscú.

“Nosotros, por la dirección de obra (de Quito), hemos ofertado 15 millones sobre una cosa que cuesta 1.200”, expresa el empresario en la conversación. Después afirma: “Bueno, no lo hemos ofertado. Nos lo han dado. Estamos dándonos de alta en Quito y en cuanto seamos empresa ecuatoriana, nos firman el contrato.”

Trabada conversó con ABC y negó que los diálogos demuestren que conocía de antemano los requisitos del concurso y que se hayan entregado coimas a funcionarios quiteños.

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No obstante, los recursos no van a desembolsarse automáticamente. El desembolso depende del desarrollo de los proyectos, muchos de los cuales tardarán hasta 10 o 20 años en materializarse. Según las cifras del Ministerio de Producción, los contratos firmados en 2021 desembolsarán USD 338 millones en 2022, USD 490 millones en 2023, USD 231 millones en 2024, USD 157 millones en 2025. La cifra en 3032 será de USD 3 millones y en 2035, USD 0, 06 millones.

De los contratos firmados en 2022 se desembolsarán USD 1.044 millones en 2023, USD 601 millones en 2024, USD 193 millones en 2025, USD 105 millones en 2026. Para 2036, la cifra será de USD 4 millones.

Inversiones en el país

Del total de inversiones en Ecuador, el 18% es en la rama industrial, el 17% en la minería. Un 16% en el área energética, el 13% en la acuicultura, un 6% en manufactura, el 5% en tecnología. Agroindustrial y transporte tendrán el 4%, 3% para el turismo. El 2% para agricultura, biotecnología, forestal, salud y el 1% para construcción, educación y servicios.

Entre los inversores están, según recoge Primicias, Colegios del Ecuador Coldec, cuyo único accionista es Intercorp, invertirá USD 17,3 millones para la apertura de una cadena de colegios para el estrato socioeconómico medio, en Pichincha y Guayas.

Cened Centro Educativo Crear invertirá USD 3 millones en la apertura de una unidad educativa en Samborondón, en la provincia de Guayas.

En la salud están los proyectos Hospital Santiago destinará USD 49,3 millones para la construcción del primer hospital con la afiliación al Baptist Health del Sur de la Florida, en Sambarondón, en Guayas.

Savercorp invertirá USD 19,6 millones en la implementación de una clínica-hospital de tercer nivel de complejidad asistencial docente en Daule, en la provincia de Guayas. MIB

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En dicha solicitud dirigida al ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo, también se le solicitó que remita la copia del expediente de cambio de modalidad contractual y los plazos previstos.

Bermeo mencionó que el plazo para solicitar la migración de contratos de servicios específicos que las empresas mantienen con Petroecuador a contratos de participación vence el 11 de abril, según informó diario El Oriente

Según la cartera de Energía, el Estado tendrá diversos beneficios como la recuperación de las reservas de hidrocarburos, inversiones adicionales en explotación y exploración y el incremento sostenible en el volumen de producción.

El Ecuador tiene como objetivo producir 495.000 barriles diarios de petróleo a finales de 2022. El incremento preve alcanzarse mediante planes de desarrollo adicionales para cada uno de los bloques petroleros, según informó el mismo diario.

Contexto

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables recibió 23 solicitudes, por parte de empresas petroleras privadas, para migrar los contratos que mantienen con el Estado ecuatoriano. Las solicitudes requieren migrar hacia una modalidad contractual de participación.

La modalidad contractual de participación hacer referencia a que el socio privado da la tecnología y recibe como pago una parte del crudo producido. Es decir, el país solo se quedará con el remanente.

Mientras que, el contrato de servicios establece que el Estado debe pagar a las empresas por los servicios prestados, según informó Bloomberg en línea.

Las solicitudes presentadas, en específico, para una migración libre y voluntaria corresponden a 8 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos con el Ministerio. Y 15 contratos son de servicios específicos que mantienen las compañías privadas con Petroecuador.

El Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) deberá aprobar las solicitudes y garantizará el cumplimiento de la normativa, según recopiló diario El Comercio.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa también se manifestó al respecto y dijo que con los «contratos actuales, (…) todo el excedente del precio es para el pueblo ecuatoriano. Con nuevos contratos, la empresa deja tan solo un porcentaje de la producción, y se nos lleva gran parte del excedente».

Durante su mandato, Correa obligó a las empresas a suscribir contratos de servicios con lo que el Estado era dueño total de las reservas.

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La auditoría identificó que una empresa se encarga de la alimentación de los privados de libertad desde el 2017. En ese año, el Ministerio de Justicia, ahora extinto, firmó un contrato de USD 26,6 millones con esta compañía.

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Los contratos

La Contraloría identificó que esa licitación no tuvo un proceso precontractual y que también firmaron otro contrato complementario por 9,3 millones. El contrato estipulaba desayuno, almuerzo y merienda. En 2017, los directores de cada centro manifestaron que el servicio llegaba a todos, excepto a los de máxima seguridad de Guayaquil.

Esos contratos estuvieron vigentes hasta enero de 2018. Acto seguido se llamó a concurso, pero ambos llamados terminaron desiertos. El primero se cayó por presentar un error en la certificación presupuestaria y el segundo porque se inhabilitaron las ofertas.

De manera que, en 2018, el Estado firmó contratos de pago con una sola empresa para los alimentos con dos convenios de pagos por USD 11 millones y dos contratos por USD 18,3 millones. Para el 2019 e inicios del 2020, los procesos de contratación presentaron problemas por el cambio constante de administradores del contrato. Entre las respuestas de descargo de las autoridades estatales se manifestó que no se pudo suspender el servicio porque la alimentación de los privados de libertad es un derecho amparado por la Constitución.

Los familiares de los privados de libertad denuncian que no siempre reciben las tres comidas diarias. Tampoco tienen los nutrientes necesarios para mantener una buena salud. La Asamblea solicitó más información y se espera que en el censo que realizarán al sector carcelario se informe de los servicios que reciben los presos en el país.

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“El despacho legal Appleby, afincado en Bermudas, elaboró una propuesta para transferir a un fideicomiso los derechos de cobro del contrato con PEMEX para la renta de la plataforma Menadrill I. […] Como fideicomitentes –es decir, quienes transmitirían los derechos de cobro- aparecen ISO y Firstdrill, que son quienes obtuvieron el contrato con PEMEX, y como administrador o fiduciario el banco Scotiabank”, explican la investigación Bahamas Leaks

Un fideicomiso

La beneficiaria del fideicomiso es la empresa Menadrill Investment Holding Company I Limited (MIHC 1) con domicilio en Irlanda, pero relacionada a otra empresa con nombre parecido en las islas Caimán. “El domicilio que aportó la compañía MIHC 1 está en un edificio a la orilla del río Liffey, en Dublín, y corresponde al despacho de abogados Walkers, especializado –al igual que Appleby- en la creación de empresas offshore en paraísos fiscales”. Nadie sabe la identidad de sus dueños.

Los beneficiarios

Los beneficiarios del gran negocio de PEMEX en países con ventajas fiscales eran cercanos a Fox y Peña Nieto. Sus nombres aparecen en los Pandora Papers. Armando Yanez Ozuna, Fabián Narváez Tovar y Ramiro García Vargas, que acudieron a fideicomisos y apoyo jurídico para llevar dinero a paraísos fiscales. Montos que eran resultado de los negocios de PEMEX.

Corrupción

En el sexenio de Felipe Calderón, PEMEX asignó contratos de renta de plataformas marinas por 16 mil millones de pesos (unos USD 1.000 millones) a dos empresas ‘hechizas’ ligadas a personajes del PAN, revelan documentos del Paradise Papers.

En el caso de Vicente Fox, su vinculación con los paraísos fiscales data de inicio del 2000. Según la información desclasificada por los Panamá Papers (2017), el exmandatario tendría empresas en paraísos fiscales como Panamá, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Anguila, Chipre, Suiza, que sirven principalmente para administrar sus enormes fortunas.

Tanto en el período de Fox como en el de Calderón y Peña Nieto se crearon estas empresas para firmar contratos con PEMEX y crear una estructura offshore que sacaba esos dineros del país para beneficio de los funcionarios.

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De los 11 concursos públicos en el Servicio de Compras Públicas (Sercop), cuatro están adjudicados, dos en proceso de calificación, dos por adjudicar y tres concursos desiertos. El de más valor es de USD 90.000 por la contratación de una Orquesta de Cámara para el Municipio que al final se desertó.

Entre los adjudicados se encuentran Radio Rumba por USD 26.924.78; Unión Radio Dial por USD 40.483.80 y la publicación de un video banner en el periódico digital Ecuador en Vivo por USD 37.200.00.

La Posta

La Municipalidad de Guayaquil adjudicó un contrato por “Contratación de productos comunicacionales que se difundirán a través del programa online Café la Posta” por USD 60.000. “Cuyo plazo para su ejecución será de 365 días a partir de la primera orden que emita el Jefe de Publicidad; posterior a la firma del contrato. […] La jefa de Publicidad de la Secretaría de Comunicación Social administrará el contrato y velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales”.

Aunque aparece entre las autoridades del contrato, la alcaldesa Cynthia Viteri no firmó la resolución del contrato. La firma es de su delegada Gabriela Rodríguez con fecha 16 de septiembre de 2021.

Otro concurso por Contratación de servicios de difusión publicitaria de las actividades institucionales durante el programa online Castigo Divino por USD 60.000 quedó desierto debido a “la inhabilitación de todas las ofertas o la única presentada, de conformidad con la ley, en concordancia con lo indicado en las condiciones generales del pliego para la contratación por régimen especial”.

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Paulina Moreno, secretaria de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Legislativo, mencionó que el desglose de los rubros engloba una serie de componentes, incluidos los costos referenciales de alimentación y, sobre todo, de logística.

Enfatizó que el monto del contrato cubre todos los eventos que realiza la Asamblea durante un año, en las distintas provincias del país. El proveedor brindará todos los servicios requeridos que constan en el portal de compras públicas, contratando la logística y la alimentación en territorio. Además, aclaró que este tipo de contrataciones no es exclusivo de la Asamblea Nacional y, menos aún, de la actual administración del Legislativo.

El coordinador de Protocolo, Paúl Abad, detalló que el objetivo del contrato es dar servicio protocolar, montajes de eventos y ceremonias. Todos esos eventos los estableció la Asamblea Nacional. “Los precios no los pone la Asamblea Nacional, para ello se estableció un procedimiento que está claramente detallado y subido en el portal del Sercop, que es de libre accesibilidad para todos los ecuatorianos”, señaló.

También, aclaró que en el tema de alimentación hay un valor exuberante, pero no se lee que adicional incluye también bebida, servicio, montaje, mesas, sillas y menaje en general. “Se ha hecho estudio de mercado y, con apego a las estrictas normas de transparencia” puntualizó.

Desayunos exuberantes

Los detalles del contrato muestran que dentro de la prestación de estos servicios se tenía previsto brindar menús de comida, de acuerdo con documento que hizo públicos el portal La Historia. Además, informa que estos servicios estarían activos durante el periodo de actividades previstas en la planificación institucional de los años 2021-2022.

Los servicios incluyen un menú con las tres comidas del día, es decir, desayunos, almuerzos y cenas. Los precios fluctúan entre los USD 12 y los USD 50. Eso es lo que se refleja en el contrato que habría sido firmado entre la Asamblea y el proveedor de servicios Fredy Neptalí Godoy Proaño.

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“Contrario a lo que informó un medio español; a la cooperativa Kinema no le habrían entregado contratos por  400.000 euros para asesoría legal y acompañamiento psicosocial de los migrantes ecuatorianos, sino 2.6 millones de euros, suscritos entre la Embajada de Ecuador en España y esta cooperativa”, dijo el nuevo jefe de esta bancada legislativa.

Otras empresas

Torres agregó que la Embajada no solo tenía contratos con Kinema sino también con otras empresas, los montos superan los 7.5 millones de euros en supuestas asesorías a migrantes.

Para 2016, la representación diplomática cambia el contrato, en favor de una firma llamada «Mi País Constructores». Desde ese año hasta 2018 la empresa recibe 2.9 millones de euros. Desde 2019, el dueño de esa empresa recibe 1.4 millones de euros por los mismos servicios. El nombre de esa persona es Walter Jaramillo Mena.

Migrante ecuatoriano

“Walter Jaramillo es un migrante ecuatoriano que llegó en el 2000 a España, que no es abogado, ni tenía experiencia en asesorías. Tuvo problemas por una agencia de viajes que gestionaba en Madrid. Recibió más de 4 millones de euros”, añadió el legislador.

Torres también indicó que la tasa de éxito en el acompañamiento a los migrantes con problemas de hipotecas fue solamente del 2%; es decir, se perdían 98 de 100 casos. “¿Por qué si una empresa no servía para ayudar a los migrantes con este problema, la Embajada aún mantenía ese contrato?”, se preguntó el asambleísta.

El funcionario entregará los resultados de su investigación a la Contraloría General del Estado para que realice un examen especial a esta institución y los contratos.

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Este monto se aplicará en el primer año de vigencia de esta reforma. A partir del segundo año se deberá cumplir este requisito independientemente del monto.

Las reformas del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría se efectuaron para perfeccionar el modelo de gestión del control público en el país y emitir Informes de Pertinencia para las contrataciones en el sector público, reza el comunicado.

Reformas hechas con ayuda de Presidencia

Funcionarios de la Contraloría, especializados en contratación pública, realizaron un trabajo coordinado con la Presidencia de la República para redactar la reforma al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). Este trabajo permite la aplicación de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. El documento fue aprobado por el ejecutivo el pasado 12 de agosto del año en curso.

Además, se creó la Dirección Nacional de Contratación Pública para que determine la pertinencia de los procesos de contratación y verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

Sobre el informe

Las entidades contempladas deberán llenar la solicitud de Informe de Pertinencia, empleando el formulario en línea publicado en los servicios del portal web de la Contraloría.

Entre los requisitos del formulario están que los responsables de contratación pública autorizados por cada entidad deberán detallar el objeto y tipo de contratación, presupuesto referencial, declaración de existencia presente o futura de recursos para cubrir la contratación, declaración de constancia de la contratación en el Plan Anual de Contratación de la institución y estudio de mercado.

La Contraloría establecerá la pertinencia y buen estado de la contratación. Esto significa que se pronunciará sobre la “congruencia de la información provista por la entidad contratante, respecto a la necesidad de contratación declarada por la misma y el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa vigente”.  

Cuando el informe sea aprobado, la Contraloría comunicará a la entidad contratante y al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), a través de medios electrónicos

Una vez aprobado el Informe, la Contraloría notificará a la entidad contratante y al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), a través de medios electrónicos. Posteriormente, se publicarán todos los informes emitidos en el portal web de la Contraloría.

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Tras 33 años de trabajo en el canal, Arnaza fue despedido. Se especulaba que se acogió a la jubilación, pero esta información ya fue desmentida.

“Al momento era una piedra en el zapato de la nueva administración porque no acepté firmar dos contratos para vincular a una locutora y un programa que se hará los domingos. Les señalé que ellos pueden traer a quien quiera al canal pero que asuman sus responsabilidades y no me la endosen para cuando aparezca Contraloría”.

Señala Armanza en un mensaje dirigido al equipo del medio.

Según las afirmaciones de Armanza, se insinuó que él solicitó su jubilación para esconder la verdadera razón de su salida. Para el exdirector, es una irresponsabilidad que en medio de la situación causada por el Covid-19, que incluyó despidos, se pretenda invertir en un nuevo proyecto, contratando más personal. Además, considera que su despido intempestivo se llevó a cabo sin considerar los 33 años de esfuerzo profesional dentro del canal.

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“El 15 de septiembre vamos a iniciar una paralización indefinida de actividades. 3.505 médicos posgradistas del país van a abandonar sus puestos de trabajo porque las autoridades han decidido no cumplir una ley. Hay una ley que entró en vigencia el 23 de junio que dice que tienen un plazo no mayor a 30 días para hacernos firmar contratos de servicios ocasionales durante lo que dure el posgrado”, indicó Pablo Arévalo, secretario de la Asociación.

Arévalo también criticó la falta de participación del Estado, que llevó a tomar esa decisión. “Hemos sido pacientes, hemo sido comprensivos. Tratamos de dialogar, de participar en las mesas de trabajo para llevar esto de mejor manera. Pero la indolencia de las autoridades, la falta de institucionalidad nos ha dejado con más dudas que certezas. Suplicamos a la ciudadanía que entiendan que no podemos seguir así”, concluyó.

Ley de Apoyo Humanitario propone que los médicos posgradistas pueden acceder a una remuneración mediante una firma de contrato ocasional con el MSP o EL IESS. Los galenos son parte del personal de primera línea por la pandemia. Sin embargo, esta promesa todavía no se cumple.

Esta mañana, la ministra de Gobierno, María Paula Romo los invitó a reunirse en el edificio de esa cartera de Estado en Quito.

Pagos con retraso

El pasado 22 de agosto, el Ministerio de Finanzas se puso al día con los pagos de los posgradistas después de una mora de dos meses.

“Entre julio y agosto de este año, (Finanzas) ha pagado más de USD 5 millones a los becarios posgradistas del Ministerio de Salud Pública, poniéndose al día con las transferencias a este sector”, aseguró la cartera de Estado en un comunicado.

A mediados de agosto, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional le preguntó al ministro Juan Carlos Zevallos “¿Para cuándo van a estar al día con los sueldos de los servidores de la salud?”. La respuesta del Ministro fue “No sabría decirle una fecha exacta”.

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