Este año, se ha anunciado una colaboración estrecha con 22 Centros de Atención Integral y 5 Casas de Acogida a escala nacional, con el objetivo de ampliar la red de atención a víctimas de violencia y sus hijos a nivel nacional.

La Ministra expresó su compromiso con la causa, destacando que el decreto para obtener la declaratoria de servicios esenciales para las Casas de Acogida y Centros de Atención Integral está listo para su suscripción, lo que garantizará su financiamiento permanente.

Rosario Gómez, directora de la Fundación Casa Refugio Matilde, elogió el reconocimiento otorgado por la Ministra a las organizaciones sociales durante el evento de apertura de sobres con las propuestas de las organizaciones para la suscripción de los convenios.

Por su parte, Sarah Espinosa Mora-Bowen, subsecretaria de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, destacó el cumplimiento riguroso del cronograma para la firma de estos convenios, asegurando la transparencia y participación del proceso.

En cuanto a la financiación, este año se destinará más de USD 2 millones, y por primera vez se trabajará con la Fundación contra la Violencia Jessica Jaramillo.

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Dos asambleístas de UNES, Ana María Raffo y Mónica Palacios; la exPachakutik, Mireya Pazmiño y otros 6 legisladores de esta bancada: Fernando Calo, Joel Abad, Mario Ruiz, Stalin Pereira, Patricia Sánchez y Fernando Cabascango, fueron quienes votaron en contra.

La ley propuesta por el legislador oficialista, Juan Fernando Flores, contó con votos de CREO, el Partido Social-Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID) y las mayorías de UNES y Pachakutik.

Según expertos, esta ley abre el camino a los proyectos de privatización del Gobierno.

De acuerdo al artículo 3 de esta nueva la ley, la firma del primer mandatario o sus delegados bastaría para concretar acuerdos, convenios o tratados de carácter internacional. Es decir, no necesitaría aprobación de la Asamblea Nacional. El artículo 4 solo estipula que debe notificársele a la Asamblea de estos acuerdos en casos de ratificación.

La Asamblea no tendrá ni idea de los nuevos tratados

La Asamblea ni siquiera será informada de estos acuerdos previamente, pues no contará con jurisdicción en su debate u aprobación. Todo quedaría en manos del Gobierno o ‘representante’ que decida llevar a cabo el «convenio». El Gobierno simplemente notificará estos movimientos al Ministerio de Relaciones Exteriores por «razones de registro».

El ‘representante’ del Estado aparece en el artículo 10 de la nueva ley como una persona que solo represente al Estado Ecuatoriano, sin contar con una autorización previa para firmar cualquier tratado, validándolo por medio de esta precisión. Además, el artículo 26 promueve los arbitrajes internacionales como el del CIADI.

Faltaron tres firmas para lograr la autoconvocatoria en la Asamblea

Actualmente, el artículo 422 de la constitución prohibe que cualquier institución púclica ceda o se someta a la soberanía de arbitrajes internacionales. Sabiendo esta prohibición, presumiblemente el Ejecutivo pretende vetar parcialmente la ley para incorporar las contradicciones más tarde. Rechazar el veto parcial requiere de 92 votos.

Actualmente, el presidente de la República, Guillermo Lasso, promueve una campaña de ‘seguridad jurídica’ para «atraer inversiones extranjeras», lo mismo que constaba en su llamada «Ley de Inversiones» donde pretendía privatizar recursos e infraestructura pública.

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«El presupuesto del año 2022, desde enero hasta diciembre es de USD 2,17 millones para los convenios de fortalecimiento a Centros de Atención Integral. Durante todo el mes de enero, se trabajó articuladamente con más de 30 organizaciones sociales. El objetivo era contar con procesos ágiles y dinámicos para la firma de convenios y uso eficiente de los recursos», dice la institución. De acuerdo con el comunicado, el modelo de las Casas de Acogida se mantendrá.

Las mejoras

Entre las mejoras, constan el incremento en el presupuesto de alimentación (de USD 22.500 a 25.000). También en los rubros de autocuidado personal y de bioseguridad por la pandemia (de 5.000 a 5.500). Además, se equipararon los sueldos al monto máximo para administrador/a, abogado/a, psicólogo/a, trabajador/a social y gestor/a de atención (facilitador/a).

La convocatoria empieza desde este 31 de enero. Las propuestas deben entregarse desde el 8 de febrero hasta el 21 de febrero. Y los firmantes de los convenios se anunciarán desde el 1 de abril.

Finalmente, las bases se pueden ver en el enlace:

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En definitiva, la paridad de género aun no se cumple y la violencia política se sigue normalizando.

En el artículo 65 de la Constitución del Ecuador, se menciona que el Estado debe promover la representación paritaria de mujeres y hombres en cargos de la función pública en instancias de dirección y decisión en los partidos y movimientos políticos, sin embargo, este derecho constitucional no se da.

“Si las mujeres son vulneradas en la política existe una doble vulneración cuando las mujeres provienen de la parte rural”

“Existen dos tipos de violencia que se da hacia las mujeres; la primera se genera en las redes sociales y la otra se forma de manera silenciosa con los mismos compañeros de curul” sostuvo Mónica Benegas, Directora de la Fundación «Haciendo Ecuador» y el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer quien dio inicio a los talleres.  

Secretaria de Derechos Humanos

Las iniciativas que se están dando para erradicar y prevenir este tipo de violencia cuentan con el apoyo interinstitucional entre la Secretaria de Derechos Humanos a cargo de Bernarda Ordóñez  y la Fundación Haciendo Ecuador a cargo de Mónica Benegas, que a la par, firmaron  un convenio especifico para la cooperación ante la violencia política contra la mujer en la ruralidad.

En la primera intervención de los talleres Mónica Benegas sostuvo que “el crear redes de apoyo de hombres y mujeres en cada una de las provincias es necesario para obtener información certera sobre la violencia política de género. Así también hacer un monitoreo en redes en las diferentes provincias para realizar campañas para visibilizar y socializar es un compromiso entre todos para erradicar este problema”

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Se trata de la Agenda de Investigación Urbana Aplicada (AIUA) cuyo objetivo es optimizar la toma de decisiones en políticas públicas y como reultado en el accionar de la sociedad con miras al desarrollo urbano sostenible en el Ecuador.

Philipp Schauer, Embajador de Alemania en Ecuador, indicó que la agenda está pensada para mejorar las capacidades de investigación. Por lo tanto, el beneficio se enfoca en la calidad de vida de las personas.

En el contexto de la pandemia por la Covid-19, el Embajador se enfocó en cómo la crisis ha obligado a los gobiernos a profundizar su gestión para
reducir las brechas de desigualdad.

Financiamiento para proyectos de investigación

El convenio abrió un programa de finaciamiento para proyectos de investigación que se enfoquen en la construcción de ciudades sostenibles. Las propuestas deben tomar en cuenta el cambio climático, salud pública y
desarrollo urbano sostenible.

Los proyectos deben constar en la Senescyt. La GIZ Ecuador financiará este espacio con USD 50.000, cada investigación contará con USD 8.300 como fondo semilla.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el jueves 8 de octubre. Las bases y foermularios están disponibles en el siguientes enlace: www.bancodeideas.gob.ec

Agenda

Más de 300 investigadores y docentes de universidades e institutos superiores tecnológicos armaron la Agenda de Investigación Urbana Aplicada. Este espacio se enfocó en cuatro áreas: sostenibilidad ambiental, equidad, accesibilidad e Inclusión, prosperidad y productividad; y gobernabilidad.

Esta agenda de desarrollo sostenible se realiza en el marco del Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles implementado por la Cooperación Técnica Alemana. El Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno alemán

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