“Esta alcantarilla mediática de la mafia es insuperable: ahora defienden un laudo arbitral de los organismos internacionales que denostan y condenan, todo para defender los intereses del mafioso exministro de hidrocarburos que regaló ese campo a la hijita”, escribió el asambleísta sobre una noticia publicada.

Personal del Cordicom se comunicó con Radio La Calle para recabar información para este expediente, ya que las expresiones irrespetuosas del presidente de la Comisión de Fiscalización atentan contra la libertad de expresión.

El espacio de violencia que se genera en redes sociales genera un ambiente de inseguridad para nuestros periodistas, especialmente porque muchos de ellos están empezando en este oficio. También porque las amenazas o insultos de usuarios en redes ya sean estos reales o ficticios, nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Así lo expresó nuestro compañero Juan Carlos Cabezas a las autoridades de esta institución.

Aclaramos que la nota Ecuador pierde USD 11 millones por denuncias falsas de Villavicencio en Caso Singue expone de manera informativa los hechos ocurridos en el Caso Singue, incluyendo el laudo final, producto de la sentencia de un tribunal de arbitraje internacional. También el comunicado de Procuraduría sobre el caso. Además, el portal Periodismo de investigación tiene un artículo sobre el caso Singue en el que menciona la investigación de Focus en 2015.

Reiteramos una vez más nuestro compromiso de hacer un periodismo responsable, crítico y humano.

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“No se sabe qué pasará con el Consejo porque hay una propuesta de reforma en la Ley de Libre Expresión y Publicidad que tiene como fin eliminar toda la institucionalidad que existía en la Ley de Comunicación (LOC). Desde esta perspectiva el Consejo de Comunicación no tiene un eje estratégico. Aunque en las reformas que propone Guillermo Lasso hay un consejo, tengo la impresión de que será como Arcotel adscrita al Ejecutivo y que violaría estándares de libertad de expresión”, explicó Paulina Mogroejo, exmiembro de la Cordicom a Radio La Calle.

Situación del Cordicom

La nueva delegada del Ejecutivo, Jeannine Cruz expuso varias irregularidades en el funcionamiento de esta institución como la entrega de becas a periodistas o la entrega de salarios. Aunque se quiera fiscalizar, el camino que sigue la Cordicom es la extinción.

“Le quieren poner una raya más al tigre. Aunque Jeaninne Cruz tenga buenas intenciones al querer mejorar el Cordicom, esa no es la línea del gobierno nacional sino asegurar que no exista regulación de nigún tipo para proteger a los grupos vulnerables. La descalificación del Cordicom busca desarrollar una narrativa para que la gente piense que no necesario que un organismo proteja los derechos de las audiencias”, analizó Mogrovejo.

La experta dijo que las denuncias no pueden quedarse allí. “El Cordicom ni siquiera tenía presidente ¿Cómo una institución que no tenía una cabeza legal pudo otorgar becas cuando faltaba esta dirección? Hay que saber por qué se entregaron, a quiénes se entregaron y si se usaron fondos públicos. No es solamente lanzar una denuncia, Cruz debe transparentar eso”.

¿Autorregulación?

Para Mogrovejo, la autorregulación resulta improbable en nuestro contexto. “Si los medios de comunicación incorporaran una línea editorial de derechos de las audiencias y sus trabajadores, la autorregulación funcionaría, pero en la práctica en Ecuador se ha demostrado todo lo contrario. No solo la vulneración de grupos históricamente discriminados. También desde su lógica respondieron a intereses del gobierno de turno a través del loby. La prensa debe tomar un rol independiente del poder económico y político”, agregó.

El futuro del Cordicom

“La LOC necesitaba reformas, pero no para retroceder en derechos sino para ampliarlos. Era la primera vez que se habló de la comunicación como un derecho humano y la responsabilidad del gobierno para que todos los periodistas, locutores, estudiantes, audiencias puedan beneficiarse de la comunicación”, indicó la experta.

Explicó que existe un marco legal que protegería a la institución. “Hubo errores y hay que hacer autocrítica, pero eso no significa que se deban destruir los entes reguladores. Tiene que existir un Consejo que además se eligió mediante Consulta Popular bajo un marco Constitucional. 70 votos no pueden echarlo abajo. El Consejo debe ser independiente, paritario y desarrollar políticas públicas de protección a los actores de la comunicación”.

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