¿Por qué es polémico el D’Hondt?

D’Hondt es un sistema de asignación de curules que premia a los ganadores: los partidos con más votos ganan un porcentaje aún mayor de escaños. Así, un partido que obtenga el 40% de votos puede recibir hasta un 60 % de asientos, según expertos de Democracia Sí.

Voces críticas

1. PSC declaró la reforma un “golpe” a la Constitución, y señala que el CNE aún no ha concluido su proceso en Sevilla Don Bosco.
2. CREO acusa a ADN y RC de repartirse el poder y de revivir la “era de las aplanadoras” autoritarias.
3. Independientes, como Benavidez, critican que el acuerdo marginaliza a organizaciones locales y partidos pequeños.
4. Pachakutik, por boca de Yumbay, dijo que esta reforma es un “retroceso hacia la monopolización” y contrario a la pluralidad.
5. Avanza lamenta perder la oportunidad de una reforma electoral más justa que favorezca acuerdos de largo plazo.
6. Democracía Sí, con Larrea, advirtió que permitir que un 40 % de los votos se traduzca en 70 % de escaños representa “concentración injusta del poder” y quiebra la equidad electoral.

¿Qué se juega con esta reforma?

• Menos pluralismo. Las minorías —como indígenas, movimientos locales o nuevas formaciones— difícilmente llegarán a la Asamblea.
• Distorsión constitucional. La Carta Magna manda representación proporcional; D’Hondt podría “sobrerrepresentar” a los grandes.
• Autoritarismo suave. Se restan incentivos para negociar alianzas amplias y se refuerza el bipartidismo formal.

¿Qué falta?

• Debatir si priorizar representación real o beneficios de gobernabilidad rápida.
• Garantizar participación de voces emergentes y minorías.
• Evitar que la Asamblea modifique reglas electorales sin un proceso adecuado y sin observación ciudadana.

Reflexión La Calle:
Un modelo democrático serio no puede ceder a la tentación de legitimar mayorías reforzadas por fórmulas. La diversidad política no es un lujo: es la base de una democracia viva. Ecuador necesita más pluralidad, no más polaridad. La justicia electoral exige equilibrio, no acaparamiento.

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Peña fue separado de las filas correístas tras votar a favor del informe de la Ley urgente de Economías Criminales impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, en contra de la línea definida por su bloque.

Este incidente expone tensiones profundas dentro de RC. Enfrentan lealtades partidistas con criterios técnicos legislativos. Esto pone bajo la lupa el centralismo en la toma de decisiones de la principal fuerza opositora.

La bancada de la Revolución Ciudadana anunció la expulsión de Sergio Peña, acusándolo de “traicionar” los principios del movimiento. El legislador quedó aislado de sus excolegas tras apoyar el proyecto gubernamental contra las economías criminales.

Un voto “traidor” y la expulsión inmediata de Peña

El 29 de mayo de 2025, la bancada de RC oficializó la expulsión inmediata de Sergio Peña tanto del bloque legislativo como del movimiento político. En un comunicado público, la dirigencia acusó al asambleísta de “mentir al país” y “traicionar nuestros principios”, señalando que “no tolerará actos de deslealtad” dentro de sus filas. “A las manzanas podridas se las separa de las íntegras”, sentenció el pronunciamiento, en el que RC tildó la actuación de Peña como un episodio de oportunismo y afirmó que la medida responde a una “responsabilidad política ineludible”. La bancada advirtió incluso un proceso de “depuración interna” frente a quienes se aparten del proyecto político, reafirmando que la ética y coherencia con los principios fundacionales son innegociables.

La decisión llegó apenas horas después de un agrio cruce público entre Peña y la excandidata presidencial Luisa González, máxima directora de RC. González había cuestionado duramente el sentido del voto de Peña en la Comisión de Desarrollo Económico, donde él respaldó el informe para primer debate de la Ley de Economías Criminales a pesar de que la directiva del bloque había resuelto abstenerse en esa instancia.

Según reveló el propio Peña, tres días antes la orden interna de RC fue “votar en contra” del informe del Ejecutivo, marcando una postura de rechazo total a la iniciativa gubernamental. Sin embargo, en la sesión del 27 de mayo, Peña se desmarcó: votó a favor del texto, convencido de que varias de sus observaciones técnicas habían sido incorporadas durante el trámite en comisión. Este sorpresivo apoyo al proyecto de Noboa fue interpretado por sus compañeros como una “traición insalvable” a la línea partidista.

La Ley de Economías Criminales: contenido y puntos polémicos

El proyecto que detonó la controversia es la Ley para Combatir las Economías Criminales, calificada como urgente por el Ejecutivo en medio de la creciente inseguridad. Oficialmente denominada “Ley de Solidaridad Nacional” en la Asamblea, esta iniciativa busca enfrentar las finanzas del crimen organizado mediante alianzas Estado-empresa privada y reformas legales de gran alcance.

Uno de sus ejes permite que el sector privado done hasta el 30% del Impuesto a la Renta en forma de insumos, equipos y bienes para respaldar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la lucha contra las mafias. Estos aportes requerirían autorización del Ministerio del Interior o de Defensa, según corresponda, y valoración del Servicio de Rentas Internas para aplicar el beneficio tributario. La propuesta busca “la unión y trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada para enfrentar al crimen organizado”, explicó la asambleísta oficialista Valentina Centeno al defender el espíritu de la ley.

No obstante, la atención pública se ha centrado en el componente penal del proyecto, que trae reformas polémicas. Por un lado, se tipificaría como delito la pertenencia a bandas de delincuencia organizada, más allá de la comisión directa de crímenes, con penas que superarían los 25 años de prisión aun si no hay evidencia de delitos específicos. Adicionalmente, el texto impulsa reglas más estrictas contra quienes provoquen “disturbios y terrorismo” en las calles, lo cual ha despertado alertas sobre potencial criminalización de la protesta social.

En la versión original del Ejecutivo se proponía crear jueces especiales para un supuesto “conflicto armado interno” y limitar a solo 15 días las investigaciones de estos casos; pero en comisión se eliminaron los nuevos jueces y se amplió el plazo investigativo a 90 días, atendiendo observaciones de juristas que exigieron procesos más robustos.

Igualmente, se incorporó de forma explícita el respeto a los tratados de Derechos Humanos en los principios de la ley, para prevenir que las nuevas facultades se presten a perseguir a periodistas, políticos u opositores bajo el pretexto de combatir el crimen. Estos ajustes, introducidos en pocos días de trabajo técnico, moderaron algunas de las aristas más duras de la iniciativa original. Aun así, el proyecto en su conjunto ha sido comparado con estrategias de mano dura al estilo Bukele y genera preocupación en sectores garantistas. Revolución Ciudadana, principal bancada opositora, adelantó reparos de fondo: temía que la ley atentara contra derechos y consolidara una agenda punitivista del gobierno. En consecuencia, el bloque correísta condicionó su apoyo a incorporar cambios y en un inicio definió que ninguno de sus miembros debía respaldar el informe hasta que sus observaciones fueran plenamente atendidas.

Entre lealtad partidista y criterio técnico de Peña

Sergio Peña, abogado especializado en derecho tributario y novato en la legislatura, decidió romper la disciplina partidaria argumentando razones técnicas. Tras su polémico voto favorable en comisión, Peña defendió que “la oposición debe ser propositiva” y no oponerse por mero cálculo político: “¿Oponerse por oponerse? No, gracias” replicó, insistiendo en que actuó con criterio propio de profesional.

Según explicó, la Comisión de Desarrollo Económico sí acogió varias de sus propuestas de cambio al documento – como las garantías de derechos y la no generalización de la prisión preventiva – por lo cual consideró técnicamente válido dar paso al debate en el Pleno “Mis observaciones sí fueron acogidas. La prisión preventiva ya no se vuelve una regla general (como quería el Ejecutivo), volvimos a una prisión preventiva excepcional pero eficaz en casos puntuales”, detalló Peña para ilustrar que su intervención mejoró el proyecto.

Desde su perspectiva, impedir incluso el primer debate de una ley necesaria para combatir al crimen habría sido irresponsable. “Creo que pensar diferente, o pensar dentro del partido, es una traición para ellos (la dirigencia correísta)”, lamentó el legislador refiriéndose a sus excolegas Su posición es que la bancada RC no puede caer en un obstruccionismo sistemático, sino ejercer una oposición firme pero abierta a acuerdos técnicos en beneficio del país.

La cúpula de RC vio los actos de Peña bajo otra luz.

Luisa González señaló que el voto de Peña “no corresponde al criterio técnico, legal y constitucional analizado” previamente por el bloque y, peor aún, contradijo la decisión colectiva tomada internamente. En otras palabras, insinuó que no hubo nada técnico en la postura de Peña, sino un desmarque inconsulto.

Para la dirigencia correísta, el asambleísta faltó a la lealtad colectiva y a los principios progresistas con los que fue electo. De hecho, en el comunicado de expulsión RC subrayó la “contradicción” entre el discurso de campaña de Peña (alineado al progresismo correísta) y sus votos recientes en temas clave. La bancada incluso sugirió que Peña “mintió” a sus electores y puso sus intereses personales por encima del mandato popular.

Detrás de estas afirmaciones subyace la sospecha de que Peña pudo haber sido “cooptado” por el oficialismo, teoría alimentada por algunos hechos: el partido de gobierno (Acción Democrática Nacional, ADN) había propuesto a Peña para puestos clave en el Parlamento – primero como vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego como miembro de la Comisión de Ética – lo cual generó recelos entre los propios correístas.

De hecho, RC se negó a apoyarlo para integrar el CAL, y solo gracias a los votos de ADN, Pachakutik y otros independientes, Peña logró ser elegido al Comité de Ética legislativo. Este inusual respaldo cruzado profundizó la percepción de que actuaba alineado con el gobierno. “Su verdadera lealtad nunca fue con el pueblo que lo eligió, sino con sus intereses personales”, llegó a afirmar RC en su misiva de expulsión, reflejando el quiebre total de la confianza.

Por otro lado, cabe la pregunta, ¿La RC puede sostener alianzas?

No es un caso aislado

Figuras prominentes como Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, han expresado su descontento con la dirección actual del movimiento. En sus redes sociales, Aguiñaga afirmó: «Duele ver en lo que están convirtiendo a la Revolución Ciudadana. El movimiento que construimos con compromiso y esperanza, que fue la primera fuerza política del país, hoy se diluye entre egos e imposiciones».

Asimismo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha tenido desencuentros públicos con el expresidente Rafael Correa. La tensión escaló cuando Correa criticó al abogado defensor de Álvarez en el caso ‘Triple A’, calificando de «vomitivo» que Ramiro García diera «clases de moral y ética profesional». Álvarez respondió que el comentario era «totalmente innecesario» y una «falta de respeto».

Estos eventos reflejan una crisis de liderazgo y una falta de apertura al debate interno en la RC. La expulsión de Peña por ejercer su criterio técnico y las críticas de Aguiñaga y Álvarez sugieren que el movimiento está priorizando la lealtad ciega sobre la deliberación democrática. Para mantenerse relevante y eficaz, la RC debe fomentar un ambiente donde el pensamiento crítico y la autocrítica sean valorados y no castigados.

Reacciones en el correísmo: unidad vs. pensamiento crítico

La sanción a Peña puso al descubierto fracturas dentro de la propia RC, con reacciones diversas de sus figuras principales. El expresidente Rafael Correa, líder máximo del movimiento (residente en Bélgica), respondió con dureza ante la polémica. En un mensaje publicado en X (Twitter),

Correa tildó a Peña de “vulgar oportunista e impostor” y le exigió que renuncie a su cargo de asambleísta: “Si eres tan ‘digno’, ¿por qué no renuncias a la curul, que sería lo moralmente correcto?” increpó el exmandatario. Correa dejó entrever que para él el caso estaba cerrado con calificativos personales, rematando: “No eres el primero ni serás el último sinvergüenza que nos topemos en el camino”.

La línea dura de Correa dejó claro que, desde la cúpula, no hay tolerancia para quien se aparte del libreto. Es más, el exgobernante sugirió que si Peña tuviera decencia política debería dejar la curul obtenida gracias a RC, devolviendo así la dignidad al movimiento traicionado.

Luisa González respaldó la expulsión enfatizando la necesidad de cohesión.

González había sido la primera en alzar la voz tras el voto disidente de Peña, publicando un comunicado el mismo 27 de mayo. En él advirtió que la actuación de Peña “no corresponde al criterio técnico, legal, constitucional analizado” ni a la resolución tomada en bancada, visibilizando la indisciplina. Sus palabras provocaron la inmediata respuesta desafiante de Peña en redes (“soy un profesional con criterio propio”, “¿Oponerse por oponerse? No, gracias”), lo que a su vez escaló el conflicto. Tras consumarse la expulsión, González habría apoyado internamente la decisión como una muestra de firmeza ejemplarizante para el resto de legisladores: en RC las directrices se siguen, so pena de ser tachado de “traidor”.

Sin embargo, no todo fue unanimidad dentro del correísmo. La reacción de Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas y destacada dirigente histórica de RC, evidenció malestar con la línea dura. Aguiñaga, quien ha marcado cierta distancia con la cúpula en meses recientes, criticó abiertamente la situación: “Esto ya no se parece al proyecto colectivo que defendimos”, lamentó, exhortando a que “la RC debe reaccionar” y corregir el rumbo.

En un mensaje difundido en redes, la prefecta advirtió que el movimiento “hoy se diluye entre egos e imposiciones”, deplorando lo ocurrido con Peña y el curso que ha tomado la organización que ella, Correa y otros fundaron años atrás. Sus declaraciones públicas, inusuales por provenir de una figura de alto perfil del movimiento, reflejan una corriente crítica interna preocupada por el sectarismo.

Aguiñaga llegó a decir que prefiere ser “la oveja negra de la RC antes que callar mi voz”.

tomando distancia de posturas como la denuncia de supuesto fraude electoral que Correa y González enarbolaron tras perder las elecciones presidenciales de 2025.

La postura de Aguiñaga recibió inmediata réplica de Peña en tono irónico: el ex-RC le advirtió que “tenga cuidado con lo que expresa; no vaya a ser que los caciques del movimiento lo lean y le acusen de traición por expresarse con objetividad”. Tal intercambio público entre correístas evidenció el nivel de tensión interna. Acto seguido, ese cruce desató la ya mencionada reacción de Correa, quien salió en defensa de la “compañera” Aguiñaga a la vez que arremetió contra Peña llamándolo oportunista e instándole a dimitir.

En pocas horas, la disputa interna de RC quedó expuesta ante el país: de un lado, la cúpula correísta cerrando filas y calificando a Peña de “manzana podrida” que había que sacar del canasto; del otro, voces dentro del movimiento pidiendo autocrítica por el rumbo que se está tomando.

Incluso dentro del bloque legislativo correísta hubo matices.

La asambleísta Patricia Núñez declaró ese mismo 29 de mayo que en RC “no se obliga” a votar según órdenes de los líderes, aunque reconoció que existe un buró político que delinea las posturas en temas importantes. Núñez consideró que “no era necesario llegar a extremos” como la expulsión y que aún cabía diálogo con Peña, a quien excusó por ser “un compañero nuevo que debe irse acoplando”.

Sus palabras sugieren que algunos en RC hubieran preferido manejar el desacuerdo internamente y con más tolerancia. No obstante, otros dirigentes fueron inflexibles: Jahiren Noriega, también de RC, sentenció que le “tenía sin cuidado” si Peña se iba, afirmando que “un voto más o un voto menos no suma si esa persona no hace política desde los principios y no está alineado a la ética de la organización”. Este contraste de opiniones revela un debate soterrado en el movimiento entre quienes priorizan la unidad monolítica y quienes abogan por dar espacio a criterios propios sin romper la cohesión básica.

¿Oposición constructiva o sectarismo? Análisis y perspectivas

El caso Sergio Peña trasciende la anécdota personal y se interpreta como síntoma de desafíos mayores para la Revolución Ciudadana. Por un lado, deja al bloque correísta con 65 curules en la Asamblea, disminuyendo su capacidad numérica frente a la bancada oficialista de ADN y sus aliados.

En términos prácticos, la salida de Peña – ahora declarado independiente – beneficia ligeramente al gobierno, que ve debilitado al principal bloque opositor. Pero más allá de los números, la controversia ha reavivado cuestionamientos sobre el modelo de conducción interna de RC.

No son pocos los analistas que advierten que el movimiento fundado por Correa podría seguir el camino del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) si no se renueva internamente. El propio Peña vaticinó, al romper con sus excolegas, que “si no hay recambio en el correísmo, le pasará lo mismo que al PRE, que se extinguió”.

La referencia no es menor

El PRE de Abdalá Bucaram fue en los 90 una fuerza populista dominante que, tras años de caudillismo y falta de relevo, terminó desintegrándose.

Hoy, la RC se enfrenta a dilemas similares. ¿Puede un movimiento político sobrevivir sin apertura al disenso interno? Varios politólogos sugieren que es hora de una reflexión profunda. El analista Jacobo García señala que RC deberá “recomponer su estructura interna y recuperar la confianza de su militancia” tras esta crisis, lo cual exige apertura al debate, inclusión de nuevas voces y renovación de su liderazgo.

En su criterio, sería sano permitir una disputa interna democrática – por ejemplo, en la elección de sus autoridades o definición de estrategias – en vez de seguir con un “control remoto” ejercido desde el extranjero, pues “será insostenible” manejar el movimiento a distancia bajo un esquema tan centralizado.

No es un secreto que RC es comandada desde Bélgica por Rafael Correa.

mientras figuras como Luisa González o Andrés Arauz actúan como voceros locales del líder. Esta verticalidad, que en tiempos de cohesión garantizó disciplina, podría convertirse en el talón de Aquiles si ahoga todo atisbo de pensamiento crítico interno.

En la misma línea, otros expertos apuntan que la reacción punitiva contra Peña puede tener un efecto contraproducente. El politólogo Javier Vera advierte que los movimientos con estructuras muy cerradas ven estallar sus conflictos desde dentro si no los gestionan con transparencia. La salida abrupta de disidentes hacia las filas del gobierno – como la posible incorporación de exmilitantes correístas al gabinete de Noboa, que ya se rumora– puede debilitar al correísmo más de lo que fortalece al oficialismo.

Además, para una parte del electorado de Noboa que votó contra Correa, ver a antiguos cuadros correístas en cargos estatales sería una “contradicción” incómoda si no se explicitan acuerdos. Esto sugiere que la estrategia gubernamental de cooptación también conlleva riesgos de deslegitimación si no se maneja con cuidado.

El terremoto político en RC podría reconfigurar el equilibrio de la oposición y el oficialismo en formas inesperadas.

Mientras tanto, Sergio Peña asiste a las sesiones plenarias desde una nueva ubicación: su curul fue reubicada lejos de sus excolegas correístas y más cerca de la bancada de ADN. El alejamiento físico simboliza su ruptura política “de raíz”. Peña ha ratificado que actuará como independiente “propositivo” y no descarta apoyar u oponerse a iniciativas gubernamentales según su mérito técnico, sin alineamiento automático.

Incluso aclaró que su voto favorable al primer informe de la Ley de Economías Criminales “no es un cheque en blanco” y que, de no incluirse mejoras adicionales en el texto para el segundo debate, votará en contra de la versión final. Con ello, busca subrayar que su lealtad última es a sus principios técnicos y a sus electores, no a banderas ciegas.

El episodio de Sergio Peña ha abierto un necesario escrutinio sobre la forma en que la oposición ejerce su rol en Ecuador.

¿Debe la Revolución Ciudadana replantear su estrategia parlamentaria, pasando de la negación sistemática a un opositor técnico propositivo como Peña sugiere? ¿O corre el riesgo de aislarse en un núcleo duro cada vez más pequeño? Las voces críticas dentro y fuera del movimiento señalan que la intolerancia al disenso y el excesivo centralismo pueden minar la vitalidad de RC a largo plazo.

Por el contrario, una apertura controlada al debate interno y la renovación podría fortalecerla como opción política moderna. El camino que tome RC en respuesta a esta crisis marcará su destino: o bien la consolidación como una oposición madura capaz de incidir con propuestas técnicas, o el ahondamiento de su fractura sectaria que podría hacer realidad la profecía de extinguirse como los viejos partidos del pasado.

En última instancia, la expulsión de Sergio Peña ha puesto a la Revolución Ciudadana frente al espejo de su propio proyecto político: uno que nació prometiendo participación y pensamiento crítico, y que hoy debe decidir si esas premisas tienen cabida puertas adentro.

Por Rafael Rubio Rubio

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»Mientras la presidenta de un movimiento (Luisa González) llama a un diálogo, al siguiente día cae a dinamitar el expresidente Correa», dijo el líder indígena en entrevista a Primera Hora.

Agregó que la RC no es una »verdadera izquierda» y que la dicotomía política entre »correísmo» y »anticorreísmo» se mantiene por el mismo exmandatario y la oposición.

El pasado 21 de mayo presidenta de la RC, Luisa González, señaló que no descarta la posibilidad de sentarse a hablar con el líder de la Conaie, Leonidas Iza, para una alianza en las elecciones presidenciales del 2025.

“Creo que coincidimos en la gran mayoría de planteamientos y una unidad de izquierda”, dijo González en entrevista para Ecuavisa.

Asimismo resaltó que la elección del binomio presidencial se llevará a cabo en las primarias del movimiento político. Hasta el momento descartó ser la precandidata de la RC y que por ahora cumple la función de recorrer el país e invitar a la ciudadanía a unirse a la organización política.

El mensaje de Noboa

Por otro lado, Iza calificó de falacia a los »datos inexactos» que el presidente Daniel Noboa dio en el informe a la nación el pasado 24 de mayo. Resaltó que el mandatario no ha dicho nada sobre “los negociados que ha servido el gobierno” y sobre la militarización de territorios indígenas como Las Pampas, Palo Quemado, incluso, Olón. (AGM).

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«Creo que hay cosas en las que estuvimos, un momento, de acuerdo con ella y cosas que no. Además, por temas históricos. Ella inicia su carrera política en la Revolución Ciudadana y era afín al correísmo», dijo el mandatario sobre su compañera de fórmula.

Asimismo se refirió a María Paula Romo, a quien denominó como «la representante de la extrema derecha del Ecuador». Expresó que estuvo en las filas del correísmo y fue asambleísta constituyente por la Revoluciòn Ciudadana, antes llamada Alianza PAIS.

Agregó que no está de acuerdo en casi nada del comportamiento de la vicepresidenta en los últimos meses. «Pienso que irse en contra de un propio gobierno es desleal. No es correcto».

La carrera política de Abad

La realidad es que no constan registros de que la vicepresidenta Abad haya tenido alguna vinculación con el correísmo en su carrera política. En 2006 fue candidata a consejera provincial de Azuay. Estuvo a la cabeza del Movimiento Compromiso Cívico Cristiano Con la Comunidad (C4). Militó en las filas de CREO de Guillermo Lasso y en 2021 buscò una curul en la Asamblea Nacional.

Durante las elecciones seccionales 2023 fue candidata a la Alcaldía de Cuenca por el movimiento AMIGO y obtuvo el 5% de los votos. De allí, llegó a la alianza entre ADN, Mover y Pueblo Igualdad y Democracia como binomio de Daniel Noboa en las elecciones anticipadas.

Relación rota

De acuerdo con la ley, si el presidente se ausenta en sus funciones, la vicepresidenta/te debe reemplazarlo. No obstante, Noboa indicó que van a consultar a la Corte Constitucional «cuál será el tiempo que se tiene que pedir licencia».

Sobre el cargo que ocupa en Israel, el presidente dijo que el puesto que ocupa la vicepresidenta es el que él asigne, según la Constitución. «Ella había mencionado de que tenía un gran amor por Israel e inclusive trabajó allí y que quería trabajar por la paz en el mundo. Entonces me parece adecuado, de acuerdo a las preferencias de ella, que vaya a Israel». (MIB)

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Así lo afirmó, a propósito de las declaraciones del candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz (RC) en una entrevista del 28 de abril de 2023 para el diario argentino Perfil, donde proponía un sistema monetario digital denominado ‘ecuadólares’.

Para De la Torre, avanzar hacia la ‘desdolarización’ no tiene ningún objetivo técnico o político positivo. Él puntualizó que el sistema de dinero electrónico del Banco Central sí tendría respaldo de los depósitos en otras cuentas de instituciones bancarias. No como se quiso hacer creer: que el Banco Central emitiría moneda paralela al dólar y sin respaldo.

El exministro de Finanzas subraya que esta es una manera de aliviar la economía del Ecuador. Es decir, usar un canal digital reduciría los costos de importar dinero físico desde Estados Unidos, país que emite el dólar. Sostuvo que cuando se trae este dinero físico, este viene directamente de las reservas internacionales del país, por lo cual, resulta muy costoso para el Estado.

De la Torre recalca que las interpretaciones de la propuesta de Arauz son simples juegos de palabras. «En política y en elecciones, lo que digan los candidatos va a ser utilizado en su contra», expresó. La palabra «convertibilidad» tiene distintas connotaciones, como las críticas que tienen la intención de dar a entender que el Ecuador volverá a tener moneda propia con convertibilidad al dólar.

Andrés Arauz: “Vamos a fortalecer la dolarización”

Pero De la Torre explica que, por ejemplo, también: «ahora, todo el tiempo cuando vamos al cajero automático estamos convirtiendo nuestro dinero contable que está en un depósito, en billetes«. Para el experto, la economía del país seguirá fortalecida si el país mantiene el sistema financiero dolarizado. Por ello agregó que el Estado no posee problemas inflacionarios.

‘Desdolarizar al Ecuador’

Las actuales «billeteras electrónicas» o «wallets» se han consolidado en el país. Para el exministro de Finanzas, su uso cada vez se extiende más, por lo que facilitará el uso de dinero electrónico hasta en las partes más alejadas del territorio nacional. Estas aplicaciones de bancos privados permiten cobrar o pagar dinero de manera simple y rápida. Sin embargo, la precursora fue la aplicación «Efectivo» del Banco Central del Ecuador.

Con ella se promovía el uso de dinero de manera electrónica, respaldado en cuentas de bancos públicos, privados, populares o solidarios. No obstante, este sistema fue desmantelado por el gobierno del expresidente Lenin Moreno con la aprobación de la «Ley para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera».

Según explica De la Torre, se atendió los intereses de la banca privada. Esto quiere decir que, los grandes grupos financieros del país impusieron esta ley para tener el control del dinero electrónico y no el Estado, como se instauró desde un principio.

El tema de la ‘desdolarización’ resurge en medio del escenario electoral. En las pasadas elecciones de 2021, cuando Arauz era candidato a la presidencia, pretendía supuestamente, suprimir la dolarización en el Ecuador, de acuerdo con la oposición. Para De la Torre y otros expertos, estas discusiones técnicas confunden al electorado que no sabe mucho sobre política monetaria (S.B).

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Estando en la recta final de la campaña electoral de estas elecciones anticipadas en el Ecuador, empezamos a encontrarnos con discursos políticos cada vez más fuertes y explícitos que buscan captar la suficiente votación para definir los resultados de la primera vuelta, que,según las últimas encuestas, se decidiría con márgenes muy estrechos. Ya sea para que exista una victoria de la Revolución Ciudadana (RC) en primera vuelta o para definir cuál candidatura, de un pelotón conformado de al menos 3 binomios, entra a disputar la segunda vuelta electoral. Entre los discursos que se han podido escuchar durante los últimos día se encuentran el de mano dura contra la delincuencia, el del regreso a la senda del bienestar pasado, y también, el discurso anticorreísta.

Como reflexioné en un artículo anterior, el discurso anticorreísta se encuentra en horas bajas luego de los pésimos resultados de un gobierno que nació como resultado de este. El fracaso fue tan rotundo que el presidente Guillermo Lasso se vio obligado a firmar, por primera en la historia nacional, la muerte cruzada y llamar a elecciones anticipadas para evitar su destitución por juicio político en la Asamblea Nacional. El gobierno lassista nació y llegó al poder de la mano del anticorreísmo, siendo Guillermo Lasso su principal representante. De hecho, podríamos decir que el lassismo fue el anticorreísmo de Estado. Es decir, en el poder. Ser gobierno causó la implosión del consenso anticorreísta que aglutinó a varios sectores, progresistas y oligárquicos, y que vivió sus horas más altas
de cohesión y fuerza entre el 2018 y el 2021. Pero también hay que tener claro que este momento de debilidad de esta identidad política no significa su desaparición, sino más bien, una transición que logre encontrar un nuevo liderazgo que pueda articular su discurso y representarlo en una nueva etapa.

Con esto en cuenta, mientras presencias como el gobierno de Lasso fue perdiendo legitimidad política frente a la ciudadanía, lo mismo ocurría con el discurso anticorreísta, que perdía, además, la capacidad de explicar la realidad y de antagonizar con sus adversarios, principalmente, con la Revolución Ciudadana (RC) y el correísmo. De este modo, tiene sentido que el campo oligárquico nacional busque distanciarse de este discurso y su principal representante para estas elecciones generales. Sabe que volver a usar de la misma manera ese discurso de odio, que tan útil fue en las elecciones de 2021, a día de hoy puede ser más perjudicial para sus intenciones que beneficioso.

Es así como hemos visto a varios candidatos tratando de recuperar cierto discurso ideológico de derecha más tradicional. Otto Sonnenholzner, con su “Pan, plata y progreso”, ha buscado construir un símil del slogan más material y antipolítico de León Febres Cordero en 1984, “Pan, Techo y Empleo”. O, Jan Topic, candidato del PSC, que ha construido su principal línea de campaña sobre el discurso más característico y neoliberal del partido. Esto es la “mano dura” contra la inseguridad y delincuencia para pasar del “miedo a la esperanza”. La candidatura que menos se ha despegado del anticorreísmo es la de Fernando Villavicencio y su “lucha contra las mafias”, pero que no le permite, hasta el momento, sumar suficientes apoyos para disputar con fuerza el segundo lugar.

Ahora, según las últimas encuestas, la situación que se presenta estos días es que la candidatura de la RC, Luisa González y Andrés Arauz, está bordeando el 40% de los votos válidos y ha tomado una distancia de más de 15 puntos de diferencia con el pelotón que se disputa el segundo lugar. Distancia más que suficiente para resultar victoriosos en una sola vuelta. Es en este contexto, que hemos presenciado como en los últimos días se han multiplicado los mensajes de odio en redes contra la RC, las noticias falsas, o las tergiversaciones en contra de este binomio en la misma línea del anticorreísmo que vivimos en la contienda electoral de 2021. Mensajes que hoy no los abandera ningún candidato en particular, sino que se transmiten a través de medios de comunicación, periodistas y redes sociales, que se están encargando de mantener vivo el anticorreísmo en este momento.

Entonces, es así como se presenta el dilema para el campo oligárquico neoliberal en agosto de 2023. Este recae en la necesidad de alejarse del discurso anticorreísta para recapturar apoyo ciudadano, pero al mismo tiempo, saber que sin él son incapaces de disputarles suficientes votos a la RC para evitar que obtengan la presidencia en la primera vuelta.

Las élites se han dado cuenta que no pueden prescindir tan fácilmente de ese discurso de odio, de miedo y de tergiversación que es el anticorreísmo, para así forzar a la RC a rebatir sus acusaciones y alejarlo de su discurso más ideológico-programático. Este último es el terreno donde la RC es fuerte y en el cual las élites no tienen mucho más que ofrecer al país. El anticorreísmo busca reducir la discusión política al barro y provocar la reacción visceral del correísmo para evitar que sume más votos, particularmente, de aquellos sectores que aún se encuentran en la indecisión.

Valga decir, también, que la fuerza que tenga el anticorreísmo, en cualquier momento, depende de la atención que le preste su principal adversario. Y por lo visto, no hace falta mucho para que el correísmo (dirigentes y sus simpatizantes) caigan en la provocación que busca y necesita el anticorreísmo para dirigir el debate hacia donde quiere. Solo hay que tener en cuenta que es muy fino el equilibrio que el bloque oligárquico necesita para usar este discurso sin que este les perjudique también. Pero parece que el escenario actual los empujará a seguir usándolo cada vez más en estos últimos días de campaña para forzar una segunda vuelta y así evitar el regreso del progresismo a Carondelet. Habrá que esperar
a los resultados del 20 de agosto para saber si el presente dilema pudo resolverse.

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«Respeto todos los puntos de vista, no emitiré ningún comentario en su contra (González). Dejo mi candidatura para asambleísta por Pastaza en manos de la ciudadanía, quien decidirá en un proceso democrático y transparente este 20 de agosto», publicó Morante a través de sus redes sociales.

El 3 de agosto, González le retiró el respaldo a Morante tras descubrir que en años pasados calificó a sus dirigentes y a la organización política que la impulsa como «corruptos y ladrones». La candidata presidencial le reprochó este acto de traición por considerarlo incongruente con su adhesión a la lista de aspirantes al Legislativo.

También hizo un llamado a la militancia en Pastaza a votar por los candidatos que mejor crean.

“Le retiro el apoyo a Ximena Morante y le dejamos a nuestra militancia la libertad para votar por la lista de candidatos que ellos prefieran (…) ¿Dónde están sus principios? Si somos corruptos y ladrones, ¿por qué pidió ser nuestra candidata?”, cuestionó González durante un conversatorio con medios de comunicación en el Puyo.

Aclaró que la depuración dentro del movimiento es fundamental y señaló que en ha transcurrido poco tiempo desde que se enteró de la traición de Morante. “La depuración debe ser interna primero”, apuntó.

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González argumentó que Morante los tildó de «corruptos y ladrones» en años pasados. También hizo un llamado a la militancia en Pastaza a votar por los candidatos que mejor crean.

«Le retiro el apoyo a Ximena Morante y le dejamos a nuestra militancia la libertad para votar por la lista de candidatos que ellos prefieran (…) ¿Dónde están sus principios? Si somos corruptos y ladrones, ¿por qué pidió ser nuestra candidata?», cuestionó González durante un conversatorio con medios de comunicación en el Puyo.

Aclaró que la depuración dentro del movimiento es fundamental y señaló que en ha transcurrido poco tiempo desde que se enteró de la traición de Morante. «La depuración debe ser interna primero», apuntó.

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Hoy, en junio de 2023, en que el símbolo que la ultraderecha usara como un insulto, ha sido tomado para sí, exitosamente convertido en metáfora tierna y humorística por el cambio electoral, tras una pesadilla de 6 años con 50 mil muertos por pandemia, privatización de bienes públicos de todos los ciudadanos y una ola de inseguridad y narco-corrupción bancaria que ha llegado a límites vergonzosos, vale la pena recordar esta breve memoria histórica sobre el término «borregos», acuñado en la Colonia y heredado por los terratenientes para insultar y ofender a los más pobres y los más vulnerables.

En la actualidad reciente («reciente» al no sobrepasar 15 años de su utilización reiterada, a manera de martillo-pilón, en las redes sociales más conservadoras y de extrema derecha), el Ecuador vio cómo esa palabra: «borrego», fue asumida como término cuestionador y burlón contra la Revolución Ciudadana, y contra todas y todos quienes la apoyan, aunque sean millones y millones de personas.

Históricamente el término apareció en este país como insulto y mofa usada por los grupos sociales más conservadores, especialmente de la Sierra y los defensores del statu-quo, contra quienes se alzaban.

Así, por ejemplo, en las reseñas históricas, «Indios borregos» aparece como el dicho predilecto de terratenientes, o de la población blanco-mestiza de las ciudades castizas (verbigracia: Ibarra, la «ciudad blanca», título surgido en antítesis a «la ciudad de los indios» -Otavalo-) y de los pequeños propietarios -que siempre se creían grandes- en su parroquia y en la nación.

En el lenguaje heredado por las costumbres, no se recuerda esta tradicional carga racista arrastrada desde la colonia en el léxico. «Indios borregos» en el siglo XIX ya se usaba para etiquetar a «los indios borregos de Daquilema». Y éstos eran nada menos que los diez mil indígenas que se insurreccionaron en masa junto a ese muchacho de 26 años de edad, en Cacha, donde el diezmo españolete, herencia de los chapetones, aún le era cobrado abusivamente al pobrerío por los arrogantes funcionarios mestizos del régimen de ‘el santo del patíbulo’ («Parece paloma blanca, parece García Moreno», decía una nana infantil de la época).

«Indios borregos» es el insulto a los indígenas durante los numerosos y sucesivos levantamientos que tomaron fuerza desde la década de los 90; «borregos» es el término castizo que se usó contra los obreros que se juntaron y alzaron contra la plusvalía, los industriales y empresarios de las cámaras en la inicial configuración del poderoso movimiento obrero organizado en el cordón fabril de Quito en los 70, y -sobre todo-, en las emblemáticas huelgas nacionales obreras de los 80.

El término «borrego», por lo tanto, es una construcción cultural y social, que va haciéndose parte del léxico y la mentalidad nacional a lo largo de décadas; no es una palabra surgida de la noche a la mañana, sino que se fue amasando, como otra: el infame vocablo «roscas», en el siglo XIX y XX esgrimido por los señores de hacienda, luego por la clase media serrana y, al final, por el mismo pobrerío aindiado de las ciudades, para referirse a los indígenas del campo y al migrante de la comunidad en las capitales.

Recuerdo muy bien que con el término ovejuno, los chicos conservadores de mi colegio, los profes conservadores del ‘Mejía’ y los policías de la época (redundante decirles conservadores), intentaban ofender a los miles de muchachos del plantel que rompían gustosamente el contrato social del conformismo -más las puertas del establecimiento-, y que salían en ríadas a ‘las bullas’, a protestar contra el gobierno transicional del capitalismo del Estado gendarme al capitalismo neoliberal, de Oswaldo Hurtado; ó contra el sangriento régimen de León Febres Cordero. Así les etiquetaban a los miles de muchachos: «¡Los que salen a bullas son vagos y borregos del Ponce!» (fui dirigente estudiantil en aquellos años); ó «los borregos de la R» -nuestro frente secundario en ese entonces-.

Era una referencia bastante primaria, por cierto, pues pretendía hacer creer a la gente (ya se auto creían previamente los mismos que lo decían) que todo aquel que protestaba o apoyaba toda rebeldía anti-sistema, era porque asumía un parecido obediente -«¡y comunistas, además!»- a aquel animalito afelpado, lanudo y bíblico -¿Sería porque íbamos ‘como ovejas al matadero’ febrescorderista?-.

La pregunta, poco evidente, porque nadie se la hizo públicamente, es: ¿Y será que en el actual uso curuchupa, derechoso e injuriante de este término en el Ecuador, sobre todo en la red social, hay -como lo intuyo- una desconocida y atávica costumbre conservadora, heredada de los latifundistas serranos contra el resto, para endilgarle al adversario una ‘ovejera condición innata’ que tiene su origen, nacionalmente hablando, en la incapacidad de creer que el otro se mueva por ideas y no por plata, sánduches o colas? ¿O como decían desde los tiempos de la Guerra Fría los anti-comunistas de la clase media a los guambras que a fines de los 70 nos iniciábamos en la lectura de Marx, Rimbaud, el Che y la preparación de la molotóv: «¡Los izquierdistas les lavan el cerebro!»?

De Noam Chomsky aprendí que las palabras tienen un origen y una razón de ser, que hay que buscarlo y hallarla, que cada palabra, especialmente aquellas que damos por hechas y de uso ‘normal’, tienen una carga cultural insospechada, y que las palabras que usas encierran tu ideología: la manera de pensar, primaria o compleja, se delata siempre en la manera de hablar y, sobre todo, en la manera cómo tratas al adversario. ¿Dices que no eres facho, ni racista, ni xenófobo, ni machista, ni enfermizo odiador, ni homofóbico, ni aporofóbico (aquel que desprecia a los pobres), ni discriminador? Primero óyete, o léete cada tuit y cada post que pones de patológico rencor a la Revolución Ciudadana.

Bien, pues: ahora les invito a imaginar cómo habla ahora el arriba, la derecha, el poder, los neofachos y los trolls de Villavicencio, Topic y Otto en las redes sociales de los extremistas de derechas.

El resto es sólo cosa de darse cuenta nomás: de la triste pobreza conceptual que inunda a la derecha y la oligarquía del Ecuador. Todo el debate, de un país entero, inculto y curuchupa (conservador) políticamente hablando, se define en ese lenguaje de odio contra el distinto, el opositor, el adversario, el hoy seguro vencedor: «borregos».

No me cuadran el insulto y el agravio a un pueblo pobre, usando el término de los fusiladores de Daquilema y la vejación de los gamonales , porque ese lenguaje degrada un país entero a su era latifundista, chapetona y curuchupa: porque expresan la pobreza política de una sociedad despolitizada.

La red social es pavloviana y, a la manera del perro del célebre fisiólogo ruso, apenas mira, oye, siente o sospecha a un izquierdista, progresista, correísta o indígena tendencia Iza (el Yaku, en cambio, es el «indio integrado» a la casa hacienda, aunque le hacen entrar por la puerta de la cocina siempre), empieza a vociferar: «borrego, borrego, borrego».

Nunca olvido que cuando la extrema derecha odiadora en Brasil insultó a las mujeres militantes del PT y seguidoras de Lula llamándolas «¡brujas!», ellas y el Partido de los Trabajadores, ganador sobre el violento bolsonarismo, adoptaron la palabra y el dibujo y la imagen. Y se auto llamaron, con orgullo, «Somos Las Brujas del PT». Y vencieron.

El lenguaje de hacendado, por lo menos electoralmente, es ahora cosa del pasado en Ecuador. Un país distinto empezó a usar hoy tierna y humorísticamente el término, en imágenes poéticas, con otro lenguaje, de afecto no de odio, en un idioma imaginativo de acercamiento y auto-dignidad.

Ya se inauguró este nuevo estilo pacificador idiomático, de lenguaje no violento y de léxico amable en el trato cotidiano y político electoral.

Los borregos, borregas y borregues, nunca más serán ofendidos por un término grotescamente impuesto en el chip de una violenta, clasista y racista élite durante un siglo y medio.

Recuerdo que, Malcolm X y el pueblo negro de EEUU en los ’60 decidieron adoptar con orgullo su color y su condición. Y así bautizaron su nueva vida y conciencia: «Black is beautiful» (‘Lo negro es bello’)

Que sigan vociferando en mi país unos cuantos trolls y su psicópata candidato del odio. No importa: hoy se acaba de superar un siglo y medio de vejación y 16 años de insulto político infame. «Somos borregos de izquierda, somos hermosas borregas, somos sencillos y eficientes borreguitos, sí. Y vamos a vencer», dicen cada uno de los dibujos e ilustraciones que invaden nuestras redes. Y eso empezó a decir un pueblo.

Como lo empezó a decir la dibujante y comunicadora creadora de este afiche precioso, que Ella hizo, desde una silla de ruedas, usando Inteligencia Artificial. Es decir, poniendo su corazón y su cerebro, utilizando la tecnología al servicio de los derechos de los más vulnerables, para superar por fin estos seis años de pesadilla hacendataria.

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De acuerdo con las cifras, el 20,2 % se identifica como «muy correísta» y el 14,9 % como «algo correísta». Mientras que, el 28, 8 % no se inclina a ninguna tendencia, es decir, no se considera correísta ni anticorreísta.

En cambio, el 5,1 % se cataloga algo anticorreísta, frente al 8,9 % que se califica como «muy anticorreísta». A diferencia de ambos polos, el 22,2 % no se define en ninguno de los espectros políticos.

La encuesta fue realizada a más de 3 mil personas, de las 24 provincias de Ecuador, mayores de 16 años del 16 y 18 de junio de 2023. Según la empresa, el margen de error es de ±2.8 puntos, con el 95 % de confianza.

El panorama

Luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada, el pasado 17 de mayo, los ecuatorianos han apostado a que un candidato de la RC cambie la realidad del país.

La empresa de investigación Click Research realizó 2.280 encuestas a personas de Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, y otras provincias de la Costa y la Sierra. Las cifras las lidera el candidato de Rafael Correa con un 32.23 %.

Además, debido a la crisis económica, social y política, el primer mandatario obtuvo el 15 % de respaldo durante los dos años de gobierno, esto en comparación a sus homólogos de Latinoamérica.

Lasso está por debajo de los presidentes Nicolás Maduro (19 %) o Daniel Ortega (34 %); incluso la peruana Dina Boluarte lo supera con un 25 %. En cambio, la lista está encabezada por mandatario salvadoreño Nayib Bukele (90 %) y el jefe de Estado mexicano Andréz Manuel López Obrador (74 %). (N.J.C)

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Los 8 binomios para la presidencia y vicepresidencia del Ecuador que se han conformado para las elecciones del próximo agosto (2023) son: Luisa González/Andrés Arauz por Revolución Ciudadana (RC-5); Jan Topic/Diana Jácome por Partido Social Cristiano, PSC; Partido Sociedad Patriótica, PSP; y Centro Democrático; Yaku Pérez/Nory Pinela por Unidad Popular, UP; Partido Socialista Ecuatoriano, PSE; Democracia Si, DS; Otto Sonnenholzner/ Erika Paredes por Avanza y Suma; Fernando Villavicencio/Andrea González por Movimiento Construye” (ex Ruptura de los 25); Xavier Hervas/Luz Marina Vega por Movimiento RETO; Bolívar Armijos/Linda Romero por Movimiento Amigo; Daniel Noboa/Verónica Abad por Pueblo, Igualdad y Democracia, PID y Movimiento Mover (antiguo Alianza País). También serán elegidos los miembros de la nueva Asamblea Nacional y se realizará una histórica consulta popular sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
 
Lo primero a tomar en cuenta es que la idea de que los partidos políticos son intermediarios entre el Estado y los ciudadanos, así como constructores de la democracia, es muy discutible en Ecuador. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) están registrados 6 partidos y 11 movimientos nacionales; 69 provinciales; 174 cantonales; y 19 parroquiales, un total de 279 agrupaciones políticas. La enorme mayoría de “partidos políticos” o “movimientos” no pasan de ser clubes electorales con simples membretes, alrededor de figuras que aglutinan amigos, familiares, simpatizantes y adherentes, más que a “militantes” propiamente dichos; sin ideología definida ni programa de gobierno significativo, con intereses personalistas o burocráticos. Las “alianzas” partidistas tienen fines coyunturales, clientelistas y aspiran a prebendas. Bajo estas realidades, es evidente que tampoco sirve una clasificación coherente y certera entre “izquierdas” y “derechas”, términos inexactos, que son usados para las más variadas interpretaciones. De manera que, en un régimen presidencialista como el de Ecuador y en la mira de las futuras elecciones, hay que observar las orientaciones partidistas de acuerdo con la trayectoria e identidad que demuestran frente a las realidades del país.  
 
Implacablemente perseguido durante 6 años (Lenín Moreno inició esa persecución, continuada por Guillermo Lasso), con líderes judicializados y sentenciados, militantes emigrados, atacado por todas las agrupaciones y movimientos que quieren levantar su espacio político, con una fuerza recurrente de apoyo (10 elecciones ganadas entre 2007 y 2017) y una personalidad (Rafael Correa) sobre la que orbitan directrices centrales, la RC-5 es, paradójicamente, el único partido-movimiento con amplia organización nacional, con ideario, programa gubernamental y experiencia en el Estado. En las elecciones seccionales y locales de febrero 2023, a pesar de las adversidades, el “correísmo” obtuvo un triunfo contundente. De igual manera, es una organización con diversidades internas y, además, centro de críticas y desengaños por parte de sectores que, sin embargo, pueden estar dispuestos a apoyar sus acciones y propuestas.
 
El PSC, la segunda fuerza nacional incluso en las elecciones de febrero, tuvo su época de gloria en el pasado inmediato, hegemonizó tres décadas en Guayaquil y adquirió significativa presencia en la Costa ecuatoriana. Sostuvo al gobierno de L. Moreno y también al de G. Lasso, hasta que rompió con él; pero está en declive, incluso por la separación de antiguos militantes que formaban parte del círculo central. El PSC ha expresado los intereses de la poderosa oligarquía guayaquileña, además de que los grandes empresarios del país lo apoyaron permanentemente. También las “derechas” sociales y políticas se sintieron representadas en él, hasta el aparecimiento de agrupaciones menores como CREO (patrocinador de G. Lasso en 2021, aunque hoy fuera de contienda) y Suma (hoy con Sonnenholzner). No pasa del oportunismo político o el cálculo burocrático, el respaldo actual del PSP y de CD, que son clubes electorales.
 
La candidatura de Y. Pérez, que se ofreció como alternativa al “correísmo” en 2021 (alcanzó el tercer lugar y el balotaje se definió entre Aráuz y Lasso), se halla en condiciones diferentes para el 2023. Hoy cuenta con el patrocinio de agrupaciones políticas tradicionales, que no han podido levantar una alternativa popular ni de gobierno desde hace décadas, pese a que se autodefinen como “verdaderas” y “auténticas” izquierdas y privilegian el “anti-correísmo”. Pérez ha tenido declaraciones a favor de Lasso desde 2017 e incluso se separó de Pachakutik; pero a último momento ha recibido el apoyo de la cúpula conservadora de Pachakutik, que tampoco ha podido presentar candidatos propios. Ello ha generado fricciones con la CONAIE, cuyo dirigente, Leonidas Iza (su candidatura habría contado con amplio apoyo entre las izquierdas sociales), ha señalado que las directivas de Pachakutik han tomado resoluciones personales ajenas a las decisiones colectivas de las bases. De modo que, con un movimiento indígena electoralmente dividido, Pérez no contará con el respaldo del pasado, por más que arrastre tras sí a sectores que nada quieren saber del “correísmo”.
 
En otro vértice, F. Villavicencio, calificado como el “principal abogado del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional” por quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de 2008, solo se ha caracterizado por el radical anti-correísmo, revestido como combate a la corrupción. Mientras X. Hervas ha destacado por su ubicuidad en la “centro-izquierda”; D. Noboa, por ser hijo del millonario Álvaro Noboa, otrora recurrente candidato presidencial del desaparecido PRIAN, que fue una agrupación familiar; y B. Armijos, por su baja presencia política.

Las definiciones colectivas en el movimiento indígena no alterarán las divisiones políticas ya manifiestas. El movimiento de los trabajadores, por su parte, está tan debilitado y fraccionado que la posición de sus dirigencias no tiene repercusión ante el conjunto de las clases trabajadoras del país. También hay organizaciones sindicales que han defendido a Lasso y privilegian el anticorreísmo. Entre los otros movimientos sociales, los ecologistas son sensibles contra todo extractivismo y el de mujeres contra los límites a la reivindicación de sus derechos.
 
Pero el esclarecimiento de la coyuntura política del Ecuador tampoco puede basarse en cuestiones de marketing o de estilos y figuras personales, sino en las condiciones históricas del país. Por consiguiente, es necesario comprender que, en esencia, lo que está en juego en las futuras elecciones, es el modelo económico y social. Moreno revivió el neoliberalismo-empresarial que Lasso afirmó con características oligárquicas, similares a las de la primera “época plutocrática” del Ecuador entre 1912-1925 (por eso en varios artículos me he referido a la “segunda época plutocrática”). La base de ambos gobiernos se halla en un sólido bloque de poder, hegemonizado por grandes empresarios “derechistas”, elites enriquecidas, medios de comunicación, capitalistas externos, el imperialismo y una internacional conservadora anti-progresista. Un bloque golpeado con el fracaso del gobierno de G. Lasso, que no tuvo más remedio que acudir a la “muerte cruzada” para salvarse del juicio político en la Asamblea, a mitad de su gestión presidencial.

Confiaron en que los intereses de los grandes grupos económicos y las capas ricas del país serían garantizados; lograron imponer esos intereses en el Estado; capturaron la conducción de [las instituciones estatales centrales; y se beneficiaron con la implacable “descorreización”, con la que pretendieron enterrar todo izquierdismo y progresismo. Con su atrasada visión del mundo, aquel bloque ha persistido en cuatro consignas económicas desde las décadas finales del siglo XX: reducir al Estado, reducir los impuestos, flexibilizar el trabajo y privatizar bienes y servicios públicos. Topic y Sonnenholzner representan la continuidad de ese régimen, aunque electoralmente dividen a las “derechas”. El PSC, que no presentó candidato propio, sino que decidió patrocinar a alguien ajeno a sus filas, confía, además, que el millonario empresario Topic, “soldado profesional”, paracaidista y experimentado francotirador, capte las decisiones electorales de una población desesperada ante la inseguridad cotidiana y el imparable crecimiento de la delincuencia y las mafias, un fenómeno inédito en la historia nacional, que apareció durante el gobierno de Moreno (el general Paco Moncayo confirmó que Moreno “desmanteló” el sistema de seguridad del país) y se desbordó en el de Lasso.
 
El peligro real para ese bloque de poder es el binomio González/Arauz. Entre sectores progresistas y de izquierda surgieron síntomas de frustración, sobre todo porque unos aspiraban la candidatura presidencial de Arauz; otros, la participación de Carlos Rabascall. También se dispararon las críticas contra la identidad “pro-vida” de L. González y su posición contraria al derecho al aborto. Sin embargo, hay condiciones históricas favorables para que la candidata progresista pueda convertirse en la primera presidenta de la historia del Ecuador, a pesar de que un consultor político piensa que la RC-5 ha optado “por la ¨soldada leal¨ con quien dificilmente ganarán las elecciones del 2023, pero la posicionarán para el 2025, con intención de que Rafael Correa sea su acompañante en la papeleta una vez nulitada su surrealista inhabilitación por ¨influjo psiquico¨… El proyecto correísta parece ser a 2025 y no para ahora, a la par se muestra cada vez más personalista y conservador”.  
 
Finalmente, habrá que tomar en cuenta las elecciones para la Asamblea, pues si se logra una mayoría identificada con el Ejecutivo, se garantizará un camino de convergencia en la conducción de las funciones del Estado que, de lo contrario, solo produciría un constante bloqueo y hasta una “pugna de poderes”.

De otra parte, quienes conocen las experiencias latinoamericanas y han seguido su historia saben bien que nunca se puede descartar el interés de la visión geoestratégica americanista de los EE.UU. en las elecciones que se realizan en cualquier país del continente. Desde su perspectiva, preferirán gobiernos empresariales y de “derecha”, a cualquier opción “peligrosa” de naturaleza progresista e izquierdista. Tienen experiencia con lo que sucedió durante el primer ciclo progresista latinoamericano y con aquellos gobiernos identificados con el segundo ciclo. Y de todo ello hay suficientes estudios académicos en la región. De modo que frente a la RC-5, les resultan bien aceptables Topic o Sonnenholzner, pero, en otra línea, también Pérez y, sobre todo, Villavicencio, quienes crean el espejismo ideal de una izquierdosidad muy conveniente para sepultar las aspiraciones de retorno del incómodo correísmo.
 
Es evidente, entonces, que la polarización política y electoral está entre la RC-5 y las candidaturas de Topic y Sonnenholzner. Aquí está en juego el modelo económico-social. Sin embargo, Pérez y Villavicencio aparecen como contradictores del “correísmo” y posiblemente sumen adhesiones de “derecha” y de “izquierda”. Pero todos apuntarán contra la RC-5 y mucho más si los resultados electorales conducen a la segunda vuelta. De hecho, apenas presentadas las candidaturas para el registro oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la calificación del binomio de la RC-5 (y el de Villavicencio), argumentando incumplimientos de “formalidades legales” y fijando plazo para subsanarlas. Es solo un “incidente”, pero ¿qué más podrá venir en las siguientes semanas? El “anti-correísmo” despierta tales pasiones, que hasta la irracionalidad despega. Es un fenómeno ya experimentado en toda América Latina por el lawfare y el combate mediático contra cualquier liderazgo progresista, como ocurrió con Lula en Brasil o Cristina Fernández en Argentina.
 
En definitiva, así como al bloque de poder todavía vigente le interesa preservar su hegemonía económica y estatal, a los sectores del progresismo y la izquierda sociales interesa la definitiva defunción del neoliberalismo-empresarial “libertario” y oligárquico, que tanto daño ha hecho al Ecuador, como puede comprobarse en diversos estudios. Una economía de tipo social o una economía empresarial-neoliberal están en los polos opuestos de las elecciones de agosto. Se dará solo el primer paso, porque más decisivas serán las elecciones de 2025, cuando podrá marcarse un camino de larga duración para la sociedad ecuatoriana.

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«Me parece que el legado de Guillermo Lasso es haber revertido esa tendencia (el anticorreísmo). No solamente que hoy los principales personeros o líderes de la Revolución Ciudadana (RC) se encuentran ya en libertad, incluso a uno de ellos le restituyeron los derechos políticos. […] No han devuelto ni un centavo al Estado ecuatoriano. Han ganado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a través de maniobras y graves irregularidades. Tienen un control de la justicia», dijo en una entrevista con Jorge Ortiz.

De acuerdo con el político, ese es el legado de Guillermo Lasso. «Porque a lasso se lo eligió en segunda vuelta, precisamente para que desmontara esa tendencia y ese poder y no lo hizo. Tomo una decisión estratégica absolutamente equivocada en el momento en que asumió el poder. Haber abandonado, el área, la reforma política fue un error estratégico que le costó al país».

Añadió que «este gobierno que tenía un mandato claro del pueblo ecuatoriano haya firmado una muerte cruzada con la que firmó su propia muerte. Después de la muerte cruzada firmó su carta de defunción».

Peripecias de la RC

En 2021, un tribunal condenó a prisión por ocho años al expresidente Rafael Correa y a otros 20 exfuncionarios de su gobierno por el delito de cohecho y peculado en el caso denominado Sobornos. Uno de los argumento de la Fiscalía es que Correa utilizó influjo psíquico para llevar a sus colaboradores a cometer dicho delitos. Además de la cárcel, se le arrebataron los derechos de participación política en un período de 25 años, por lo que no pudo ser candidato desde 2021.

Una peor suerte corrió su exvicepresidente Jorge Glas, quien estuvo en prisión desde el año 2018 al 2022. Juzgado, además del caso Sobornos, por el caso Odebrecht y Singue. Logró el habeas corpus y también un juez de Yaguachi restauró sus derechos políticos. Otros miembros de la RC salieron del país y algunos viven como exiliados políticos en México.

En las elecciones de 2023, la RC tuvo un segundo aire y ganó alcaldías y prefecturas en las ciudades más importantes del país (Quito, Guayaquil, Manabí). Al anunciarse las elecciones anticipadas, la organización escogió a Luisa González y Andrés Arauz como su binomio. (MIB)

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Según Moreno, las elecciones anteriores demostraron que PK era la segunda fuerza política más importante del país, después del «correísmo». «Eran el segundo bloque parlamentario más fuerte, también fue el segundo movimiento en obtener alcaldías en las elecciones seccionales de 2023», manifestó para Radio La Calle.

«Estas elecciones son atípicas porque se presentan situaciones interesantes como las grandes ausencias», comentó. Asimismo, explicó que «el gran ausente» es Pachakutik por su crisis interna que provoca que el movimiento quede debiendo una candidatura.

«Pachakutik podía desplazar al correísmo»

Para el analista, Pachakutik era el espacio natural que debía despojar al correísmo de la izquierda. «PK debía en algún momento debía ocupar ese espacio en la izquierda que ahora ocupa el correísmo», expresó.

Moreno aseguró que su análisis viene desde el escenario de 2021, donde el correísmo venía desgastado por ser perseguido y acusado. Entonces, en ese momento, PK ganaba terreno sobre todo, por los movimientos del 2019 y 2021 en los que tuvieron «gran protagonismo».

Sin embargo, sostuvo que Pachakutik no concretó nada porque surgió un desgaste dentro del bloque parlamentario. «En este caso un ala trabajó frontalmente a favor del gobierno»; declaró.

De la misma manera, dijo que Leonidas Iza fue una de las personas que junto a la Conaie impulsaron el «No» en la última consulta popular. «Esto apuntaba a que Iza tenía un 18% de aprobación para que vaya a las Presidenciales», ratificó.

Sobre la posición de los binomios

Para el analista es importante que los participantes a las elecciones presidenciales deban tener al menos el 80% de reconocimiento por la ciudadanía. «Entre las candidaturas más conocidas, el correísmo está primero, y no la candidata sino el partido», espetó.

«La RC es la mejor preparada, la mejor construida y la más solida. El correísmo tiene todo para ganar en primera vuelta, porque si van a segunda vuelta se podrían unir sus contrincantes y podrían perder», comentó.

Moreno enfatizó en que Otto Sonnenholzner es la candidatura de «centro derecha» más estructurada. «Jan Topic, Daniel Noboa y Sonnenholzner, son trillizos políticos porque tienen las mismas estrategias, pero Otto es el candidato más formal».

El entrevistado habló sobre la participación de Xavier Hervas ya que es una persona con un reconocimiento importante. No obstante, «si no logra salir de TikTok no va a poder trascender a la política«, explicó.

Por otro lado, habló sobre Yaku Pérez quién también es un personaje político reconocido por su participación en las últimas elecciones. Además, expresó que el resto de candidatos están ahí para lograr un nivel de posicionamiento. (DCJ)

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El bloque legislativo explicó que no buscará la titularidad del Legislativo, sino que apoyarán a Saquicela para «fortalecer la mayoría en el Parlamento» de cara al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

Sin embargo, los asambleístas de la Revolución Ciudadana expresaron que impulsarán a su colega Marcela Holguín para la Vicepresidencia en el cambio de autoridades, previsto para el 14 de mayo de 2023.

Según la bancada, con esta decisión ha priorizado el enjuiciamiento político al primer mandatario y la fiscalización hacia su Gobierno. En rueda de prensa, la legisladora Pamela Aguirre resaltó la unidad y credibilidad de la alianza UNES frente a la coyuntura nacional.

«Lo que decimos hacemos. No solo son palabras, sino hechos. Nos desprendemos de nuestro legítimo derecho (buscar la Presidencia) al ser la bancada más numerosa y votada para lograr una mayoría que sostenga la institucionalidad en la Asamblea», mencionó.

Luz verde al juicio político

El Pleno de la Asamblea Nacional dio paso al proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. La resolución se aprobó con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones. A la sesión asistieron 116 de 137 legisladores.

La moción fue presentada por la asambleísta de UNES, Viviana Veloz, quien recalcó que la naturaleza de este juicio es netamente política. Para que su propuesta sea aprobada necesitaba el respaldo de 70 votos.

La parlamentaria destacó la ilegalidad del documento emitido por la Procuraduría General del Estado a la Comisión de Fiscalización, pues la entidad argumentaba que en el Pleno del Legislativo no podía presentarse un informe de minoría.

Además, el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) Esteban Torres, argumentó que el presidente del Legislativo no puede poner en conocimiento un informe borrador que no alcanzó los votos, ni otro que no se puso en conocimiento.

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Varios factores incidieron en el fracaso de la estrategia del presidente Lasso para ganar la aprobación del pueblo ecuatoriano. Para Moreno, estas elecciones eran la “crónica de una muerte anunciada” del Gobierno. El mismo hecho de juntar a las elecciones seccionales y a la consulta popular constituyen una distracción para los ciudadanos, quienes estaban enfocados en las propuestas de los candidatos en sus localidades.

“Llevar la discusión nacional en un tema  de ámbito local, eso para mí fue un suicidio”, dijo en entrevista a Radio La Calle.

La ineficiencia del Gobierno llevó a que tuviera una aceptación de menos del 10 % de ecuatorianos. “Nunca hubo un presidente con peor imagen que Lasso”, resaltó el analista Durán Barba en entrevista para la cadena internacional CNN.

El “correísmo” como adversario

Un tema complejo y preocupante para el Gobierno es la victoria de los representantes de la Revolución Ciudadana en las principales ciudades y provincias del país. En la provincia de Pichincha estará al frente Paola Pabón y en la Alcaldía de Quito, Pabel Muñoz. Mientras tanto, en la Prefectura del Guayas estará Marcela Aguiñaga y en la Alcaldía de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

«El control de la ciudad de Quito significa estabilidad democrática. Felizmente el nuevo alcalde Pabel Muñoz es un hombre sensato y preparado. No creo que sea un extremista loco que se lance a desestabilizar al Gobierno», recalcó Durán Barba.

Moreno enfatizó que el «correísmo» es el opositor natural a este Gobierno. Resaltó que durante la gestión de este gabinete, lo público pasó a un cuarto nivel de pésima categoría, donde no hay seguridad ni servicios. En este sentido, la gente hace una comparación y cree en que «el pasado era mejor». (A.G.M)

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Naranjo recalcó que no han dejado de laborar a pesar de no recibir los salarios de septiembre, octubre y noviembre.  “No tenemos esperanzas de cobrar diciembre y el décimo. Pese a esto no hemos parado, pero no podemos más. Hay compañeros que han sido desalojados de sus viviendas”, mencionó.

¿Quién es el “Fantasma González”?

El mayor accionista de Albavisión, Ángel González, mejor conocido como el “Fantasma González” apareció con la ayuda de los hermanos Alvarado en el 2015, en la política. El medio Fundamedios habría accedido a documentos confidenciales llamados “ECU- detalle negociaciones de JMB e IB”, en el que se encontraba la constancia de cláusulas de beneficio para el medio y los hermanos.

En los informes consta la existencia de tres pagos de más de USD 1 millón. Valores que habrían tenido como intermediario a el cantante José María Bacchelli y la empresa “Galápagos JMBLLC”. Esta última tenía como registro a la esposa de Bacchelli para la venta, regulación y control de todo el proceso.

Entre los beneficios para el “Fantasma González” por parte de los hermanos Alvarado eran: contratación de servicios de imprenta, un nuevo canal de televisión, regulación y entrega de ocho frecuencias de radio, todo esto a cambio de la mayor parte del control editorial del diario El Comercio, para favorecer al correísmo.

Pagos hacia los trabajadores

La organización tiene hasta el 15 de diciembre de 2022, para pagar a los 150 trabajadores que se encuentran en esta situación, según el ministro del Trabajo, Patricio Donoso. El personal sigue en sus funciones normales por medio de teletrabajo, aseguró Harold Burbano, patrocinador jurídico de 135 trabajadores, al diario Primicias.

El ministro indicó que el presidente del diario, Ramiro Rivera, aseguró que realizaría un préstamo para solventar todas las deudas. Hasta el momento, son cuatro módulos sin circular en lo que va de diciembre: 03, 04, 05 y 14 de diciembre de 2022.

Exigencias

Los trabajadores por medio de una acción de protección exigieron al diario “El Comercio” lo siguiente:

• los trabajadores exigen la reparación integral de sus remuneraciones, que ascienden a tres meses.

•  piden a que se tomen medidas adecuadas para la puntualidad del pago, incluido los beneficios legales.

• se retorne a todos los trabajadores accionantes que se encuentran en teletrabajo al trabajo presencial, en donde se les garantizará todos los recursos para que puedan cumplir de manera adecuada con su labor;

•  se provea de transporte colectivo, a la hora de entrada y de salida de la jordana de trabajo para que los accionantes puedan cumplir con sus labores diarias y acudir al lugar de trabajo.

•  se provea de una comida por jornada de trabajo, ya sea diurna o nocturna a los trabajadores accionantes.

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«Información de inteligencia revela los nexos de la organización delictiva. Pronto todos los detalles», escribió en un tuit. En dicho diagrama aparecen, por el lado de Jordán, vínculos con la familia Sonnenholzner, que incluyen al exvicepresidente de la República, Otto.

Ver su nombre allí no le hizo mucha gracias, así que respondió a Villavicencio. «Señor Villavicencio ¿Qué tengo yo que ver en eso? Espero su aclaración y disculpas, porque no voy a permitir que manche mi buen nombre por “vínculos familiares” con quienes ni conozco. Hay que combatir a la narco-política, pero actuando con responsabilidad».

Ni corto ni perezoso, el legislador le respondió «usted sabe que esa información es de un organismo de inteligencia, es más, fue elaborada a finales del gobierno de Lenín. No acostumbro a editar documentos, así es que le ruego reclamar a sus autores».

Pero el exvicepresidente insistió y volvió a insistir en su aclaración.

La respuesta del asambleísta fue corta: «Exija a los autores a mi déjeme en paz».

Eso sí, Sonnenholzner asestó el golpe final. «Quien lo publica es usted y no los «autores», pero con eso me queda todo claro. Para qué insistir en buscar una caballerosidad que evidentemente no voy a encontrar. El tiempo siempre es el mejor amigo de la verdad, y con mis actos me he encargado que siempre esté de mi lado».

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«Acepto con orgullo la candidatura a Alcaldesa de mi querido cantón Simón Bolívar. Gracias por el cariño brindado, seguiré escuchando sus necesidades y trabajando por mi cantón. Vamos por el cambio», publicó la modelo, popularmente conocida como Mafer Vargas.

María Fernanda Vargas es modelo de OnlyFans, donde vende su contenido. Participó en reality shows. En redes sociales se ven fotografías suyas posando con armas de fuego y sujetos armados.

La modelo es comunicadora social y estudiante de Jurisprudencia. Es empresaria y creadora de la fundación Mano Amiga. Alcanzó la fama tras revelar cuánto dinero ganaba por su contenido de OnlyFans.

Se desconoce la formación y trayectoria política de la modelo. Sin embargo, la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga la acompañó a su postulación a la candidatura el jueves 11 de agosto.

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«Con profundo amor por mi provincia, agradezco y acepto el desafío de ser la candidata a la Prefectura del Guayas. Juntos vamos a recuperar la provincia porque podemos y merecemos estar mejor», publicó Aguiñaga en su cuenta de Twitter.

La decisión se dio a conocer la mañana de este sábado 23 de julio de 2022. La asamblea interna del movimiento designo a su presidenta para la Prefectura, mientras que Aquiles Álvarez correrá por la Alcaldía de Guayaquil.

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La noche de este sábado, Villavicencio anunció que presentó una denuncia en la Fiscalía «por ser víctima de ataques, amenazas e intimidaciones, de parte de activistas y militantes del correísmo».

La denuncia dice: “Señora Fiscal General, de forma sistemática he sido víctima de ataques; violencia verbal así como escrita; y amenazas e intimidaciones contra mi integridad física y moral, las mismas que concuerdan en el tiempo en el que mi labor de fiscalizador por mandato popular, ha exhibido uno de los atracos más grandes que se han cometido contra la Reserva internacional de Libre Disposición del Ecuador.”

Villavicencio señala como responsables de los supuestsos «atracos» al expresidente del Ecuador, Rafael Correa, al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Alex Saab, y a la exsenadora, Piedra Córdoba.

Añadió que el lunes presentará su denuncia formal en el despacho de la fiscal General Diana Salazar. En el documento menciona haber sido atacado desde más de 100 números de celular.

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