Un informe que incomoda a Carondelet

Durante el 2024, el gobierno de transición del presidente Daniel Noboa enfrentó una preocupante ola de denuncias por presuntos actos de corrupción, según reveló un informe oficial presentado el 7 de julio. El documento, expuesto por la Secretaría de Integridad Pública durante su rendición de cuentas, registra 331 alertas de posible corrupción dentro del Gobierno Central.

Eduardo Esparza, subsecretario general de Integridad Pública, explicó que las alertas provienen del monitoreo interno de la Función Ejecutiva, pero hasta el momento el Gobierno no ha ofrecido detalles públicos sobre nombres, instituciones involucradas ni avances concretos en las investigaciones.

En un año marcado por tensiones institucionales y promesas de moralización del Estado, esta omisión del gobierno ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores ciudadanos y en redes sociales, donde muchos dudan de la efectividad del mecanismo de integridad.

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¿Dónde están los focos de posible corrupción?

Del total de alertas registradas, 82 corresponden a micro corrupción, como cobros irregulares, tráfico de influencias y uso indebido de bienes públicos.
Otras 43 tienen relación con conflictos laborales; mientras que, 33 apuntan a irregularidades en procesos de contratación pública. También se identificaron 22 casos potenciales de macro corrupción, sin que se sepa aún el alcance ni los involucrados. 64 alertas carecen de información suficiente y otras 87 siguen en gestión este 2025, según el informe presentado.

A pesar del volumen y la gravedad de los datos, el Gobierno ha manejado las alertas con hermetismo y sin transparentar el contenido de los expedientes, lo que ha incrementado la desconfianza pública.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1941165105602855391

¿Qué acciones ha tomado el Ejecutivo?

Eduardo Esparza defendió la labor de la Secretaría de Integridad Pública al asegurar que los casos fueron trasladados a la Contraloría General del Estado y al sistema judicial para su respectiva investigación. “Se han iniciado procesos judiciales y administrativos”, afirmó, aunque no ofreció evidencia ni resultados tangibles de dichos procesos.

La falta de seguimiento visible y la ambigüedad del reporte provocaron críticas directas a la gestión del presidente Daniel Noboa, quien se ha posicionado como un líder de «manos limpias» frente a la corrupción.

Transparencia en entredicho Aunque el Gobierno insiste en que estas alertas son evidencia de un sistema que vigila, la falta de información concreta sobre los responsables o avances reales deja más dudas que certezas. En un país golpeado históricamente por la corrupción, la opacidad puede ser tan peligrosa como el delito mismo.

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Desde la compra de carpetas que tienen como precio original $ 0,45 a un costo de $ 2.25 por unidad, hasta el alquiler de capillas ardientes en $ 6.500 cuando en realidad su costo es alrededor de $ 1.500, son algunas de las pruebas que van apareciendo a diario. Se presume estarían involucradas las anteriores gerencias de Pablo S. y Daniel G.

Además, se habla de una supuesta vinculación familiar entre el dueño de la imprenta que funciona como intermediaria con uno de los exgerentes.

«Todos los días aparecen nuevos actos de corrupción y nuestra meta es hallar a los responsables», declaró Nicolás Díaz Rendón, nuevo gerente de la empresa.

Entre los documentos que corroboran el delito están correos electrónicos, facturas y estados de cuenta. Estos, servirán como pruebas para auditorías de Contraloría y el proceso legal en la Fiscalía.

El Seguro Social: «víctima de carroñeros»

El vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha, Henry Llanes considera al Seguro Social una institución sin control. Además, asegura «es manejado por los gobiernos como un botín político».

«El IESS debe poner a personas capacitadas en esos puestos gerenciales. En lugar de eso, inflan la burocracia para compensar los favores políticos. El Seguro Social ha sido víctima de los carroñeros», dijo en una entrevista para diario Expreso.

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La disposición se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de la embajada. La medida también incluye a familiares directos de Bucaram, como su esposa, María Rosa Pulley, y a sus hijos Jacobo Bucaram, Abdalá Bucaram y Michel Bucaram.

El comunicado señala que esta designación reafirma el compromiso de los Estados Unidos de combatir la corrupción que socava la fe del pueblo ecuatoriano en sus instituciones democráticas. «Estamos con todos los ecuatorianos en apoyo a la democracia y el Estado de Derecho y en contra de quienes socavan estos principios para beneficio personal», dice el texto.

El embajador Michel J. Fitzpatrick ha ratificado la decisión de la embajada estadounidense con un mensaje similar: «Los Estados Unidos continuarán asociándose con el Ecuador para aumentar la transparencia y el Estado de derecho, combatir la corrupción, combatir el narcotráfico y aumentar la seguridad ciudadana. Estados Unidos no dudará en utilizar todas las herramientas disponibles a nuestra discreción para promover la rendición de cuentas de las personas corruptas en el Ecuador y en la región.»

Hasta el momento, el exmandatario no se pronunciado de manera oficial sobre esta medida.

Actos de Corrupción de Bucaram

Durante su carrera política, Abdalá Bucaram, no ha dejado de lado la polémica y el escándalo político. Es así que tuvo una caótica gestión frente a la Alcaldía de Guayaquil entre 1984 y 1985. Posteriormente hubo escándalos, donde se vio involucrada Elsa Bucaram, entre 1988 y 1991.

A esto se suma su veloz paso por la presidencia entre 1996-1997, cuando huyó de Carondelet en un helicóptero y existen fotos del momento donde se ven claramente unos costales, en los que se presume llevaba dinero.

El caso más reciente de corrupción en el que se han visto envueltos los Bucaram es una investigación relacionada con sobreprecios en la venta de pruebas COVID-19, en los hospitales del IESS en Guayaquil.

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Según el IESS, las tres personas cobraban comisiones a cambio de agilizar pagos a prestadores externos.

«El IESS, ante serios indicios de la existencia de una red que operaba, en su interior, para el cobro de comisiones a cambio de agilizar el pago a prestadores externos, colaboró con la Policía Judicial para la aprehensión de Germán A., funcionario de la institución y dos individuos más», reza el comunicado de la entidad.

Según el IESS, el funcionario y los dos involucrados cobraban comisiones a cambio de agilizar pagos a prestadores externos. Solicitaban una comisión del 3%, así como una contribución, por adelantado, de USD 5.000 para garantizar el pago de facturas pendientes. Luego de contactar al prestador externo, se detallaban los requisitos y funcionamiento del mecanismo por vía telefónica

La Respuesta del IESS

El Instituto denunció este hecho y junto a la Policía detuvieron a los responsables de los presuntos crímenes. El presidente del Consejo Directivo del IESS, Francisco Cepeda, señaló que existen «chats» que demuestran cómo operaba esta presunta red de cobro de coimas a prestadores externos.  

Asimismo, el Instituto mencionó que iniciará un proceso administrativo y disciplinario contra el funcionario. El sospechoso también tendría procesos judiciales por estafa. 

Ya los habían detenido antes…

El viernes 4 de febrero de 2022, los sospechosos fueron detenidos y en horas de la tarde fue su audiencia. Sin embargo, el juez de la Unidad de Flagrancia, Roberto Cueva, dejó en libertad a los tres implicados.

El IESS anunció que solicitará al Consejo de la Judicatura que inicie una investigación contra la actuación del juez Cueva. Finalmente, pedirá a Fiscalía que investigue los delitos y sancione al fiscal Hugo Pérez que «no pudo sustentar su dictamen».

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Quito, 17 de dic (La Calle).- Ayer, el Tribunal Penal del Guayas sentenció a cuatro años de prisión a Daniel Salcedo, Jocelyn Mieles y Franklin Lara por el delito de fraude procesal. Los inculpados pagarán, además, una multa de 4 mil dólares cada uno.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el fraude procesal es un delito de estafa agravado, que ocurre cuando una persona oculta o manipula pruebas durante un procedimiento judicial.

Sin embargo, no es la acusación más grave que enfrenta el reo. Daniel Salcedo y otros cómplices tienen varias cuentas con la justicia. Junto a su hermano Noé son acusados por lavado de activos. Su defensa, Luigi García, señaló en agosto del presente año, que las 11 empresas de Daniel Salcedo no han comercializado insumos médicos con el Estado. El ex vendedor de empanadas que con ayuda de amigos llegó a ser contratista del Estado es acusado, también, de peculado junto a exfuncionarios del IESS, sin embargo, el proceso está en instrucción fiscal.

Finalmente, es investigado por delincuencia organizada junto a los hermanos Jacobo, Abdalá y Michel Bucaram. Igualmente, el proceso sigue en instrucción fiscal.

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La investigación es la que corresponde a la de la familia Bucaram.  Están procesados los hermanos: Dalo, Michel y Jacobo Bucaram Pulley y otras 12 personas. La nueva solicitud de la Fiscalía solicita también que se vincule a Paola M., exgerente del hospital del IESS Los Ceibos de Guayaquil.

Los datos revelados por la Fiscalía indican que los hermanos Bucaram Pulley se beneficiaron de contratos en los hospitales del Seguro Social del Puerto Principal. De hecho, el pedido de vinculación de Granda se realiza un día después de que la Fiscalía señaló que tiene evidencias de que existió una presunta red delictiva para la venta ilegal de medicinas e insumos médicos durante la emergencia sanitaria.

 Paúl Granda reaccionó al pedido de la Fiscalía. En un mensaje difundido por Twitter a las 22:02 señala: “Resulta insólito que se pretenda vincularme al proceso en referencia. No he tenido ni tengo relación con los inculpados en adquisiciones de los hospitales de Guayaquil. Durante mi ejercicio como Presidente del IESS se realizaron las denuncias para estas investigaciones”. Además, sostuvo que como siempre está listo a contribuir, en cualquier diligencia judicial o de la Fiscalía, al esclarecimiento de los hechos ya que se pretende afectar su buen nombre.

Juntos y revueltos

En junio, Fiscalía allanó los departamentos de Daniel Salcedo y Luis Jairala, exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, involucrados en casos de corrupción de los hospitales. En la guardanía del edificio del departamento de Salcedo existen registros de visitas de Dalo Bucaram, Paúl Granda y Xavier Jordán, proveedor del IESS, según sostienen medios locales.

“El servicio de vigilancia anotó en la bitácora, la salida del entonces presidente del Consejo Superior del IESS, Paúl Granda, de la suite 7. Pocos días después de la segunda visita de Granda, el 21 de julio de 2019, se realizó otro importante encuentro en la referida suite. Ese día, a las 16H07 sale por la piscina del Hilton Colón, Daniel Salcedo y su familia; a las 16H10, entra por el subsuelo 1, Dalo Bucaram y se dirige a la suite; a las 16H30, ingresa una señorita; y, a las 18H30, entra a la suite Xavier Jordán, el conocido proveedor del IESS sobre quien pesan acusaciones de corrupción”, señala un medio digital.

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“Si está claro algo es que hay alguien responsable de la corrupción en el Gobierno y ese alguien debe responder a los ecuatorianos porque un asambleísta no puede gestionar hospitales, ni contratos. Hay gente que dice ‘Yo solo le recomendé’. Si revisa la Constitución, los asambleístas están prohibidos de gestionar cargos públicos”, dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

El asambleísta de Revolución Ciudadana denunció un retraso en la aprobación de los juicios políticos del Ministro de Finanzas, Richard Martínez, y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo. El legislador dijo que el jueves envió una moción dirigida al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para el trámite de estos juicios, pero que aún no ha recibido los documentos correspondientes.

“No nos ha llegado nada. La Ley declara que el presidente de la Asamblea debe poner el trámite en conocimiento al Consejo de Administración Legislativa. Este órgano en el plazo de tres días debe calificar o no y presentarlo a la comisión en cinco días”, añadió.

El funcionamiento de la Comisión de Fiscalización

Esteban Melo manifestó que no tienen rencores contra el Gobierno pero que trabajará con transparencia y objetividad al interior de la bancada. “Nosotros no estamos ahí por venganza o revanchismo político. Pertenezco a una bancada que ha sido perseguida de manera absurda durante todo este tiempo. No pretendemos cometer los mismos errores, pero que se respete el proceso y que se traten las cosas con objetividad”, comentó.

Romo y la entrega de hospitales

El 26 de agosto, un medio de comunicación reveló que la ministra María Paula Romo estaría a cargo del reparto de los hospitales favoreciendo a 19 asambleístas. El portal mostró unas conversaciones que se refieren a la ministra con Daniel Mendoza: “Hola María Paula, te comento que estoy fuera del país, te quiero sugerir el nombre de Tito Nilton para gobernador de Manabí. Joven y haría sumar apoyos externos. Te paso su número si lo quieres llamar”.

Esta conversación fue extraída del teléfono de Mendoza y negada por la ministra, quien sugirió que se habrían malinterpretado los mensajes. Melo aseguró que van a buscar a los responsables de este y otros presuntos actos de corrupción en el Gobierno. (GG)

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“La fiscal presentó como elementos de convicción: detalles de los contratos donde se evidencia el incumplimiento de condiciones; actas de levantamiento de insumos médicos, teléfonos celulares, sellos de hospitales de todo el país –incautados en los diferentes allanamientos ejecutados el 18 de junio pasado–, que se encuentran en cadena de custodia de la Policía Judicial”, informó Fiscalía.

Los procesados tienen prohibición de enajenar bienes, transferir acciones y disposición de bloqueo de sus cuentas. Desde el 18 de junio, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía ha realizado allanamientos que descubrieron la existencia de una estructura delincuencial en la salud.

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Su nombre saltó a la luz pública después que el país conociera, en mayo de 2020, sobre la compra de fundas para cadáveres con sobreprecios. En este caso, la Contraloría General del Estado determinó que en los hospitales de Los Ceibos y Guasmo Sur, en Guayaquil, hubo sobreprecios de más de 1.300%.

Posteriormente, el 8 de junio de 2020, intentó huir hacia Perú en una avioneta y con identidad falsa. Un accidente en la aeronave produjo el fracaso de la fuga. Sin embargo, gracias a Salcedo, el país conoció de una red de corrupción que operaba en la venta de insumos médicos con sobreprecio, otra red que sustraía donaciones para hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para también venderlas con sobreprecios, y una red más que operaba en la entrega fraudulenta de carnés para personas con discapacidad. En estos casos están involucrados funcionarios públicos, autoridades, exautoridades, ciudadanos e incluso figuras del espectáculo.

Según los registros del Consejo de la Judicatura, el historial de Salcedo produjo que afronte cinco investigaciones que giran en torno a cuatro delitos.

Causas judiciales abiertas

El 4 de mayo de 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) planteó la primera causa contra Salcedo. Se trata del delito de peculado que, un día después de la fuga de Salcedo, el juez pidió prisión preventiva. Para el 9 de junio de 2020, la FGE vuelve a plantear una segunda causa por peculado e involucra también a Cristina G. Z., Susana M.L., Fabian B. M., Johanna V. F.

El 10 de junio, la FGE también involucra a Salcedo en el delito de lavado de activos e involucra a las empresas HDC Producciones, Industria Saldanobo C.A., Salnoedan Productions S.A, Mareworldgroup Cia. Ltda, Ahigcistem Cia. Ltda y Paliye S.A. Además, están investigados los ciudadanos Antonio S.L.V., Jonathan F.S., Noé S.B., Jorge S.M.

Para el 11 de junio, la FGE lo llama por fraude procesal al intentar engañar a las autoridades ecuatorianas para huir hacia Perú. En este delito también investigan a Jocelyn M. Z., Jorge A. Z., Franklin L. S. y Samuel A. B.

Finalmente, el pasado 22 de julio, la FGE también acusa a Salcedo por asociación ilícita e involucra a Marco S. M., Pablo M., Xavier J. M., Karina C. A., Xavier A. C., Noé S. B., Federico Z. A., Jorge S. L. V., Jorge H. A. y Luis J. Z. Pero además están involucrados miembros de la familia del expresidente Abdalá Bucaram, sus hijos Jacobo, Abdalá «Dalo», Michel y la exasambleísta y talento de televisión María Gabriela Pazmiño.

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Pero esta no fue la única novedad que se presentó este martes 28 de julio en torno a este caso. Según el juez Reinaldo Cevallos, Salcedo «se autolesiona con el ánimo de permanecer hospitalizado», dijo.

Pese a sus intentos por evitar la cárcel, el ciudadano recibió, también este martes 28 de julio, el alta médica después de permanecer un mes y 21 días hospitalizado. En ese periodo, su abogado afirmó que sufría de delirios y no recordaba más allá del año 2016.

Trasladado a Quito

Frente al alta médica aprobada, el juez Cevallos dictó el traslado de Salcedo al Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley El Inca en Quito. Previo a ingresar a la cárcel, el juez dispuso que la Policía traslade a Salcedo en una ambulancia médica del Ministerio de Salud para que en el Hospital de Policía de Quito le practiquen pruebas médicas para constatar su salud.

El pasado viernes 19 de junio, la jueza Mónica Caicedo dictó prisión preventiva para Daniel Salcedo por presunto fraude procesal. Esta decisión tomó la magistrada debido a que Salcedo engañó a las autoridades ecuatorianas para huir en una avioneta hacia Perú.

Salcedo tiene varias propiedades, incluida una casa en Miami, EE.UU. lugar en donde se hospedaban el máximo líder del movimiento Fuerza Ecuador, Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño. La Fiscalía General del Estado también investiga a la pareja por una supuesta participación en una red de corrupción en un hospital de Guayaquil. Incluso, las autoridades estadounidenses revocaron sus visas. En el caso también están involucrados figuras del espectáculo ecuatoriano.

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