Un informe que incomoda a Carondelet

Durante el 2024, el gobierno de transición del presidente Daniel Noboa enfrentó una preocupante ola de denuncias por presuntos actos de corrupción, según reveló un informe oficial presentado el 7 de julio. El documento, expuesto por la Secretaría de Integridad Pública durante su rendición de cuentas, registra 331 alertas de posible corrupción dentro del Gobierno Central.

Eduardo Esparza, subsecretario general de Integridad Pública, explicó que las alertas provienen del monitoreo interno de la Función Ejecutiva, pero hasta el momento el Gobierno no ha ofrecido detalles públicos sobre nombres, instituciones involucradas ni avances concretos en las investigaciones.

En un año marcado por tensiones institucionales y promesas de moralización del Estado, esta omisión del gobierno ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores ciudadanos y en redes sociales, donde muchos dudan de la efectividad del mecanismo de integridad.

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¿Dónde están los focos de posible corrupción?

Del total de alertas registradas, 82 corresponden a micro corrupción, como cobros irregulares, tráfico de influencias y uso indebido de bienes públicos.
Otras 43 tienen relación con conflictos laborales; mientras que, 33 apuntan a irregularidades en procesos de contratación pública. También se identificaron 22 casos potenciales de macro corrupción, sin que se sepa aún el alcance ni los involucrados. 64 alertas carecen de información suficiente y otras 87 siguen en gestión este 2025, según el informe presentado.

A pesar del volumen y la gravedad de los datos, el Gobierno ha manejado las alertas con hermetismo y sin transparentar el contenido de los expedientes, lo que ha incrementado la desconfianza pública.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1941165105602855391

¿Qué acciones ha tomado el Ejecutivo?

Eduardo Esparza defendió la labor de la Secretaría de Integridad Pública al asegurar que los casos fueron trasladados a la Contraloría General del Estado y al sistema judicial para su respectiva investigación. “Se han iniciado procesos judiciales y administrativos”, afirmó, aunque no ofreció evidencia ni resultados tangibles de dichos procesos.

La falta de seguimiento visible y la ambigüedad del reporte provocaron críticas directas a la gestión del presidente Daniel Noboa, quien se ha posicionado como un líder de «manos limpias» frente a la corrupción.

Transparencia en entredicho Aunque el Gobierno insiste en que estas alertas son evidencia de un sistema que vigila, la falta de información concreta sobre los responsables o avances reales deja más dudas que certezas. En un país golpeado históricamente por la corrupción, la opacidad puede ser tan peligrosa como el delito mismo.

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Quito, 20 mar (La Calle).- Una paciente de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel de Guayaquil dio a luz en el baño del establecimiento, en medio de las quejas de los familiares quienes clamaban por ayuda.

Nuevamente se hace pública la indolencia de las autoridades frente a una madre que ante la indiferencia de los médicos tuvo que parir en el baño del hospital. En redes sociales se viralizó el video en que familiares denunciaron la mala atención de los doctores es este hospital del Guasmo. “Esto es porque no la ven gritando, por eso no la atienden”, señala la autora del video.

Mientras tanto, se observa a la madre sentada en el escusado en un cuarto pequeño y siendo atendida por enfermeros que poco pueden hacer para trasladarla a una sala del hospital debido a que la mujer ya comenzó labores de parto.

En el mismo video se escucha la voz de otros testigos que pedían que se exhiba la situación actual del sistema de salud, en la que los pacientes mendigan atención. “La atienden cuando les da la gana, la tienen esperando aquí”, reclamaba una testigo.

Según los testigos, la mujer tuvo que esperar por un tiempo prolongado para recibir atención. 

Corrupción a la orden del día

Para priorizar la atención y dar a luz en la Maternidad del Guasmo es necesario pagar USD $150, revelaron varias denuncias en un reportaje realizado por un medio de comunicación nacional.

Tales “ganancias” ilegales habrían sido receptadas por los camilleros de esta unidad de salud. También se ha denunciado que la misma casa de salud vende insumos médicos relacionados con el cuidado materno.

Versión del gobierno

Después de esta denuncia, el Gobierno emitió un comunicado en el que asegura que el video no es actual sino del año 2018 y que la maternidad cuenta con el abastecimiento necesario de medicinas e insumos el área.

Por otra parte, dice que “están seguros” en la actuación de Fiscalía para investigar y dar con los culpables en los cobros indebidos por la atención médica.

Lo cierto es que siguen sumándose más gente al reclamo por el desabastecimiento de medicinas y una atención negligente.

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«Hasta para poder ingresar hay que darle dinero al guardia para que te deje entrar», cuenta uno de los denunciantes a Teleamazonas.

Los camilleros de la maternidad, quienes son de planta y conocidos por los médicos, cobran USD 150 para el ingreso de las mujeres embarazadas y posterior atención en una cama. Si no tienen ese monto de dinero, muchas mujeres deben esperar largo tiempo para obtener una cama o incluso les dicen que no hay disponibilidad.

Muchas mujeres a punto de dar a luz no pueden ingresar, pues no tienen los recursos para pagar la «tarifa».

Corrupción en los hospitales públicos de Ecuador se destapa desde el 2020

Esta red se aprovecha de la urgencia de las pacientes que acuden al lugar en labor de parto. También se ha denunciado que la misma casa de salud vende insumos médicos relacionados con el cuidado materno.

Se presume que en esta red está involucrado personal médico y administrativo. En la maternidad ocurren entre 10 y 20 partos diarios, es decir, entre 1.500 y USD 3.000 dólares de «ganancias» ilegales.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

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Dejó el poder un día después de cumplir 45 años. Como se recuerda, Bucaram era bastante animado para los festejos desbordantes y le gustaba cantar al son de “Los Iracundos”.  

Bucaram estaba cercado al interior de Palacio, sus ministros hablaban en los medios de comunicación, mientras su secretario de comunicación Fernando Artieda cruzaba “gruesas” palabras con la prensa en Palacio.

A la par, los retoños de Bucaram entraban y salían de Carondelet, al parecer “con las manos llenas”.

En el Congreso Nacional, mientras tanto, se decidía su caída. Partidos como la Izquierda Democrática, Frente Radical Alfarista y Partido Social Cristiano, entre otros, preparaban la declaratoria de incapacidad mental.

Golpe de Estado

La caída del presidente Abdalá Bucaram Ortiz, tras seis meses en el Gobierno, se convirtió en el primer golpe de Estado de la Democracia posterior a las dictaduras de los setenta.

Al Fundador del Partido Roldosista Ecuatoriano lo declararon con incapacidad mental para gobernar. Fue prófugo de la justicia ecuatoriana por 20 años en Panamá hasta que los juicios prescribieron.

Abdalá Bucaram es candidato a la Asamblea Nacional, aunque se encuentra bajo investigación de la Fiscalía por complicidad en casos de corrupción en la compra de insumos médicos con sobreprecios en hospitales, además de una presunta participación en el delito de delincuencia organizada en relación al asesinato de un ciudadano israelí en una de las cárceles de Guayaquil. 

En su campaña política, con miras a su participación en la Asamblea Nacional ha propuesto que la licencia de conducción dure toda la vida, que se “devuelva a la ciudadanía lo cobrado en exceso durante la pandemia” y la reducción de la tramitología para participar en el proceso electoral.

En los últimos días destacó su ruptura con el candidato presidencial, Carlos Sagnay de la Bastida.

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Según la FGE, el allanamiento gira en torno a la investigación abierta contra Galo C. y Luis C. La adquisición irregular de insumos médicos, amparada en el estado de excepción y ejercida por un ex funcionario del Hospital General de Manta, abrió la sospecha del supuesto delito de peculado.

Según la FGE, tras la desvinculación del funcionario, estos insumos fueron comercializados en Quito. Como parte de la operación, se incautaron teléfonos celulares, equipos tecnológicos y mascarillas. Para la investigación, contrastarán los insumos con los que reposan en las bodegas del Hospital General de Manta.

¿Las pruebas?

El caso se fundamenta en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), donde se confirman movimientos bancarios de Galo C. por, al menos, USD 100.000. Un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI) señala que no se logró determinar los proveedores o clientes del ciudadano en cuestión.

El precedente: desregularización de las compras públicas

En marzo del 2020, el ejecutivo reformó la Ley Órganica del Sistema de Contratación Pública. Las nuevas disposiciones permiten que, una vez declarado el estado de excepción, los contratos puedan obviar procedimientos habituales de control  y respondan ante la emergencia. Esto da carta abierta a la desregularización de las compras públicas y, por tanto, no sorprende que la corrupción haya buscado su espacio.

Ahora, el numeral 2 del artículo 361 de la ley simplemente sugiere que:  «la entidad contratante procurará que la compra emergente sea a través de una selección de proveedores de forma ágil, inmediata, rápida, transparente y sencilla, buscando obtener los mejores costos según la naturaleza del bien, servicio, consultoría u obra». (JBS)

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