Quito, 21 sep (La Calle).- La Universidad Yachay Tech tenía la capacidad de albergar a 10.000 estudiantes de postgrado y maestrías.

Héctor Rodríguez, experto en innovación y exgerente de la universidad, señaló que no existe un déficit de aulas en la institución, tal como lo indicó a la Asamblea Nacional el actual rector José María Lalama.

Además, Rodriguez acusó a Lalama de no cumplir ni con el 30% de los requisitos establecidos en el decreto 247, en el que se especifican los requisitos para ocupar el cargo de rector. Dentro de ese marco se refirió a las declaraciones dadas por Lalama, en el sentido de que «Yachay se construyó en el país equivocado».

«Yachay necesitaba 35 años para dar resultados, pero en 4 años se le exigió como si fuera Harvard. Además, añadió que desde 2015 ha sufrido recortes presupuestarios que han afectado al avance el proyecto Yachay».

Sobreprecios

El contrato para la construcción de los edificios en Yachay fue firmado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Además, según informes e investigaciones realizadas por la Contraloría General del Estado no existió sobreprecios en la construcción de infraestructura.

La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay es el eje de un reportaje realizado por La Posta. El reportaje titulado «Safari del Elefantes Blancos» aludiendo que la inversión por alumno e infraestructura no se usaron apropiadamente. Varios estudiantes en redes respondieron indignados que no se graduaron en medio de corrupción.

Durante los gobiernos de Moreno y Lasso se dijo que la infraestructura de Yachay es obsoleta, y que sería más fácil destruir esos edificios y construir nuevos. A lo que Rodríguez recalcó que aquello no es cierto, pues según informes de Contraloría, los edificios no presentan daños de consideración.

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“Si está claro algo es que hay alguien responsable de la corrupción en el Gobierno y ese alguien debe responder a los ecuatorianos porque un asambleísta no puede gestionar hospitales, ni contratos. Hay gente que dice ‘Yo solo le recomendé’. Si revisa la Constitución, los asambleístas están prohibidos de gestionar cargos públicos”, dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

El asambleísta de Revolución Ciudadana denunció un retraso en la aprobación de los juicios políticos del Ministro de Finanzas, Richard Martínez, y la Ministra de Gobierno, María Paula Romo. El legislador dijo que el jueves envió una moción dirigida al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para el trámite de estos juicios, pero que aún no ha recibido los documentos correspondientes.

“No nos ha llegado nada. La Ley declara que el presidente de la Asamblea debe poner el trámite en conocimiento al Consejo de Administración Legislativa. Este órgano en el plazo de tres días debe calificar o no y presentarlo a la comisión en cinco días”, añadió.

El funcionamiento de la Comisión de Fiscalización

Esteban Melo manifestó que no tienen rencores contra el Gobierno pero que trabajará con transparencia y objetividad al interior de la bancada. “Nosotros no estamos ahí por venganza o revanchismo político. Pertenezco a una bancada que ha sido perseguida de manera absurda durante todo este tiempo. No pretendemos cometer los mismos errores, pero que se respete el proceso y que se traten las cosas con objetividad”, comentó.

Romo y la entrega de hospitales

El 26 de agosto, un medio de comunicación reveló que la ministra María Paula Romo estaría a cargo del reparto de los hospitales favoreciendo a 19 asambleístas. El portal mostró unas conversaciones que se refieren a la ministra con Daniel Mendoza: “Hola María Paula, te comento que estoy fuera del país, te quiero sugerir el nombre de Tito Nilton para gobernador de Manabí. Joven y haría sumar apoyos externos. Te paso su número si lo quieres llamar”.

Esta conversación fue extraída del teléfono de Mendoza y negada por la ministra, quien sugirió que se habrían malinterpretado los mensajes. Melo aseguró que van a buscar a los responsables de este y otros presuntos actos de corrupción en el Gobierno. (GG)

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Su nombre saltó a la luz pública después que el país conociera, en mayo de 2020, sobre la compra de fundas para cadáveres con sobreprecios. En este caso, la Contraloría General del Estado determinó que en los hospitales de Los Ceibos y Guasmo Sur, en Guayaquil, hubo sobreprecios de más de 1.300%.

Posteriormente, el 8 de junio de 2020, intentó huir hacia Perú en una avioneta y con identidad falsa. Un accidente en la aeronave produjo el fracaso de la fuga. Sin embargo, gracias a Salcedo, el país conoció de una red de corrupción que operaba en la venta de insumos médicos con sobreprecio, otra red que sustraía donaciones para hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para también venderlas con sobreprecios, y una red más que operaba en la entrega fraudulenta de carnés para personas con discapacidad. En estos casos están involucrados funcionarios públicos, autoridades, exautoridades, ciudadanos e incluso figuras del espectáculo.

Según los registros del Consejo de la Judicatura, el historial de Salcedo produjo que afronte cinco investigaciones que giran en torno a cuatro delitos.

Causas judiciales abiertas

El 4 de mayo de 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) planteó la primera causa contra Salcedo. Se trata del delito de peculado que, un día después de la fuga de Salcedo, el juez pidió prisión preventiva. Para el 9 de junio de 2020, la FGE vuelve a plantear una segunda causa por peculado e involucra también a Cristina G. Z., Susana M.L., Fabian B. M., Johanna V. F.

El 10 de junio, la FGE también involucra a Salcedo en el delito de lavado de activos e involucra a las empresas HDC Producciones, Industria Saldanobo C.A., Salnoedan Productions S.A, Mareworldgroup Cia. Ltda, Ahigcistem Cia. Ltda y Paliye S.A. Además, están investigados los ciudadanos Antonio S.L.V., Jonathan F.S., Noé S.B., Jorge S.M.

Para el 11 de junio, la FGE lo llama por fraude procesal al intentar engañar a las autoridades ecuatorianas para huir hacia Perú. En este delito también investigan a Jocelyn M. Z., Jorge A. Z., Franklin L. S. y Samuel A. B.

Finalmente, el pasado 22 de julio, la FGE también acusa a Salcedo por asociación ilícita e involucra a Marco S. M., Pablo M., Xavier J. M., Karina C. A., Xavier A. C., Noé S. B., Federico Z. A., Jorge S. L. V., Jorge H. A. y Luis J. Z. Pero además están involucrados miembros de la familia del expresidente Abdalá Bucaram, sus hijos Jacobo, Abdalá «Dalo», Michel y la exasambleísta y talento de televisión María Gabriela Pazmiño.

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Pero esta no fue la única novedad que se presentó este martes 28 de julio en torno a este caso. Según el juez Reinaldo Cevallos, Salcedo «se autolesiona con el ánimo de permanecer hospitalizado», dijo.

Pese a sus intentos por evitar la cárcel, el ciudadano recibió, también este martes 28 de julio, el alta médica después de permanecer un mes y 21 días hospitalizado. En ese periodo, su abogado afirmó que sufría de delirios y no recordaba más allá del año 2016.

Trasladado a Quito

Frente al alta médica aprobada, el juez Cevallos dictó el traslado de Salcedo al Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en Conflicto con la Ley El Inca en Quito. Previo a ingresar a la cárcel, el juez dispuso que la Policía traslade a Salcedo en una ambulancia médica del Ministerio de Salud para que en el Hospital de Policía de Quito le practiquen pruebas médicas para constatar su salud.

El pasado viernes 19 de junio, la jueza Mónica Caicedo dictó prisión preventiva para Daniel Salcedo por presunto fraude procesal. Esta decisión tomó la magistrada debido a que Salcedo engañó a las autoridades ecuatorianas para huir en una avioneta hacia Perú.

Salcedo tiene varias propiedades, incluida una casa en Miami, EE.UU. lugar en donde se hospedaban el máximo líder del movimiento Fuerza Ecuador, Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño. La Fiscalía General del Estado también investiga a la pareja por una supuesta participación en una red de corrupción en un hospital de Guayaquil. Incluso, las autoridades estadounidenses revocaron sus visas. En el caso también están involucrados figuras del espectáculo ecuatoriano.

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“Yo tenía que pagar USD 2.500 anuales y USD 250 mensuales a la madre de la asambleísta Guadalupe Salazar”, indicó Quintero a la prensa.

Este caso no es único, varios funcionarios de esa zona del MSP denunciaron que eran extorsionados por Guadalupe Cedeño, madre de la legisladora quien a su vez es esposa de Luis Gutiérrez, exdirector distrital de Salud Zona 8 que, según un informe del nuevo director, habría realizado compras de insumos médicos con supuestos sobreprecios.

Un funcionario de esa zona contó a un medio local que entregó USD 1000 de entrada y USD 100 mensuales para continuar con el trabajo. La cifra mensual no era fija, algunos entregaban USD 60 u 80, otros USD 100 o más de USD 120 al mes.

Actualmente, Guadalupe Salazar ocupa una curul en la Asamblea por Alianza PAIS. Por el momento, no ha dado declaraciones públicas y su abogada remitió una carta diciendo que los testimonios y el informe tendrán que ser probados, de lo contrario afectarían el buen nombre de la madre de la asambleísta.

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«Esperamos (que) acabe la frustración de ver actos de corrupción sin sentencia», escribió Carrillo en su cuenta de Twitter.

Salcedo es uno de los ciudadanos investigados por supuestos casos de corrupción en la compra de insumos médicos para los hospitales públicos. El pasado 8 de junio, la avioneta en la que se transportaba Salcedo -presumiblemente huyendo- se accidentó en territorio peruano.

Para el 9 de junio la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó sobre la detención del hermano de Salcedo en la frontera con Perú mientras transportaba USD 40.000 en efectivo.

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