Quito, 16 de julio (La Calle). – En medio de una supuesta lucha contra el nepotismo, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, informó sobre la desvinculación de 40 funcionarios con vínculos familiares con legisladores de RC, PSC y ADN. Sin embargo, la transparencia del proceso ha sido cuestionada, pues los nombres permanecen bajo reserva, lo que ha generado una nueva duda sobre si esta medida responde realmente a un intento por limpiar la institución o a una estrategia política selectiva. ¿La transparencia en la Asamblea vuelve a estar en duda?.

Tuit Secretaría Integridad: https://x.com/Integridad_EC/status/1944162353391841470/photo/1

 Olsen vincula partidos políticos, pero no da nombres

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, anunció este 15 de julio de 2025 la salida de 40 funcionarios por presunto parentesco con legisladores y altos cargos. La medida se dio tras una reforma al reglamento administrativo del Parlamento, como parte de una supuesta cruzada contra el nepotismo, desatada luego del escándalo que involucró a Dominique Serrano, asambleísta del oficialismo.
Del total de desvinculados, 19 renunciaron voluntariamente y 21 fueron cesados. Olsen detalló que 12 trabajaban con legisladores de la Revolución Ciudadana, 10 con ADN y 2 con el PSC. El resto pertenecía al personal administrativo.

Tuit Niels Olsen: https://x.com/NielsOlsenP/status/1945296509085377003

 PSC se deslinda y critica la publicación parcial

El Partido Social Cristiano (PSC) respondió con firmeza, asegurando que sus tres legisladores actuales no tienen familiares en la Asamblea. Mediante un comunicado, señalaron que no pueden hacerse responsables por asambleístas que ingresaron auspiciados por el PSC pero que ahora forman parte de ADN. Esta declaración refuerza la sospecha de que la publicación del listado tiene un trasfondo político más que técnico.

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 “Depuración” sin transparencia

Pese al anuncio público, la Asamblea mantiene en reserva los nombres de los desvinculados, amparándose en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
La decisión ha generado críticas dentro del Legislativo. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, varios legisladores respaldan la medida, pero exigen que los nombres salgan a la luz: “¿A qué le temen? A lo mejor aparecen apellidos conocidos de ADN”, expresó un legislador.

Esta situación pone en entredicho la credibilidad del proceso, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones sigue en descenso.

Tuit Luisa González: https://x.com/LuisaGonzalezEc/status/1945178089404649755

La Asamblea intenta enviar un mensaje de integridad institucional, pero el hermetismo en torno a los nombres siembra dudas sobre la verdadera intención de esta depuración.

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Las agencias de tránsito, lejos de dedicar espacios exclusivamente al control vial y la movilidad, se convertirán en terreno fértil. Con una ola de asesinatos, contratos amañados y redes de corrupción infiltradas, las instituciones estarían operando como plataformas logísticas y financieras de las mafias. El Estado, por ahora, parece perder esta batalla.

25 AGENTES ASESINADOS Y DECENAS DE ATAQUES: LA NUEVA GUERRA SILENCIOSA EN LAS VÍAS

La violencia contra agentes de tránsito se disparó en Ecuador en 2024. Según el informe de InSight Crime, al menos 25 funcionarios fueron asesinados y se han reportado más de 39 ataques armados contra personal e infraestructura de tránsito en lo que va del año.

El caso más reciente ocurrió el 15 de junio en Machala: sicarios emboscaron a dos agentes, y uno de ellos murió. La semana anterior, en Manta, asesinaron a tiros a Víctor Villa Gómez, convirtiéndolo en el doceavo funcionario de la agencia municipal ejecutado desde 2022.

La mayoría de estos atentados se concentran en la región Costa, donde también se registra el mayor índice de homicidios del país.

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¿CÓMO LAS MAFIAS INFILTRARON EL SISTEMA?

Las agencias de tránsito manejan grandes presupuestos, administran contratos millonarios y tienen acceso a bases de datos y movilidad vehicular, una combinación atractiva para las organizaciones criminales.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, los grupos criminales han infiltrado estas instituciones, colocando a aliados en cargos clave. Algunos casos, incluso se han utilizado vehículos oficiales para transportar armas o drogas con menor control.

En Durán, empresas vinculadas a narcos como “Washo” y “Negro Tulio” han ganado contratos para servicios de grúas y depósitos vehiculares. En Manta, familiares de capos de Los Chonerostrabajan dentro de la agencia municipal. Cuando se detuvo a Fito en junio, uno de sus acompañantes era un funcionario con más de una década en la institución.

“La agencia habría sido debilitada por redes ajenas al servicio público”, reconoció la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso.

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BLANCOS FÁCILES Y SIN DEFENSA

El rol de los agentes de tránsito, que no portan armas, los convierte en objetivos vulnerables tanto para mafias como para venganzas internas o conflictos personales.

Los ataques, lejos de ser casuales, reflejan una disputa por contratos, puestos estratégicos y rutas de poder. Las mafias ven en estas instituciones no solo un mecanismo de lavado de activos, sino una oportunidad de moverse con información privilegiada, protección institucional y acceso a recursos públicos.

Las mafias ya no solo dominan las calles, también controlan quién te pone una multa.

TUIT PRESIDENCIA ECUADOR: https://x.com/Presidencia_Ec/status/1938069931725119702

ECUADOR PIERDE EL CONTROL SOBRE UNA FUNCIÓN CLAVE DEL ESTADO

La infiltración de redes delictivas en las agencias de tránsito debilita la institucionalidad, alimenta la impunidad y expone a servidores públicos a una violencia que crece en silencio. La falta de reformas estructurales y controles anticorrupción permite que estos espacios se conviertan en cajas negras del crimen organizado. Hoy, las carreteras del país no solo están plagadas de huecos, también de amenazas invisibles que operan desde dentro del sistema. Si no se frena este fenómeno, Ecuador podría ver colapsar otra parte esencial del Estado.

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Un informe que incomoda a Carondelet

Durante el 2024, el gobierno de transición del presidente Daniel Noboa enfrentó una preocupante ola de denuncias por presuntos actos de corrupción, según reveló un informe oficial presentado el 7 de julio. El documento, expuesto por la Secretaría de Integridad Pública durante su rendición de cuentas, registra 331 alertas de posible corrupción dentro del Gobierno Central.

Eduardo Esparza, subsecretario general de Integridad Pública, explicó que las alertas provienen del monitoreo interno de la Función Ejecutiva, pero hasta el momento el Gobierno no ha ofrecido detalles públicos sobre nombres, instituciones involucradas ni avances concretos en las investigaciones.

En un año marcado por tensiones institucionales y promesas de moralización del Estado, esta omisión del gobierno ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores ciudadanos y en redes sociales, donde muchos dudan de la efectividad del mecanismo de integridad.

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¿Dónde están los focos de posible corrupción?

Del total de alertas registradas, 82 corresponden a micro corrupción, como cobros irregulares, tráfico de influencias y uso indebido de bienes públicos.
Otras 43 tienen relación con conflictos laborales; mientras que, 33 apuntan a irregularidades en procesos de contratación pública. También se identificaron 22 casos potenciales de macro corrupción, sin que se sepa aún el alcance ni los involucrados. 64 alertas carecen de información suficiente y otras 87 siguen en gestión este 2025, según el informe presentado.

A pesar del volumen y la gravedad de los datos, el Gobierno ha manejado las alertas con hermetismo y sin transparentar el contenido de los expedientes, lo que ha incrementado la desconfianza pública.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1941165105602855391

¿Qué acciones ha tomado el Ejecutivo?

Eduardo Esparza defendió la labor de la Secretaría de Integridad Pública al asegurar que los casos fueron trasladados a la Contraloría General del Estado y al sistema judicial para su respectiva investigación. “Se han iniciado procesos judiciales y administrativos”, afirmó, aunque no ofreció evidencia ni resultados tangibles de dichos procesos.

La falta de seguimiento visible y la ambigüedad del reporte provocaron críticas directas a la gestión del presidente Daniel Noboa, quien se ha posicionado como un líder de «manos limpias» frente a la corrupción.

Transparencia en entredicho Aunque el Gobierno insiste en que estas alertas son evidencia de un sistema que vigila, la falta de información concreta sobre los responsables o avances reales deja más dudas que certezas. En un país golpeado históricamente por la corrupción, la opacidad puede ser tan peligrosa como el delito mismo.

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Nepotismo

Sobre los tres casos de nepotismo, la exautoridad dijo que «se basa en una norma absurda que el Consejo de Educación Superior derogó» y que indicaba que si una persona era contratada en una facultad como docente o administrativo no podía tener parientes trabajando en otras dependencias. Sempértegui dijo que de eso se trataban los casos encontrados por Contraloría y es una figura incompresible en el mundo académico. «No ha de confundirse el trabajo de enseñanza e investigación que desempeñan los profesores, con la labor administrativa que corresponde a otros servidores».

Acerca del caso de su propio pariente (sobrino) trabajando dentro de la Universidad como profesor en Jurisprudencia, dijo que se trataba de un error administrativo y que lo asume. «Me era imposible verificar la trayectoria de parentesco de cada uno de los centenares de profesores que se contratan en cada semestre (…) Tan pronto me enteré, dispuse que se dé por terminada la contratación».

Profesor que recibía sueldo sin trabajar

Sempértegui dice que el informe de Contraloría señala que el profesor tenía una carga horaria asignada, pero sus alumnos no asistían a clases y que el cambio de alumnos y de Facultad no resolvió el problema y que se estableció un conflicto entre la estabilidad laboral y el cumplimiento de sus deberes como docentes. El Consejo Universitario lo destituyó por doble trabajo, ya que el profesor consiguió un trabajo de tiempo completo y no pidió la reducción de la carga horaria.

¿Qué reveló el informe?

El examen especial que practicó Contraloría a la Universidad Central del Ecuador, la más antigua del país, tiene 168 páginas y da cuenta de casos de corrupción. Entre esos el nepotismo, ya que la Ley Orgánica de Servicio Público prohíbe la contratación de personas que tengan familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El documento revela que el sobrino del rector trabajó como profesor auxiliar de medio tiempo en la facultad de Jurisprudencia entre septiembre de 2018 y febrero de 2019 con un salario mensual de USD 1.200. La hija de un decano de Ciencias Médicas trabajó con el mismo cargo en la facultad de Ciencias Psicológicas entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2021.

El hijo del decano de la facultad de Ciencias Agrícolas fue profesor a tiempo completo en la facultad de Ciencias Económicas, por lo que recibió un salario mensual de USD 2.400 entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2021. La CGE identificó también que el hermano del decano de la facultad de Artes laboró como docente auxiliar de medio tiempo en la facultad de Jurisprudencia ganando USD 2400 mensuales entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de septiembre de 2021. 

Un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas no registró clases en la institución entre 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020, a pesar de ello recibió USD 51.125 por fungir como profesor auxiliar a tiempo completo. Donde sí registró trabajo fue en el Instituto de Capacitación del Consejo Nacional Electoral entre junio de 2019 y febrero de 2020. Hubo meses donde no tuvo programación académica y no asistió a la facultad. Tuvo días, donde se registró una vez en el reloj biométrico cuando debían ser dos.

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Los contratos relacionados a la compra de insumos médicos rodean los USD 34.3 millones, de los cuales USD 26.4 millones son costeados por el MSP y USD 7.9 millones vienen del IESS.

»Muchos de los proveedores tienen el RUC para confección de ropa, venta de licor y actividades de entretenimiento, es decir, no son personas idóneas», dijo Germán Rodas, presidente de la CNA en entrevista para Ecuavisa.

Explicó que las comisiones técnicas de contratación se encargaban de eliminar el número de oferentes, descartándolos por cualquier motivo hasta que solo queden dos ofertas. El análisis de los documentos de las negociaciones son del período 2023 y parte del 2024, y contemplan los hospitales; IESS Quito Sur; Carlos Andrade Marín, en Quito; Teodoro Maldonado, en Guayaquil; Monte Sinaí, en Guayaquil; entre otros.

Casos de nepotismo

Por otro lado, el pasado 25 de junio asambleístas del Azuay sesionaron en la casa legislativa de Cuenca para fiscalizar los problemas del sistema de salud en la provincia. A la mesa parlamentaria comparecieron funcionarios del Hospital de Especialidades “José Carrasco Arteaga” del IESS de Cuenca, institución que ya lleva dos denuncias por mala praxis médica.

Rosa Argudo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IESS, compareció ante las autoridades, pero se mostró evasiva ante ciertas preguntas por lo que su respuesta constante era que le »pidan por escrito» la información.

Pese a las constantes negativas, admitió que cinco de sus familiares trabajan en el hospital, pero no reconoció que la compañía Vending Company SAS, a nombre de una de sus hijas, es la empresa de máquinas expendedoras de alimentos en el IESS.

La funcionaria no respondió sobre el título de los nueve predios que tendría en la capital y evadió la pregunta en relación a la autorización de una auditoría a las finanzas del Sindicato de Trabajadores del IESS.

La penosa situación del sistema salud ocurre en medio de varias denuncias de desabastecimiento de medicamentos y falta de atención médica. Recientemente la Sociedad de la Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) anunció que ya no atenderán a los pacientes derivados del IESS por falta de pago, la escasez de insumos médicos y la severa limitación de medicamentos oncológicos. (AGM).

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Aguilar mencionó, en entrevista con Radio La Calle, que el primer paso para realizar esas designaciones debió ser la depuración de las entidades. Explicó que los gobernadores son los enlaces políticos del presidente y las otros sectores. Sin embargo, recalcó que Noboa no comprendió esa relación.

«Está improvisando, pero está en Carondelet (…) Sacar cuadros de la Policía es como abrirle la puerta al narcotráfico para que se paseen como en un bulevar en el país», apuntó.

También, señaló que el primer mandatario confundió la gobernabilidad, que es quien hace política pública, el enlace político y quien diseña el «rumbo por donde va el barco». Mientras que, la gobernanza es la fuerza de la ley con la que se maneja la fuerza pública; es decir, la Policía Nacional, las FF.AA., en general la justicia.

Otro error que enlistó en este corto tiempo que Noboa se ha mantenido en el poder, fue anunciar que una banda delictiva le habría enviado una carta «en la que pedían una especie de tregua». Sin embargo, antes de decirla no verificó si el comunicado era real.

«Las bandas criminales no son actores políticos y ellos no tienen un interlocutor o un agente comunicacional», dijo.

Prioridades que tiene el país

Aguilar detalló que el país atraviesa un momento complicado y que necesita resolver los problemas económicos urgentes. Recalcó que «las primeras soluciones que ofrece el presidente», como la reforma tributaria, no muestra por ningún lado un intento de recaudación tributaria en beneficio de los ecuatorianos.

«Si el presidente cree que las versiones de los medios tradicionales son un buen faro para tomar un rumbo, está en el camino con vela de cebo», apuntó.

Recalcó que en este régimen se realizaron dos acuerdos. Uno para el debate de la ley económica urgente, en el caso que se sostenga una alianza en la Asamblea Nacional y otro para la designación de autoridades en el Pleno, uno que ya se desarmó.

«Es importante que el país abandone el camino del Fondo Monetario Internacional (FMI) o todo esto se acaba en febrero», apuntó.

Los juicios políticos

El analista comentó que el único debate que debería primar es el económico, pues el gobierno no tiene la fuerza para enfrentar los juicios políticos que proponen porque son un «desgaste».

«La fiscal es el chambelán de la embajada norteamericana, lo único que significa es perder el tiempo. De la misma manera el Consejo de la Judicatura hizo un pésimo trabajo, pero no hay tiempo», dijo.

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La investigación, que ahora se encuentra en un período de 90 días de instrucción fiscal, revela la presunta manipulación de compras públicas y contratación de personal en diversas entidades estatales.

Danilo Carrera, quien ya enfrenta arresto domiciliario por su presunta participación en el caso, se habría valido de su cercanía con el entonces presidente Lasso para consolidar su influencia en organismos públicos clave, como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), el Servicio de Aduanas. (Senae) y BanEcuador.

Correos extraños con la Vicepresidencia

Según reporta Primicias, la Fiscalía ahora apunta hacia la Vicepresidencia de la República, dirigida por su extitular Alfredo Borrero. Entre los 28 elementos de convicción presentados, destaca la materialización de correos electrónicos que sugiere un intento de Carrera de influir en decisiones estratégicas de la Vicepresidencia.

En uno de los correos revelados, Humberto B., presunto intermediario, propone a Carrera la instalación de plantas potabilizadoras de agua, describiendo la tecnología como un «proyecto ganador». Los documentos presentados por la Fiscalía indican que esta negociación también involucra a la Vicepresidencia, liderada por Borrero.

El medio reseña que Humberto B., representante de la empresa Kargip Enterprises con sede en Miami, habría enviado propuestas económicas y técnicas a Borrero, según consta en correos electrónicos revisados ​​por la Fiscalía. La empresa, registrada como una Limited Liability Company (LLC), se constituyó en Florida en 2015 y sigue activa.

En respuesta a estas acusaciones, el abogado de Carrera, Calixto Vallejo, afirma que Borrero recibió a Humberto B., pero la reunión fue archivada porque el Vicepresidente no mostró interés en el producto. Hasta el momento, Borrero no ha comentado sobre estas revelaciones.

El caso Encuentro continúa destapando presuntas conexiones corruptas que involucran a altos funcionarios del anterior gobierno, arrojando luz sobre la urgencia de reformas en la gestión pública para garantizar la transparencia y la integridad institucional.

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La tarde de este martes 31 de octubre a las 14:30 estaba previsto que se acuse a Carrera y compañía por su supuesta participación dentro del caso Encuentro. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada para el 16 de noviembre a las 14:00.

¿Por qué? El juez Renán Andrade señaló que se dio paso a cinco pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe, reporta Teleamazonas. Adicionalmente, el magistrado precisó que esta será la «única vez» que se acepte este tipo de recurso.

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

No es todo. La noche del 30 de octubre, la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes. En palabras sencillas, halló hechos relevantes y conexos entre las dos investigaciones.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal “acordaba” con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para “ubicar” a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

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La acusación formal sustitutiva, presentada en el tribunal federal de Manhattan el jueves, acusa a Menéndez de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que exige que las personas se registren ante el gobierno de Estados Unidos si actúan como “agentes de un interés extranjero”. Como miembro del Congreso, a Menéndez se le prohibió ser agente de un gobierno extranjero, incluso si se registraba como tal.

La acusación dice que la conspiración ocurrió desde enero de 2018 hasta junio de 2022.

Los mensajes dejados al personal del Senado y al abogado de Menéndez con la intención de reportar su reacción a la noticia no fueron respondidos de inmediato.

La nueva acusación se produce a pocas semanas después de que el demócrata y su esposa fueran acusados de aceptar sobornos en efectivo, lingotes de oro y un automóvil de lujo de tres empresarios de Nueva Jersey que querían que el senador ayudara e influyera en los asuntos exteriores. La pareja se ha declarado inocente.

Las acusaciones decían que mientras Menéndez era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, tomó varias medidas para ayudar en secreto a funcionarios egipcios. Eso incluyó escribir una carta a otros senadores animándolos a levantar la suspensión de $300 millones en ayuda a Egipto.

También fue acusado de pasar información sobre empleados de la embajada de Estados Unidos en Egipto y de transmitir información no pública a funcionarios egipcios sobre ayuda militar.

Menéndez, de 69 años, ha insistido en que no hizo nada inusual para ayudar a Egipto y que los fiscales habían malinterpretado el trabajo de un senador involucrado en asuntos exteriores. Las autoridades que registraron la casa de Menéndez el año pasado dijeron que encontraron más de $100,000 en lingotes de oro y más de $480,000 en efectivo, gran parte escondidos en armarios, ropa y una caja fuerte.

El nuevo cargo contra Menéndez se produce cuando más de 30 demócratas del Senado, incluido su colega de su estado natal, el senador demócrata Cory Booker, le han pedido que renuncie. Menéndez se ha mantenido desafiante y hace dos semanas les dijo a sus colegas en un almuerzo a puerta cerrada que no abandonará el Senado.

Menéndez no ha dicho si se presentará a la reelección el próximo año. Al menos un demócrata, el representante de Nueva Jersey Andy Kim, ya ha dicho que participará en las primarias, y el jefe de la sección de campaña de los demócratas del Senado, el senador de Michigan Gary Peters, ha pedido a Menéndez que renuncie, señalando que es posible que no reciba ayuda de campaña tradicionalmente disponibles para los titulares.

Si te interesa saber la relación del senador Menéndez con Ecuador y su estrecha relación con Lenín Moreno y el presidente Guillermo Lasso haz clic aquí.

Redacción: El Nuevo Herald

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Carrera salió de su madriguera después de ocho meses de publicada la investigación del Caso Gran Padrino que expuso el presunto entramado de corrupción del gobierno de Guillermo Lasso. Las declaraciones las hace en medio de las polémicas acusaciones del exministro Patricio Carrillo y el teniente de Policía Rodney Rengel.

Según él, esta acusación pretende dañar la imagen del gobierno y responsabilizarlo del control de »un sinfín» de empresas públicas que »ni conoce, ni quiere conocer». Recalcó que hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba, ni se podrá presentar. Sin embargo,

»Qué manera de hacer el ridículo (…) a mis 85 años sigo con la fortaleza suficiente para enfrentar todas esas infamias», dijo en un video difundido en redes sociales. También agradeció el apoyo de amigos y varios deportistas.

El cuñado intocable

Días atrás Carrera apareció en el festejo de la selección ecuatoriana por el triunfo ante Mónaco en la serie de la Copa Davis. La selección de tenis viajó al continente europeo para participar en la Copa Davis.

Según el periodista Andersson Boscán, el 10 de septiembre Carrera salió del país para emprender un viaje a Europa. Sin embargo, su partida ocurrió en medio de un proceso de investigaciones por delitos de cohecho y delincuencia organizada en el Caso Gran Padrino.

La aparición de Carrera con el equipo de tenis confirmó su salida del país. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, pues se supone que el pasaporte del sospechoso fue confiscado.

Actualmente, el cuñado del mandatario es presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis y miembro de la Comisión Seniors de la Federación Internacional de Tenis y la Confederación Sudamericana de Tenis. (AGM).

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Cuando Noboa era legislador visitó el palacio de Gobierno con un maletín «lleno de documentos» que incriminaban Caicedo. Sin embargo, el jefe de Estado «no las quiso ver», según el relato de Noboa.

«De esa información la Fiscalía y la función Judicial terminarán encargándose. Como digo, yo creo en la separación de poderes y yo no me voy a poner a perseguir a la gente. No voy a tener ni tiempo», dijo en La Posta.

De la misma manera, explicó que ese tema lo tendrán que investigar después los dos entes que mencionó, pues él deberá enfocarse en temas de seguridad y empleo. Además, sostuvo que no puede iniciar persecuciones políticas. (DCJ)

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«Yo enfrento, como corresponde, a Lenín Moreno Garcés. Le decía: presidente, tengo alertas de que están pidiendo el 30% por contrato. Que son los Bucaram, los del Partido Social Cristiano, los coidearios de Lasso y un largo etc.», dijo en una entrevista para Ecuador inmediato.

Agregó que, en un principio, Moreno lo negó hasta que fue evidente que los gerentes de la empresas empezaron a extorsionar a los contratistas. «Hubo una reunión determinante, le digo: presidente, esto no puede seguir, voy a hacer un manifiesto público. Me dijo: mi querido Jorge, ya voy a corregir, lo hice por ti. – ¿Cómo que por mí? – Para que no te ataquen, me dice. Yo me defiendo solo».

Glas reveló que en la última reunión, Moreno le propuso ser parte del reparto. «Era un presidente de la República, sentando en la mesa del presidente de la República, dónde antes estuvo Rafael Correa. Me lo dice y yo pongo un golpe en la mesa y digo presidente yo ni robo ni dejo robar – Te voy a meter preso, dice – Que así sea, presidente, pero yo ni robo ni dejo robar».

Moreno lo volvió a amenazar. Él salió del despacho y redactó el manifiesto público que salió el 2 de agosto. «Para el 2 de octubre yo ya estaba preso».

Jorge Glas permaneció en prisión durante 5 años y 4 meses hasta que obtuvo su libertad provisional. Debe presentarse todavía ante el juez y tiene prohibido abandonar el país.

Glas solo debe cumplir una pena única de ocho años, así lo dispuso la juez de Pichincha, Melissa Muñoz ante el pedido del exvicepresidente. La pena es por el caso Sobornos, donde también están sentenciados el expresidente Rafael Correa y 18 personas más. (MIB)

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El Ministerio del Interior ha otorgado a US Armor Corporation y Point Blank Enterprises INC el contrato para la compra de 51 870 unidades de protección balística, con un valor total de USD 25.744.358. Según el Ministerio, este monto representa un ahorro de más de USD 6 millones en comparación con el presupuesto inicial de USD 32.044.579,40.

US Armor Corporation ha sido adjudicada con la compra de 50 835 chalecos, de los cuales 42 048 son de nivel IIIA y 8 787 son de nivel II, por un valor de USD 23 503 935. Por otro lado, Point Blank Enterprises INC se ha encargado de la adquisición de 1 035 chalecos de nivel IIIA-III, a un precio de USD 2 240 423,10, reporta Radio Pichincha.

Hay una Comisión técnica

Una comisión técnica encargada de la etapa precontractual ha recomendado la elección de la oferta económica más baja. Sin embargo, las otras seis empresas oferentes presentaron montos inferiores por hasta USD 9 millones. Estas denuncias señalan un posible sobreprecio en la adquisición de los chalecos.

Además, se ha revelado que US Armor Corporation presentó su oferta fuera del límite de tiempo establecido, un día después del plazo. Esto ha generado sospechas sobre supuestas irregularidades en el manejo del proceso de licitación.

El medio también pone el ojo en que «uno de los miembros de la comisión técnica, el mayor de Policía Hernán Solís Bartilotti, no firmó el acta de recomendación de adjudicación a las dos empresas estadounidenses». Este hecho plantea interrogantes sobre la transparencia y la validez de la decisión tomada.

Señalan una «injusticia»

El consorcio Burnham-Santa Bárbara EP, que fue descalificado en el proceso, ha presentado una solicitud de rectificación de la calificación al Ministro del Interior y a los miembros de la Comisión Técnica. Alegan que cumplieron con todos los requisitos y fueron perjudicados de manera injusta.

El documento presentado por el consorcio ha sido enviado a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y el Sercop para su investigación. El consorcio sostiene que su oferta fue verificada por la comisión en la apertura de ofertas y que cumplieron con los requisitos establecidos en el proceso precontractual.

Un proceso difícil

La compra de chalecos antibalas para la Policía Nacional ha sido un proceso lleno de obstáculos y retrasos desde diciembre del año pasado. En un primer intento, las empresas nacionales fueron descalificadas por no cumplir con los requisitos técnicos, lo que siguió denuncias de irregularidades. Luego se convocó a un concurso internacional en el que participaron 23 compañías y consorcios de varios países como Estados Unidos, Turquía, España, México y Colombia.

En resumen, el proceso de compra de chalecos para la Policía Nacional ha estado rodeado de cuestionamientos debido a denuncias de irregularidades, posibles sobreprecios y la participación de empresas descalificadas. Las autoridades competentes deben investigar a fondo estas evidencias para salvar la transparencia y los aparatos en los procesos de adquisición del Estado.

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El exmandatario y su cónyuge podrán defenderse en libertad, pero están obligados a presentarse una vez al mes en el Consulado de Ecuador en Paraguay y una vez cada cuatro meses en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, reportó Ecuavisa.

La familia Moreno es investigada por presunto delito de cohecho (sobornos) en el caso Sinohydro (Ina Papers). Según las autoridades, Moreno y su círculo se habría beneficiado de USD 76 millones en coimas en un proyecto hidroeléctrico.

La tarde de este lunes, la Fiscalía informó que se reinstaló la audiencia de medidas cautelares debido al constante incumplimiento por parte de los procesados: Lenín Moreno, Rocío González y su hija Irina Moreno.

El exjefe de Estado se pronunció en su cuenta de Twitter. Insistió en que es inocente y agradeció a la «institucionalidad y a la justicia». Además, rechazó cualquier vinculación y responsabilidad en la construcción de la obra Coca-Codo Sinclair.

Allá lo que diga Fiscalía…

El 19 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, entre otros involucrados del caso Sinohydro. La orden fue remitida hasta la Interpol para que lo busque y capture.

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello.

La pareja incumplió con la presentación periódica de cada 15 días, que había iniciado el 20 de marzo.

Sobre el proceso

La Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente.

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Un 81% está a favor, mientras que el 7,6% cree que es inocente. El 11.6% no responde. El 80.5%, por otro lado, desaprueba la gestión presidencial.

El 76& cree que es culpable de las acusaciones de corrupción, el 73% cree que es culpable por un contrato que no se dio haber dado., un 81.7% opina que es culpable de no cumplir con lo ofrecido, mientras que el 78,2% cree que es culpable de no hacer nada.

Otras encuestas

La encuestadora Perfiles de Opinión también presentó su evaluación de abril 2023. El 84.72% de los encuestados cree que la gestión de Lasso es mala y muy mala, mientras que el 13.93% la considera buena y muy buena.

En Quito, el 87.72% de los ciudadanos cree que la gestión es mala y muy mala, mientras el 11.73% dice que es buena y muy buena. En Guayaquil, el 82.82 expresó que el trabajo era malo o muy malo. El 15.33% opina que es bueno y muy bueno. (MIB)

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El exsecretario abandonó el cargo después de presentar el primer informe sobre el «Caso Encuentro» o «El Gran Padrino». El presunto caso de corrupción envuelve al presidente, Guillermo Lasso y a varias empresas del Estado.

El documento tenía posibles escenarios de corrupción en las empresas públicas CNEL, Flopec y Celec. Además, recomendó analizar el círculo cercano de Hernán Luque, exdelegado del Gobierno ante el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

Por otro lado, el exsecretario de la Administración Pública, Iván Correa afirmó que el documento tenía especulaciones genéricas “mal llamadas hipótesis”. Añadió que “tampoco se definió políticas públicas para prevenir ni enfrentar la corrupción”.

¿Qué hizo Luis Verdesoto?

El exsecretario, Luis Verdesoto aseguró que durante sus 8 meses en el puesto se realizaron investigaciones rigurosas con las empresas públicas. «Nos sentamos a trabajar con el material que teníamos más el que habíamos solicitado, con decenas de horas de entrevistas con funcionarios públicos«, respondió para Primicias.

Verdesoto admitió que las investigaciones sobre corrupción en Ecuador «son terriblemente caóticas«. Creó un esquema para ordenar los datos y así, la investigación termine bien.

Se resolvió que la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y Petroecuador no han tenido auditorías nunca. De la misma manera, se recomendó al Gobierno ha iniciar auditorías a todas las empresas del sector público.

Por otro lado, el exfuncionario llegó a la conclusión de que las empresas con más riesgo y más capacidad económica en casos de corrupción son las energéticas.

¿Por qué se creó la Secretaría?

El presidente de la República, Guillermo Lasso, creó la Secretaria de Política Pública Anticorrupción el 3 de mayo de 2022 con el objetivo de frenar la corrupción en el país. «La lucha en contra de la corrupción, a todo nivel, en todo lugar y en todos los sectores será de manera implacable y permanente”, dijo.

La Secretaría se encargaría de generar alertas tempranas en alas de alto riesgo de corrupción. Los sectores principales eran: petróleo, energía, telecomunicaciones, obra pública, seguridad social, compras públicas, financiamientos, presupuestos, inversión extranjera, gobiernos seccionales, control del narcotráfico, entre otros. (D.C.)

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Según un reportaje de Primicias, ‘Bemba’ fue detenido por un enfrentamiento armado entre policías y delincuentes tras un asalto a la agencia de la Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los Ríos (Emelgur), en Samborondón, en mayo de 2006.

Una niña de tres años resultó herida por un proyectil y murió durante el incidente. Las autoridades sometieron a Castro y dos sujetos más.

El 20 de mayo de 2006, ‘Bemba’ fue sentenciado a 20 años de prisión, pero en febrero de 2013 escapó de la cárcel de La Roca, en Guayaquil. Sin embargo, en septiembre del mismo año, fue localizado y recapturado en Colombia.

El historial delictivo de ‘Bemba’ va desde asesinato, pasando por robo y asociación ilícita. Según el portal web del Consejo de la Judicatura, el criminal tiene 17 procesos en su contra.

Su relación con ‘Rasquiña’

Cuando ‘Bemba’ se fugó en 2013 de La Roca, lo hizo junto a 18 presos más, entre ellos ‘Rasquiña’, quien fue asesinado en diciembre de 2020 en un centro comercial de Manta, en Manabí.

Sin embargo, su relación va mucho más atrás. En enero de 2012, ‘Bemba’, ‘Rasquiña’ y Adolfo Macías, alias ‘Fito’ (actual líder de «Los Choneros») estuvieron involucrados en el crimen de un prisionero ocurrido en La Roca, recoge el medio. Allí ‘Bemba’ fue condenado a ocho años de cárcel como cómplice de asesinato.

Peeero... el juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, Diego Poma Chamba extinguió la pena en noviembre de 2021. 

El 19 de enero de 2022, el magistrado le concedió a ‘Bemba’ el régimen semiabierto hasta el 21 de enero de 2027 si: se presentaba periódicamente a la unidad de reinserción social más cercana; realiza actividades de reinserción laboral, social y comunitaria; usa grillete electrónico; y se le prohíbe salir del país.

Según el juez Poma, ‘Bemba’ logró el 78,25 % de la pena por 20 años de prisión, se portó bien y no tuvo fallas disciplinarias. Asimismo, presentó el certificado de reclusión en el pabellón de mínima seguridad, por lo que obtuvo su prelibertad.

El mismo juez que concedió la prelibertad a Eddy Castro Cabello, alias 'Bemba', extinguió las penas de Adolfo Macías, alias 'Fito'.

‘Fito’, con «un pie fuera» de la cárcel

El actual líder de «Los Choneros» logró que se cayeran cuatro procesos en sus contra por robo, delincuencia organizada y porte de armas; lo que le permite acceder a la unificación de penas… a centímetros de la prelibertad.

La Función Judicial es fuertemente criticada por este tipo de acciones en que libera a delincuentes y cabecillas de bandas criminales muy peligrosos.

En febrero de 2013, salió de la prisión Junior Roldán, alias ‘JR’, cabecilla de «Los Choneros», pero luego de un atentado en marzo de 2023 desapareció de los radares y se lo considera prófugo de la justicia.

Otros líderes y cabecillas liberados o en prelibertad son: Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’; Ángel Aguilar, alias ‘Lobo Menor’, cabecilla de «Los Lobos»; William Alcívar Bautista, alias ‘Negro Willie’, cabecilla de «Los Tiguerones»; Antonio Camacho, alias ‘Ben 10’, líder de «Los Chone Killers»; Terry Camacho, alias ‘Trompudo Israel’, cabecilla de «Los Chone Killers»; Álex Alcívar Bautista, alias ‘Ronco’, cabecilla de «Los Tiguerones».

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Carrera «fue retenido para dar su versión en la entidad de control y luego de esta diligencia se indicó que fue puesto en libertad», según reporta Teleamazonas. El cuñado del presidente Lasso salió la mañana de este miércoles 19 de abril.

La noche del 18 de abril, Fiscalía confirmó la retención de Danilo Carrera en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. El implicado tenía la intención de viajar hacia New York, EE.UU.

Según información oficial de Fiscalía, la notificación relacionada a la pretensión de Danilo Carrera de salir del país ocurrió aproximadamente a las 18h00. Fiscalía solicitó su retención a las 18h30, rigiéndose en el artículo 444, numeral 8, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Rendirá la ampliación de su versión en las próximas horas”, se limitó a explicar Fiscalía a través de su cuenta oficial de Twitter.

Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, figura como uno de los implicados directos de una presunta trama de corrupción expuesta a través de la investigación conocida como «El Gran Padrino». Según Fiscalía y la investigación periodística de La Posta, Carrera supuestamente habría gestionado cargos públicos en las empresas del Estado, principalmente las del sector eléctrico.

Carrera, además fue un amigo cercano de Rubén Cherres (otro de los implicados en la investigación), hallado muerto y con signos de tortura a finales de marzo de 2023.

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En un audio filtrado por La Posta, Velasque dice «no hay que pensar así. Cualquiera de ustedes puede intervenir. Eso es negociar. A mí no me van a venir a ofrecer de «pasa cafés». A mí me dan ministerio completo o nada. Algo bueno, no por hueso».

En el mismo audio, señala que se habría reunido con el exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, con quien habría tratado un «acuerdo de gobernabilidad».

El exministro le habría dicho: «¿Usted qué plantea?», a lo que Velasque habría respondido que Pachakutik quería los ministerios de Agricultura (MAG), de Inclusión Económica y Social (MIES) y de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Réplica

La subcoordinadora Velasque aceptó que es su voz la que se escucha. Sin embargo, rechazó las acusaciones del medio digital. Expresó que el audio – de una reunión con la bancada- está descontextualizado y solicitó que también «hagan escuchar las tres horas con los compañeros».

También mencionó que no se trata de una negociación con el Gobierno de Lasso, sino que «fue en sentido figurativo». Al ser interrogada por la reunión con el exministro Jiménez, ella expuso que nunca se ha reunido con él, pese a que lo nombra. Tampoco explicó quién era el Jiménez al que se refería.

Actualización 12:00

La subcoordinadora Velasque se comunicó con Radio La Calle y solicitó una réplica pese a que la misma está en la nota. En la llamada, recalcó que el fragmento filtrado por La Posta pertenece a una reunión de evaluación con la bancada, cosa que siempre estuvo escrita en la nota. Finalmente, explicó las palabras «fue en sentido figurado», agregado que también está en el texto periodístico.

Avanza el juicio político

La posición de Pachakutik (PK) frente al juicio político aún no se esclarece. Aunque Mario Ruiz, jefe de bancada, manifestó para Radio La Calle que PK daría los votos para el juicio político, sus declaraciones han ido cambiando durante el proceso.

En otros medios de comunicación, Ruiz ha señalado que «depende» de las pruebas que los proponentes presenten. Según el movimiento, no permitirán que el trámite caiga en «intereses partidistas».

Esas palabras fueron respaldadas por el anterior jefe de bloque, Salvador Quishpe. En su último anuncio, él sostuvo que el juicio político se podía caer por inconsistencias de los proponentes.

Las bancadas de Pachakutik y la Izquierda Democrática son las más cuestionadas por su postura frente al enjuiciamiento político del jefe de Estado, según la oposición de UNES y los socialcristianos.

Lasso en modo de defensa

El secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz Mena, envió a la Comisión de Fiscalización las pruebas de descargo del presidente, Guillermo Lasso, para su defensa del juicio político. Además, solicitó dos comparecencias a la mesa parlamentaria.

El oficio fue enviado el 16 de abril con la solicitud de las pruebas testimoniales y documentales. El representante del mandatario pidió que se llame a comparecer al exgerente general de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), Jaime de Jesús Condoy.

Por otro lado, requirió el testimonio de la exsecretaria relatora de la Comisión Legislativa de Régimen Económico, Andrea Poveda para que informe respecto a la sesión de fiscalización a la EP FLOPEC, que se llevó a cabo el 11 de agosto del 2022.

En lo referente a las pruebas documentales, Ortiz solicitó las copias certificadas de los informes de fin de gestión de los exgerentes de FLOPEC, Johnny Estupiñán, Pilar Ferri, Jaime de Jesús Codoy, Oswaldo Rosero y Cristian Panchi. De igual manera, la documentación del exministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera.

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«No es una investigación, es una persecución. Y sabemos exactamente por qué, porque en mi gobierno evitamos que Ecuador sea Venezuela. Evitamos que el Socialismo del Siglo XXI siga imperando con su falta de libertad, autonomía y falta de institucional, con la persecución y arresto de líderes adversos. Yo sabía qué venía. Me la jugué por la libertad y la democracia», señaló el exmandatario en entrevista.

El domingo 5 de marzo, la justicia del Ecuador decidió procesar a Lenín Moreno y su familia por el presunto delito de cohecho en el caso «Sinohydro», también conocido como «Ina Papers». Dentro del caso, la Fiscalía también acusó a más de 30 personas por formar parte de una supuesta estructura criminal que pedía sobornos en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 2009-2018.

Sobre los implicados pesan medidas cautelares. Moreno debe presentarse periódicamente cada 15 días; dos involucrados más también. Mientras que los demás presuntos criminales tienen prohibido salir del país, usarán grillete electrónico y asistirán ante la justicia cada ocho días.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa, Rocío de Moreno, habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

Tras profundizar en la investigación, Fiscalía descubrió a más personas y el modus operandi de los posibles crímenes.

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