Este jueves 20 de febrero, los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) calificaron la decisión de la Corte Constitucional (CC) como un “desprecio a la clase trabajadora y a sus derechos laborales adquiridos legalmente” durante una rueda de prensa en Quito.

La Corte emitió una sentencia sobre el salario de los trabajadores de la CNEL. El fallo fue dictado el viernes 14 de febrero por la jueza Karla Andrade.

La sentencia

En 2021, Richard Gómez, dirigente sindical de la CUT y actual vocal de los afiliados en el IESS, junto con Lizette Pinos, actuaron como apoderados judiciales de más de 1 500 servidores públicos de carrera de CNEL y presentaron una acción de protección.

El objetivo de la acción de protección era demostrar la vulneración de los derechos a la igualdad, la no discriminación y la seguridad jurídica de los trabajadores de carrera de CNEL.

Un juez en Los Ríos aceptó el recurso y ordenó a CNEL notificar a todos los peticionarios que pasarían a recibir los beneficios del contrato colectivo firmado con el Comité de Empresa de los Trabajadores. Además, dispuso la liquidación y el pago de todos los beneficios derivados de la contratación colectiva para los involucrados.

Luego de un prolongado proceso legal en distintas instancias y tras dos fallos judiciales en contra, el viernes 14 de febrero, la jueza de la Corte Constitucional, Karla Andrade, emitió una sentencia favorable a CNEL.

¿Qué implica el dictamen?

Este dispone que CNEL recupere la totalidad de los montos pagados a los beneficiarios de las sentencias que quedaron sin efecto.

La resolución establece que CNEL deberá implementar de inmediato todas las medidas administrativas y/o judiciales disponibles.

De igual forma, se permite que cada beneficiario acuerde un plan de devolución mensual de los montos correspondientes. A través de sus roles de pago, con un plazo máximo de 36 meses, se podrán descontar estos montos.

La jueza constitucional indicó que 1.795 servidores de CNEL fueron trasladados al régimen del Código de Trabajo, lo que, según señaló, “acarrea implicaciones económicas y jurídicas incuantificables” para la institución.

Además, afirmó que “las medidas de reparación ordenadas en las sentencias impugnadas y el auto mencionado afectaron y perjudicaron gravemente a la entidad accionante y al Estado”.

En su dictamen, la Corte Constitucional ordenó al Consejo de la Judicatura evaluar la actuación de los jueces que intervinieron previamente en el caso, mientras que a la Contraloría le encargó realizar un examen especial para determinar posibles responsabilidades.

Declaraciones de Richard Gómez

El secretario general del Comité de Empresas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Richard Gómez, afirmó este 20 de febrero en Quito que el fallo de la Corte Constitucional sobre el contrato colectivo de los trabajadores de CNEL EP es inejecutable.

Según Gómez, aplicar la sentencia significaría que muchos trabajadores se queden sin sueldo. Por esta razón, el sindicato de CNEL EP no descarta convocar movilizaciones o incluso llevar a cabo una huelga de hambre como medida de protesta.

En su sentencia 1788-24-EP/25, la Corte Constitucional determinó que las resoluciones judiciales de primera y segunda instancia, relacionadas con un millonario contrato colectivo en CNEL EP, desvirtuaron el propósito de la acción de protección presentada por el sindicato en octubre de 2021.

Dicha acción buscaba que 1.800 trabajadores, regidos por la Ley de Empresas Públicas, fueran transferidos al régimen del Código del Trabajo y, con ello, incluidos en el contrato colectivo. Sin embargo, la Corte concluyó que los jueces que fallaron a favor del sindicato excedieron sus competencias al otorgar derechos que, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, no corresponden a los servidores administrativos.

Además, el dictamen ordena a CNEL EP recuperar más de USD 79 millones de forma inmediata y establece medidas para investigar posibles responsabilidades administrativas y penales en el caso.

Gómez advirtió que la decisión afecta a cerca de 10.000 familias. Esto se debe a la pérdida de beneficios salariales de los 1.800 trabajadores que se incorporaron al contrato colectivo.

«Las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional significan claramente un desprecio a la clase trabajadora y a sus derechos laborales conquistados legalmente», recalcó el dirigente sindical.

IF

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La CC comentó que este decreto entra en «tensión con el principio de no regresión y el derecho a la salud». Además, vulneraría la protección a la salud y la sostenibilidad de la seguridad social.

Maestros y afiliados denunciaron que serían los más afectados con este documento, pues plantea ajustar el procedimiento de cálculo de los incrementos a realizarse en el Presupuesto General del Estado en los sectores de educación y salud. Esta reforma podría implicar una afectación a la asignación de recursos de ambas áreas.

Otro estado de excepción en decreto

Por otro lado, la entidad de control aceptó la renovación por 30 días de la declaratoria de estado de excepción en todos los centros de reclusión del país por grave conmoción interna.

«Esta renovación se fundamenta en la persistencia de los hechos que ocasionaron la declaratoria original, al mantenerse en riesgo la seguridad, integridad y vida de las personas privadas de la libertad, personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y policías y militares», detalla el decreto.

Según Lasso, pese a las acciones que ha tomado para mantener el orden en los centros, persisten las amenazas a la seguridad al personal y a otros internos.

La última «urgencia» de Lasso

La CC emitió un dictamen parcialmente favorable al decreto sobre Gestión de Riesgos y Desastres. En a resolución, la institución admite que varios puntos ayudarían a mitigar las consecuencias de la llegada del fenómeno El Niño.

Sin embargo, se contrapone a los artículos 6, 11 (numeral 6 y 7), 12, 13 (numeral 7,8 y 11), 14, ya que considera que contradicen a lo establecido en la Constitución.

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Una vez concluido el plazo, la Corte continuará con la deliberación y la toma de decisiones. «Actuaremos en absoluta independencia y asegurando el debido proceso», detalla el comunicado.

El pasado 25 de septiembre, la CC llamó a una audiencia al Cpccs luego de que este aceptara crear una veeduría que pretendía revisar las acciones del Cpccs- Transitorio. Entre esas decisiones está la designación de la fiscal general del Estado (FGE).

La máxima autoridad de la entidad, Diana Salazar, alegó que los consejeros irrespetaron un dictamen de la Corte que blindas las acciones del Cpccs-T. Además, pidió la destitución de cuatro de los siete consejeros, quienes fallaron a favor de esa decisión.

El presidente del Cpccs, Alembert Vera y el consejero Augusto Verduga enfatizaron que la entidad no ha tomado acciones que incumplan las disposiciones de la CC. Resaltaron que los procesos que llevan en curso no “topan” a la designación de la fiscal.

“No es de nuestra competencia y el objetivo nunca fue destituir a nadie. No se ha violentado o incumplido nada”, dijo.

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El 5 de septiembre el mandatario envió el Decreto-Ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas a la Corte Constitucional. La urgencia económica de la propuesta está justificada con la llegada del fenómeno de El Niño y la regulación del endeudamiento público.

El principal objetivo de este decreto es reducir los gastos del Estado para una mejor sostenibilidad fiscal. Uno de los planteamientos es la condonación de los intereses de la deuda que tiene el gobierno con el IESS, es decir, USD 1.042 millones.

Además, el documento plantea que el Estado contribuirá de manera obligatoria con el 33.33 % del tratamiento de las enfermedades catastróficas de los afiliados. Una reforma que iría en contra de lo que establece la Constitución de la República.

»El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente», dicta el artículo 50.

¿Afectación a la educación?

De igual manera, el decreto plantea ajustar el procedimiento de cálculo de los incrementos a realizarse en el Presupuesto General del Estado en los sectores de educación y salud. Esta reforma podría implicar una afectación a la asignación de recursos de ambas áreas.

El problema radica en los métodos, pues el Ejecutivo plantea que se calculen las nuevas asignaciones en relación al presupuesto utilizado por las carteras de Estado hasta el final del anterior año.

Actualmente, la asignación de recursos debe manejarse en torno a la variación del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el incremento del financiamiento a la educación debe ser equivalente al 6 % del PIB y en el caso de la salud al 4 %.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) señaló que en el caso de la educación se ha ejecutado apenas el 38 % del presupuesto, por lo tanto, si se aprueba el decreto tendrán una reducción considerable el siguiente año fiscal.

#ATENCIÓN| frente al Decreto Ley de @LassoGuillermo nos movilizamos, este martes 26 de septiembre en los exteriores de @CorteConstEcu. pic.twitter.com/j8lXY5dtSK

— UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) September 24, 2023

La voz del pueblo

La Corte Constitucional (CC) recibió alrededor de 13 oficios de los afiliados, jubilados y gremios de maestros, quienes piden la derogatoria de este decreto. Para este 26 de septiembre, la CC recogerá las observaciones de los diferentes actores sociales en una audiencia pública.

»Tengan la seguridad que los jubilados y pensionistas del Ecuador iremos hasta las últimas consecuencias», dijo Reynaldo Mendieta, representante de los jubilados. (AGM).

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La resolución fue tomada en la sesión del 13 de febrero con siete votos a favor. Terán sería el cuarto juez que asume este cargo, y  reemplazará a Álvaro Román, quien fue nombrado como presidente del CJ por orden del Corte Constitucional (CC).  Ahora, como la establece la Constitución deberá ser posesionado por la Asamblea Nacional.

¿Quién es Wilman Terán?

Dentro de su experiencia profesional, Terán es abogado por la Universidad Central y tiene dos posgrados en Derechos Humanos y Derecho Penal. Por otro lado, fue juez de Garantías Penales en Santo Domingo de los Tsáchilas y director de asesoría jurídica del Conagopare.

Antes de su designación, tenía el cargo de conjuez de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil. También era integrante de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescente infractores de la Corte Nacional.

Una decisión polémica

“Es un agrado no haberme equivocado en mi votación, ni argumentación; y una lástima que «no haber cambiado mi voto» fuera considerado como incumplimiento por la Corte Constitucional” dijo el expresidente del Cpccs, Hernán Ulloa.

El 15 de diciembre la Corte Nacional de Justicia (CNJ) envió una terna constituida por los jueces Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Antonio Rivera. Sin embargo, los antiguos consejeros, que luego fueron destituidos por la CC, no llegaban a acuerdos para elegir al nuevo titular de la CJ, después de varias ternas emitidas.

En esta última ocasión, los vocales también resolvieron no elegir a ninguno de los candidatos para presidir el CJ. La decisión se tomó pese a que los candidatos cumplieron con los requisitos pertinentes para el proceso. En este sentido, decidieron solicitar una nueva terna por falta de acuerdos y la CNJ se pronunció al respecto.

“La Corte Nacional de Justicia ha cumplido con el país, puesto que como lo dispone la norma constitucional, su presidente ha enviado en cuatro ocasiones la terna para la designación del titular del CJ, el 22 de febrero, 16 de mayo, 22 de agosto y 16 de diciembre del 2022”, dijo en su defensa mediante  un comunicado oficial. (A.G.M)

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En una sesión del 28 de octubre, la Corte Constitucional se reunió para debatir algunos aspectos relacionados con la Ley Orgánica de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal. En la mesa se declararon inconstitucionales aspectos como;

• La exoneración del pago del Impuesto a la Herencia a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad con el causante y cónyuges supervivientes, siempre que no existan hijos que puedan acceder a la masa hereditaria;
• algunos artículos de la Ley de Hidrocarburos, uno relacionado con la concesión excepcional del Estado para la exploración y explotación de nuevas áreas;
• los artículos 112 al 116 relacionados con el Régimen Especial de Galápagos;
• las modificaciones a las tarifas del Rimpe, ya que transgrede el principio de capacidad contributiva al no observar la riqueza real del sujeto y efectuar el cálculo sobre el total de sus ingresos;
• y eximir a las personas que se acojan al Régimen Impositivo voluntario, único y temporal para la regularización de activos en el exterior (RIVUT) de la investigación de ciertos delitos como el enriquecimiento privado no justificado.

Después de pasar por el Pleno de la Asamblea, la propuesta de ley fue enviada por el presidente Guillermo Lasso al Registro Oficial el 29 de noviembre del 2021. Para la Corte, la Asamblea Nacional no aprobó, ni modificó, ni negó el Proyecto de Ley dentro del plazo de 30 días. Esta acción permitió que el mandatario pueda promulgar la propuesta como decreto-ley o publicarla en el Registro Oficial.

La negativa de UNES a la resolución de la Corte Constitucional

En un comunicado oficial la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), expresó su descontento sobre la resolución de la Corte Constitucional. Ante la situación, señalaron que insistirán en la derogatoria total de la denominada ‘‘Ley Impuestera’’

‘‘No podemos bajar los brazos para derogar la «Ley Impuestera». Lasso prometió no subir impuestos y lo que hizo fue subirlos afectando a las capas sociales más débiles y a la clase media’’, dijo el asambleísta Lenin Mera en su cuenta de Twitter. (A.G.M)

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