https://x.com/CONAIE_Ecuador/status/1958257737034572064?t=eUR4n8fNeszWaAXl1oWPMQ&s=19

La protesta surge tras un año de la consulta popular en la que la ciudadanía votó mayoritariamente a favor de detener la explotación en esa zona de alta biodiversidad. Sin embargo, pese a esa decisión, la infraestructura petrolera continúa operativa y hasta ahora no existe un cronograma público de desmantelamiento, lo que genera frustración y críticas hacia el Gobierno y la Corte Constitucional.

Mandato popular incumplido

Los líderes Waorani recordaron que la consulta fue vinculante y que el Estado está obligado a ejecutar la decisión ciudadana. “El pueblo ya decidió, pero el petróleo sigue saliendo del Yasuní”, reclamaron los voceros durante la concentración. Para ellos, la demora en la aplicación del resultado refleja un desacato al mandato democrático y una vulneración directa a los derechos de los pueblos y de la naturaleza.

Resistencia y movilización ciudadana

La jornada estuvo marcada por la participación de organizaciones sociales, ambientalistas y colectivos juveniles que, con pancartas y consignas, señalaron que la voluntad popular no puede convertirse en un simple trámite. Desde su perspectiva, la falta de acciones concretas demuestra que los intereses económicos pesan más que el respeto a la democracia y la protección ambiental.

Corte Constitucional bajo presión

La Corte Constitucional se convierte en un actor clave en esta disputa, pues debe garantizar el respeto a la consulta y exigir al Ejecutivo un plan de retiro progresivo y transparente de la infraestructura petrolera. Hasta ahora, sin embargo, el tribunal no ha emitido resoluciones que obliguen a un cronograma detallado, lo que alimenta el malestar de las comunidades.

Implicaciones políticas y ambientales

El incumplimiento del mandato del Yasuní no solo abre un conflicto político entre el Gobierno, los pueblos indígenas y la sociedad civil, sino que también expone al país a cuestionamientos internacionales. El Yasuní es uno de los territorios más biodiversos del planeta, y la demora en su protección genera dudas sobre el verdadero compromiso del Ecuador frente al cambio climático y los derechos de la naturaleza.

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Una lucha que no se detiene

Los Waorani y los colectivos advierten que mantendrán la presión social hasta que se cumpla la decisión popular. Para ellos, esta no es solo una causa ambiental, sino también una lucha por el respeto a la democracia directa y a la voz del pueblo.

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La movilización, denominada «Firmes por Ecuador», profundiza la pugna entre el Ejecutivo y el máximo tribunal tras la suspensión provisional de 17 artículos de tres leyes emblemáticas del gobierno.

Según confirmaron fuentes legislativas, cerca de 69 asambleístas de la bancada oficialista gestionaron permisos por horas ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), evitando ausentarse de la sesión plenaria de las 15h00 donde se evaluará el juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. La concentración iniciará a las 11h00 en el Puente del Guambra (centro-norte de Quito), avanzando hacia la sede de la Corte, en el sector de La Mariscal.

Crisis jurídica y tensión política

El conflicto se desató tras la decisión de la Corte Constitucional el 4 de agosto de admitir demandas contra las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia – impulsadas por el Ejecutivo como «urgentes»–, paralizando artículos clave. Noboa calificó el fallo como un obstáculo para «derrotar al terrorismo, la corrupción y la pobreza», anunciando la protesta durante un acto en Guayas.

Cuestionamientos a la movilización dorada

La bancada de Revolución Ciudadana (RC) rechazó el carácter de la convocatoria presidencial: «Ninguna causa justa inspira esta movilización», señaló en un comunicado, exigiendo a la Contraloría fiscalizar el uso de recursos públicos y vehículos oficiales. Además, solicitó al Ministerio de Trabajo listas de asistencia para verificar que servidores públicos no abandonen sus funciones.

La protesta se realiza en medio de una crisis hospitalaria que cobró la vida de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil por falta de insumos. Este hecho contrasta con la ausencia de sesiones matutinas en comisiones clave donde ADN tiene mayoría, exceptuando la Comisión de la Niñez que abordará precisamente dicha emergencia a la misma hora de la marcha.

Simbolismo y dobles agendas
Mientras el gobierno moviliza bases oficialistas hacia la Corte, sectores sociales recuerdan que el pasado 7 de agosto miles de ciudadanos –incluyendo personal médico y docentes– marcharon hacia el mismo tribunal para exigir la inconstitucionalidad de leyes que afectan derechos laborales y sociales.

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El documento enfatiza que Ecuador es un «Estado Constitucional de Derechos y Justicia», cuya estructura exige respeto a la independencia judicial. Citando a la Relatora Especial de la ONU para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, recuerda: «La independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia. Las amenazas son inaceptables».

Los firmantes acusan al gobierno de buscar anular el sistema de pesos y contrapesos, evidenciado en la «anulación de facto del Legislativo» y su transformación en «brazo político del Ejecutivo».

Despidos masivos en Petroecuador: «Saboteo operativo»

Paralelamente, sindicatos del sector energético rechazaron el despido de cerca de 1.000 trabajadores adicionales en Petroecuador, anunciado anoche y ejecutado hoy. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP) desmintieron el argumento gubernamental de un «ahorro de USD 31 millones». Los sindicatos identificaron a esta medida como un «engaño para encubrir el sabotaje a la operatividad de la empresa».

Impacto crítico en operaciones:

• Transporte de crudo: Cuatro de cinco capitanes de amarre en terminales marítimos —figuras clave para la seguridad en carga/descarga de buques— fueron desvinculados.
• Perforación: Se eliminó al 50% del equipo de ingeniería, incluyendo personal con experiencia crítica en bloques operativos.
• Geología: Tras recortes previos, los geólogos restantes cubrían hasta tres campos simultáneamente; nuevos despidos profundizan la crisis técnica.

Los sindicatos destacan que un informe ya alertaba sobre un déficit de 1.200 trabajadores. Ahora, el gobierno habría duplicado ese vacío, poniendo en riesgo la producción, exportación y refinación. ANTEP/SINTEP vinculan esta medida con un «plan de desmantelamiento deliberado» para debilitar la empresa y facilitar la privatización de activos rentables, advirtiendo que constituye un «ataque a la soberanía energética y los derechos laborales de toda la clase trabajadora».

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El origen de la medida

La tarifa fue implementada por el Gobierno como parte de un plan para fortalecer el control de la actividad minera y financiar la lucha contra la minería ilegal. Según estimaciones oficiales, podría recaudar alrededor de USD 229 millones anuales que serían destinados a monitoreo, control y remediación ambiental.

https://x.com/ARCOM_Ecu/status/1938828707491389634?t=9wst2u4nuiVB13BeBxuldg&s=19

Argumentos de los mineros

Las organizaciones demandantes sostienen que la tasa es desproporcionada y perjudicial para pequeños y medianos productores, que ya cumplen con obligaciones tributarias y legales.

Advierten que la medida podría provocar el cierre de minas formales y aumentar la informalidad en el sector.

“Somos mineros legales y no podemos pagar valores tan exagerados ”, señaló Guillermo Godoy Presidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador (CAPEMINE)

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El siguiente paso legal

La Corte Constitucional deberá decidir si admite a trámite la demanda y, en caso de hacerlo, evaluar la constitucionalidad de la norma. Los gremios piden que se suspenda la aplicación de la tasa hasta que se realice un análisis técnico y económico sobre su impacto.

Posición del Gobierno

El Ejecutivo defiende el cobro como una herramienta clave contra la minería ilegal, actividad que, según el Ministerio de Energía y Minas, ha crecido de forma acelerada y genera daños ambientales y pérdidas fiscales millonarias.

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En un mensaje difundido a través de la red social X, el mandatario sostuvo que esta nueva consulta representa un paso firme “hacia el futuro” y defendió su carácter como “democrática y popular”, en respuesta a quienes han cuestionado el rumbo de su administración. Noboa ya había anticipado esta iniciativa semanas atrás, pero ahora presentó formalmente el contenido de las preguntas.

¿Qué propone esta nueva consulta?

Estas son las siete preguntas oficiales que serán sometidas a votación ciudadana, de aprobarse el mecanismo:

1. Bases militares extranjeras: Propone eliminar la prohibición de instalar o ceder bases militares nacionales a fuerzas extranjeras.

2. Financiamiento a partidos políticos: Plantea eliminar la obligación del Estado de entregar recursos públicos a las organizaciones políticas.

3. Eliminación del CPCCS: Propone suprimir el organismo y transferir sus competencias a la Asamblea, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

4. Reducción de asambleístas: Plantea reformar el sistema electoral para disminuir el número de curules en la Asamblea Nacional.

5. Contratación por horas en turismo: permitir esta modalidad solo para jóvenes en su primer empleo, garantizando derechos laborales.

6. Juicio político a jueces constitucionales: Establecer que los jueces de la Corte Constitucional podrán ser destituidos por la Asamblea.

7. Reapertura de casinos: permitir salas de juego en hoteles cinco estrellas, con tributos destinados a combatir la desnutrición infantil.

¿Qué implican estas reformas?

Esta nueva propuesta de referéndum llega meses después de la primera consulta de Noboa, celebrada en abril de 2024, en la que solo algunas preguntas fueron aprobadas. En esta ocasión, el enfoque apunta a cambios estructurales dentro del aparato estatal, incluyendo la disolución de un organismo clave como el CPCCS, la reforma legislativa y la posibilidad de volver a autorizar la presencia de fuerzas extranjeras en suelo nacional.

Aunque el Gobierno ha presentado la consulta como una herramienta de modernización, varias voces en sectores jurídicos y sociales advierten que muchas de las preguntas requieren reformas constitucionales de fondo, y podrían alterar el equilibrio de poderes, los mecanismos de control y la representación política.

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¿Consulta o estrategia política?

El anuncio ocurre en medio de tensiones internas en la Asamblea y un clima electoral anticipado. Noboa busca reposicionarse políticamente con una agenda que combine gobernabilidad y reformas estructurales. Sin embargo, la Corte Constitucional aún debe pronunciarse y determinar si las preguntas cumplen con los requisitos legales para someterlas a consulta.

Preguntas repetidas y observaciones pendientes

Un aspecto clave que no ha pasado desapercibido es que algunos temas ya fueron planteados en la consulta popular anterior de abril de 2024, aunque con redacción diferente. Por ejemplo, el trabajo por horas, el sistema legislativo y los ajustes al CPCCS ya estuvieron entre los ejes sometidos a votación en esa ocasión.

Aunque el presidente no ha mencionado esto directamente, la repetición de temas ya evaluados por la ciudadanía o por la Corte Constitucional podría generar cuestionamientos tanto legales como políticos. Expertos coinciden en que es importante tomar en cuenta las observaciones previas emitidas por el organismo constitucional y los resultados del proceso anterior, para evitar redundancias o conflictos de interpretación.

Por ahora, el Gobierno ha planteado los temas, pero el debate recién comienza, tanto en lo técnico como en lo político.

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Admisión sin medidas cautelares

La Corte comunicó la decisión este viernes 4 de julio, tras aceptar los expedientes 50-25-IN y 51-25-IN al comprobar que cumplían con los requisitos jurídicos exigidos por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Sin embargo, la Corte aclaró que no se concedieron medidas cautelares, ya que los pedidos de suspensión de la norma no cumplieron con las condiciones legales requeridas.

En contraste, la Corte rechazó una tercera demanda que presentó el ciudadano Gabriel Salvador Lema, al determinar que no cumplía con lo establecido en el numeral 5 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Críticas desde la oposición

El partido Unidad Popular (UP) fue uno de los actores que presentó una de las acciones legales. Geovanni Atarihuana, su director nacional, calificó a la Ley de Solidaridad como una amenaza al orden democrático.

TUIT Geovanni Atarihuana: https://x.com/geovanni_atari/status/1941271342252544345

 “El Gobierno busca consolidar un esquema de poder autoritario, usando como excusa la lucha contra la delincuencia”, afirmó Atarihuana. Además, denunció que la normativa otorga facultades excesivas al presidente, poniendo en riesgo derechos fundamentales y abriendo la puerta a detenciones sin garantías judiciales.

El debate de fondo: seguridad o concentración de poder

Aunque el Ejecutivo ha defendido la Ley como una herramienta legal para combatir el crimen organizado y restablecer el orden interno, varios expertos constitucionalistas advierten que sus disposiciones abren la puerta a una peligrosa concentración de poder. Según juristas consultados por este medio, la normativa permite al presidente emitir decretos con fuerza de ley y restringir derechos sin control legislativo efectivo, lo cual “viola el principio de separación de poderes y el equilibrio institucional”. El riesgo, señalan, es que bajo el argumento de enfrentar una emergencia, se naturalice el estado de excepción como forma de gobierno.

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Mientras el Gobierno defiende la Ley de Solidaridad como una herramienta para enfrentar la crisis de seguridad, crecen las alertas sobre posibles abusos de poder. La Corte Constitucional será ahora la encargada de dirimir si esta norma se ajusta al marco jurídico vigente o si vulnera las libertades fundamentales de los ecuatorianos.

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La UNE sostiene que la Ley de Integridad Pública vulnera de forma directa la carrera administrativa, al permitir la contratación sin procesos adecuados y habilitar despidos arbitrarios. Esto, según el gremio, debilita el principio de estabilidad laboral garantizado en la Constitución y genera incertidumbre entre los funcionarios públicos, en especial docentes que durante décadas han exigido procesos transparentes y justos para el ingreso y permanencia en el sistema educativo.

Además, alertan que la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) contenida ante esta aprobación impacta directamente a los docentes, al eliminar el derecho a una jubilación digna con compensaciones justas, prolongando el tiempo de servicio sin garantías claras. Lejos de mejorar la gestión estatal, la ley consolida un modelo de flexibilización laboral que afecta derechos históricos conquistados por el movimiento sindical.

UNE convoca a la acción

El presidente del movimiento, Andrés Quishpe, convocó a organizaciones sociales, sindicatos y a la ciudadanía a unirse en la defensa de los derechos laborales y a exigir una reforma pública que no afecte a los trabajadores. Señaló que la demanda presentada este 30 de junio ante la Corte Constitucional es apenas el primer paso para ser escuchados, frente al rechazo a las modificaciones encubiertas dentro de la normativa, que afectan directamente al magisterio.

Además, anunció que el jueves 11 de julio, a las 09h00, se realizará una movilización en Quito. La marcha partirá desde la sede de la UNE y se dirigirá al órgano constitucional, como una forma de alzar la voz ante el abandono estatal al sistema educativo.

Finalmente, UNE afirma que la Ley de Integridad Pública no solo va en contra de la Constitución, sino que también perjudica los años de esfuerzo por tener un servicio público justo. Manifiestan que la demanda busca detener un sistema que aunque habla de supuesta eficiencia, en realidad quita derechos básicos a los trabajadores. (C.M)

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El máximo tribunal, en un fallo emitido el pasado 28 de febrero, dio un plazo de 20 días para conformar esta mesa de trabajo, con el objetivo de diseñar estrategias permanentes contra la violencia y reducir el uso recurrente de estados de excepción. Sin embargo, más de un mes después, el Ejecutivo no ha cumplido con la disposición.

En respuesta, la Secretaría Jurídica de la Presidencia envió un documento de seis páginas a la Corte, argumentando que el tribunal «carece de competencia para ordenar políticas públicas en materia de seguridad», ya que esta sería una atribución exclusiva del presidente Noboa. Además, sostuvo que la sentencia es «inejecutable» porque fiscaliza un estado de excepción ya finalizado.

Veloz: «Es un acto de autoritarismo»

La legisladora Veloz calificó la actitud del gobierno como «una burla a la Constitución» y advirtió sobre un posible quebrantamiento del Estado de derecho.

«Un presidente que ignora sentencias judiciales actúa como un autócrata. Esto no solo debilita la democracia, sino que pone en riesgo los derechos de los ciudadanos», declaró Veloz, quien además cuestionó la existencia del denominado «Plan Fénix« de seguridad, sugiriendo que el gobierno busca ocultar su falta de estrategia.

Corte mantiene advertencia

La Corte Constitucional había recordado la semana pasada que sus decisiones son «obligatorias e inapelables», dejando en claro que mantiene abierto un proceso de seguimiento para garantizar el cumplimiento de su fallo.

Este es el décimo enfrentamiento entre el gobierno y el tribunal desde abril de 2024, cuando la Corte comenzó a rechazar la justificación de estados de excepción bajo la figura de «conflicto armado interno».

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«La Sentencia 23-25-IN/25 de la Corte Constitucional sobre la prohibición de dispositivos móviles en el sufragio es ambigua y limitada. Valida la medida del CNE bajo condiciones, enfocándose solo en reserva de ley y libertad (Art. 66.29.d), pero ignora aspectos clave de la acción de inconstitucionalidad. (…) Hoy más que nunca, se limita la transparencia del proceso electoral y se vulnera la democracia de los ecuatorianos», escribió en su cuenta de X.

Desde el Gobierno

Por su parte, el Ejecutivo manifestó estar de acuerdo con el dictamen de la CC. En un comunicado expresó que la resolución reconoce que no se vulneran derechos y que refuerza la postura democrática del «voto secreto».

«Es de interés de este Gobierno que durante los procesos democráticos se evite la influencia de los grupos de delincuencia organizada. (…) Aplaudimos la decisión del CNE de escuchar el clamor ciudadano».

El pasado 13 de marzo, el CNE aprobó “PROHIBIR el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las Juntas Receptoras del Voto; y, a partir de las 17:00 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV), excepto a uno de sus integrantes para que pueda realizar las operaciones matemáticas necesarias para el llenado de las actas de escrutinio”.

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Según informó la CC, las designaciones se realizaron conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 191 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, durante la Sesión Jurisdiccional Extraordinaria n.° 006-E-2025.

El pleno de la Corte también está integrado por Jorge Benavides Ordóñez, Alejandra Cárdenas Reyes, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levy y José Luis Terán.

Como parte de una serie de cambios administrativos y tecnológicos, los jueces de la Corte Constitucional aprobaron un nuevo Reglamento Interno de Talento Humano compuesto por 166 artículos, cuyo objetivo es regular el ingreso y desempeño del personal.

La Corte Constitucional aprobó la normativa el 30 de enero de 2025 con el voto unánime de sus nueve jueces, estableciendo requisitos específicos para quienes aspiren a ser funcionarios de la institución.

Entre ellos, se exige ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de los derechos para ocupar un cargo. Además, no estar bajo interdicción civil ni en estado de insolvencia fraudulenta declarada judicialmente.

Además, los aspirantes no deben estar incursos en prohibiciones para ejercer cargos públicos, deben contar con la preparación académica o técnica requerida, haber sufragado y no tener deudas pendientes. También se exige la presentación de una declaración juramentada al inicio de funciones, entre otros requisitos.

¿Qué sucede con el nepotismo?

El nuevo reglamento de la Corte Constitucional establece restricciones estrictas para prevenir el nepotismo dentro de la institución. Ni el presidente de la CC, ni su delegado, ni los ocho jueces podrán designar, nombrar, posesionar o contratar a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como a su cónyuge o pareja en unión de hecho legalmente reconocida.

En caso de que un juez tenga un familiar en estos grados de parentesco trabajando en la Corte bajo contrato de servicios ocasionales, civiles o técnicos especializados, el contrato se mantendrá hasta su finalización, pero no podrá ser renovado. También queda prohibida la contratación de asesores con parentesco dentro de los mismos grados y la «herencia» de cargos o puestos de trabajo.

Adicionalmente, el reglamento establece seis prohibiciones para los servidores de la CC. No podrán ocupar un cargo quienes tengan sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, delitos aduaneros, tráfico de drogas, acoso o explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación.

Tampoco podrán ser parte de la Corte quienes hayan recibido créditos contrarios al ordenamiento jurídico o quienes hayan sido sancionados con remoción o destitución dentro de la institución. Además, se prohíbe el pluriempleo, por lo que ningún funcionario podrá desempeñar simultáneamente otro cargo en el sector público.

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La entrada Renovación en la Corte Constitucional: nueva directiva para el periodo 2025-2028 se publicó primero en La Calle.

La designación de los nuevos magistrados se realizó tras una evaluación exhaustiva de sus perfiles profesionales y académicos:

Claudia Salgado: Abogada con amplia experiencia en derecho constitucional, PhD en derecho internacional y su último cargo fue de asesora en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO)

José Terán: Especialista en derechos humanos y justicia internacional, magíster en derecho constitucional, docente en la Facultad de Derecho en la Universidad Central del Ecuador (UCE).

Jorge Benavides: experto en derecho administrativo, doctor en derecho constitucional, decano de la Escuela de Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

Tras este largo proceso resta la posesión de los nuevos jueces en la Asamblea y que se escoja por sorteo a los jueces salientes. Según el artículo 432 de la Constitución, La Corte Constitucional estará integrada por nueve miembros que ejercerán sus funciones en plenario y en salas de acuerdo con la ley. Además, desempeñarán sus cargos por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata y serán renovados por tercios cada tres años.

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En entrevista para FM Mundo, De la Gasca afirmó que el fallo no afecta el encargo de la Vicepresidencia a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración, y subrayó que la Corte no se pronunció sobre la causal de «fuerza mayor» invocada por Noboa para apartarse temporalmente del cargo por motivos de campaña. Sin embargo, evitó precisar cómo procederá el mandatario para el cierre de su campaña o ante una eventual segunda vuelta electoral.

El Ministro insistió en que la decisión de la Corte solo establece que Noboa no puede delegar la Presidencia por decreto y reiteró que la situación de Verónica Abad no ha cambiado, argumentando que su negativa a trasladarse a la embajada en Turquía podría derivar en una “ausencia indefinida” del cargo.

Gobierno defiende legalidad de la designación de Gellibert en la Presidencia

El Ministerio de Gobierno difundió un comunicado en el que argumentó que los decretos ejecutivos 500, 505, 513 y 519 tenían como objetivo “proteger los recursos públicos y evitar un vacío de poder”, asegurando que Noboa no utilizó bienes estatales ni recibió remuneración durante su campaña.

Según el Ejecutivo, la sentencia confirma que la Corte no tiene competencia para analizar la existencia de la fuerza mayor alegada por el Presidente, ni para cuestionar la validez del Decreto 494, que designa a Gellibert como vicepresidenta encargada. También sostuvo que el fallo refuerza el criterio de que Noboa no está obligado a solicitar una licencia sin sueldo para realizar campaña electoral.

Asamblea Nacional: Noboa actuó contra la Constitución

En contraste, la Asamblea Nacional señaló en un comunicado que la anulación de los decretos 500 y 505 evidencia que el Primer Mandatario actuó fuera del marco constitucional.

“Este accionar debe ser observado por las instancias competentes, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Todos los ciudadanos, sin excepción, debemos cumplir la normativa”, indicó el Legislativo, recordando que devolvió los decretos a la Presidencia con el pedido de que Noboa se ciña a la Constitución y solicite licencia.

Estrategia política y escenario legal

El constitucionalista André Benavides explicó a Visionarias que el Gobierno busca ganar tiempo hasta que se configure la ausencia definitiva de Verónica Abad, lo que ocurriría tras 90 días sin ejercer funciones. De cumplirse este plazo en marzo, el Ejecutivo podría enviar una terna a la Asamblea para designar una nueva vicepresidenta, lo que coincidiría con los tiempos de la campaña electoral.

Por su parte, Ismael Quintana argumentó en Centro Digital que la Corte solo ratificó lo básico: en caso de ausencia del Presidente, debe asumir quien ostente la Vicepresidencia. No obstante, criticó la interpretación de Abad de que el fallo le da la razón, ya que la Corte no estableció explícitamente que ella deba ocupar el cargo.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Vicepresidencia sigue sin resolverse, mientras el Gobierno mantiene su estrategia de consolidar el liderazgo de Gellibert en la línea de sucesión presidencial.

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¿Qué ha pasado en estos 6 años?

Según el artículo 19 de le Ley Orgánica del CPCCS, vigente desde el Referéndum del 4 de febrero de 2018 durante el gobierno de Lenin Moreno, el pleno del Organismo está integrado por siete consejeras y consejeros principales y siete suplentes “elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto”, en paridad de género y con un vocal representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Hubo dos procesos electorales, el último fue en febrero de 2023 donde se eligió al actual Consejo. Sin embargo, en menos de dos años fueron destituidos cuatro consejeros principales y dos suplentes, y una consejera renunció a su cargo para participar de las elecciones presidenciales de este año.

Pero durante el primer periodo del CPCCS, de 2019 a 2023, también hubo reemplazos con el juicio político y destitución en el Legislativo de José Carlos Tuarez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez en agosto de 2019. Luego, en octubre del 2020, la Asamblea Nacional destituyó y censuró al entonces presidente Christian Cruz. Y, en enero de 2023, la Corte Constitucional destituyó a los siete consejeros de la administración de Hernán Ulloa, por incumplir con la designación del presidente para el Consejo de la Judicatura.

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Durante este tiempo también hubo remociones de dos presidencias. La primera fue el 9 de febrero de 2022, cuando Hernán Ulloa junto a María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo removieron de la presidencia a Sofía Almeida por falta de confianza del pleno del organismo. La historia se repitió el 3 de abril de 2024 con la remoción de Nicole Bonifaz de la presidencia, por la apelación de Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas. La estrategia fue la misma, gracias a la asesoría de Xavier Urbina, asesor de Fantoni, quien también asesoró a Hernán Ulloa.

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En total, del 2019 al 2025, se ha reemplazado a 19 consejeros y consejeras, y aún está por verse el proceso de destitución de dos consejeras. Johanna Verdezoto, quien fue removida de la vicepresidencia en enero de este año, tiene un proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por presunto conflicto de intereses, luego de los videos donde se ve a la vocal junto al entonces postulante a la Defensoría Pública, Rodrigo Frías. Del mismo modo, la expresidenta del Consejo, Nicole Bonifaz, se encuentra en proceso de destitución en la Corte Constitucional por la designación del Superintendente de Bancos, además del examen especial que lleva la Contraloría General del Estado.

¿Cinco nuevos vocales?

Con la salida de Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, asumen la principalización Gonzalo Albán, Piedad Cuarán y David Rosero. Le correspondía asumir el reemplazo de Saltos a Vielka Párraga, en orden de mayor votación, pero también fue parte del caso de la denominada “Liga Azul”, como lo determinó el TCE este 31 de enero, y no podrá ser parte del Organismo. Frente a esta decisión hubo reacciones de los consejeros destituidos. Verduga fue el primero en manifestarse en su cuenta de X, atribuyendo una contradicción en las posturas de los jueces Coloma y Ortega.

Yadira Saltos, quien estuvo en la presidencia menos de una semana, también se refirió a la actuación de los jueces del Contencioso indicando que responden a intereses políticos.

El recién titularizado vocal, Eduardo Franco Loor, en reemplazo del también destituido exconsejero suplente Juan esteban Guarderas, dijo que por varias veces había solicitado ser oído en la audiencia como parte de su derecho a la defensa.

Sin embargo, también hubo reacción del Ejecutivo mediante un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, refiriéndose a las funciones que los tres consejeros habrían ejercido usando artimañas jurídicas para aferrarse al cargo.

Ahora, si Johanna Verdezoto es también destituida por la Asamblea, asume Ángel Chela, como segundo más votado en la lista de pueblos y nacionalidades; mientras que, si Nicole Bonifaz es destituida por la Corte Constitucional, sería reemplazada por Mónica Mosquera. Esto significa que cinco serían los consejeros reemplazados en este año.

Futuro incierto para el Consejo de Participación

Durante el gobierno de Guillermo Lasso se realizó una consulta popular en febrero de 2023 con el objetivo de eliminar la atribución de designar autoridades de control en el CPCCS y de revertir la elección por sufragio universal, que modificó Lenin Moreno en el 2018. Sin embargo, el Referéndum no tuvo los votos suficientes y nada cambió. Hoy, luego de estas últimas destituciones, el presidente-candidato Daniel Noboa propone en su campaña una nueva constituyente con lo que sí se podría eliminar el Consejo de Participación.

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Este fenómeno refleja un problema estructural: la tendencia de los actores políticos a interpretar las leyes y la Constitución según sus conveniencias. Lo que debería ser claro y taxativo se retuerce y se dilata bajo la influencia de intereses particulares, dejando a la Corte como la última instancia para resolver incluso los temas más obvios. Ejemplos recientes como el matrimonio igualitario, el aborto en casos de violación o los derechos de los animales evidencian cómo este organismo ha asumido un rol que debería recaer en otras instituciones del Estado.

Sin embargo, mientras la Corte se ve sobrecargada con estas responsabilidades, muchos otros casos, de igual o mayor importancia, permanecen en espera de resolución. Este retraso no solo afecta la percepción de la justicia, sino que también perpetúa la incertidumbre para sectores de la población que dependen de respuestas claras y oportunas. En este contexto, la Corte no puede demorar en cumplir con lo que la Constitución manda, especialmente cuando los derechos de las personas están en juego.

La judicialización de los problemas políticos en Ecuador no solo pone en evidencia la debilidad institucional del país, sino también la necesidad urgente de que la Corte actúe con mayor rapidez y eficacia. Su rol como garante de la Constitución no debería limitarse a resolver lo que otros eluden, sino también a responder con prontitud a los temas que afectan directamente a la ciudadanía.

Si bien es crucial que la Corte Constitucional actúe como un contrapeso frente a los abusos o interpretaciones erróneas del poder político, es igualmente importante que otras instituciones del Estado asuman con responsabilidad sus competencias. El fortalecimiento de la institucionalidad en Ecuador requiere un compromiso colectivo para que la ley y la Constitución dejen de ser instrumentos elásticos y recuperen su carácter de normas claras y respetadas.

En un momento en que la democracia ecuatoriana enfrenta desafíos críticos, es imperativo que tanto la Corte como el resto de las instituciones cumplan con su deber de proteger los derechos de las personas y garantizar la estabilidad institucional. Solo así será posible superar la crisis de confianza que aqueja al sistema político y judicial del país.

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Según el colectivo, un fallo judicial cuestionable y el uso de documentos presuntamente falsificados derivaron en el desalojo de 450 personas hace dos años. Ante esta situación, exigen la restitución de la exhacienda “Jesús María”, que ha sido parte de su sustento por generaciones.

El caso, identificado con el número 12-23-IS, se encuentra actualmente en la Corte Constitucional, bajo el despacho de la jueza ponente Ximena Cárdenas. La asociación realizará una rueda de prensa y un plantón el jueves 23 de enero frente a la sede de la Corte Constitucional en Quito para exigir justicia.

Historia de lucha

La Asociación Agropecuaria «30 de Marzo» nació oficialmente en 2009, pero su historia se remonta al esfuerzo de generaciones de trabajadores agrícolas que laboraron en las haciendas cacaoteras y bananeras de la zona durante el auge y la crisis del cacao en el siglo XX. Los apellidos Álvarez, Cedeño, Bustamante, Aguirre e Ibarra, entre otros, son testimonio de una lucha histórica que culminó con la adjudicación de la exhacienda “Jesús María” en 2012 por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Con la escritura pública registrada en enero de 2012, las familias transformaron el modelo productivo de la hacienda, reemplazando el monocultivo intensivo por un sistema diversificado y sustentable destinado al mercado interno.

Despojo y controversia ilegal

En 2021, el MAG, liderado entonces por Javier Lazo, emitió informes que alteraron los nombres de los adjudicatarios, transfiriendo las tierras a ocho personas ajenas a la comunidad campesina. Estos nuevos propietarios, representados por la abogada Valeria Rojas, obtuvieron una resolución judicial favorable tras presentar una acción de protección en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Vinces. Aunque la jueza Linda Silva emitió un voto salvado a favor de las familias campesinas, el fallo final favoreció a los nuevos adjudicatarios.

Posteriormente, la Asociación Agropecuaria «30 de Marzo» interpuso una acción de protección en Quito, obteniendo un fallo favorable. Sin embargo, el conflicto escaló y, en febrero de 2023, el juez Claudio Yuvicura Torres ordenó el desalojo de las familias. Según denuncias, el operativo contó con apoyo de la Policía Nacional y grupos armados irregulares, en lo que describen como una operación de tipo paramilitar.

Consecuencias y desplazamiento

El desalojo, ejecutado en marzo de 2023, resultó en la destrucción de cultivos familiares y la deforestación de 50 hectáreas de bosque primario que servían como zona de amortiguamiento del humedal Abras de Mantequilla, parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Además, se implementó un sistema de cultivo intensivo de palma africana.

Las familias desplazadas ahora enfrentan condiciones de extrema precariedad: sin tierra, vivienda, acceso a educación ni alimentos suficientes. «Fuimos desalojados injustamente con papeles falsificados. De repente llegaron abogados a decir que esa hacienda les pertenecía», declaró Daniel Castañeda, dirigente de la asociación a Kapari Comunicación.

A esto se suma un clima de amenazas de muerte hacia los líderes comunitarios, lo que ha incrementado la presión sobre el colectivo campesino.

En agosto de 2024, las tierras fueron vendidas a Harold A. y Karina A., empresarios vinculados a la agroindustria y a otros sectores como telecomunicaciones. Según reportes de medios locales, ambos tienen antecedentes relacionados con tráfico de drogas y robo, añadiendo una capa de controversia al caso.

Exigencias de la Asociación

Ante este panorama, la Asociación Agropecuaria «30 de Marzo» plantea varias demandas urgentes:

1. Que la Corte Constitucional falle a su favor y restituya la exhacienda “Jesús María” a las 74 familias campesinas legítimas.
2. Investigación y sanción para los responsables del despojo, incluidos funcionarios del MAG y miembros de la Función Judicial que actuaron en el caso.
3. Comparecencia del ministro de Agricultura y Ganadería y del presidente del Consejo de la Judicatura ante la Asamblea Nacional.
4. Que el expediente completo sea remitido a la Fiscalía General del Estado para investigar los delitos de tráfico de tierras y otros posibles ilícitos.

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Según un documento firmado por el secretario jurídico de Presidencia, Stalin Andino, la medida se tomó debido a una «situación compleja» generada por actores políticos, lo que llevó al jefe de Estado a optar por una «ausencia temporal por fuerza mayor» en lugar de solicitar una licencia sin sueldo, como establece el Código de la Democracia.

Acción de inconstitucionalidad

La Corte Constitucional está evaluando una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Gabriel Pereira Gómez, quien impugnó el Decreto Ejecutivo 500, emitido el 7 de enero. A través de dicho decreto, Noboa encargó temporalmente la Presidencia de la República a su secretaria de la Administración, Cynthia Gellibert.

El abogado demandante cuestiona la legalidad de la decisión, argumentando que se vulneran los artículos de la Constitución relacionados con las causales de cesación de funciones del presidente, especialmente el artículo 145. Sin embargo, el Gobierno defiende que la medida no constituye una infracción electoral.

Justificación del Gobierno por «fuerza mayor»

En la respuesta presentada ante la Corte Constitucional, el Gobierno, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, señaló que Noboa, en su calidad de presidente, mantiene una responsabilidad política y democrática con sus seguidores. La administración resaltó que la situación política del país, marcada por una crisis interna, hizo necesario que el mandatario continuara con el ejercicio de su cargo sin dejar de lado su proyecto de reelección.

Además, se explicó que el presidente no tenía la obligación constitucional de solicitar una licencia para participar en actividades proselitistas, y que Noboa tomó medidas para garantizar que su participación en la campaña no implicara el uso de recursos públicos. Según el Ejecutivo, la decisión se ajustó a lo dispuesto por la ley.

Controversia por actividades de campaña

El Decreto Ejecutivo 500 se enmarca dentro de un periodo electoral de gran tensión. Noboa utilizó los días de ausencia para recorrer varias provincias del país, participando en caravanas móviles y eventos junto a su esposa y la candidata a la Vicepresidencia, María José Pinto, entre otros miembros de su entorno político.

Sin embargo, un evento «espontáneo» el 5 de enero, en el que un grupo de ciudadanos se reunió en Quito en defensa de la democracia, desató controversia. Aunque el presidente no organizó el acto, sí saludó a los asistentes y ofreció breves declaraciones. La cobertura mediática del evento generó críticas, ya que algunos sectores consideraron que el acto podría interpretarse como un acto de proselitismo.

«En el primer día de la campaña electoral, que coincidió con ser un día de fin de semana, el Presidente de la República se encontraba en su residencia en el Palacio de Carondelet, como es habitual (…) Ante esta situación, y por cortesía, el Presidente de la República saludó a la ciudadanía, y dedicó unas pocas palabras enfocadas en la defensa de la democracia, más nunca incitó al voto», señala el documento.

Espera por el fallo de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional aún no ha emitido un fallo definitivo sobre el Decreto Ejecutivo 500 y las justificaciones presentadas por el Gobierno. Este fallo es clave, ya que podría establecer un precedente en la interpretación de la Constitución y el Código de la Democracia, especialmente en relación con las ausencias temporales del presidente durante un proceso electoral.

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El artículo 93 del Código de la Democracia establece que los funcionarios que buscan la reelección inmediata deben solicitar licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña electoral. Esta medida busca garantizar la equidad en los procesos electorales, evitando el uso de recursos estatales en beneficio de los candidatos que ocupan cargos públicos.

El incumplimiento de esta disposición ha generado críticas por parte de sectores políticos y constitucionalistas, quienes advierten que las acciones de Noboa podrían constituir una infracción electoral grave. Mientras tanto, la Asamblea Nacional resolvió que los legisladores en campaña tomen licencia sin sueldo, garantizando su reemplazo por suplentes para mantener la actividad legislativa.

Pronunciamiento de la Corte Constitucional

En su comunicado, la Corte aclaró que no tiene la facultad de actuar de oficio, resolviendo únicamente los casos presentados formalmente y que sean de su competencia. La institución enfatizó que todas sus decisiones son tomadas con apego al derecho y en defensa del orden constitucional.

Asimismo, informó sobre el estado procesal de casos de interés público, entre ellos:

• Caso 1-25-AN: Relacionado con la obligación de Daniel Noboa de cumplir con el artículo 93 del Código de la Democracia. La jueza Carmen Corral resolverá la admisibilidad de este caso.
• Caso 1-25-EE: Sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 493 que declaró estado de excepción en varias provincias. Este caso está bajo la ponencia de la jueza Teresa Nuques.
• Caso 1-25-IN: Referente a los decretos ejecutivos que regulan el ejercicio de la Vicepresidencia y el encargo de la presidencia, asignado a la jueza Karla Andrade.

Posturas encontradas

El oficialismo sostiene que un dictamen de la Corte Constitucional de 2010 exime a los funcionarios de solicitar licencia tras la disolución de la Asamblea bajo la figura de “muerte cruzada”, al no considerarse reelección inmediata. Sin embargo, expertos como André Benavides señalan que esta interpretación podría violar el artículo 93 del Código de la Democracia, lo que podría implicar sanciones como multas y suspensión de derechos de participación.

La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, ha reiterado la obligación de los legisladores de cumplir con el requisito de licencia, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha señalado que no tiene facultades para exigir el cumplimiento de esta normativa, pero recalcó que su aplicación es obligatoria.

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El fallo responde a una acción extraordinaria de protección presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) junto a otras cinco entidades estatales. Según la Corte, las resoluciones judiciales previas vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, calificando la actuación de los jueces como un «error judicial inexcusable».

Investigación por presunto prevaricato

Entre las medidas dictadas, la Corte dejó sin efecto la devolución de los bienes a los Isaías, así como la compensación económica que les había sido otorgada en instancias previas. Además, ordenó a la Fiscalía investigar a los jueces responsables de las sentencias que beneficiaban a los hermanos Isaías.

El Consejo de la Judicatura también fue instruido para determinar las sanciones correspondientes contra los magistrados implicados.

Contexto del caso

El origen del litigio se remonta a 2018, cuando los hermanos Isaías lograron revertir, mediante decisiones judiciales, la incautación de sus propiedades, realizada tras el colapso del sistema financiero ecuatoriano en 1999. Las sentencias ahora anuladas habilitaron la devolución de bienes que no habían sido vendidos, donados o cedidos por el Estado, según investigaciones previas.

La Corte Constitucional argumentó que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, señalando que la transformación de medidas cautelares en acciones de protección fue improcedente.

Un precedente para la seguridad jurídica

La PGE celebró la decisión como una victoria en la defensa de los intereses públicos. «Este fallo reafirma el compromiso del Estado con la seguridad jurídica y evita el uso indebido de garantías constitucionales», señaló un comunicado oficial.

El caso Isaías sigue siendo uno de los capítulos más controversiales del feriado bancario, que dejó graves secuelas económicas y sociales en el país.

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El dictamen, emitido el 15 de diciembre, señala que la reforma incumple el principio de no regresividad de los derechos consagrado en la Carta Magna. Según el pleno de la Corte, la modificación planteada por el Ejecutivo afecta garantías fundamentales, contraviniendo los artículos 11 y 84 de la Carta Magna, que prohíben la restricción de derechos y las regresiones normativas.

“La exclusión de las personas privadas de libertad como grupo de atención prioritaria menoscaba sus derechos fundamentales y debilita las obligaciones estatales de garantizar su protección en contextos de vulnerabilidad”, indicó el documento.

Propuesta del Ejecutivo

La iniciativa fue presentada por el presidente Daniel Noboa el 6 de noviembre de 2024. Según el comunicado oficial de la Presidencia, el objetivo era garantizar un “sentido de justicia e igualdad” en la distribución de recursos y atenciones estatales.

No obstante, la Corte señaló que los cambios constitucionales no deben responder únicamente a consideraciones políticas o administrativas, sino a modificaciones estructurales que respeten la integralidad del sistema jurídico.

“El presidente debe observar los límites y requisitos establecidos por la Constitución, propiciando reformas que persigan un fin claro en lugar de plantear modificaciones aisladas”, exhortó el máximo organismo constitucional.

Críticas de derechos humanos

La propuesta generó preocupaciones en sectores legales y de derechos humanos, quienes calificaron la reforma como regresiva y contraria a los principios constitucionales e internacionales.

Actualmente, las PPL son consideradas un grupo de atención prioritaria debido a las condiciones críticas del sistema penitenciario ecuatoriano, caracterizado por el hacinamiento, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos como alimentación, agua potable y atención médica.

El informe 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó las condiciones de las cárceles ecuatorianas como “crueles, inhumanas y degradantes”, señalando la ausencia de medidas efectivas por parte del Estado para abordar la violencia y garantizar la seguridad de los reclusos.

Entre 2018 y 2022, 591 personas fallecieron en el sistema penitenciario, de las cuales el 76% fueron víctimas de matanzas carcelarias, según datos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador.

Decisión de la Corte

En su resolución, la Corte Constitucional destacó que la exclusión de las PPL como grupo de atención prioritaria “debilita las obligaciones estatales de garantizar condiciones mínimas de vida y seguridad”. Además, subrayó que cualquier reforma que implique la restricción de derechos debe justificarse de manera rigurosa, conforme al principio de progresividad.

El dictamen concluyó que la reforma no puede tramitarse por la vía de reforma parcial contemplada en el artículo 442 de la Constitución y recordó que el Estado ecuatoriano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que deben ser observadas en cualquier modificación normativa.

Con este fallo, la propuesta del Ejecutivo no podrá ser enviada a la Asamblea Nacional para su debate. En respuesta, sectores sociales han instado al Gobierno a priorizar soluciones integrales a la crisis penitenciaria en lugar de reducir derechos a los reclusos.

El Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre el dictamen, pero la decisión de la Corte pone en evidencia las tensiones entre las políticas del Ejecutivo y los principios de protección de derechos humanos establecidos en la Constitución ecuatoriana.

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»Te extraño Tunita y días como este, dan gasolina a la vida de uno. Por Paúl, Javier y Efraín nadie se cansa», dijo el hermano del fotoperiodista asesinado Paúl Rivas.

El 8 de abril el magistrado de la CC resolvió disponer la desclasifisicación de las actas, transcripciones y la lista de asistentes de las sesiones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) que se relacionen exclusivamente al secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio.

La actual ministra del Interior, Mónica Palencia, tendrá un plazo de 30 días para entregar estos insumos a los familiares de las víctimas. De igual manera, el Secretario del Cosepe deberá emitir un informe a la CC sobre el cumplimiento de la sentencia.

Por otro lado, la institución llamó la atención a la ex Secretaria Nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior del período de Lenín Moreno por no presentar ante la Corte la resolución de clasificación de las actas del caso.

Una lucha de 6 años

En julio de 2021, los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra presentaron una acción a la Corte Constitucional para desclasificar la información relacionada al secuestro y posterior asesinato de los periodistas.

El expresidente Guillermo Lasso, por su parte, dijo en una entrevista con la CNN que iba a desclasificar la información y que lo haría durante la siguiente reunión del Cosepe. Sus promesas se las llevó el viento, pues hasta su salida del cargo no se ejecutaron acciones.

Lo que sabemos

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron a Mataje, Esmeraldas, una parroquia rural del cantón San Lorenzo. Buscaban hacer un reportaje sobre la explosión de un tanquero bomba que mató a tres soldados y dejó a heridos. El 26 de marzo del 2018 habían salido del hotel para realizar su trabajo, pero jamás regresaron.

El 27 de marzo, el Gobierno de Lenín Moreno confirmó el secuestro de los tres periodistas y la información que le siguió no solo fue contradictoria sino también se tradujo en amenazas por parte del frente Sinesterra y el ultimátum que el exmandatario les dio para acabar con el secuestro. Aunque se habló de una posible liberación, el 13 de abril de 2018, el Estado confirmó que se habían encontrado los cuerpos sin vida de los tres profesionales. 

Moreno también prometió desclasificar la información recopilada en el caso y tratada en el COSEPE pero tampoco cumplió con su palabra hasta terminar con su período de mandato. (AGM).

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