Ola Bini fue declarado inocente en este día (31 de enero de 2023), por fin. «Otra infamia que en el tiempo no se pudo sostener» escribe una sensible y luchadora amiga. Excelente noticia: por fin deben estar muy contentos los abatidos y desesperados padres de este muchacho.

Juicio internacional al Estado ecuatoriano es, o debería ser, el inexorable siguiente paso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por reparación integral a la víctima y ojalá que con responsabilidad penal y pecuniaria (porque eso es lo único que les duele) a L. Boltaire Moreno, a María Paula Romo, al asesor presidencial Julio Bueno, y a un montón de autoridades, funcionarios y pesquisas del corrupto gobierno anterior, del aparato fiscal y judicial de esa época y a varias autoridades del Ejecutivo actual y la fiscalía general. Espero que muy en breve no duerman tranquilos debido a la colosal infamia cometida, al haber encarcelado, denigrado y enmierdado a este inocente, para que la sanguinaria y torpe opinión pública pegue el alarido: «¡Crucifíquenlo!»

Hoy en que se ha resuelto su libertad, es evidente que esa orden judicial de libertad, tardía pero concretada, significa que el máximo poder del Estado sabe que se le puede venir ya un juicio internacional. Que puede durar mucho tiempo deben estar analizando, pero que al final tendrá sentencia condenatoria («pero para entonces ya no estaremos en el gobierno; les tocará a otros la sentencia»: así siempre piensan con cinismo los poderosos de turno en el poder).

Esta vez convoco a una tarea colectiva: debemos evitar que al inicio y al final del túnel, las autoridades actuales y futuras del Estado y su Procuraduría, acepten «pagar» indemnización, como ordena siempre la Corte Interamericana, pero que quieran hacerlo con nuestra plata: la de los contribuyentes al Estado. No señores: esta vez paguen ustedes con sus propiedades, cuentas bancarias y patrimonios. Esa es la tarea desde hoy para que les duela el bolsillo a esta bíblica raza de víboras. La sentencia condenatoria obvia que se les viene, por el sufrimiento ocasionado a este joven que fue víctima y chivo expiatorio de paranoicas, paranoicos y sinvergüenzas de Carondelet, del Ministerio de Gobierno, de la Fiscalía y las Judicaturas, deben pagarla ellos también.

Hoy por fin hay alivio en la casa de sus padres allá tan lejos: en la Suecia nórdica, país que un día conocí y me recibió con tanto cariño y respeto.

La Comisión Legislativa de DH debe pronunciarse al respecto de este proceso y consecuencias más que necesarias. No puede quedarse enmudecida.

Recuerdo a ciertos medios difundiendo con saña y celebrando la paranoia canalla de esa época en que se le inventó de todo a este chico, para acusar hasta al Correa, a Assange y a la generosa militancia del software libre.

Recuerdo ver y oír a mi hermano argentino-boliviano Juan Cristóbal López (+), genio del software libre, amigo de este chico, y muerto de un cáncer durante la etapa crítica de la pandemia en Ecuador, indignarse por la vileza y la falsedad fabricada por el poder y los mass media.

El programador sueco Ola Bini, su abogado defensor, su digna madre y su querido padre, con el apoyo de las organizaciones de DH del continente, hoy tienen la posibilidad de un juicio internacional al Estado y a todos esos gavilleros -y gavilleras-.

Recuerdo a ciertos medios y a los inefables invitados de esos mismos medios: el «pesquisa de la cola de puerco» como lo dibuja mi Vilmatraca, y el tristemente célebre Crnel. Pazmiño, ex SIC-10, denigrar y falsear con típicas operaciones mediáticas, para justificar la detención y prisión infamante. Ojalá un día pudieran ser igualmente procesados en esos juicios internacionales por difundir falacias fabricadas contra inocentes.

Lo mismo ocurrirá con los hijos e hijas de Mayo y guevaristas presos, tarde o temprano. El Sr. Lasso, su canciller y su procurador, deben informarse urgente de lo que a futuro puede sucederles igual en cortes internacionales si no liberan a esos otros chivos expiatorios de una operación de bandera falsa como la padecida por «los 4 de Guildford» en el Reino Unido (vean el film laureado «En el nombre del padre» y decidan su libertad antes de que sea demasiado tarde… para ustedes).

Ola Bini es el retrato del Ecuador corrompido y paranoico en sus alturas «y sus bajuras». Pero también simboliza la digna terquedad de pocos: su abogado que nunca lo dejó, la gente que no calló… entre ellos un hermano mío de la vieja y extinta APDH, hoy migrante en Inglaterra, que va a emocionarse mucho con esta noticia de libertad.

Vuela libre, muchacho, al encuentro de tus queridos padres que tanto lucharon y lloraron por ti.

(*) defensor de derechos

Noche del 31 de enero de 2023.

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La audiencia es de los pueblos no contactados (Tagaeri y taromenane) contra el Estado ecuatoriano por la vulneración de sus derechos estipulados en la Constitución y la Ley.

Con este objetivo, la defensa de Iza solicitó a la jueza Paola Bedón que se levante temporalmente la restricción de salida del país. El pedido se aceptó por parte de la magistrada.

«Su presencia es importante, pues en su calidad de presidente de los Pueblos y Nacionalidad Indígenas se tiene programado un desarrollo de agenda que permitirá realizar una defensa adecuada que será emblemática en la región para los pueblos no contactados», aseguró.

La medida estará vigente del 21 al 25 de agosto. Iza tiene un juicio en curso por presunta paralización del servicio público en calidad de autor mediato.

Pueblos en aislamiento vs. Ecuador

Esta demanda inició en 2006 tras una masacre en la que fallecieron alrededor de 30 personas tagaeri y taromenane. En 2003 y 2013 también ocurrieron masacres contra los pueblos no contactados.

En esta audiencia, ambas parte presentarán documento, pruebas y testimonios. ambos pueblos se encuentran amenazados sin que el Estado ecuatoriano haga algo para preservar sus derechos. El aumento de la producción petrolera los pone en peligro y también a la selva donde habitan.

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«El caso Pueblos Indígenas Tagaeri-Taromenane vs. Ecuador comienza en 2003 con una masacre hacia estos pueblos. Luego en 2006 hay otra masacre por lo que se presenta una serie de denuncias en la Comisión Interamericana y se otorga medidas cautelares», explicó durante una entrevista con Radio La Calle.

Bermeo detalló que en 2013 hubo otra masacre donde murieron 30 personas, principalmente mujeres y niños. Finalmente, la CIDH elaboró un informe en el que declara que Ecuador vulneró los derechos de los pueblos aislados y presentó el caso ante la Corte Interamericana.

 “Esperamos que finalmente haya justicia para estos pueblos. Lo que han vivido es un genocidio que está a punto de exterminar su cultura”, aseguró Bermeo.

El activista sostuvo que es importante que los ecuatorianos comprendan la importancia del rol que cumplen los pueblos no contactados en el cuidado y protección de la naturaleza.

El dirigente comentó que este caso lleva 16 años de lucha y finalmente llegó a la CIDH en busca de justicia para los pueblos no contactados. El caso llegó a la Corte para poner un freno a las actividades extractivas en las zonas aisladas.

Además, aseveró que es totalmente falso que el petróleo nos va a sacar de la pobreza. Los últimos 50 años han sido a través del petróleo y no ha mejorado la calidad de vida, sobre todo de las personas que viven en estos territorios.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de Emilio Palacio, quien demandó al Estado por la sentencia en su contra por injurias. Ese fallo lo condenaba a tres años de prisión y el pago de una multa.

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«La Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre otras: 1) dejar sin efecto, en todos sus extremos, la sentencia de 20 de julio de 2011, confirmada el 22 de septiembre de 2011, y 2) establecer vías alternativas al proceso penal para la protección al honor de los funcionarios públicos respecto de opiniones relacionadas con su actuación en la esfera pública».

El Estado debe encargarse que los nombres de los demandantes no aparezcan en las bases de datos judiciales con relación a este caso. «Asimismo, consideró que se debe garantizar que el ofendido (expresidente Correa) en el proceso penal no pueda solicitar la indemnización en la actualidad».

Los hechos

Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, Emilio Palacio trabajaba en diario El Universo. El 6 de febrero de 2011 apareció el artículo de opinión titulado NO a las mentiras donde se hablaba de los hechos del 30 de septiembre de 2010 y las acciones de Correa.

La justicia determinó la culpabilidad de Palacio y el diario por «injurias calumniosas graves contra la autoridad». Debían guardar tres años de prisión y pagar USD 30 millones. Al final, el expresidente no solicitó el pago, pero mantuvo la sentencia.

En la sentencia, «la Corte determinó que el artículo “NO a las mentiras” constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático».

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Daños materiales

En un principio, Emilio Palacio solicitaba el pago de más de USD 1 millón, entre lucro cesante y daño emergente. El periodista alegaba la pérdida de trabajo, salario, el traslado a Estados Unidos, el envío de divisas a Ecuador, la compra de un seguro privado en EE.UU.

La Corte decidió que «no se cuenta con información suficiente que permita determinar los ingresos que efectivamente dejó de percibir el señor Palacio Urrutia por motivo de su renuncia a El Universo, ni sobre el impacto económico real que esto tuvo en su patrimonio al tener que ejercer su profesión desde Estados Unidos». Por lo que la suma en lucro cesante quedó en USD 250.000 y USD 20.000 por daño emergente.

Daños inmateriales

Palacio pedía USD 50.000 por daños inmateriales, ya que «vio coartado su proyecto de vida personal y profesional», según su defensa. Asimismo, se solicitaba un pago de USD 10.000 para cada representante de diario El Universo.

La Corte determinó el pago de USD 30.000 para Palacio y USD 20.000 para Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Eduardo Pérez Barriga y César Enrique Pérez Barriga.

Las costas y gastos para los miembros de la defensa de las partes y la CIDH quedó en USD 40.000. Ecuador tiene el plazo de un año para entregar esos valores.

¿Becas para los hijos de Palacio?

Los representantes «solicitaron que se otorguen becas educativas a los hijos del señor Palacio Urrutia para la realización de sus estudios hasta completar su formación profesional en el lugar en que deseen».

El Estado alegó que «no existe un nexo causal que permita verificar que efectivamente el acceso a los estudios por parte del hijo del señor Palacio Urrutia fueron afectados por el proceso penal en contra del padre, por lo que considera que dicha solicitud es impertinente». El pedido no prosperó.

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“Tuvimos un período muy fuerte de violación sistemática a los derechos humanos entre 1984 y 1988, cuando se montó un aparato represivo centralizado muy grande. Por primera vez se registraron desapariciones forzadas, muchos casos de ejecuciones extrajudiciales, de tortura”, afirma sobre los años del gobierno de León Febres Cordero, en Ecuador.

Monge es pedagoga, socióloga y antropóloga, atiende a esta entrevista de Radio La Calle desde Nueva York, en donde se ha movilizado para atender algunos temas migratorios.

¿Qué le parece la idea de la creación de una unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública por parte del Presidente de la República?

Eso es es un indulto anticipado. Veo que la única solución es la fuerza, no existen otras alternativas.

¿Cómo era en la represión en la época de Febres Cordero?

La represión era brutal. Con el pretexto de la presencia del grupo “Alfaro Vive” se crearon escuadrones volantes. Se producían allanamientos en las madrugadas. Buscaban el control por el miedo. Logramos comprobar que el SIC 10 existía y de forma clandestina.

¿Qué la parece la existencia legal de la Defensa Pública?

Cualquier ciudadano puede contratar un abogado que lo defienda, los policías de forma individual también.

Crear una unidad serviría para solo para legalizar el incremento de la fuerza y el uso de armas de fuego. No estoy de acuerdo en esta decisión presidencial, se busca algún resquicio legal que se convertirá en una patente de corzo. Estas medidas podían evitarse, sí se tomaban a tiempo.

¿Cuánto tiempo operaron los Escuadrones Volantes en la época de Febres Cordero?

Operaron durante todo el periodo. Se producían detenciones a diario. Los jóvenes eran criminalizados por ser jóvenes, mientras estaban conversando en una esquina y les decían que complotaban contra el Gobierno. Recorrían las calles haciendo redadas. Es control por el miedo.

¿Conoció el SIC-10?

Claro que sí. Lo denunciamos y llegaron a la osadía de decir que el SIC-10 era el número de un patrullero: una afrenta a la inteligencia.

Sabíamos no tenían una oficina “publicable”, los miembros del SIC trabajaban en varias dependencias, hasta de guardias del Banco Central. Ellos hacían el trabajo sucio.

¿Era un grupo policial y militar?

Solo de orden policial, Edgar Baca hacía de instructor de tortura en el SIC.

¿Está bien crear un status legal exclusivo para la Policía?

Luchamos durante 20 años para tener un solo sistema de justicia. Antes tenían sus propios juzgados y eso fue derogado. La Ley rige para todos por igual, de ahí que me parece muy preocupante que se cree una patente de corzo. No puede cada quien tener su propia justicia al margen de la Constitución.

¿Qué tendría que hacer una persona en caso de ser detenida en la actualidad?

Venían los familiares para tratar de ubicar a la persona. En caso de que una persona sea detenida, lo primero que debe hacer es gritar su nombre y número de teléfono. El número regular, no el celular. Si es que detienen a alguien lo primero que van hacer es incomunicarlo. 

¿Qué tipo de vehículos eran los escuadrones volantes?

El escuadrón era camionetas. Esposaban a los detenidos y los votaban al balde, luego “les daban la vuelta a la ciudad” o los llevaban a la cárcel, o al SIC-10 para la interrogación, lo que era sinónimo de tortura.

¿Puede describir las torturas que aplicaban?

Aplicaban picanas eléctricas, golpes con palazos o utilizaban cordones de luz gruesos. Incluso aplicaban “el submarino”, sumergían a los detenidos en una tina hasta que se ahogaban, en otros casos colocaban fundas de gas para que se asfixie, también aplicaban gas y tortura sicológica.

A las mujeres las acosaban, los interrogatorios se desarrollaban desnudas.  El objetivo era humillar a la detenida.

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“(…) La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara, por unanimidad, que:

1. El Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese Tratado y en el artículo I.a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, este último a partir del 26 de agosto de 2006; en perjuicio del señor César Gustavo Garzón Guzmán, en los términos de los párrafos 62 a 64 de la presente Sentencia.

2. El Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, este último a partir del 26 de agosto de 2006, en perjuicio de sus familiares Julio Garzón, Clorinda Guzmán de Garzón, Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Lascano y Ana Julia Lascano, en los términos de los párrafos 66 a 89 de la presente Sentencia.

3. El Estado es responsable por la violación derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Julio Garzón, Clorinda Guzmán de Garzón, Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Lascano y Ana Julia Lascano, en los términos de los párrafos 90 a 94 de la presente Sentencia…”

¡Por fin, algo de justicia!, a la madre Coraje Clorinda Guzmán Viuda de Garzón, y a toda la familia Garzón Guzmán. El pueblo del Ecuador tiene la obligación ética de conocer y no olvidar este drama, de aplaudir con el corazón y reconocer a esta dignísima familia sufriente.

Por fin se concreta esta nueva histórica sentencia condenatoria contra el Ecuador. Así que, aunque sea tarde, los últimos y actuales gobiernos y las autoridades responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos, sepan que tienen que pagarla muy caro: recuerden esta sentencia condenatoria por hechos ocurridos en 1990, los ahora “ausentes” Moreno, Romo y otros muchos más de estos últimos treinta años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar sentencia condenatoria este primero de septiembre contra el Estado ecuatoriano, por un imprescriptible delito de lesa humanidad: la desaparición forzada del escritor Gustavo Garzón, ocurrido entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de noviembre de 1990.

La desaparición forzada se dio en las presumibles manos del SIC-10, la estructura secreta de la Inteligencia policial creada en el régimen de Febres Cordero, que luego se llamó Unidad de Investigación de Actividades Subversivas UIAS, y después Unidad de Investigaciones Especiales, UIES, como se denominó al final del período el temible aparato de aniquilación y terrorismo fundado en 1985, y que siguió funcionando tras el fin del Febrescorderato, durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja, quien a pesar de haber cerrado la torturadora estructura policial SIC (Servicio de Investigación Criminal, o “Camal Humano”), no logró desmantelar todo el resto mayor del aparato de tortura y terror del SIC-10.

Fui testigo de la impunidad más infame desde esas épocas hasta el presente. Conocí a doña Clorinda, la madre de Gustavo, en la Plaza Grande, junto a Luz Helena y Pedro (los padres de los desaparecidos hermanos Restrepo), cuando un manojo cada vez más creciente de madres de desaparecidos, empezaban a llegar a la plaza y a juntarse a la nueva generación de defensores de DDHH y a la familia guerreramente heroica.

Todos los ministros de Gobierno, subsecretarios, fiscales y agentes fiscales, comandantes de policía y autoridades en tres décadas, desde el luego prófugo César Verduga en adelante, taparon el caso, no hicieron nada por indagar, ensuciaron a la víctima y dieron largas (¡por 31 años!) a su desconsolada, luchadora y ya anciana madre: Doña Clorinda. Verduga, con la ayuda de su propio aparato de derechos humanos oficial del que provino: la ALDHU, elucubraron la canalla tesis inicial de que Gustavo Garzón, autor de varios libros, el que más recuerdo: “Brutal como el rasgar de un fósforo”, dizque había desaparecido ‘por ingresar a las guerrillas de Colombia’.

Gustavo desapareció a poco de salir del Penal García Moreno de Quito, donde permaneció tras ser torturado y acusado de “sedición subversiva” como “guerrillero” de las Montoneras Patria Libre, MPL, una organización armada que nació como escisión de Alfaro Vive Carajo, AVC. Garzón es el ocultado espejo nacional del testimonio dado por otros intelectuales, poetas y escritores asesinados o desaparecidos al haber optado por la vía armada, que fue la opción de los jóvenes y los poetas sensibles en los años 60, 70 e incluso en las postrimerías de los 80.

Gustavo es, pues, el espejo desconocido por el Ecuador y el continente, del asesinado poeta y guerrillero peruano Javier Heraud, del intelectual argentino y militante montonero Rodolfo Walsh, o del también argentino y militante del PRT Haroldo Conti; o del poeta y guerrillero del ERP salvadoreño Roque Dalton, o del poeta y guerrillero guatemalteco de las FAR, Otto René Castillo.

Al salir libre, acudió en la noche del 9 de noviembre al legendario y ya extinto bar – salsoteca, donde pululábamos los jóvenes de entonces y muchos militantes de izquierdas: el “Son Candela”. Sus amigos y amigas íntimos que estuvieron con él aquella noche, cuentan que se despidió y salió, solo, a la muy noche entre el 9 y 10, de aquel lugar cálido hacia la calle, para San Juan, su barrio tan popular y emblemático, donde vivía con sus hermanos y su madre, a la que llamó para decirle que no se preocupara, que volvía esa noche. Nunca regresó y desapareció, para siempre.

Tras Verduga y el régimen de Borja, callaron este crimen de Estado y entrabaron y dilataron toda investigación y sanción, los gobiernos de: Sixto, Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa, Lucio Gutiérrez, Palacio, Correa, Moreno y Lasso. En total once gobiernos ocultaron el crimen y nada hicieron por dar a la madre una certeza. La policía y la fiscalía probaron que, pueden pasar décadas, que siguen teniendo un enorme poder en gobiernos de todas las tendencias.

En el gobierno de Moreno, jugaron un rol vergonzoso, el procurador Iñiguez Salvador (por desgracia, hijo de uno de los mejores ecuatorianos y amado amigo personal: el eximio historiador Dr. Jorge Salvador Lara), así como la cancillería y el ministerio de gobierno del Morenismo. Se comportaron como los anteriores, expertos en dilatar, mentir, manipular y ensuciar a la familia, al igual que los gobiernos previos que nada hicieron por Clorinda y Gustavo. Estuve en la Secretaría de Derechos Humanos un corto tiempo en el año 2018 y me indigné cuando supe que la carpeta del caso de Gustavo, ¡31 años más tarde!, llevaba la etiqueta infamante: “Confidencial – Secreto de Estado”.

Recuerdo que les mandé a la mismísima recontra a los “kikuyos” del Estado que, tres décadas después, seguían dilatando y manchando al muerto desaparecido. Era como si tantos sinvergüenzas funcionarios civiles en treinta y un años, tuvieran solo la misión de tapar el vil crimen y ensuciar al fantasma.

Tres años más tarde, cuando era insostenible para el Estado seguir mintiendo, se supo que la representación oficial del Ecuador aceptó el 28 de enero del 2021, en el cierre de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal e internacional por la desaparición forzada del escritor Gustavo Garzón.

“El Estado ecuatoriano acepta que en el presente caso se ha configurado una desaparición forzada y en consecuencia reconoce su responsabilidad internacional por la violación a los derechos, en relación a la familia del señor Garzón, el Estado ecuatoriano reconoce sus responsabilidades”, sostuvo entonces la representante del Estado, María Fernanda Álvarez.

La demanda contra el Estado, presentada años antes por el abogado defensor de DDHH César Duque, sostuvo que el caso fue documentado en el Informe estatal de la Comisión de la Verdad en el año 2008, como una desaparición forzada cometida por la Policía Nacional y que existirían elementos suficientes para concluir que Garzón fue privado de su libertad por agentes estatales.

Más ahora, la Corte sostuvo con frontalidad: “Luego de presentado el informe final de la Comisión de la Verdad, en septiembre de 2011, se inició  una indagación previa en relación con este caso. En mayo de 2013, los familiares del señor Garzón Guzmán interpusieron una denuncia que dio inicio a una nueva indagación. El proceso aún continúa abierto, sin haber tenido avances significativos, por lo que los hechos permanecen en la impunidad”.

“Con tinta roja del corazón” fue el título del evento a lleno completo que organizamos un 10 de noviembre por Gustavo Garzón, con mi antigua hermandad de la ya yerta APDH y su corajuda militancia de entonces, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde él tantas veces pasó en sus talleres literarios.  A la madre Clorinda, la llamé “la mujer de negro perpetuo” en el único editorial (“Anatomía de la impotencia”) que, desde ese 1991, me publicara el diario “La Hora” en tres décadas. Y Jimmy Coronado, mi entonces hermano de la APDH fue por esa época el “Hijo Adoptante” de Doña Clorinda Guzmán de Garzón, cuando el sábado 28 de agosto de 1993 creamos el programa “La Adopción de la Ternura” y dimos una pareja de jóvenes entrenados en derechos humanos a todas las madres de desaparecidos de entonces.

Así vivió aquella generación de madres y de hijos adoptantes, que amaron el amor y lucharon la lucha. Nunca olvido el rostro de Doña Clorinda y su bello testimonio al periodista Cristóbal Rodríguez de Diario La Hora en 1996, cuando fui sentenciado a prisión. Qué palabras tan generosas tuvo entonces. Y nunca olvido, tampoco, la calculadora y rastrera actitud de tantos presidentes, ministros, subsecretarios, políticos, comandantes de policía, fiscales y procuradores desde aquel 1990.

La madre coraje, doña Clorinda, puede por fin descansar un poco. Porque su lucha la siguieron sus dignos hijos y nietos. Gustavo Garzón aún señala con su índice, ensangrentado y desaparecido, al Ecuador entero.

(Gracias a mi amigo y hermano Ernesto Pazmiño, abogado de DH, por compartirme la sentencia)

Anexos:

Sentencia de la Corte:

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_434_esp.pdf

Vídeo Corte:

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Quito, 14 de enero (La Calle). –La familia de Luis Guachalá, joven desaparecido en 2004 en Ecuador, presentó un alegato final sobre su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (IDH).

En noviembre pasado se realizó la audiencia en la que se definió la fecha para la presentación del alegato final: 5 de enero de 2021. La audiencia se cumplió en la corte presidida por la jueza Elizabeth Odio Benito, quien durante dos días escuchó interrogatorios de las partes.

Guachalá fue internado en el hospital Luis Endara, sector de Conocoto, en 2004. El interno luego desapareció sin que ninguna autoridad de la clínica diera cuenta clara de su paradero. Las explicaciones brindadas hablaban de que el joven se habría escapado del centro, pero el accionar del personal de la clínica motivó las sospechas de la madre.

La lucha de Zoila

Zoila Chimbo, madre de Guachalá, logró llevar el caso de su hijo a La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En esta instancia se presentaron cargos en contra del Estado Ecuatoriano. Cabe recordar que el año pasado, el gobierno nacional ofreció disculpas a la madre de Paola Guzmán, joven que en 2002, se suicidó luego de ser agredida sexualmente en su institución de estudios.

La defensa menciona que el Estado ecuatoriano vulneró sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad y libertad personales. Se expuso la posición del Estado ecuatoriano y en su conducta general de inacción se explicó en el documento.

Los alegatos finales se encuentran en un documento de 47 hojas que integra varios puntos como: la desaparición forzada, la aclaración de hechos, los compromisos y promesas incumplidas por parte del Estado, la violación del derecho a la salud y la política fallida de desinstitucionalización de personas con enfermedades mentales.

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«Estamos hablando de una desaparición forzada. Esta problemática no se está investigando por parte de las autoridades. En el caso de Guachalá no se sigue una línea clara de investigación. Las diligencias son escasas luego de 16 años», dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

Luis Eduardo Guachalá desapareció en el Hospital Julio Endara en el año 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. «La madre nos cuenta episodios dolorosos. El caso no se toma como prioridad. Nos llama la atención que adulta mayor es revictimizada después de muchos años», añadió.

El mal uso del Habeas Corpus

La jurista manifestó que el recurso de Habeas Corpues no fue usada de manera eficiente por parte de las autoridades. «Identificamos que siendo una garantía jurisdiccional era reconocida por alcaldes y a pesar de tener otra autoridad se debe cumplir a cabalidad con este recurso», indicó.

Villacís aseguró que la responsabilidad se mantiene sobre las personas que tuvieron en sus manos la posibilidad de cuidar a Guachalá. La familia de Guachalá y la abogada a cargo del caso esperan respuesta en instancias internacionales. (GG).

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En la calificación aplicaron una metodología no aprobada que incluyó una nota subjetiva denominada “concepto”. Este elemento dependió del criterio de los miembros del Consejo de Generales y de la ministra Romo.

Con fecha del 26 de septiembre de 2018, Romo dejó sin funciones a los 11 oficiales no ascendidos, mediante el Acuerdo Ministerial 44 emitido el 18 de octubre de 2019. Los agentes accedieron a su derecho a la impugnación ya que nunca conocieron sus calificaciones y les notificaron de su desvinculación mediante telegrama 2028-782-DGP-ASL.

En julio de 2019, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha emitió un dictamen a favor de  Roberto Almeida Parra y Richar Martínez Reyes después de comprobar que sus derechos constitucionales no se respetaron.

Los 11 agentes de policía presentaron acciones de protección en varios tribunales, pero solo aceptaron a cuatro. De esos, dos los desecharon después de la impugnación del Ministerio de Gobierno y solamente quedaron las de Martínez y Almeida.

Manuel Velepucha, delegado de María Paula Romo, intentó defender la transparencia del proceso de calificación. Sin embargo, la Corte Provincial desestimó los argumentos.

Rómulo Bárcenes, abogado de los dos oficiales, presentó ante la Corte una acción de incumplimiento de la sentencia. El abogado aseguró que el desacato al dictamen del tribunal puede plantear acciones penales contra Romo.

Los afectados consideran la posibilidad de presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir reparación en este caso por violación a los derechos constitucionales.

Otras denuncias

El 5 de septiembre, el asambleísta Roberto Gómez pidió a la ministra de Gobierno informar sobre una intercepción en las comunicaciones de políticos opositores y periodistas por parte de Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

A finales de agosto, una publicación de un medio digital indicó que la ministra supuestamente repartió el manejo de hospitales públicos a una veintena de asambleístas. La funcionaría lo negó.

El 8 de septiembre, la Asamblea Nacional inicó el proceso de juicio político en contra de Romo por los hechos violentos en el paro nacional de octubre de 2019. La ministra lo calificó como un pretexto de sus enemigos púbicos.

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