A partir de las 08h00 la Comisión de Fiscalización empezó la sesión de pruebas de cargo y descargo en el marco del juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Durante su intervención, la legisladora Urresta expuso el pedido que realizó a PGE e informó sobre el gasto millonario que desembolsará el gobierno para defenderse ante la justicia internacional.

»Dinero que se pudo utilizar para la seguridad, para pagar la deuda con Solca (…) USD 5 millones para defender lo indefendible», resaltó.

Las acusaciones contra Sommerfeld

Asimismo la interpelante del proceso denunció que la funcionaria y su familia se beneficiaron del conflicto con México el pasado 5 de abril del 2024. Detalló que en el 2010 Sommerfeld era directora de la aerolínea Aerogal y vendió sus acciones a Holding Avianca, compañía constituida en la Bahamas.

»¿Qué intereses hay detrás de las acciones en contra de México? ¿Quién se beneficia que Aeroméxico deje de operar en el país?», cuestionó.

Agregó que además de Aeroméxico, las otras empresas que cubren la ruta Ecuador-México son Copa Airlines y Avianca, empresa que presuntamente estaría ligada a la familia Sommerfeld.

Por otro lado, Urresta indicó que el padre de la canciller, Enrique Sommerfeld, es uno de los mayores vendedores de armas en el país. Reveló que el círculo cercano de la ministra ha estado cerca del gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa con las contrataciones de equipos militares. (AGM).

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Frente al juicio, la asambleísta llamó a la reflexión sobre el desenlace del Caso Sobornos 2012-2016, que ratificó la sentencia a varios funcionarios coidearios del expresidente Rafael Correa. Según el documento, Bonilla expresa que el sistema de justicia ecuatoriano trabaja para perseguir y eliminar al enemigo político.

La casación

El Tribunal declaró improcedentes los recursos de casación de Rafael Correa y Jorge Glas. Según Diana Salazar, Fiscal General del Estado, ambos “irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos”. En el dictamen se señaló a Pamela Martínez como quien distribuía el dinero al partido político. Por su parte, los exsecretarios de Estado Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, así como Viviana Bonilla, Cristian Viteri como coautores del delito de cohecho. Sin embargo, la decisión no fue tomada de forma unánime. El Juez Milton Ávila, no compartió de las conclusiones de los otros dos jueces, Javier de la Cadena y José Layedra.

Diana Salazar también señaló que en el caso de Viviana Bonilla y Cristian Viteri se modificó la sentencia. Según explicó la Fiscal, los ciudadanos habrían encubierto los hechos. Por este motivo, Salazar expresó que se trata de un fraude procesal, que según la funcionaria ya no es de tipo penal. Cabe mencionar que la resolución determinó pese a que uno de los jueces reconoció como válidos los argumentos presentados por la Asambleísta.

Viviana Bonilla y la Alcaldía de Guayaquil

Según las acusaciones, la funcionaría habría sido la beneficiada de los sobornos por medio de sus asesores para su campaña a la Alcaldía de Guayaquil. A través del cruce de facturas y de dinero en efectivo, los montos que se le endosan ascienden a USD 3’834.527,41 y a USD 320.000. Bonilla en su momento rechazó la denuncia y expresó “que nunca gestionó, recibió o distribuyó recursos de AP, en la campaña electoral por la alcaldía de Guayaquil, en 2014”.

Además, Viviana Bonilla, señaló que los medios de comunicación fueron cómplices del hecho. Catalogó que es una “farsa jurídica concertada por las altas autoridades del Estado”. Por ello, adelantó que en instancias internacionales el Caso Sobornos será evidenciado como fraude procesal. De esta manera, anunció acudir a Cortes Internacionales en busca de justicia, que según palabras de la ciudadana le ha sido “esquiva”. (AB)

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