El pasado 24 de julio, Salazar acudió a la sala penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para recibir su sentencia. Además de los ocho meses que aún le quedan en la cárcel de Cotopaxi, el magistrado ordenó el pago de USD 11.040 como reparación integral ante el perjuicio al Estado.

Por otro lado, la sentenciada deberá pagar una multa USD 5.520, ofrecer disculpas públicas por sus actos y acatar el decomiso de sus bienes. El juez del caso destacó que las declaraciones de Salazar sirvieron para exponer la corrupción en las altas esferas de la justicia.

¿Qué dicta la ley?

El artículo 491 del Código Integral Penal (COIP) reconoce a la cooperación eficaz como el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de otros responsables.

Para que el sentenciado acceda a los beneficios de este mecanismo el fiscal debe expresar en su acusación si la cooperación prestada fue eficaz.

Asimismo, el mismo funcionario deberá proponer una pena no menor al 20 % del tiempo mínimo de la infracción. No obstante si el caso es de alta relevancia social y permite procesar a integrantes de una organización delictiva la pena no podrá ser menor al 10 %. (AGM).

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La inmunidad que ostenta el cargo de la segunda mandataria exige que el Parlamento analice su situación, es decir, se necesitan 92 votos para la aprobación de la solicitud. Si no se alcanza el número necesario de votos necesarios, el proceso judicial contra Abad deberá ser postergado hasta que finalice su mandato.

Anteriormente, Fiscalía, liderada por Diana Salazar, comunicó que posee pruebas suficientes para vincular a la Vicepresidenta al Caso Nene, que hasta ahora solo implicaba a su hijo, Francisco Barreiro Abad.

Este 11 de junio, la entidad solicitó la fijación de fecha y hora para la audiencia de vinculación de Abad y la reformulación de cargos. Por otro lado, el agente fiscal Carlos Alarcón anunció que durante la instrucción fiscal se hallaron registros telefónicos que indican la presunta participación de Abad en el caso.

Caso Nene

El pasado 21 de marzo la Fiscalía ordenó la detención de Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta Abad, por el presunto delito de tráfico de influencias. Más tarde, un juez lo sentenció a prisión preventiva en la cárcel de La Roca, en Guayaquil.

El denunciante fue Rommel P., quien indicó que Barreiro junto a otra persona identificada como Sebastián Redroban, asesor de Vicepresidencia, le habrían solicitado un diezmo por trabajar como coordinador de Comunicación en esta cartera de Estado.

El contrato consistía en el cobro de USD 1.700 mensuales de un sueldo de USD 3.200 que cobraba el exfuncionario, incluso, le habría exigido firmar una letra de USD 30 mil como garantía, según relató el fiscal Anticorrupción, Carlos Alarcón.

El caso no concluyó, sin embargo, más tarde Barreiro logró salir de prisión gracias al pago de una fianza de USD 20 mil. (AGM).

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El legislativo debate 86 reformas al COIP, las cuales engloban temas polémicos como endurecer las penas en delitos graves, la posibilidad de que la Asamblea conozca la información reservada de las indagaciones previas de Fiscalía y el recurso de revisión de sentencias por parte de organismos de derechos humanos. Esta última propuesta generó diversas reacciones.

»Los artículos reformados vienen con una agenda de impunidad. Ahí prácticamente se establece el regreso político del expresidente Rafael Correa’‘, dijo el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel.

Agregó que ser necesario pediría el archivo del proyecto y que la alianza entre el oficialismo el Partido Social Cristiano (PSC) y la Revolución Ciudadana (RC) está haciendo efecto. A su criterio no tienen voz en las comisiones más importantes y se enteran a »última hora» sobre del contenido de los informes que debaten en el Pleno.

Salazar en oposición

La Fiscalía señaló que el paquete de reformas al COIP serían un intento por »instaurar la impunidad en el país». En el caso de que se apruebe el mecanismo de que los entes internacionales revisen las sentencias nacionales, la entidad resaltó que »todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia ejecutoriada sea puesto en libertad».

Respecto al levantamiento de la información reservada en investigaciones penales al Legislativo, Judicatura y otras instancias manifestó que este artículo pondría en riesgo los operativos de la Fiscalía en coordinación con la Policía.

¿Qué dice la RC?

“No tenemos la intención de beneficiar al expresidente Rafael Correa”, dijo la asambleísta de la RC, Viviana Veloz, ante los cuestionamientos de la propuesta al COIP.

La parlamentaria argumentó que no confían en los jueces que muchas veces ceden a presiones políticas y quizá a preocupación de »ciertos sectores políticos» es que los magistrados internacionales revisen sentencias que se dieron de »manera espuria» en este país.

Ratificó la falsedad del argumento del movimiento Construye respecto al supuesto regreso de Correa con la aprobación de esta reforma. Indicó que las reformas al COIP no abordan la extinción de una pena. (AGM).

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La situación se desencadenó cuando el pleno de la CNJ no logró elegir al titular para el período 2023-2027. Ante este vacío de poder, Saquicela consultó a la PGE sobre la posibilidad de prorrogar sus funciones.

«De conformidad con el pronunciamiento vinculante y obligatorio del señor Procurador General del Estado, a partir del 5 de febrero de 2024, me mantendré en prórroga de mis funciones hasta ser legalmente reemplazado», dijo el actual presidente en un comunicado.

Este anuncio se formalizó a través de un documento de dos páginas entregado a los jueces de la CNJ y al presidente subrogante del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román. En el documento, Saquicela incluyó la consulta realizada a la PGE y el pronunciamiento del procurador Juan Carlos Larrea, quien indicó que el presidente de la CNJ, sujeto a un período fijo, puede desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado, garantizando así la representación institucional.

Controversias

Un grupo de jueces titulares expresó su desacuerdo con la prórroga propuesta por Saquicela. Se ha planteado la posibilidad de una autoconvocatoria para que el pleno de la CNJ se pronuncie sobre esta situación.

La jueza Daniella Camacho, quien buscó la presidencia en las elecciones, defiende la posición de que es el pleno del organismo el que debe decidir sobre una posible prórroga, argumentando que esta instancia resuelve sobre ambigüedades en la ley.

La incertidumbre persiste en la CNJ, ya que después del 5 de febrero no está claro quién asumirá la titularidad y cuándo se logrará elegir a un nuevo presidente o presidenta. La crisis institucional se agrava, y la atención se centra en las acciones que tomarán los jueces opositores de Saquicela para abordar esta compleja situación. (AGM).

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La noche del 8 de enero, el país se sumió en tinieblas ante alertas de atentados y detonaciones en distintas zonas del país. El magistrado optó por no dar mayor información respecto al hecho para resguardar su integridad.

Hasta el momento la Policía no se ha pronunciado ante los sucedido, sin embargo, darán más información sobre este y otros hechos en horas de la mañana.

Noticia en desarrollo…

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La fiscal Diana Salazar acudió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para la vinculación de ocho procesados más en este polémico caso.En total ya serían 39 implicados. «El mismo grupo que asesinó a Fernando Villavicencio ha sido contratado para acallar la voz de esta fiscal», dijo la titular del organismo en su intervención.

Según el informe de la entidad, el implicado operaba como planificador de estrategias ilegítimas destinadas a obtener la libertad de Leandro Norero por medio de ofrecimientos de sobornos a operadores de justicia.

También habría estado involucrado en la administración pública de empresas estratégicas como Petroecuador, CNEL, Celec, lESS. De acuerdo a Fiscalía, compraba espacios públicos para gestionar contratos y recuperar lo invertido.

Los otros siete

Durante la audiencia, la fiscal señaló a Xavier J. como jefe y líder de una organización criminal. A los demás procesados los catalogó como autores del delito de delincuencia organizada. Este sería el rol de cada uno, según la institución:

• Víctor Hugo A: Agente fiscal encargado de filtrar toda la información de operativos que la institución encargada del impulso de la acción penal emprendida. Ayudó a que los brazos armados de Leandro Norero no sean puestos a órdenes de la autoridad competente. Sus miembros ya se encontraban anticipados de dichos actos de lucha contra el crimen por parte del Estado.
• Jairo V: Facilitador para la entrega de sobornos, específicamente al juez Emerson C., a cambio de la liberación de alias «Cuyuyuy» y «Madrid», brazos armados de Norero.
• Fabián C: Brazo operacional del económico financiero de la organización, a través de la comercialización y envío de paquetes de droga para financiar los gastos judiciales de Leandro Norero (+) y sus familiares. También el pago de sobornos a funcionarios judiciales, policiales y abogados particulares.
• Carlos Z: Habría colaborado con la organización desde el ámbito administrativo haciendo uso de sus funciones como presidente de la Corte Provincial de Manabí, ya que propiciaba escenarios idóneos para favorecer los sorteos a los jueces afines. Asimismo, gestionaba los pedidos efectuados por Leandro Norero (+) a Helive A., con la finalidad de proteger a las personas que colaboraban con la organización delictiva. Entre ellos, el alcalde de Manta, Agustín Intriago (+).
• Fernando G: Cabo Primero de Policía. Su rol de colaboración estaba ligado directamente con Leandro Norero (+) y consistía en desarrollar actividades operativas a favor de la organización, como simular operativos policiales a fin de salvaguardar los bienes muebles que se encontraban al interior de una propiedad incautada de Norero.
• Xavier J: Miembro de la cúpula criminal, quien ponía a disposición todos sus recursos materiales y humanos para cumplir con el plan criminal de Norero. Ponía a disposición sus empresas para justificar el movimiento de dinero ilícito que estaba siendo auditado dentro del proceso por lavado de activos. También habría participado en la instigación para cometer delitos en contra de varias personas, entre funcionarios públicos y periodistas, como Fernando Villavicencio (+).

Por su parte, Xavier J. interpuso una demanda en EE.UU. contra la fiscal Salazar por difamación. Anteriormente, su defensa alegó su inocencia y manifestó que tenía pruebas que invalidarían la acusación, sin embargo, no la expondrían hasta el momento. (AGM).

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Este 20 de diciembre, Fiscalía actualizó las pruebas que involucran a varios actores políticos en el denominado Caso Metástasis. En esta nueva documentación de las conversaciones del 2022, sale a la luz el nombre del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. El abogado- bajo el usuario de Global Pax- le trasladó el contacto de Terán a Norero. Su objetivo era la liberación de tres de los suyos.

Por otro lado, en esta nueva documentación entre Romero -bajo el usuario de Global Pax- y Norero exponen la colaboración del personal de la Policía Nacional para sacar los bienes del narcotraficante como automóviles, ropa y joyas.

»Tenemos al Jefe Samborondón está alineado con nosotros. Me dijo que si usted necesita algo que le pida», dijo Romero a Norero.

La justicia de su lado

En las conversaciones de mayo del 2022 también se evidenció como el narcotraficante tenía el poder para restituir a jueces que fueron separados de su cargo, tras fallar a favor de las bandas criminales.

»Andan amenazando aún a fiscales y jueces que nos dan la razón. Ellos saben muy bien que no van a ganar esta guerra. Tenemos a toda la Corte Nacional de Justicia, jefe», decía el abogado de Norero, mientras el antisocial aseguraba que no iba a dejar a nadie botado.

Los chat’s exponen como el narcotraficante pagó a jueces de Santo Domingo con el fin estancar diferentes casos por un mes. También quedó en evidencia los pagos para levantar la suspensión del juez de la Concordia y el trámite de ratificación de sentencia para la devolución de sus bienes.

Las cuotas establecidas eran las siguientes: USD 5 mil para que el magistrado se »duerma» por un tiempo en el seguimiento de procesos legales, USD 20 mil para levantar la suspensión al juez de La Concordia y USD 150 mil para ratificar la sentencia que permitía sacar los bienes inmobiliarios de su casa de la Ribera del Batán, en Samborondón.

Liberación de alias ‘Cuyuyui’ y ‘Madrid’

Según lo expuesto en las conversaciones, Norero pagó USD 200 mil al juez de Santo Domingo, Emerson C,. por las boletas de excarcelación de alias ‘Cuyuyui’ y ‘Madrid’.

»Jefe me dice que ya cumplió con todo pero que si se revienta el problema y va a los medios de comunicación nacionales y lo suspenden de su trabajo, que lo dejen con unos USD 30 mil», dicen los chats.

Más joyitas…

Además de ofrecerle su lealtad incondicional, el abogado Romero se comprometió a eliminar el nombre de Norero de toda red social a través del trabajo de un hacker. Por otro lado, manifestó que ya ha trabajado para la familia Bucaram, en donde ganó 12 casos y más de 14 habeas corpus.

Para acceder a los chats de Fiscalía puede hacer clic aquí. (AGM).

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Este caso, que ha captado la atención nacional, gira en torno a la presunta participación de jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios, funcionarios judiciales y abogados particulares en una trama de delincuencia organizada. Su objetivo habría sido favorecer judicialmente a Leandro Norero, conocido como el Patrón, y a sus familiares.

Terán cumplirá detención en Cárcel 4 de Quito

La Fiscalía alega que Terán desempeñó un papel clave en este entramado corrupto durante su tiempo como juez en la Corte Nacional de Justicia. Como consecuencia de esta medida, el presidente de la Judicatura y los demás acusados deberán cumplir su detención en la Cárcel 4 de Quito.

Además, el juez Córdova ha concedido a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, un plazo de 90 días para llevar a cabo la instrucción fiscal correspondiente a este caso.

En una audiencia que reveló la complejidad del asunto, Córdova destacó que el delito de delincuencia organizada, imputado por la Fiscalía, no puede ser equiparado simplemente con la asociación para delinquir. En 16 casos, la Fiscalía logró demostrar la existencia de un peligro concreto de fuga por parte de los imputados.

Según estas deliberaciones, deberán cumplir prisión preventiva, además de Wilman Terán: 

1. Ángulo Bravo Paúl Helive
2. Aguirre Carbo María José
3. César Manuel Acaro
4. Curipallo Ulloa Emerson Geovanny
5. Gaibor Gaibor Adolfo Richard
6. García Cedeño Gabriel Genaro
7. García Masías Sofía Natalia
8. Masón Simaleza Lenín Neicer
9. Novillo Arana Xavier Alexander
10. Palacios Shinin Álex Francisco
11. Paredes Flores Héctor David
12. Salazar Merchán Mayra Carolina
13. Sánchez Coello Christian Gabriel
14. Segovia Dueñas José Luis
15. Zumba Santamaría Santiago Paúl

Acicionalmente, se dictaron medidas alternativas, como arresto domiciliario para un adulto mayor, Ronald G., y para los demás detenidos, prohibición de salida del país y presentación periódica en la Corte de Justicia de cada provincia.

La defensa de Terán responde

La defensa de Terán, a cargo del abogado Alejandro Piedra, anunció la presentación de un recurso de hábeas corpus en un intento por recuperar la libertad del presidente de la Judicatura. Piedra afirmó que no existe ninguna vinculación entre Terán y el narcotraficante Leandro Norero, cuyo asesinato inició la investigación conocida como Metástasis.

Además, se plantea la posibilidad de que Terán tome vacaciones para evaluar el impacto en su posición dentro de la Judicatura. Este caso sigue desarrollándose, desentrañando una red de corrupción judicial que ha dejado al descubierto la complejidad y la gravedad de los hechos imputados.

Por ahora, se sabe que el reemplazo de Terán sería, el también jurista, Álvaro Román.

JR

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»Yo creo que se trata de un concurso irregular. El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, está llevando a la función judicial a un momento muy difícil», dijo a opinión personal el presidente de la CNJ, Iván Saquicela en entrevista para Ecuavisa.

Agregó que él si es congruente con su opinión, pues si le retiró su confianza a Terán no podría estar de acuerdo con un concurso que ha sido muy cuestionado. Aclaró que no es un tema político ni nada relacionado a los postulantes sino al cumplimiento de los reglamentos.

»No puede ser posible que se ataque a la Fiscal General, al Presidente de la CNJ y a todos quienes estamos en contra de la impunidad (…) lo que debemos evitar es que la política se tome la justicia», resaltó en referencia al movimimiento Revolución Ciudadana.

Discusión en la CNJ

En la sesión del 11 de diciembre entre discusiones y desacuerdos no se aprobaron las mociones de los distintos jueces ante la situación del concurso de jueces. En primer lugar, la jueza Emma Tapia mocionó para que la Corte llegue a la conclusión de que no deben emitir ningún pronunciamiento porque no es de su competencia, sin embargo, solo se obtuvo nueve votos de los 12 requeridos.

Por otro lado, el juez Walter Macías mocionó para emitir un exhorto al concurso de jueces, pero solo 11 votaron a favor de esta propuesta, es decir, faltó un voto para concretar una resolución final.

Terán se defiende

»No se ha favorecido a intereses particulares, eso es lo que ocultan al tratar de boicotear el concurso de jueces», dijo el presidente de la Judicatura, Wilman Terán.

El funcionario ratificó que el Concurso para la Selección y Designación de Jueces de la CNJ avanza con normalidad y conforme a los lineamientos establecido en la Constitución. Además descartó una eventual suspensión del proceso y reafirmó la transparencia del mismo.

Respecto al problema relacionado a la repetición de la prueba por parte de algunos postulantes dijo que el sistema operativo contratado por el CJ tuvo incompatibilidad con el internet del organismo. Ante esta situación detalló que se convocó a nueva fecha y hora para que los aspirantes que no pudieron inscribirse tengan una nueva oportunidad. (AGM).

La entrada Corte de Justicia vs Judicatura: Pugna por el concurso de jueces se publicó primero en La Calle.

La mañana del 13 de octubre, el consejero Guarderas llegó a las inmediaciones del CJ para recibir el »pedido ciudadano». El funcionario estaba acompañado por escolta policial y equipado con chaleco antibalas y un casco.

Guarderas citó el artículo 55 del Ley Orgánica del Cpccs, en donde se detalla que los concursos públicos de méritos y oposición deben efectuarse a través de una comisión ciudadana, a excepción de que la terna de participantes haya sido enviada por el Ejecutivo.

El vocal argumentó que el nombre de Terán fue enviado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y que no existió ninguna comisión ciudadana. Por otro lado, la sentencia de la CorteConstitucional (CC) dictaba que este concurso debía llevarse a cabo »sin la menor dilación».

»Esto no quería decir que podían saltarse los mecanismos y las exigencias legales. Desde mi punto de vista hay una nulidad insubsanable en la designación de Wilman Terán», dijo a los medios de comunicación.

Agregó que durante esta semana gestionará la denuncia ciudadana en el Cpccs para tomar cartas en el asunto. Posteriormente se retiró del lugar acompañado de su escolta policial. (AGM).

La entrada Vocal del Cpccs asegura ilegalidad en la designación de Terán a la Judicatura se publicó primero en La Calle.

El primer inmueble lo oferta a USD 800.000 millones y el segundo en USD 2 millones. De acuerdo a su publicación en X, no le quedó otra alternativa que vender estas propiedades.

«Soy el único presidente enjuiciado y sin dinero (…) Mis amigos han desaparecido compatriotas», expresó en su red social.

Bucaram se exilió en su departamento de Panamá durante 20 años, luego de que la justicia del país iniciara un proceso por el presunto delito de peculado en su contra.

Sin embargo, en 2017, cuando la Corte Nacional de Justica prescribió los dos procesos penales que llevaba, decidió regresar al país. Hasta ese entonces no consideró vender su propiedad, pues consideraba que esa era su «segunda patria».

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La decisión la tomó el Tribunal de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia tras una sesión virtual de más de siete horas. La reunión fue dirigida por la Dra. Liz Barrera, Dra. Katherine Muñoz y Dra. Consuelo Heredia y finalmente a las 23h00 emitieron su dictamen.

En un inicio, la audiencia fue programada para 29 de septiembre pero se suspendió y reinstaló de manera telemática un día después. Barreno no se conectó en ambas ocasiones porque, según su defensa, no había garantías a su libertad.

De acuerdo con los argumentos de su abogados, la orden de prisión preventiva fue ilegal y arbitraria. Además denunciaron en el tribunal la imparcialidad del juez Walter Macías y las diferencias que tenía con la fiscal Diana Salazar, a quien acusó de violencia política.

Por otro lado, los representante de Fiscalía y la Procuraduría solicitaron que se mantenga la orden de prisión preventiva contra la exvocal.

La acusación

El 27 de septiembre se instaló por quinta vez la audiencia en contra de Barreno, el exvocal Juan José Morillo y el juez Vladimir Jhayya. En reiteradas ocasiones se interpusieron recursos legales para declarar la nulidad del proceso.

En esta última sesión el juez Macías declaró la validez del procedimiento legal y llamó a juicio a Morillo y Jhayya por presunto tráfico de influencias. Por otro lado, pidió prisión preventiva para la exvocal Barreno. (AGM).

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“Recuerda que Diana el único caso que llevó a juicio fue el de Fifa Gate porque ella estaba en un unidad donde nunca judicializaba nada», dijo una mujer en el audio difundido por #LaGarcía.

La discusión empieza de la voz de Saquicela. quien solo se limita a decir que »todo es culpa de la Daniela y la Diana», mientras la mujer señala que Salazar habría tenido una de las notas más bajas en los exámentes para acceder al cargo de fiscal. Además resaltó su falta de experiencia en la »oralidad».

El lawfare contra Correa

El medio argentino Página 12 divulgó un audio en donde Saquicela, cuando aún era magistrado, reconoció la inocencia del expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos. Sin embargo, en abril del 2020 él junto a los jueces Iván León y Marco Rodríguez declararon culpables al exmandatario y otras 20 personas más y les dictaron ocho años de prisión.

La fiscal Diana Salazar junto a la jueza Daniela Camacho también participaron en la sentencia del caso, sin embargo, salieron a la luz ciertas irregularidades.

En una llamada realizada por Saquicela a Camacho reconoce que tanto la existencia de la infracción como la presunta responsabilidad son muy distintos a la imputación inicial, por ello le tocaba pedir una justificación de esos elementos pero nunca lo hicieron.

Lo más grave que dijo el magistrado es que se está cambiando la imputación inicial por todos los otros delitos que le terminan adjudicando con posterioridad. »Para decirlo simple: a Correa y otros se los acusó por una cosa y se los condenó por otra», dijo el medio argentino (AGM).

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»Una mujer es la que tiene que llegar a entregar la notificación a otra mujer para poder solventar su integralidad y no tener actos de hostigamiento o acoso (…) ¿Quién es el que hace los actos de hostigamiento? un hombre», dijo el abogado de Barreno, Freddy Ron en entrevista para Sonorama.

Agregó que no se cumplieron los debidos procesos para su notificación, sin embargo, la ley no contempla que una mujer debe notificar a otra mujer. Ron resaltó que la normativa establece que se deben llegar a garantizar la integralidad de los derechos de las mujeres en todos sus ámbitos.

»Tampoco están reglados los actos de hostigamiento ¿O está reglado hacer un video cuando se hace una notificación?», cuestionó.

El polémico video

El 8 de septiembre la Policía logró localizar a Barreno para poder entregarle la notificación de Fiscalía por presunta obstrucción a la justicia, caso en el que también se encuentran involucrados el titular de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Xavier Muñoz, tras el intento de destituir al juez Walter Macías.

El protocolo legal se llevó a cabo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en donde Barreno cumplía su presentación periódica por el presunto delito de tráfico de influencias. Un video difundido por Código Vidrio y grabado por uno de los uniformados permitió ver cómo uno de sus asesores trató de impedir el procedimiento, incluso, rompió la credencial de uno de los policías.

Barreno fue interceptada en un ascensor y al finalizar el video se puede observar que una mujer policía también estuvo presente en la notificación. Más tarde, Barreno interpuso medidas de protección contra la fiscal Diana Salazar por violencia de género.

#VIDEO. Más de una semana le tomó a la Policía ubicar a la vocal del Consejo de la Judicatura,
Maribel Barreno, para notificarle oficialmente que la Fiscalía abrió una investigación en su contra por presunta obstrucción a la justicia.
Este viernes, tres policías lograron… pic.twitter.com/qNgmf09ZDC

— Código Vidrio (@CodigoVidrioEc) September 9, 2023

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El dictamen de la CNJ resolvió que la exfuncionaria deba presentarse cada ocho días ante autoridades de la justicia, por lo que no podrá salir del país. Asimismo, en el caso de que no cumpla con las disposiciones será puesta en prisión por un año.

En primera instancia, la exvicepresidenta fue declarada culpable por cobrar diezmos a funcionarios públicos. Sin embargo, el Tribunal de juicio consideró atenuantes a la infracción. Sólo le impuso un año de pena privativa de libertad y la obligación de cumplir con la reparación de USD 173.180.

No obstante, en enero de 2021, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional aceptó parcialmente el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General del Estado y la sentenció a dos años de prisión. Sin embargo, un fallo judicial rebajo la condena.

En diciembre de 2018, saltaron los escándalos de corrupción cuando se desenvolvía como asambleísta. Desde ese momento inciaron las investigaciones en su contra, hasta que en 2021 se determinará que su culpabilidad.

Vicuña ocupó el segundo puesto más importante del Ejecutivo entre octubre de 2017, con la prisión de Jorge Glas. Al dejar el puesto en el Gobierno de Lenín Moreno, su reemplazó fue Otto Sonnenholzner. (DCJ)

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Las personas son investigadas por presunto peculado en la compra de siete helicópteros que fueron comprados en USD 45 millones. Según el juez, no hubo dolo, ni perjuicio económico. Sin embargo, la fiscal General, Diana Salazar, apeló la decisión preliminar de Rivera.

Entre los procesados están dos exministros de Defensa (Wllington S. y Javier P.) del expresidente de la Repúbica, Rafael Correa.

Sobre los helicópteros

Entre los autores de peculado, que hoy fueron sobreseídos, están acusados por la Fiscalía los exministros de Defensa, así como 16 oficiales en servicio pasivo y activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Se presume que estos ciudadanos fueron los autores de las presuntas irregularidades y disposiciones arbitrarias en el proceso de agosto de 2008, para la compra de los helicópteros. El trato se habría hecho con la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL), de la India.

De las 7 naves que fueron adquiridas, cuatro se estrellaron, mientras que las otras tres se dejaron usar. El primer helicóptero se estrelló el 27 de octubre de 2009, en Quito. (DCJ)

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Saquicela enfatizó que estos actos son un atropello a las leyes que ponen en mal a la justicia ecuatoriana. Según él, el juez tomó una decisión arbitraria y el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe verificar si Glas tiene o no suspensión de derechos políticos.

«Aunque el juez haya dado es dictamen, hay dos sentencias firmes en contra del exvicepresidente. Una por el caso Sobornos y otra por Odebrecht», refirió.

Además, incitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a actuar de manera inmediata ante el supuesto delito que cometió el magistrado.

«La Fiscalía deberá iniciar un proceso penal. Luego, el Consejo de la Judicatura deberá tomar acciones disciplinarias según le corresponda», mencionó.

El presidente de la CNJ indicó que presentó una un proyecto de reforma a la ley para evitar la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. También, señaló que propuso reformas en el COIP sobre el delito de prevaricato y otros aspectos para evitar el abuso.

La buena nueva para Glas

El juez de Yaguachi, Jhon Rodríguez restituyó los derechos de participación política a Glas, el pasado 9 de junio.

La resolución manda a que: “se le restituyan inmediatamente los derechos políticos de participación de elegir y ser elegido y a participar en los asuntos de interés público”.

Además, se levantó los impedimentos para ejercer cargos en el sector público y se solicitó que se delegue a la Defensoría del Pueblo la supervisión de la ejecución de las medidas referidas. (N.J.C)

La entrada Saquicela: «Juez que favoreció a Glas debe ser procesado por prevaricato» se publicó primero en La Calle.

El 15 de mayo el Tribunal sesionó para analizar los argumentos expuestos por la Fiscalía General del Estado (FGE). Después de aproximadamente 40 minutos, la Corte aceptó el recurso de apelación y dictó orden de prisión preventiva contra el legislador.

Su detención

El 26 de abril, Peter C., fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó el organismo de control judicial.

“Una vez que la Policía aprehendió –en flagrancia- al asambleísta Peter C., por presunta violación a una joven de 19 años, Fiscalía practica diligencias y desplega los protocolos pertinentes ”, dijo la institución en un tuit.

Una jueza de Quito decidió que el legislador debe presentarse dos veces por semana ante las autoridades, deberá usar grillete electrónico y tiene prohibido salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil.

Según la versión de la afectada, el funcionario la habría llamado por una propuesta de trabajo. La cita ocurrió en un hotel cercano a la Asamblea.

El caso en la Asamblea

El 6 de mayo el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió que el caso pase al Comité de Ética para determinar las acciones correspondientes, entre ellas la posible destitución del cargo.

La denuncia en la Asamblea fue presentada por la legisladora del oficialismo, Blanca Sacancela junto al apoyo de 30 asambleístas de la Izquierda Democrática (ID) y el Partido Social Cristiano (PSC). La acusación se fundamenta en la causal de gestión por cargos públicos. (A.G.M).

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La asambleísta Esther Cuesta anunció que la copia del documento fue enviada al embajador de Paraguay y Ecuador. De igual manera, resaltó las graves acusaciones de Moreno en el caso Ina Papers.

»Nosotros hemos solicitado que se evalúe la permanencia de este señor en ese país y que enfrente a la justicia aquí en el Ecuador», manifestó.

La situación de Moreno

El 19 de abril Fiscalía pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, entre otros involucrados del caso Sinohydro.

La orden fue remitida a la Interpol para proceder con su búsqueda y captura, reportó la periodista Jacqueline Rodas.

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, más conocido como Ina Papers. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello. (A.G.M).

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La magistrada decidió que el legislador debe presentarse dos veces por semana ante las autoridades, deberá usar grillete electrónico y tiene prohibido salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que apelará esta decisión, pues fue una de los pedidos en la audiencia de formulación de cargos.

Su detención

El 26 de abril, Peter C., fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó la FGE.

“Una vez que la Policía aprehendió –en flagrancia- al asambleísta Peter C., por presunta violación a una joven de 19 años, Fiscalía practica diligencias y desplega los protocolos pertinentes, para decidir su situación jurídica en las próximas horas”, escribió la institución en un tuit.

Según la versión de la afectada, el funcionario la habría llamado por una propuesta de trabajo. (N.J.C)

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