Según la Fiscalía, la investigación está vinculada con la decisión de la CNJ de otorgar un habeas corpus al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán el pasado 12 de agosto. El tribunal autorizó su traslado de la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil a la Cárcel 4 en Quito, donde cumplirá su prisión preventiva.

Esta controvertida decisión fue adoptada por las juezas Tapia y Muñoz, quienes aceptaron una apelación a este recurso legal que previamente fue negado por otro tribunal. El juez Alejandro Arteaga fue el único en votar contra de esta resolución.

Jueces en rechazo

Los allanamientos no incluyeron solo las oficinas de las juezas, sino también un domicilio. En un comunicado, la Corte pidió que se respeten las competencias y decisiones de los jueces, destacando la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia. José Suing, presidente encargado del órgano de justicia, subrayó la necesidad de mantener la independencia judicial frente a cualquier presión externa.

Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) también se pronunció, calificando los allanamientos como «una afrenta directa a la independencia judicial». El gremio advirtió sobre el riesgo de que las decisiones judiciales se vean influenciadas por presiones externas, lo que podría comprometer la imparcialidad del sistema de justicia.

¿Qué dicen las jueces implicadas?

En respuesta a las acusaciones, la jueza Enma Tapia defendió su decisión en un comunicado en redes sociales, enfatizando que actuó con «imparcialidad jurídica». Tapia criticó que, durante el proceso, ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) ni el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentaron pruebas que refutaran las alegaciones de daño psicológico presentadas por Terán.

Este caso ha desatado un intenso debate sobre la independencia judicial y la posible influencia de factores externos en decisiones judiciales de alto perfil.

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La fiscal general, Diana Salazar, especifica en el documento la necesidad de realizar esta acción sin el uso de esposas, con el propósito de llevar a cabo diversas diligencias investigativas, vinculadas extraoficialmente al caso de la reconstrucción de Manabí.

La Fiscalía solicita el traslado de Glas a la Fiscalía de Fuero de Corte Nacional en Quito, destacando que la investigación tiene carácter reservado.

Este movimiento ocurre días después de que la Corte Constitucional emitiera una sentencia de revisión del habeas corpus concedido a Glas, en la que se ratificó las sentencias que inadmitieron las demandas de garantía jurisdiccional, lo que añade un nuevo capítulo a este episodio legal.

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Fitzpatrick explicó que debido al progreso que ha tenido el narcotráfico, el Ecuador se convirtió en el número uno, quizás a nivel mundial, en el tráfico de drogas. “Los cuarteles están pelando por el control de rutas, puertos, cárceles y la justicia”, recalcó. Además, enfatizó que hace un año existían narcogenerales en el país y ahora están en la justicia.

El embajador cuestionó y reprochó el proceder del sistema judicial en el país. «¿Cómo es posible que se cite a un sospechoso en plena etapa de investigación? (…) Es como decir: Pablo Escobar, estas avisado que hay una investigación en tu contra, pero aún no tienes cargos, que tengas un buen día. Firmado formalete por la Fiscalía General del Estado (FGE)”, expresó.

El funcionario explicó que la corrupción puede actuar de manera impresionante que es capaz de trasformar una de las funciones más relevantes del Estado de Derechos. Indicó que, cuando los fallos dejan de administrar justicia y se transforman en mero ejercicio burocrático, esta función pierde relevancia y los ciudadanos dejan de creer en ella. “Estos asesinos y narcos se ríen y bailan mientras salen de la Corte”, dijo.

También juzgó la intención de la justicia por devolver USD 10 millones a la familia de uno de los líderes del narcotráfico. Esto por la exigencia de los parientes de Leandro Norero que fue asesinado por otro recluso, en la cárcel de Cotopaxi. “El crimen organizado y la corrupción toma ventajas de jurisdicciones donde la Institución esta en construcción porque les garantiza la impunidad”, mencionó.

Ante esto, el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, confirmó que este es el principal problema de la justicia y sugirió renovar el sistema de justicia. “El Ecuador requiere el fortalecimiento inmediato de la justicia en relación a estas estructuras criminales transnacionales”, enfatizó. (N.J.C)

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«Vamos a nombrar de Corte Nacional a menos a 20 personas, y ahí si ya suena ¡Ya suena! Entonces estoy pidiendo el financiamiento, esperemos que salga bien, pero yo no quiero irme más allá de mediados de junio, ya que convoquen porque no voy a alcanzar a tener liquidez en diciembre y estar designando jueces y conjueces», dice la grabación.

Otros audios

No es el único audio que se filtra desde el CJ, en junio pasado se escuchó a Morillo y dos vocales hablar con un juez para que emita un fallo a favor de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

Morillo le dice al juez: “le voy a ser frontal y sincero porque son de confianza. El presidente de la República me ha llamado personalmente el día de ayer. Me ha pedido que, si se puede, se apoye el tema, porque estas circunstancias no van en buen camino. No va a ir en una línea de derecho, sobre todo porque todo lo que han hecho y están haciendo se aparta de la línea del derecho”.

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Otro audio apareció en julio y también tiene como protagonista a Morillo hablando sobre el vocal Xavier Muñoz. En el minuto de grabación se escucha: «Él está repartiendo cargos como notarías, está repartiendo cargos como jueces, está diciendo que va a haber un concurso en la Corte Nacional de Justicia y que, obviamente, ahí les va a poder dar espacios».

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