La defensa de los acusados intentó interponer un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Mismo que fue rechazado.

Según el abogado de Washington M., Fiscalía no contaba los elementos suficientes para probar que su cliente obligaba a ejercer la prostitución a un chica de 15 años, sobre quien el acusado argumentó desconocer su edad. Sin embargo, una de las evidencias encontradas en su domicilio fue la cédula de identidad de la adolescente.

En tanto, la defensa de Marcos T. buscó convencer a los jueces que no se podía determinar su responsabilidad en dicho delito solo por estar en el mismo lugar en el que fue explotada la víctima.

Fiscalía contaba con pruebas contundentes

Fiscalía llegó a efectuar seguimientos que revelaron que Marcos T. trasladaba a la adolescente desde un inmueble situado en el centro de Quito hasta las Av. 10 de agosto y 18 de septiembre, al norte de la ciudad. En este punto, las víctimas eran explotadas sexualmente.

Por ello, Corte Provincial rechazó el recurso de apelación de los procesados y ratificó la pena máxima agravada en primera instancia. Asimismo, los culpables del caso deberán pagar una reparación integral de USD 5.000 a las adolescentes.

JR

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Manosalvas aseguró que no existió ninguna violación de derechos y que se le garantizó al privado de libertad (Jorge Glas) la atención médica que requiere.

Ante esta situación, la legisladora de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) aseguró que el ex segundo mandatario está en condición de secuestrado por parte del gobierno.

Los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha: Eduardo Andrade, Guadalupe Narváez y Santiago Galarza aseguraron que no hay prueba que demuestre la vulneración de los derechos del exvicepresidente.

El pasado 8 de agosto, el juez de Portoviejo, Banny Molina, emitió una orden de libertad inmediata a favor de Glas. Sin embargo, el director General del Consejo de la Judicatura, Andrés Peñaherrera, denunció a Molina por su decisión a pesar de que sus funciones estaban suspendidas.

El exvicepresidente deberá continuar en la Cárcel 4, en Quito, cumpliendo con dos penas por el caso de asociación ilícita (seis años) y cohecho pasivo agravado (ocho años).

Por otro lado, el juez Molina deberá enfrentar un juicio por el presunto delito de prevaricato y según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se castiga con tres a cinco años de prisión.

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Prisión para Molina

Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no permite la libertad de Jorge Glas, a pesar de la disposición de la justicia ecuatoriana que le concedió el habeas corpus. El mismo juez Banny Molina, que ejecutó esta acción fue arrestado por la Policía Nacional en Manabí, por presunto delito de usurpación de funciones. 

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En la calificación aplicaron una metodología no aprobada que incluyó una nota subjetiva denominada “concepto”. Este elemento dependió del criterio de los miembros del Consejo de Generales y de la ministra Romo.

Con fecha del 26 de septiembre de 2018, Romo dejó sin funciones a los 11 oficiales no ascendidos, mediante el Acuerdo Ministerial 44 emitido el 18 de octubre de 2019. Los agentes accedieron a su derecho a la impugnación ya que nunca conocieron sus calificaciones y les notificaron de su desvinculación mediante telegrama 2028-782-DGP-ASL.

En julio de 2019, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha emitió un dictamen a favor de  Roberto Almeida Parra y Richar Martínez Reyes después de comprobar que sus derechos constitucionales no se respetaron.

Los 11 agentes de policía presentaron acciones de protección en varios tribunales, pero solo aceptaron a cuatro. De esos, dos los desecharon después de la impugnación del Ministerio de Gobierno y solamente quedaron las de Martínez y Almeida.

Manuel Velepucha, delegado de María Paula Romo, intentó defender la transparencia del proceso de calificación. Sin embargo, la Corte Provincial desestimó los argumentos.

Rómulo Bárcenes, abogado de los dos oficiales, presentó ante la Corte una acción de incumplimiento de la sentencia. El abogado aseguró que el desacato al dictamen del tribunal puede plantear acciones penales contra Romo.

Los afectados consideran la posibilidad de presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir reparación en este caso por violación a los derechos constitucionales.

Otras denuncias

El 5 de septiembre, el asambleísta Roberto Gómez pidió a la ministra de Gobierno informar sobre una intercepción en las comunicaciones de políticos opositores y periodistas por parte de Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

A finales de agosto, una publicación de un medio digital indicó que la ministra supuestamente repartió el manejo de hospitales públicos a una veintena de asambleístas. La funcionaría lo negó.

El 8 de septiembre, la Asamblea Nacional inicó el proceso de juicio político en contra de Romo por los hechos violentos en el paro nacional de octubre de 2019. La ministra lo calificó como un pretexto de sus enemigos púbicos.

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