El 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, la Corte Provincial de Justicia del Guayas anunció el dictamen del juez. La resolución indica que el GAD Municipal de Guayaquil y Policía Nacional deberán prestar las facilidades para el desarrollo, resguardo y protección de los asistentes.

Ante el fallo judicial, el festival y la marcha serán el 1 de julio en las calles Malecón y Olmedo hasta el Parque Centenario, lugares que habían solicitado al Municipio.

Sin permisos

El 21 de junio colectivos LGBTQ+ denunciaron que el Municipio de Guayaquil vulneraron sus derechos al impedirles que marchen el próximo 1 de julio como tenían previsto. La comunidad no recibió el aval de la entidad.

El director de Control de Tránsito de la Empresa Pública Municipal de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, Manolo Agurto, indicó no es pertinente que la marcha se ejecute por la obstrucción que generaría en el tránsito de la ciudad.

Según las autoridades, el desfile podría realizarse en el Paseo del Parque Samanes, ubicado al norte de Guayaquil. (A.G.M)

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Por medio de un comunicado, el equipo legal señaló que se trata de una violación del derecho a la defensa de Glas. Sostienen que el exvicepresidente está pagando la factura de la presión mediática y política.

«Las manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del presidente del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional, la jurisprudencia sobre el ‘habeas corpus’ y la institución del precedente vinculante», dice el texto.

Además, el equipo de abogados manifestó que temen por la vida de su cliente. Asimismo, agregaron que la situación carcelaria y otros factores pondrían poner en peligro la integridad física, psíquica y la dignidad del sentenciado.

«La negativa a escuchar los argumentos del Derecho Internacional (…) resulta preocupante. Contra esa decisión, desde el equipo internacional de defensa de Jorge Glas introducimos una solicitud de revocatoria, pero la decisión de la Corte de Santa Elena de revocar el ‘habeas corpus’ intervenía súbitamente antes del fin del corto plazo para introducirla», han asegurado.

El exvicepresidente, se encuentran en prisión desde finales de 2017, y deberá cumplir dos condenas. La primera de seis años por asociación ilícita y otra más reciente de ocho años por cohecho.

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Además, denunciaron que se estaría fraguando «una metida de mano» e injerencia del Consejo de la Judicatura en la Corte Nacional, pues está indebidamente conformado sin el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia.

Asimismo, otorgaron su respaldo a Iván Saquicela, al Pleno de la Corte Nacional de Justicia y a la postura del principio de independencia judicial. El presidente de la Corte Nacional, Ivan Saquicela, fue suspendido por 90 días, por el Consejo de la Judicatura por supuesta negligencia manifiesta.

Asimismo, los presidentes de las Cortes de Justicia, dijeron que el Consejo de Participación debe cumplir con lo establecido en el art. 179 de la Constitución de la República. Así como el art. 258 y 262 del Código Orgánico de la Función Judicial y elegir a una persona como su máximo representante.

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Este 10 de mayo, en Guayaquil, un juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencias resolvió convertir la acción de medidas cautelares presentada hace cuatro años en contra de William y Roberto Isaías Dassum a una acción de protección favorable para ellos.

Frente a la acción judicial, la Procuraduría aseguró que será la Corte Provincial de Justicia la encargada de conocer y resolver el recurso apelado.

“Al amparo de sus competencias constitucionales y legales, esta procuraduría no cejará en la interposición de las acciones que correspondan en defensa de los derechos y el patrimonio del Estado ecuatoriano y de sus ciudadanos”, dice el comunicado.

Por su parte, Jorge Zavala, abogado de los hermanos Isaías afirmó que la decisión tomada por el juez es una medida con la que se intenta reparar los daños ocasionados con el proceso de incautaciones a sus defendidos.

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«La Corte echó abajo la destitución de Jorge Yunda. Se quedaron con los churros hechos los “Quiteños de bien”. Chao alcaldía y vicealcaldia, más lo que se disputaron a girones», escribió en un tuit el abogado Jorge Acosta.

Lilia Yunda, hermana del burgomaestre reaccionó a la sentencia. «Esto sienta un precedente contra las mañas, el oportunismo y el avivato y a la vez un triunfo de la democracia expresada en las urnas. Se rechaza el recurso de apelación y se deja sin efecto el proceso del remoción del ALCALDE ELECTO DE QUITO, Jorge Yunda».

En contra de la sentencia

También hay juristas que critican la decisión de la Corte Provincial. «En una sentencia abiertamente antijurídica, la Corte Provincial de Pichincha le ha devuelto la alcaldía de Quito a Jorge Yunda, extendiendo en el análisis del caso a actos que jamás se impugnaron. Nunca se atacó la remoción, y ahora se la ha dejado sin efecto. Imperdonable».

El periodista del portal 4 Pelagatos, Martín Pallares también cuestionó el actuar de los jueces. «Increíble! La Corte Provincial de Pichincha acepta la tesis de Jorge Yunda y deja sin efecto su remoción. ¿Para la ley que establece la remoción y para qué el Contencioso Electoral que validó la decisión del Concejo Metropolitano entonces? Muy extraño todo».

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La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el que se profundizarán las investigaciones para esclarecer los hechos imputados. La Fiscalía General del Estado (FGE) recabó los elementos de convicción desde junio de 2020.

Trabajo fiscal

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal provincial de Chimborazo, Mayra Moreno, justificó el inicio del proceso penal en contra del burgomaestre. Así, presentó varios elementos de convicción recabados en un allanamiento ejecutado en las instalaciones del GAD municipal. Se tratan de certificaciones del portal de compras públicas, contratos, procesos de compra otorgados en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, entre otros.

Los elementos presentados hacen presumir un delito de tráfico de influencias en la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio. Según la investigación, la compra habría favorecido a un oferente por USD 96.608 (incluido IVA).

Los motivos

Según las investigaciones, el alcalde y cantautor Delfín Quishpe habría direccionado un contrato con sobreprecios durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La beneficiaria sería la Importadora Quitio cuyo propietario es el también imputado Rafael Teodoro Q. P. Este último, ahora figura como precandidato a la dignidad de legislador para la Asamblea Nacional.

El pasado 4 de junio, la Fuerza de Tarea creada por la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó las instalaciones del Municipio de Guamote. En el operativo, colocaron en cadena de custodia a documentos y computadoras.

Tras las pericias, la Fiscalía asegura que Quishpe favoreció al imputado y su empresa con el contrato. Además, según el reporte, el alcohol que adquirió el municipio en realidad se trataba de aguardiente.

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La audiencia preparatoria de juicio inició el pasado 21 de agosto y concluyó este 27 tras seis días de diligencia. Se desarrolló de forma reservada en el Complejo Judicial Norte en Quito. Lo hicieron ante Jhayya Flor debido al fuero de Corte Provincial del que goza la Prefecta.

Según el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, Pabón es la autora mediata del presunto delito. Mientras que Hernández y González son autores directos, afirmó. En su sustentación, anunció 140 pruebas testimoniales y 43 documentales.

Además, el presidente de la Corte Provincial mantuvo las presentaciones semanales ante la Fiscalía Provincial para Pabón, Hernández y González. También, tienen prohibida la salida del país y el uso de dispositivo de vigilancia electrónica. Mientras tanto, tienen prohibido inmovilizar sus cuentas y enajenar bienes.

Contexto

La Fiscalía decidió procesar a los tres ciudadanos por presuntamente participar activamente en el paro nacional de octubre de 2019.

El delito consta en el artículo 336, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La audiencia preparatoria de juicio fue reservada, por tratarse de un delito contra la estructura del Estado constitucional, según el artículo 562 del COIP. Esto, debido a que el delito de rebelión está detallado en el capítulo sexto: delitos contra la estructura del Estado Constitucional. (SGA)

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“Nosotros solicitamos la revocatoria (de las medidas cautelares) inmediatamente después de conocer las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de que nosotros solicitamos eso y que, además, solicitamos al Estado a través de la Cancillería, que es la institución llamada a coordinar las decisiones internacionales, como el caso de las medidas cautelares”, dijo el abogado Fausto Jarrín.

Además, dijo que no han recibido ningún documento, convocatoria o invitación por parte de la Secretaria de Derechos Humanos. “Lo que sí se ha hecho es comunicarse directamente con los detenidos, solicitándoles en una especie de carta que pongan en conocimiento de la autoridad de rehabilitación social, cuáles serían las características necesarias para que ellos sientan su permanencia en la cárcel más segura, o su permanencia en la cárcel menos afrentosa a sus garantías”.

El abogado también se pronunció sobre las declaraciones de la fiscal general, Diana Salazar. “Sin embargo, el día de hoy la Fiscalía General del Estado ha hecho tabla rasa de las medidas cautelares dictadas porque la Fiscal hizo hoy agenda de medios. Desde el día de ayer viene pronunciándose sobre los detenidos, con nombre y apellido, sobre las personas que están siendo procesadas, sobre los casos, cosa que está prohibida por la CIDH, cosa que la Comisión le solicitó en sus medidas cautelares”, agregó. La nueva fecha para la instalación de la audiencia se anunciará según la agenda de la Corte.

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La audiencia que comenzó a las 16 horas y terminó cerca de las 21:30 ratificó la prisión preventiva para ambos detenidos. Ramiro Aguilar, abogado defensor mencionó que «la única alternativa que les queda a los presos es la CIDH».

Un grupo numeroso de manifestantes estuvo en las afueras del edificio de la Corte Provincial y al impedir el flujo del tráfico, miembros de la policía formaron dos hileras a cada lado de la acera. Con banderas, cantos de respaldo y un número de danza mostraron su apoyo a la prefecta.

Paola Pabón permanece detenida desde el 14 de octubre por el delito de rebelión. La misma causa pesa sobre Cristian González y Virgilio Hernández, recluidos en la Cárcel de Latacunga y la Cárcel N°4, respectivamente.

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«Como dijo mi hermana en su comparecencia en la Asamblea Nacional, esta es una persecución política. La alcaldesa de Guayaquil también participó y no se le juzga porque no es correísta», declaró su hermana Priscila al inicio de la audiencia.

En las afueras de la Corte Provincial, militantes y asambleistas afines al movimiento Revolución Ciudadana (RC) apoyaron con cánticos a la prefecta.

Paola Pabón permanece detenida desde el 14 de octubre en la cárcel de Latacunga bajo el delito de rebelión. A ella se suman las detenciones de Cristian González y Virgilio Hernández, ambos militantes del movimiento RC.

MIB – BIG

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